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Julio 2020, el mes más violento en SLP en los últimos 10 años

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violencia en SLP

La opinión pública recuerda a 2010 como el año más violento en la historia de la entidad, pero 2020 podría superar este récord

Por: Redacción

El pasado julio se ubicó como el mes más violento en San Luis Potosí en la última década. Las pugnas entre grupos criminales cobraron el mayor número de víctimas desde que en el país inició la llamada “guerra contra el narco” emprendida por el ex presidente Felipe Calderón.

En el séptimo mes de este 2020, la FGE abrió 68 carpetas de investigación por homicidio doloso, delito que cobró 78 víctimas. Es de resaltar que de las 78 víctimas, 63 fueron asesinadas con arma de fuego, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las cifras que mes con es publica el SESNSP, no debieran sorprender a nadie, pues día con día, las páginas de nota roja de los diarios dan cuenta de los asesinatos que se cometen en diversos puntos de la entidad, la mayoría de ellos originados en medio de las pugnas de diversos grupos delictivos que buscan establecer su control en territorio potosino.

Históricamente, la mayor cifra de homicidios dolosos en San Luis Potosí de la que se tenía registro, era la de octubre de 2010 con 65 (33 por arma de fuego), ese año se registró un total de 417 asesinatos intencionales (187 por arma de fuego).

De enero a julio de 2020, suman ya 390 víctimas de homicidio, por lo que sin duda alguna, en agosto la cifra de homicidios de 2010 quedará superada.

En lo que respecta a 2019, San Luis Potosí registró 494 víctimas de homicidio, cifra que en dos o tres meses también quedará superada.

La opinión pública recuerda el 2010 como el año más violento en la historia de San Luis Potosí. Las luchas criminales dejaron una estela de sangre y cuerpos expuestos en la vía pública, sin embargo, a partir de la segunda mitad del sexenio de Fernando Toranzo Fernández, este delito vino a la baja.

Con la llegada de Juan Manuel Carreras López al gobierno, la violencia volvió a resurgir. Año tras año se producen más muertes violentas, y hasta la fecha, no ha habido estrategia alguna de seguridad que ponga fin o por lo menos regule esta sangría. Los esporádicos episodios de paz dependen más de los grupos criminales que en ciertas temporadas pareciera que se sirven un poco menos del homicidio para imponer su dominio.

Así las cosas, el gobierno de Juan Manuel Carreras heredará a su sucesor un estado con niveles de violencia en ascenso en que al menos 6 grupos criminales se disputan el control.

¿Quiénes son los generadores de violencia?

En marzo pasado, en la conferencia mañanera realizada en San Luis Potosí por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de  Marina, José Rafael Ojeda Durán trazó el mapa delictivo de San Luis Potosí, y puso nombre a los generadores de violencia en la entidad:

Seis grupos del crimen organizado operan en el estado de San Luis Potosí. el Cartel del Golfo, Los Zetas, el Cartel del Noreste, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, el Cartel de San Luis Potosí Nueva Generación y Los Talibanes.

Según la información hecha pública por el secretario de Marina, el Cartel del Golfo tiene dominio en 19 municipios de la entidad, en la Zona Altiplano, en la Zona Centro, la Huasteca Norte y parte de la Huasteca Sur. Además tiene presencia en Salinas de Hidalgo, Rioverde y Ciudad del Maíz.

El cartel de Los Zetas tiene dominio en once municipios: en la Zona Media, limítrofes con Tamaulipas, y en la Huasteca Sur. También tienen presencia en Matehuala y Rioverde.

El Cartel del Noreste domina tres municipios: Villa de Arista, Matehuala y la Capital del Estado.

El cartel de Jalisco Nueva Generación tiene dominio en nueve municipios, sobre todo en los que colindan con Guanajuato. Además tiene presencia en Ciudad del Maíz, Ciudad Valles y Tamuín, así como el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El otro cartel con presencia en el estado es el de Los Talibanes, que tiene presencia en Santo Domingo, Villa de Ramos y Salinas de Hidalgo, y es considerado generador de violencia en San Luis Potosí y Zacatecas. Se presume que esta organización, que tiene su origen en los grupos de Tamaulipas llegó a San Luis Potosí de la mano de Arturo Gutiérrez García, primer secretario de Seguridad de Juan Manuel Carreras.

El general Arturo Gutiérrez pasó un año en la Secretaría de Seguridad Pública, lapso que fue suficiente para que diera al traste con lo poco que se había avanzado en los últimos años en contención de la violencia. Tras su renuncia, en noviembre de 2017, lo relevó el actual secretario Jaime Pineda Arteaga, que en ese entonces era comisionado de la Policía Federal.

Desde que Pineda asumió el mando, la situación no ha hecho sino empeorar. Los grupos criminales tamaulipecos siguen operando en el estado y luchando entre ellos para tratar de quedarse con el control. A esto se suma el arribo del Cartel de Jalisco Nueva Generación, que con un líder menguado por la enfermedad, según informes de inteligencia federales, sigue tratando de ganar terreno en el ámbito nacional.

Del Cartel de San Luis Potosí Nueva Generación, el Secretario de Marina reconoció su presencia en la Huasteca, principalmente en los municipios de Ciudad Valles, Tamuín y San Vicente Tancuayalab.

La Secretaría de Marina además considera como áreas en pugna a los municipios de Matehuala, Rioverde, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Tamuín, San Vicente Tancuayalab, San Martín Chalchicuautla y los límites entre San Luis Potosí y Villa de Zaragoza.

Como se ve, se trata de cuatro grupos procedentes de Tamaulipas, uno de Jalisco, y otro más de aparente origen local.

Cuando se habla se inseguridad en San Luis Potosí, las autoridades responsables, desde el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda, el comandante de la 12ª Zona Militar, Guzmar Angel Castillo González, hasta el coordinador de la Guardia Nacional hacen referencia al llamado “efecto cucaracha” como un posible detonador de la violencia, y afirman que las fronteras del estado están blindadas contra la violencia que se genera en las entidades vecinas.

No obstante, es obvio que la violencia ya está en San Luis Potosí, se genera internamente y se sabe muy bien quienes son los que la están generando. En este punto cabría preguntarse: ¿Cuántos años necesitó Guanajuato para convertirse de un estado próspero, con una vigorosa actividad industrial a ser la entidad más violenta del país? Tal parece que San Luis Potosí avanza hacia ese mismo escenario.

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#Entrevista | «No hay denuncias de corrupción contra Mónica Rangel»: secretario de Salud

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Aunque el gobernador Ricardo Gallardo ha hablado de un desfalco por mil 700 millones en los servicios de salud del estado, el doctor Acosta Díaz de León aseguró que aún no han confirmado irregularidades administrativas

Por: Luis Moreno

La Secretaría de Salud fue la dependencia más cuestionada durante el gobierno de Juan Manuel Carreras, pues durante los seis años en que estuvo dirigida por Mónica Rangel Martínez, y el breve paso de Miguel Ángel Lutzow, no dejó de coleccionar revelaciones de irregularidades en su interior. De contrataciones de proveedores fantasma hasta la compra de medicamentos falsos y otros caducos, los servicios de salud de San Luis Potosí se convirtieron en el foco de atención de la ciudadanía al pensar en corrupción.

El nivel del agravio que sintió la población quedó asentado con el resultado de la elección de gubernatura del estado, pues Rangel Martínez consiguió apenas el 8% de la votación, esto a pesar de ser candidata de Morena, partido que encabezaba las preferencias durante el periodo de precampañas.

Recuperar la confianza de la ciudadanía en esta secretaría parece ser uno de los objetivos más complejos para el gobierno de Ricardo Gallardo, para el cual, el gobernador eligió al doctor Daniel Acosta Díaz de León, que con sus 30 años como neurocirujano y su experiencia al frente del Colegio de la Profesión Médica, parece ser una apuesta para resolver la operación de técnica del área, pero también solventar el desgaste político y mediático de la misma.

El doctor Acosta Díaz de León conversó con La Orquesta sobre la corrupción al interior de la secretaría, la pandemia de covid y los objetivos para los primeros meses en el cargo; sin embargo, se mantuvo al margen de lanzar acusaciones, como sí lo ha hecho el gobernador y permanece en en una cautela cuyos resultados no están muy lejos de verse.

La Orquesta: ¿Cómo encontró la Secretaría de Salud?

Daniel Acosta: Encontramos un desorden administrativo, yo diría falta de disciplina en los procesos, esto nos ha llevado a tardarnos en entender las cosas. Hay un número muy grande de trabajadores como de programas.

Tenemos tres prioridades: la atención de primer nivel en las comunidades de los 58 municipios, donde hay muchas carencias estructurales y de organización, por ejemplo en algunos centros de salud hemos encontrado que hay suficiente personal, pero todos están ubicados de ocho de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes, la población de esos municipios no se puede enfermar después de esa hora ni los fines de semana. Necesitamos que los 120 centros de salud en todo el estado brinden un servicio permanente.

El segundo problema grave que hemos encontrado es el desabasto de medicamentos e insumos. Nos dimos a la tarea de hacer una revisión de todas las bodegas de material y medicamentos para optimizar lo poquito que tenemos.

LO: ¿No había un inventario?

DA: Sí, pero no era confiable, de ahí derivó mucho de lo que es público sobre medicamentos caducos y otros ocultos. Ya estamos en condición de decir dónde y qué hay en cada lugar.

El tercer punto es la infraestructura hospitalaria. Tenemos el nuevo Hospital Central construido y no está equipado, estamos trabajando en un hospital adaptado, totalmente constreñido.

LO: El nuevo Hospital Central es un proyecto que viene desde el sexenio de Fernando Toranzo. ¿Cuándo podremos tenerlo operativo?

DA: Es difícil decirlo porque dependemos del Insabi. Ellos marcan sus tiempos, podríamos hablar de febrero o marzo del 2022.

LO: La gestión de Mónica Rangel convirtió a la Secretaría de Salud en la dependencia más señalada del gobierno, ¿qué harán para recuperar la confianza de la población?

DA: Trabajamos hacia el interior de la secretaría. Tratamos de acercarnos a los sindicatos para volver a formar esa confianza. En la entrega recepción lo que encontramos lo señalamos, creemos que la autoridad será la que se encargue de determinar alguna culpabilidad o no.

LO: ¿Se presentaron o presentarán denuncias?

DA: Por nuestra parte no. Del análisis que surja del proceso de entrega recepción tanto en la Secretaría como específicamente en el Hospital Central, será la propia autoridad competente la que determine si hay algún delito que perseguir, nosotros no podemos establecernos como jueces.

LO: Pero, puede presentar una denuncia.

DA: Si es necesario, sí, pero hasta ahora no hay ningún señalamiento. Hay una instrucción muy precisa del gobernador: si vamos a acusar, tenemos que tener todos los elementos en la mano. Son temas muy delicados que han dañado a la secretaría, al gobierno y, sobre todo, la confianza de las personas, tenemos que dar pasos muy firmes y muy seguros.

LO: El gobernador Ricardo Gallardo ha hablado de un desfalco por mil 700 millones de pesos en Salud. ¿Es real esa situación?

DA: De cantidades yo no puedo hablar, lo que sí me consta es que los medicamentos que encontramos caducos por montones y vehículos inutilizados, un parque vehicular de 920 de los que un 70% son funcionales. Con los medicamentos hay otro problema, en los próximos meses para finalizar el 2021 y comenzar 2022, tenemos una gran cantidad de ellos que están por caducar. Ya establecimos contacto con otras instituciones de salud, públicas y privadas, para ponerlos a su disposición.

LO: ¿Había una sobrecompra de medicamentos?

DA: Las compras dependen mucho del Insabi, ellos nos proporcionan con cargo a nuestro presupuesto el material. En ocasiones viene desproporcionada la cantidad de medicamentos, por eso hay un sobre almacenaje y paradójicamente una lista de desabasto.

LO: ¿Se hizo una revisión en torno a los proveedores fantasma identificados en la administración de Mónica Rangel?

DA: Sí, ahora estamos en un proceso de revisión de todos los proveedores. Todos deben tener un registro ante la Oficialía Mayor, deben estar avalados para evitar que pase lo que estaba ocurriendo en tiempos pasados. Esto se ha dado sobre todo en las compras emergentes, tú como director de hospital tienes que resolver el problema inmediato, y a veces no te fijas y vas con el que te lo ofrece y con el que te fía, entonces pensamos que mucho de eso pasó. Hubo vivales que aprovecharon esa circunstancias y fue lo que se dio, pero ahora somos muy precavidos en la compra de insumos urgentes.

LO: En el Hospital Central se dieron los casos de medicamentos caducos y apócrifos, ¿eso afectó su prestigio?

DA: Sigue trabajando al 100%, hay un exceso de demanda en el servicios porque realmente la gente no tiene otra opción. Tienes razón, el prestigio ha sido lastimado, debemos demostrar si hubo o no las anormalidades. He revisado detenidamente los medicamentos apócrifos, no me he metido en el tema administrativo de cuánto compraron y a quién le compraron, pero sí hubo procesos que se siguieron en cada uno de ellos para detectarlos y congelarlos.

LO: ¿Hubo pacientes tratados con medicamentos caducos o apócrifos?

DA: Del primer caso que se detectó, no se involucró a ningún paciente, porque cuando se iba a aplicar a un paciente oncológico, la enfermera detectó cambios en la coloración y consistencia del medicamento; decidió no aplicarlo y comunicarlo a sus superiores, ahí se pudo detectar el lote de medicamentos e inmediatamente se desactivaron. De ahí se dieron otros tres o cuatro casos con antibióticos y antiinflamatorios, que se fueron detectando e informando a la población. No hubo aplicación tampoco de estos medicamentos. No hay ninguna evidencia o paciente que haya denunciado que se le SER tratado con insumos en esas condiciones.

LO: Pasamos de los 100 mil casos de covid en SLP y ocupamos aproximadamente el 10 lugar a nivel nacional en incidencia de contagios. ¿Cuál es el estado que guarda la pandemia en la entidad?

DA: El problema no se ha terminado. El covid está latente. En el cambio de estación podemos tener otro aumento en el número de casos. Si analizamos cómo se ha comportado el covid desde febrero del 2020 a octubre del 2021, realmente hemos visto epidemias o pandemias diferentes: antes no teníamos la vacuna, ahora disminuyó el número de casos y mortalidad, pero mientras haya una persona que fallezca a causa del covid no podemos estar tranquilos. Si vemos la curva, ahora estamos bien, porque está bajando el número de contagios, pero eso no es garantía de nada.

En lo que estamos preocupados es en la cantidad de muertes que se han mantenido entre 16 y 17 al día, sigue siendo un número alto.

LO: ¿A qué se debe esa mortalidad?

DA: Una de las principales causas, no la única, es la tardanza de los pacientes en llegar a los hospitales, muchas veces debido a la información encontrada entre el mismo personal médico. Ahora mismo hay suficiencia de lugar en los hospitales, tenemos una ocupación menor al 20%. El factor hospitalario y medicamentos no pueden ser la causa, como ocurrió en cierto momento. El comportamiento de la pandemia es incierto, pero todo el mundo mayor de edad debemos vacunarnos, los menores atentos a las políticas de salud. Seguir con las medidas de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, toma de temperatura. Si avanzamos en ese sentido es posible que los números sigan descendiendo. No se va a acabar el covid en mucho tiempo, vienen temporadas difíciles, Navidad, vacaciones, Año nuevo y el invierno.

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Diputados potosinos apoyarán la reforma energética de AMLO

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El presidente tendrá nueve de los 12 posibles votos de congresistas de SLP

Por: Karina González

Gilberto Hernández Villafuerte, diputado federal por San Luis Potosí, reveló que en la bancada del Partido Verde Ecologista de México a nivel federal se perfila para votar a favor de la contra reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador con la que se pretende establecer que la Comisión Federal de Electricidad deberá producir el 55% de la energía que se consume en el país y dejar el 45% a empresas privadas.

Alejandro Segovia, Juan Manuel Navarro, Kevin Angelo Aguilar, Antolín Guerrero Márquez, Gilberto Hernández Villafuerte, Christian Sánchez, Martha Barajas, Juan Ramiro Robledo y Sonia Mendoza, darían su voto a favor de la iniciativa presidencial, mientras que los panistas José Antonio Zapata y Xavier Azuara Zúñiga se opondrían, mientras que el sufragio de la priista Frinne Azuara Yarzabal estaría pendiente.

El legislador mencionó que se ha consensuado entre todos los congresistas, tanto de la bancada del Verde como de los otros partidos que forman la coalición, a través de argumentos sobre la “desmedida forma en que se otorgaron concesiones a particulares con la reforma energética de Enrique Peña Nieto en 2013”.

“Hoy queremos que el estado tenga la regiduría de la administración de la energía eléctrica, para que veamos que se lleve una regulación y no tengamos aumentos excesivos. Nadie avisa de los aumentos en este servicio y los recibos llegan cada día más altos. Queremos que el gobierno se beneficie de las plantas de producción para que podamos tener la regulación a nivel nacional”, dijo Hernández Villafuerte.

Finalmente, el diputado federal se dijo optimista de que la coalición logrará reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa del presidente y agregó que en próximos días estará visitando a los ciudadanos de su distrito para notificarles sobre esta decisión de apoyar la propuesta a la reforma energética.

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70 personas fueron suplantadas para cobrar en gobierno de SLP

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Se encontraban dentro de la nómina estatal sin tener conocimiento de ello

Por: Redacción

José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del gobierno de Ricardo Gallardo, dio a conocer que la administración estatal que acaba de terminar, encabezada por Juan Manuel Carreras, dejó en la nómina a 70 personas que no sabían que estaban haciendo uso de su nombre para cobrar en el gobierno.

Torres Sánchez añadió que dicho hallazgo obliga a la apertura de una investigación y una causa penal por el desfalco al erario:

“Lo que agrava esto es que muchas personas que tenemos identificadas como aviadores ni siquiera tenían conocimiento de esa condición, es decir, sin la voluntad de estas terceras personas, se generaba el pago sin que hubieran dado siquiera una autorización”, añadió el secretario general.

El funcionario comentó que los 70 casos están en investigación para el expediente que será incorporado a una sola acción legal. Mientras que, las personas detectadas que existen y estaban en nómina sin trabajar, cobraban sin hacer nada y su contrato quedó concluido, pero no se puede considerar un despido dada la falta de funciones.

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