Estado
PAN denunció formalmente al Hospital Central por compra de medicamentos falsos
El dirigente de Acción Nacional dijo que “no será tapadera de nadie” y no lo dejará en el golpeteo político
Por: Redacción
Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue y sancione a los responsables de la compra de medicamentos apócrifos que hizo el Hospital Central entre los años 2018 y 2019.
Según el diario local Astrolabio, el presidente estatal panista comentó que la denuncia se basa en los hallazgos encontrados por la organización ”Ciudadanos Observando” en su investigación sobre los medicamentos falsos contra el cáncer de mama adquiridos por el nosocomio a una empresa fantasma por una suma de 204 millones de pesos.
”Lamentamos muchos el hecho en lo político, pero yo espero que la delegación inicie las investigaciones con los hechos anexados para que se pueda dar con las o los responsables”, afirmó el dirigente del PAN.
Aguilar Hernández afirmó que esté tipo de cuestiones como las compras de medicamentos apócrifos no deben ser toleradas, pues representa un delito especial contenido en la Ley General de Salud.
“No podemos estar como Veracruz, dónde un gobernador, que luego pisó cárcel, le daba medicamento falso a niños con cáncer […] mi obligación no es sólo hacerlo del conocimiento público como lo hacen otros actores que lo dejan en el golpeteo político, yo sí lo llevó con la autoridad competente”, dijo Aguilar Hernández, quién agregó que “no será tapadera de nadie”.
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El Congreso discutirá este mes la iniciativa para otorgarles pensión a los elementos de seguridad municipales
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno, informó que la iniciativa para otorgar una pensión a los policías municipales avanzó un paso más hacia su aprobación definitiva, luego de que las comisiones legislativas correspondientes la avalaran por unanimidad.
Torres señaló que el dictamen será discutido en un periodo extraordinario del Congreso del Estado, previsto entre el 20 y el 22 de agosto. “Estamos muy contentos porque ayer las comisiones acordaron aprobarla; ahora sube al Pleno”, comentó.
Además, detalló que ya se trabaja en la reforma político-electoral, la cual debe quedar lista un año antes de las elecciones de 2027, es decir, para junio de 2026.
Esta reforma busca definir con claridad las reglas del proceso, incluyendo la posible modificación de la fecha de inicio de las campañas para que arranquen en noviembre del año previo a la elección, así como ajustes en temas de alternancia de género y la representación por la vía plurinominal.
Torres adelantó que el gobierno estatal ha sostenido reuniones con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para escuchar propuestas y necesidades en materia electoral. “Hay que poner atención en temas como la equidad en candidaturas y revisar el papel de los plurinominales; la ciudadanía quiere saber quiénes son sus representantes y tener la posibilidad de exigirles”, señaló.
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Morales Silva sostuvo una reunión para atender jubilaciones, aumentos salariales y creación del Tribunal de Disciplina
Por: Redacción
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJESLP), Arturo Morales Silva, informó que sostuvo una reunión con personal de la Secretaría de Finanzas del estado, en la que destacó la buena disposición de dicha dependencia para resolver temas financieros del tribunal lo antes posible.
Entre los asuntos más importantes, Morales Silva señaló los retiros de magistrados y jueces, así como el aumento salarial para los trabajadores del tribunal.
Adelantó que se analizarán otros temas, como la solicitud de recursos para la instalación de nuevos órganos del Poder Judicial, en particular el Tribunal de Disciplina, el cual requerirá inversión en infraestructura, material y recursos humanos. El presidente reconoció que esta creación implicará gastos importantes, como la cobertura de dos plazas de magistrados, además de la adquisición de mobiliario y tecnología.
Para ello, Morales estimó que se necesitarán 11 millones de pesos, argumentando que es necesario rentar un inmueble, adaptarlo y equiparlo adecuadamente
“A lo mejor podemos reducir ese costo viendo algunos temas que pudiéramos simplificar y que traerían alguna reducción. Estos 11 millones entran aparte del aumento al pago de los trabajadores. Para cubrir a los trabajadores en lo que resta del año, respecto del rubro del aumento, son 13 millones. Ahora, esos 13 millones no necesariamente los tenemos que tener todos en una sola exhibición. ¿Por qué? Porque se van pagando de manera paulatina. Entonces, con 6 millones y medio, más o menos, pudiéramos ponernos al corriente. Y el resto sería para cubrir lo que resta del año“, concluyó Morales Silva.
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Pemex incluye 18 municipios de SLP en su plan de exploración con fractura hidráulica; comunidades nahuas y tének exigen prohibición definitiva de la técnica.
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), aseguró que la administración estatal no permitirá la implementación de la fractura hidráulica en territorio potosino, luego de que organizaciones indígenas y ambientalistas advirtieran que el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 contempla la exploración de yacimientos no convencionales en la región Huasteca.
El funcionario afirmó que el gobierno estatal está dispuesto a acompañar a las comunidades indígenas y a los colectivos ambientalistas para garantizar que sus demandas sean escuchadas y que no se tomen decisiones sobre la zona sin consulta previa.
“Bajo ninguna explicación, si hay un daño importante a la naturaleza de la zona, lo permitiremos. No los vamos a dejar solos”, declaró.
Torres Sánchez destacó que preservar la flora, fauna, ríos y ecosistemas de la Huasteca Potosina es prioridad, y que el estado no permitirá proyectos que pongan en riesgo el medio ambiente.
Organizaciones nahuas y tének han denunciado que la fractura hidráulica amenaza con dañar de forma irreversible el agua, el suelo, el aire y la salud de las comunidades, además de afectar la economía local. Recordaron que, entre 2014 y 2018, la movilización social logró que varios municipios se declararan libres de fracking, y demandaron a la presidenta Claudia Sheinbaum cumplir el compromiso federal de prohibir definitivamente esta técnica en México.
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