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Julio 2020, el mes más violento en SLP en los últimos 10 años
La opinión pública recuerda a 2010 como el año más violento en la historia de la entidad, pero 2020 podría superar este récord
Por: Redacción
El pasado julio se ubicó como el mes más violento en San Luis Potosí en la última década. Las pugnas entre grupos criminales cobraron el mayor número de víctimas desde que en el país inició la llamada “guerra contra el narco” emprendida por el ex presidente Felipe Calderón.
En el séptimo mes de este 2020, la FGE abrió 68 carpetas de investigación por homicidio doloso, delito que cobró 78 víctimas. Es de resaltar que de las 78 víctimas, 63 fueron asesinadas con arma de fuego, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Las cifras que mes con es publica el SESNSP, no debieran sorprender a nadie, pues día con día, las páginas de nota roja de los diarios dan cuenta de los asesinatos que se cometen en diversos puntos de la entidad, la mayoría de ellos originados en medio de las pugnas de diversos grupos delictivos que buscan establecer su control en territorio potosino.
Históricamente, la mayor cifra de homicidios dolosos en San Luis Potosí de la que se tenía registro, era la de octubre de 2010 con 65 (33 por arma de fuego), ese año se registró un total de 417 asesinatos intencionales (187 por arma de fuego).
De enero a julio de 2020, suman ya 390 víctimas de homicidio, por lo que sin duda alguna, en agosto la cifra de homicidios de 2010 quedará superada.
En lo que respecta a 2019, San Luis Potosí registró 494 víctimas de homicidio, cifra que en dos o tres meses también quedará superada.
La opinión pública recuerda el 2010 como el año más violento en la historia de San Luis Potosí. Las luchas criminales dejaron una estela de sangre y cuerpos expuestos en la vía pública, sin embargo, a partir de la segunda mitad del sexenio de Fernando Toranzo Fernández, este delito vino a la baja.
Con la llegada de Juan Manuel Carreras López al gobierno, la violencia volvió a resurgir. Año tras año se producen más muertes violentas, y hasta la fecha, no ha habido estrategia alguna de seguridad que ponga fin o por lo menos regule esta sangría. Los esporádicos episodios de paz dependen más de los grupos criminales que en ciertas temporadas pareciera que se sirven un poco menos del homicidio para imponer su dominio.
Así las cosas, el gobierno de Juan Manuel Carreras heredará a su sucesor un estado con niveles de violencia en ascenso en que al menos 6 grupos criminales se disputan el control.
¿Quiénes son los generadores de violencia?
En marzo pasado, en la conferencia mañanera realizada en San Luis Potosí por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán trazó el mapa delictivo de San Luis Potosí, y puso nombre a los generadores de violencia en la entidad:
Seis grupos del crimen organizado operan en el estado de San Luis Potosí. el Cartel del Golfo, Los Zetas, el Cartel del Noreste, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, el Cartel de San Luis Potosí Nueva Generación y Los Talibanes.
Según la información hecha pública por el secretario de Marina, el Cartel del Golfo tiene dominio en 19 municipios de la entidad, en la Zona Altiplano, en la Zona Centro, la Huasteca Norte y parte de la Huasteca Sur. Además tiene presencia en Salinas de Hidalgo, Rioverde y Ciudad del Maíz.
El cartel de Los Zetas tiene dominio en once municipios: en la Zona Media, limítrofes con Tamaulipas, y en la Huasteca Sur. También tien en presencia en Matehuala y Rioverde.
El Cartel del Noreste domina tres municipios: Villa de Arista, Matehuala y la Capital del Estado.
El cartel de Jalisco Nueva Generación tiene dominio en nueve municipios, sobre todo en los que colindan con Guanajuato. Además tiene presencia en Ciudad del Maíz, Ciudad Valles y Tamuín, así como el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El otro cartel con presencia en el estado es el de Los Talibanes, que tiene presencia en Santo Domingo, Villa de Ramos y Salinas de Hidalgo, y es considerado generador de violencia en San Luis Potosí y Zacatecas. Se presume que esta organización, que tiene su origen en los grupos de Tamaulipas llegó a San Luis Potosí de la mano de Arturo Gutiérrez García, primer secretario de Seguridad de Juan Manuel Carreras.
El general Arturo Gutiérrez pasó un año en la Secretaría de Seguridad Pública, lapso que fue suficiente para que diera al traste con lo poco que se había avanzado en los últimos años en contención de la violencia. Tras su renuncia, en noviembre de 2017, lo relevó el actual secretario Jaime Pineda Arteaga, que en ese entonces era comisionado de la Policía Federal.
Desde que Pineda asumió el mando, la situación no ha hecho sino empeorar. Los grupos criminales tamaulipecos siguen operando en el estado y luchando entre ellos para tratar de quedarse con el control. A esto se suma el arribo del Cartel de Jalisco Nueva Generación, que con un líder menguado por la enfermedad, según informes de inteligencia federales, sigue tratando de ganar terreno en el ámbito nacional.
Del Cartel de San Luis Potosí Nueva Generación, el Secretario de Marina reconoció su presencia en la Huasteca, principalmente en los municipios de Ciudad Valles, Tamuín y San Vicente Tancuayalab.
La Secretaría de Marina además considera como áreas en pugna a los municipios de Matehuala, Rioverde, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Tamuín, San Vicente Tancuayalab, San Martín Chalchicuautla y los límites entre San Luis Potosí y Villa de Zaragoza.
Como se ve, se trata de cuatro grupos procedentes de Tamaulipas, uno de Jalisco, y otro más de aparente origen local.
Cuando se habla se inseguridad en San Luis Potosí, las autoridades responsables, desde el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda, el comandante de la 12ª Zona Militar, Guzmar Angel Castillo González, hasta el coordinador de la Guardia Nacional hacen referencia al llamado “efecto cucaracha” como un posible detonador de la violencia, y afirman que las fronteras del estado están blindadas contra la violencia que se genera en las entidades vecinas.
No obstante, es obvio que la violencia ya está en San Luis Potosí, se genera internamente y se sabe muy bien quienes son los que la están generando. En este punto cabría preguntarse: ¿Cuántos años necesitó Guanajuato para convertirse de un estado próspero, con una vigorosa actividad industrial a ser la entidad más violenta del país? Tal parece que San Luis Potosí avanza hacia ese mismo escenario.
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Inhabilitan a tres funcionarios estatales por caso “Rich”
La Contraloría General del Estado informó que los empleados cesados pertenecían a Protección Civil, Gobernación y Coepris
Por: Redacción
Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, informó que la administración estatal ha concluido la investigación interna por el caso “Rich”, en el que un barandal de cristal se debilitó y fallecieron dos jóvenes.
El funcionario estatal indicó que hay tres personas de diferentes dependencias del Ejecutivo estatal presuntamente implicadas. Añadió que debido a la naturaleza de la investigación, no se revelaron sus nombres, sin embargo, dio a conocer que pertenecían a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Dirección de Gobernación y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
Las tres personas fueron desincorporadas de la administración pública estatal y se les dictó la correspondiente inhabilitación, luego que se determinó algún grado de responsabilidad en este caso.
Aguiñaga Muñiz manifestó que con esta acción, la Contraloría cumplió en tiempo y forma con la investigación correspondiente a este hecho. Asimismo, instó al Ayuntamiento de San Luis Potosí a dictar las responsabilidades correspondientes contra empleados de cualquier dirección que pudieran estar implicados, pues afirmó que la mayor responsabilidad recae sobre la administración municipal.
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Detienen proyecto de la presa Las Escobas: CEA
Su capacidad de 2.6 millones de m³ se consideró insuficiente en el informe de la dependencia estatal y la Conagua; el proyecto no se canceló definitivamente
Por: Redacción
El proyecto de construcción de la presa Las Escobas, planteado como una opción para reforzar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí, se encuentra detenido debido a su inviabilidad técnica, y no por retrasos administrativos del gobierno estatal, aclaró Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
Martínez explicó que el Dictamen Técnico Unificado, elaborado en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló que el volumen de almacenamiento proyectado para Las Escobas —2.6 millones de metros cúbicos— resulta insuficiente si se compara con otras presas en la región, como la de San José (5 millones) o El Peaje, que actualmente almacena cerca de 7 millones de metros cúbicos.
Si bien reconoció que cualquier proyecto para captar agua es valioso , también subrayó que se deben considerar factores como ubicación, tiempo de ejecución y costo-beneficio, y que en el caso específico de Las Escobas, estos elementos no justifican su construcción por ahora.
El funcionario estatal recalcó que el proyecto no está cancelado de forma definitiva, sino que se mantiene en cartera para ser reactivado en caso de que las condiciones técnicas, ambientales o presupuestales cambien en el futuro.
Finalmente, indicó que el gobierno estatal ya analiza otras alternativas más viables, rápidas y económicas para lograr el mismo objetivo: garantizar el abastecimiento eficiente de agua para la capital potosina y su zona conurbada.
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SCT llama a plataformas de transporte a regularizarse: “por seguridad pública”
La dependencia estatal pidió a plataformas como Uber, Didi e InDrive registrar a sus operadores
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí, reiteró el llamado a las empresas de redes de transporte como Uber, Didi e InDrive a cumplir con el registro de sus operadores ante la dependencia estatal, como lo exige la ley.
Martínez Acosta subrayó que esta medida no sólo se trata de un trámite burocrático, sino de un asunto de seguridad pública tanto para los usuarios como para los propios conductores.
“Es prioritario que todos los operadores de transporte público estén registrados en la Secretaría. Eso nos permite contar con su identificación, saber dónde viven y tener certeza de que pasaron ciertas pruebas para poder ejercer la actividad”, expresó.
Indicó que si bien algunos conductores han buscado regularizarse de manera individual, es necesario que las plataformas también asuman su responsabilidad y presionen internamente para cumplir con los requisitos legales.
Asimismo, informó que la SCT continúa asegurando vehículos que operan sin la debida autorización del estado.
Respecto a los recientes hechos de violencia y robos a choferes de plataformas, la funcionaria dijo no tener conocimiento de un patrón delictivo definido, pero aseguró que trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a cualquier presunto delito que involucre unidades de transporte público.
“Nos mantenemos en contacto con la Fiscalía para actuar de forma conjunta cuando se cometa algún delito a bordo de una unidad, registrada o no”, agregó.
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