Con requisitos inventados, expedientes sin revisar y la ley reescrita en sus respuestas, la comisión dictaminadora —integrada por quienes también compiten por el mismo beneficio— excluyó a tres docentes del Estímulo al Desempeño Académico 2026

Por: Jorge Saldaña

La denuncia es grave y hay documentos que la sostienen. Académicos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidades 241 y 242, acusan haber sido excluidos del Estímulo al Desempeño Académico 2026 mediante requisitos que no existen en ningún reglamento ni convocatoria, en un proceso operado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) —y presidido por personas que, al mismo tiempo, participan como beneficiarias del mismo programa que ellas mismas evalúan.

El señalamiento más grave no es la exclusión: es que los jueces también son concursantes. Y, según los afectados, algunos de esos jueces-concursantes podrían perder su lugar si los docentes excluidos fueran incluidos, pues los superan en puntuación, lo que claramente se configura como un conflicto de interés.

La irregularidad de fondo es la siguiente: la normativa vigente establece que el requisito para acceder al estímulo es ser personal académico de tiempo completo al momento de presentar la solicitud. La comisión dictaminadora aplicó un criterio distinto, sin sustento legal alguno: haber sido de tiempo completo durante la totalidad del año 2025. Un requisito que no existe. Que nadie redactó en la convocatoria. Que la comisión, de facto, inventó.

Lo mismo ocurrió con las horas de docencia, la normativa exige un mínimo de 60 horas frente a grupo durante el periodo evaluado. Los tres docentes afectados las superaron ampliamente. La comisión añadió una condición adicional que no aparece en ningún artículo.

Cuando los afectados impugnaron las resoluciones, la situación escaló: en su respuesta, la comisión habría alterado el contenido de los artículos reglamentarios, atribuyéndoles requisitos que no forman parte de su redacción original

Modificaron la letra de la ley en el papel para que la ley dijera lo que a ellos les convenía.

Los expedientes presentados por los tres docentes —recibidos formalmente— nunca fueron evaluados en sus méritos. No hubo revisión.

Un elemento adicional agrava el asunto y es que antes de que se publicara la convocatoria, integrantes de la comisión habrían manifestado públicamente su intención de no permitir la participación de los ahora afectados. Ante esa señal, los académicos solicitaron la intervención de la autoridad para garantizar que el proceso se apegara a derecho, sin embargo la solicitud fue ignorada y la exclusión si fue ejecutada.

El agravio final —que la denuncia señala— es que algunos de estos mismos comisionados fueron beneficiados en procesos anteriores sin haber cumplido el mismo criterio que hoy le exigen a otros.

“El problema no es solo el resultado, sino que se nos excluyó con un requisito que no existe y sin siquiera revisar nuestro trabajo”, señalaron los afectados, quienes han iniciado recursos de impugnación, solicitado la intervención de órganos colegiados, presentado denuncias ante instancias de control interno y quejas ante organismos de derechos humanos.

Exigen que el proceso sea revisado y repuesto conforme a derecho, con una evaluación objetiva, transparente y estrictamente apegada a la normativa vigente.

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