enero 25, 2021

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#4 Tiempos

La fe de Federico | Columna de Ricardo Sánchez García

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Federico Garza Herrera

Sin partitura

 

Federico Garza Herrera es el abogado, cuya actividad de Notario Público ha puesto en pausa, por lo menos legalmente, para hacer funciones de procurador primero y ahora de Fiscal General del Estado, aunque para muchos trabajadores de la institución no ha dejado de ser El Notario y quizá el maestro piense en voz alta “…y a mucha honra”. 

La fe como concepto ha sido incluida desde hace mucho tiempo con sentido jurídico en códigos, manuales y contratos, pero también en cartas, convenios, tratados y manifiestos. Además cuenta con una connotación eminentemente religiosa o puede surgir desde un suspiro como una expresión humana de que algo bueno está por venir, lo que mantiene de pie muchas continuas causas en búsqueda de justicia.

La fe como virtud teologal es la creencia en un Dios y sus revelaciones. Algunos diccionarios la definen como aquella confianza o seguridad que se tiene en una persona, una deidad, una cosa o en la futura sucesión de un hecho. 

Pero la fe que ostentaba el Notario antes de pedir licencia para poder desarrollar las funciones para las que fue llamado por el Gobernador Juan Manuel Carreras, es la pública, referida a las facultades de autenticar y dar forma a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos a solicitud de los interesados.

Así, entre una y otra podríamos distinguir otras dos formas del sentido de la fe. El primero se desprende del propio discurso del Fiscal en relación a los hechos delictivos, pues presume que estos podrían ser esclarecidos en un futuro próximo inmediato; el segundo es la solicitud del propio funcionario cuando les pide a víctimas y sus familiares “tengamos fe”. 

En la primera evocación, en nada es diferente el notario respecto de videntes, a quienes se respeta su oficio, mas sus formas carecen de toda metodología científica y sus formas de predecir la resolución de algún hecho delictivo han sido fuertemente cuestionados por familiares de víctimas organizadas. 

Pese a lo afirmado, es sabido de personas que se enriquecen aprovechando la desesperación de quienes les creyeron que podrían proporcionar información fidedigna para acercarles a la localización de un familiar desaparecido, por poner un ejemplo. 

Aunque la ley de los notarios públicos señala claramente respecto de la fe pública, que esta tendrá los alcances exclusivos al ejercicio de sus funciones como tal, la fe de Federico Garza se ha desbordado como si tuviera virtudes plenipotenciarias, a menudo supravaloradas a las acciones emprendidas desde su espacio como fiscal.

Si bien, en la Ley Orgánica de la Fiscalía se establece como una de sus atribuciones que esta actuará con base en la buena fe, dicha encomienda no se refiere a la facultad notarial como tampoco al azar o la esperanza religiosa. La Fiscalía debe actuar con ética incuestionable, mantener la autonomía e independencia frente a las demás instituciones, profesionalizarse constantemente y sobre todo, tiene la obligación de dar esclarecimiento y persecución ante los tribunales a los delitos cometidos en nuestro estado y que sean su competencia. 

Por otro lado y de ahí la pérdida de la fe de la sociedad hacia las autoridades, el problema de la Fiscalía General del Estado, así como el resto de las fiscalías especializadas es que aún no responden a los reclamos desde la ciudadanía. 

En ese paso de Procuraduría a Fiscalía no se cumplieron los estándares mínimos esperados, por ejemplo, que los nombramientos de fiscales deben hacerse con participación ciudadana, desde la autonomía de una sede legislativa, con apego a lineamientos internacionales, cumpliendo un perfil idóneo de las y los posibles candidatos pero sobre todo, una previa y continua profesionalización y compromiso con las víctimas. 

La agenda de la ciudadanía queda clara. Debemos exigir y construir un programa integral que incluya sanciones para funcionarios responsables por omisión de sus facultades o comisión de delitos. Tenemos el pendiente de elaborar instrumentos para evaluar, medir y proponer sanciones al personal de las fiscalías por sus malas prácticas, así como monitorear y medir la confianza, eficacia y sensibilidad hacia las personas usuarias de este medio de acercamiento a la justicia.

Pero sobre todo y sin duda, urge acelerar una revisión profunda de lo que se ha entendido por autonomía, pues hasta hoy existe una notoria subordinación de Federico Garza Herrera hacia el Ejecutivo, entendido esto pues ha sido Notario Público No. 26 desde 1993, actuando como el consentido de varios gobiernos, todos estos priistas.

Cuestionamos enormemente la fe de Federico, manifestada ante víctimas y medios de comunicación. Respetamos religiones y posturas personales ante la vida, pero no, la buena fe a que se refiere la Ley Orgánica no son esperanzas sin fundamento, mucho menos promesas sin cientificidad.

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#4 Tiempos

De rojiblanco, ¡no! | Columna de Arturo Mena “Nefrox”

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TESTEANDO.

 

Sí, se perfectamente que los colores no afectan el rendimiento de un equipo, y entiendo también que las cábalas pueden llegar a ser incluso contraproducentes, pero que bien jugó San Luis en el Alfonso Lastras contra Chivas, curiosamente vestido de negro.

San Luis jugó bien, dominando por grandes lapsos a su rival y sometiendolo como el local que era en la cancha. Incluso me atrevo a decir que debieron ser más goles y llevarse la puerta en 0.

Chivas nunca apareció en el partido, jugando erraticamente y sin idea futbolistica, con jugadores muy por debajo de su nivel y sin encontrar el rumbo como para intentar hacerle juego a San Luis.

Por su parte los de casa hicieron un gran partido, presentando en media cancha a dos estupendos cambios en los botines de Duque y Castro que arrancaron de titulares, dejando fuera tanto a Gino y a Gallegos que poco habían demostrado en la cancha con los minutos que han participado.

En la defensa, nuevamente Ramiro y Piñuelas hicieron un trabajo discreto, mientras que Escalante cumplió correctamente cuando fue necesitado.

Pablo Barrera quiso limpiar su error del partido anterior y logró hacer un extraordinario primer tiempo, que se fue apagando para la segunda mitad, muy probablemente por el desgaste físico, mientras que Berterame y Nico, volvieron a cumplir y levantar la mano haciendonos preguntar para que tenian ahí a Quiroga el año pasado.

Buen juego y extraordinarios 3 puntos, ojalá y este sea el comienzo de partidos que den puntos, y ojalá no vuelvan pronto al rojiblanco.

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#4 Tiempos

El potosino pionero en trasplantes de riñón | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO.

En 1963 se realizó en México el primer trasplante de órgano en Latinoamérica, en el Hospital General del Centro Médico Nacional, donde participaron los doctores Federico Ortiz, Gilberto Flores dirigidos por el matehualense Manuel Quijano Narezo. En aquel año en el mes de octubre practicaban un trasplante de riñón escribiendo una de las importantes páginas en la historia de la medicina en el país.

Manuel Quijano Narezo, a su vez, daba nueva gloria a la medicina potosina y el particular a la cirugía. A pesar de haberse formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, sus caminos por la medicina inician en San Luis al continuar la tradición médica de la familia Quijano que ha escrito una rica historia en la medicina en San Luis Potosí desde el siglo XIX. En particular recibió una influencia directa de su tío José María Quijano Ramos y de cierta forma continuó esa inclinación familiar por la medicina, que también siguieron el hijo y el nieto de Quijano Ramos, los potosinos Fernando Quijano Pitman y Fernando Quijano Orvañanos.

De niño vino a vivir de Matehuala a San Luis Potosí, trasladándose posteriormente a la ciudad de México donde realizó sus estudios básicos y de formación en medicina, donde se tituló en 1943 en la UNAM, para continuar su residencia en cirugía en el Hospital General de México. En pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, va a Estados Unidos a continuar su formación y posteriormente a Francia. En su estancia en Norteamérica a través de las conferencias del doctor Francis D. Moore aprendió el pensamiento del médico científico que orientaría su futura vida profesional en México.

En 1947 regresa a México incorporándose al Hospital de Enfermedades de la Nutrición, donde se practicaba un sistema insólito en el país, desplegando una intensa actividad académica y formativa, lo que le permitió a Quijano Narezo participar en las biopsias de hígado, testículo o riñón, que se hacían por primera vez en el país. Esta escuela quirúrgica y de logística administrativa le permitirían a Quijano imprimir su estilo en la medicina social de esa época.

En 1962 ingresa al Hospital General del Centro Médico Nacional siendo su director en 1963. Esa institución que dejó en 1971 al ser removido de la dirección se convirtió en uno de los primeros hospitales donde se estableció, en 1963, un sistema organizado de enseñanza de la cirugía general.

Quijano Narezo ha sido uno de los pilares de la cirugía en México, donde destaca la realización del primer trasplante de riñón en el país y Latinoamérica.

Su vida académica incluye además su participación como profesor y funcionario en la UNAM donde figuró como miembro de la Junta de Gobierno. Participó además internacionalmente como Director de Asuntos Internacionales de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia; Consejero Científico de la Delegación de México ante la UNESCO; Presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud; Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana para la Salud; Presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y Miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de los Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas.

Su importante obra médica lo convierte en uno de los médicos mexicanos más importantes de los últimos años, llenando de orgullo a la ciencia médica potosina de donde nacen sus raíces. Nació en 1919 en Matehuala, y murió en la ciudad de México en 2017.

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El derecho de las comunidades indígenas a las telecomunicaciones | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO. 

En medio de la aparentemente interminable oleada de malas noticias y despropósitos políticos de las semanas recientes, me permito utilizar este espacio para compartir con usted una buena. Primeramente, un poco de contexto.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) estima que el 90% de las personas indígenas del país cuentan con algún tipo de cobertura telefónica, sin embargo, tanto la oferta como la calidad de este servicio se ve limitado, en buena medida, por una serie de factores. Por un lado, las condiciones geográficas de varias comunidades dificultan la instalación de la infraestructura necesaria. Por otro, los servicios proveídos por las grandes compañías de telefonía ofrecen costos que son inaccesibles para las comunidades. Al mismo tiempo, se estima que hay más de 13 millones de personas sin acceso a internet porque no hay quien les pueda ofrecer ese servicio.

Ahora bien, les cuento. Con el objetivo de atender estas desigualdades y reducir la brecha en el acceso a las comunicaciones, la asociación civil Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC A.C.) obtuvo del IFT dos concesiones: una para usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico sin fines de lucro para uso social indígena en diversos municipios de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Puebla; y otra para prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión sin fines de lucro con propósitos culturales, científicos y educativos en los mismos municipios de la concesión anterior.

Sin embargo, el IFT impuso un recargo a TIC A.C. por no haber realizado el pago de derechos correspondiente al uso del espectro radioeléctrico en los ejercicios fiscales de 2016 y 2017
— todo esto con fundamento en los artículos 239 (establece la obligación al pago de derechos) y 244-B (especifica las condiciones del pago y la cuota aplicable) de la Ley Federal de Derechos (LFD) vigente en 2016. Ante esto, TIC A.C. presentó un amparo para ser excluido del pago de estos derechos y, después de un complicado proceso legal llevado por la Clínica de Interés Público del CIDE, el caso fue turnado a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determinara la constitucionalidad de dichos artículos.

Así, el proyecto de sentencia realizado por la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pregunta si existe un derecho constitucional de los pueblos y comunidades indígenas a acciones afirmativas en la operación de los medios de comunicación. Aquí abro un pequeño paréntesis para definir, en términos generales, este concepto clave: las acciones afirmativas son políticas que dan a un determinado grupo social, étnico o minoritario un trato preferencial en el acceso o distribución a causa de ciertos recursos o servicios, con el objeto de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos. 

En el estudio de fondo, el proyecto argumenta que los artículos 2, 6 y 28 de la Constitución, así como diversos preceptos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo configuran una obligación constitucional del Estado a prever medidas diferenciadas para el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a los medios de comunicación. Así pues, el siguiente paso es determinar si el legislador estableció un tratamiento diferenciado en favor del grupo vulnerable respecto del cual debe existir una acción afirmativa.

Después de analizar la norma impugnada, el proyecto concluye que el legislador no reconoció la situación de exclusión de pueblos y comunidades indígenas, ignorando el hecho de que, al no poder tener fines de lucro, el cobro de los derechos de uso del espectro radioeléctrico constituye una barrera al acceso de los medios de comunicación por parte de estas comunidades.

A la luz de lo anterior, este proyecto de sentencia fue aprobado por la Primera Sala de la SCJN el pasado miércoles por unanimidad, señalando la inconstitucionalidad del artículo 239 de la LFD de 2016 y reconociendo el derecho de las comunidades indígenas a tener acciones diferenciadas que les permitan acceder y administrar sus propios medios de comunicación. De esta manera, TIC A.C. y las comunidades indígenas con las que trabaja podrán seguir ampliando las redes de telecomunicaciones de costos accesibles que ahora les permiten, por nombrar un par de ejemplos, fomentar de manera importante la economía local y comunicarse con otras comunidades en caso de una eventualidad.

Una buena noticia de este tipo —en momentos en los que el panorama nacional es tan incierto— es solo un recordatorio más de que las causas justas deben ser perseguidas, aunque sea un camino cuesta arriba.

Entre tanta incertidumbre, más sociedad civil organizándose para conseguir el reconocimiento de sus derechos; más centros públicos de investigación y academia trabajando por beneficios tangibles para la sociedad; más acceso y más autogestión para las telecomunicaciones indígenas; más buenas noticias.

 

 

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