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18 cárteles tienen presencia en el 70% de San Luis Potosí
Un estudio publicado por el CIDE narró el movimiento del crimen organizado durante los últimos 15 años
Por: Redacción
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) publicó recientemente el informe titulado “La prohibición de las drogas en San Luis Potosí: elementos para una reforma”, que cuenta con un apartado en el que se detalla los grupos de la delincuencia organizada que durante los últimos 15 años se han peleado el control de trasiego y otras actividades criminales en el estado.
En el informe se dio a conocer que en 2020 la Secretaría de Marina (Semar) detalló que los 18 grupos delincuenciales se establecieron en 42 de los 58 municipios de San Luis Potosí, lo que representa más del 70% del territorio.
El estudio indica que San Luis Potosí no es considerado un estado violento a comparación con en resto del país, pues incluso en el año más violento que ha tenido, qué fue 2018, se registraron 19 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, mientras que el estado vecino de Guanajuato tuvo 57; no obstante, San Luis Potosí sigue la misma tendencia en violencia que está relacionada, entre otras cosas, al crimen organizado.
La Policía Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí afirmó actualmente que hay seis grupos delictivos en el estado: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noroeste, Activos Libres, Talibanes y el Cártel San Luis Unido, pero otras tres fuentes identificaron a Los Zetas Vieja Escuela, el Cártel San Luis Potosí Nueva Generación (CSLNG), Los Palomeros, Los Zetas, el grupo operativo L-23, Los Justicieros, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Milenio, el Cártel del Poniente, los Mata-Zetas y La Maña, además de una alianza entre el Milenio, la Familia Michoacana y el Cártel del Golfo.
La presencia de estos grupos en San Luis Potosí fueron asociados a un factor económico (de expansión territorial y de diversificación de actividades ilícitas) donde se ha desarrollado un mercado de drogas ilícitas a nivel local, pero también a actividades como el tráfico de migrantes. Por su parte, el Gobierno del estado identificó que las actividades de estos grupos son: contrabando, tráfico de armas, narcotráfico, robo de combustible y tráfico de personas.
La investigación destacó que los medios de comunicación reportan que el CJNG es el grupo con mayor presencia en el estado desde 2015, pues se identificaron 46 registros de este grupo en 11 municipios; después está el Cártel del Golfo con presencia desde 2013 y un total de 43 registro 
En 2015 la base de datos apuntó la entrada del CJNG, junto con Los Zetas en Ahualulco, Mextiquic de Carmona, Moctezuma, Venado y Villa de Arista donde la tasa de homicidios pasó de 0 a 12 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Durante el 2016, se ubicó la presencia de grupos delictivos en siete municipios y los niveles de violencia llegaron hasta tasas de 39 homicidios por cada 100 mil habitantes. En la capital se ubicó al CSLNG y al Cártel del Golfo; en Tanquián de Escobedo al CJNG, al CSLNG y al Cártel del Golfo; y en Soledad al CSLNG y al Cártel del Noreste.
En 2017 la capital ubicó al CJNG, al Cártel del Noreste y a Los Contras; en Soledad Graciano de Sánchez al Cártel del Golfo, al Cártel del Noreste y al Cártel San Luis Unido. En el caso de Santo Domingo se encontraron a Los Talibanes, registrando una tasa de 74 homicidios por cada 100 mil habitantes.
El año 2018 tuvo la presencia de nuevos grupos como Los Justicieros, Los Talibanes y Los Palomeros, además del CJNG, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. En Alaquines se registró por primera vez la presencia de un grupo delictivo: el CJNG, presentando una tasa de homicidios de 24 por cada 100 mil habitantes cuando el año previo había sido de cero.
Al llegar el 2019, la presencia de grupos delictivos se extendió a la zona de la Huasteca Potosina, a en el Centro (en Rioverde) y al norte (en Matehuala.) En El Naranjo y Xilitla se registró la presencia de seis grupos: el CJNG, el Cártel del Golfo, los Zetas, el Cártel del Noreste, los Zetas Vieja Escuela y el grupo operativo L-23. En El Naranjo, además de los grupos anteriores, se identificó a los Talibanes. En Axtla de Terrazas y en Huehuetlán se ubicó al CJNG, al Cártel del Golfo, a los Zetas y al Cártel del Noreste. Mientras que la capital, Ciudad del Maíz y Ciudad Valles tuvieron presencia de tres organizaciones delictivas.
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Sheimbaum: “no quedará impune” denuncia contra progenitor del alcalde de Cerro de San Pedro
La afectada tuvo oportunidad de poner al tanto del caso a la titular del poder ejecutivo
Por: Ana G Silva
Tras tres años de denunciar amenazas, hostigamiento y un presunto despojo de tierras, Blanca Estela Hernández Martínez logró llevar su caso hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien pidió ayuda directamente durante su visita a San Luis Potosí este viernes.
El encuentro fue breve, pero Blanca Estela aprovechó para contarle a la mandataria su situación y solicitar su intervención.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, Sheinbaum le aseguró que su caso no quedaría impune y se comprometió a ayudarla.
La denuncia de Blanca Estela involucra a J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava Loredo, en un conflicto relacionado con un predio que la mujer asegura es de su propiedad.
La denunciante sostiene que desde 2023 ha enfrentado amenazas y hostigamiento derivados de este conflicto, e incluso ha señalado haber recibido amenazas de muerte.
Los hechos que dieron origen a la denuncia ocurrieron el 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela acudió a un predio ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás, luego de enterarse de que había personas trabajando en el lugar.
Según su testimonio, al cuestionar qué ocurría en el terreno se produjo una confrontación con J. Santos Nava, quien, afirma, la insultó, empujó y jaló del cabello, además de amenazarla de muerte.
Por estos hechos se abrió la carpeta de investigación 18077-23
Blanca Estela también ha relatado que en los últimos años ha recibido llamadas intimidatorias y que el temor incluso la llevó a dejar de impulsar durante un tiempo la denuncia.
“Yo ahorita sí tengo miedo”, dijo previamente a La Orquesta, al señalar que ya no trabaja con tranquilidad en su negocio.
Su abogado, Antonio Pérez Oldevilla, ha solicitado que se reactiven las diligencias y que se otorguen medidas de protección para la denunciante.
El acercamiento con Sheinbaum ocurrió este viernes, durante la visita de la presidenta a San Luis Potosí.
Blanca Estela aprovechó el momento para explicarle que su denuncia involucra al padre del alcalde de Cerro de San Pedro y que, pese al tiempo transcurrido, el caso continúa sin resolverse.
Según relató la afectada, la presidenta le manifestó que su caso no quedaría impune y que recibiría apoyo.
El encuentro duró apenas unos instantes, pero para Blanca Estela representó la oportunidad de llevar una denuncia que durante tres años ha permanecido en las instancias estatales directamente ante la titular del Ejecutivo federal.
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Torres Sánchez destacó que la Guardia Civil Estatal intervino para liberar a los policías retenidos en Picholco
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que los policías señalados por pobladores de Picholco, en Axtla de Terrazas, como responsables de la muerte de un hombre detenido fueron liberados luego de la intervención de personal estatal y de la Guardia Civil Estatal, y que ahora están a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Dijo que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantuvo comunicación directa con las alcaldesas de Matlapa y de Axtla de Terrazas desde el día siguiente a los hechos, luego de que un grupo de pobladores de Picholco retuvo durante algunos momentos a policías municipales para exigir justicia por la muerte del detenido, identificado como Fermín Isabel Antonio
Explicó que personal del estado, junto con la Guardia Civil Estatal, dialogó con los inconformes hasta lograr la liberación de los policías retenidos.
Torres Sánchez dijo que no hubo personas privadas de libertad durante la protesta, “que es lo que pretendía la turba”, y calificó el episodio como muestra de que “el tema de operatividad y gobernabilidad está presente y está funcional en cada rincón del estado”.
El funcionario dijo lamentar la muerte de la persona, pero subrayó que hubo “operatividad eficaz, funcional, presente” en este tipo de situaciones.
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Se consideraría moroso a quien acumule más de 60 días sin pagar una pensión ordenada judicialmente
Por: Redacción
Quienes incumplan con el pago de una pensión alimenticia podrían quedar identificados en un padrón público y consultable por internet en San Luis Potosí, de avanzar una iniciativa que analiza el Congreso del Estado
La propuesta, presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, plantea modificar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar para establecer un mecanismo más accesible para consultar el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
La iniciativa considera como deudora alimentaria morosa a la persona que, teniendo una pensión ordenada por un juez o establecida mediante convenio judicial, deje de pagarla durante más de 60 días consecutivos o acumule cuatro pensiones pendientes dentro de un periodo de dos años.
Uno de los principales cambios sería que el padrón deje de ser una herramienta de consulta limitada y tenga carácter público, con acceso mediante medios electrónicos oficiales.
La administración del registro estaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, que sería responsable de integrarlo, actualizarlo, administrarlo y resguardar la información.
La propuesta establece que la publicidad del padrón deberá realizarse bajo las reglas de protección de datos personales, especialmente cuando exista información relacionada con niñas, niños y adolescentes.
López Torres señaló que el objetivo es que el registro se convierta en una herramienta realmente funcional y accesible para contribuir al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su subsistencia y bienestar.
La legisladora sostuvo que el pago de alimentos no debe considerarse una obligación secundaria, debido a que está directamente relacionado con derechos fundamentales de las personas acreedoras.
El proyecto contempla una implementación gradual. La primera etapa estaría enfocada en mejorar la operación y funcionamiento del padrón, mientras que posteriormente podrían incorporarse mecanismos adicionales para fortalecer su eficacia.
De avanzar la reforma, San Luis Potosí tendría un padrón con mayor visibilidad pública para identificar a quienes incumplen con obligaciones alimentarias establecidas judicialmente, aunque su consulta tendría que sujetarse a las disposiciones de protección de datos personales.
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