La institución garantizó protección y no represalias para la víctima, sus acompañantes y quienes participen en movilizaciones o denuncias

Por: Redacción

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) reafirma su voluntad de escucha, diálogo y acción ante las inquietudes legítimas de la comunidad estudiantil, las cuales fueron presentadas el pasado lunes 20 de octubre en el Edificio Central y recibidas por el rector doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra. En ese contexto, la institución informa sobre las labores emprendidas para atender al pliego petitorio de alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija.

Con relación al primer punto, que refiere a la exigencia de destitución inmediata de los representantes de la Federación Universitaria Potosina (FUP) en la Facultad de Derecho, por omisión y encubrimiento ante el caso de abuso denunciado, se precisa que dentro del marco institucional sólo existen dos figuras reconocidas y electas por la comunidad estudiantil: la presidencia y la vicepresidencia de dicha federación. Las demás delegaciones o representaciones que pudieran estar presentes en entidades académicas no cuentan con reconocimiento formal en el Estatuto Orgánico.

Respecto a la demanda de asumir responsabilidad institucional por la falta de actuación efectiva, revictimización y ausencia de protocolos con perspectiva de género, se aceptó la renuncia del director de la Facultad y se destituyó del cargo a otros funcionarios de la entidad académica, así como a la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios.

En el tercer punto d el pliego

, sobre la implementación urgente de un protocolo integral para la atención, acompañamiento y sanción ante situaciones de violencia, hostigamiento y acoso, la universidad convocará al establecimiento de mesas de análisis y diálogo con participación de colectivas estudiantiles, especialistas externos y personal capacitado, a fin de construir mecanismos efectivos y legitimados por la comunidad.

En materia de transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones adoptadas, mencionado en el cuarto punto

, se informa que los dos estudiantes involucrados en el caso de violencia de género fueron expulsados de manera definitiva, además de haberse tomado medidas administrativas contra las autoridades señaladas.

Sobre las garantías de seguridad y no represalias para la estudiante afectada, sus acompañantes y quienes participen en procesos de denuncia o movilización, esta institución mantiene un compromiso firme con el respeto a la libre manifestación, la protección integral de la víctima y la política de cero tolerancia a represalias.

Respecto al sexto punto, la UASLP ratifica la continuidad de los procesos formativos en derechos humanos y perspectiva de género dirigidos a personal docente, administrativo y estudiantil de la Facultad de Derecho, como parte de una estrategia de prevención y transformación institucional de largo alcance, a cargo de la Defensoría de Derechos Universitarios.

Finalmente, como séptimo punto, sobre brindar espacios seguros para la organización estudiantil y fortalecer los mecanismos de representación legítima, la Universidad reconoce el derecho de asociación y reunión. Por lo que, en las entidades académicas, se fortalecerá el reconocimiento de la pluralidad de grupos estudiantiles organizados para que tengan oportunidades de desarrollo en las áreas sustantivas de la institución.

La UASLP reitera su disposición a mantener un diálogo permanente con su comunidad, para consolidar un ambiente universitario autónomo, libre de violencia, justo, plural y respetuoso de la dignidad humana.

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La negativa impidió que se le diera acceso a servicios médicos al menor, que había sido ingresado a terapia intensiva por complicaciones de salud

Por: Angel Bravo

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Torres Cedillo también pidió una ley que defienda a los docentes ante denuncias injustas

Por: Redacción

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, hizo un llamado a “recuperar el equilibrio” entre la protección de los estudiantes y los derechos de los docentes, al advertir que muchos profesores hoy temen perder su empleo por simples malentendidos dentro del aula.

El funcionario expuso que, en lo que va de la administración, 11 trabajadores de la educación han sido separados definitivamente del cargo y 33 casos en total han recibido algún tipo de sanción por conductas relacionadas con abuso de autoridad, discriminación o acoso. Sin embargo, aclaró que no todos los casos derivan en despido, ya que algunos se resolvieron con medidas correctivas tras una revisión jurídica.

Torres Cedillo aseguró que desde marzo de 2022, cuando asumió el cargo, la dependencia mantiene una política de “cero tolerancia” hacia cualquier forma de violencia en el entorno escolar. A la par, se han impulsado capacitaciones, pláticas y actualizaciones normativas para prevenir abusos.

Pese a ello, reconoció que existe un clima de inseguridad laboral entre los maestros

, quienes han optado por moderar su trato con los alumnos ante el temor de ser señalados injustamente.

“El avance en la protección infantil es positivo, pero también ha generado miedo en el magisterio. Hoy un maestro prefiere no corregir por temor a una denuncia”, señaló.

Como ejemplo, mencionó el caso de un profesor denunciado por discriminación luego de llamar “chaparrito” a un estudiante durante una dinámica recreativa: “Son situaciones que no tienen una intención negativa, pero que podrían terminar con la carrera de un docente”, dijo.

El titular de la SEGE adelantó que se trabaja con la diputada Patricia Aradillas, del Partido Verde Ecologista de México, en una iniciativa de ley que garantice la defensa del profesionalismo docente, sin que ello signifique relajar las sanciones a quienes cometan abusos reales.

“Necesitamos una ley que defienda a los maestros sin poner en riesgo la protección de los alumnos”, concluyó.

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