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Leonel Serrato señala “politiquería” ante juicio político en su contra
El actual funcionario federal desestimó las acusaciones hechas en la solicitud enviada al Congreso local, pero de ser necesario acudirá al llamado de los legisladores
Por: Bernardo Vera
Leonel Serrato Sánchez, coordinador regional en los municipios San Luis Potosí y Soledad de los Programas del Bienestar, se pronunció sobre la solicitud presentada al Congreso del Estado de San Luis Potosí por un grupo de taxistas y concesionarios que lo acusaban de una mala gestión mientras se encontraba como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno estatal.
Las acusaciones expuestas en la solicitud presentada ante el legislativo local, lo señalan de ser omiso ante la problemática de los vehículos de plataforma, violar las normas de entrega de concesiones y malos tratos, a lo que aludió una “politiquería” y “grilla”, ejercida por grupos internos del propio Congreso local, en los que estaría involucrado José Luis Fernández Martínez, diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como Héctor Serrano, dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) en la entidad potosina.
Agregó que esto podría derivar de los resultados que algunas encuestas han arrojado sobre la referencia de voto en las próximas elecciones de 2024 para la presidencia municipal, y que favorecen al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el que Serrato podría buscar un cargo.
“Yo creo que se trata de una intentona de forzar la alianza Morena-PVEM-PT a todos los cargos en el estado, porque la presidenta de Morena, Rita Ozalia Rodríguez y el secretario general Guillermo Morales, han expresado en múltiples ocasiones que no desean participar en coalición”.
Manifestó que, de tratarse de un asunto serio, acudiría al llamado que las y los legisladores realicen, dado que su labor al frente de la SCT se realizó con responsabilidad, rechazando las prácticas de corrupción y con el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, así como del secretario general de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez.
“El proceso de otorgamiento de concesiones, fue probablemente uno de los más transparentes de la historia, sino el que más. Tan así que hubo oportunidad de demandar nulidades, reposiciones, amparos y nadie lo hizo, porque muy sólidamente, lo que firmó el gobernador Gallardo está a prueba de balas. Insisto, ya pasó un año; tenían 15 días para ir a reclamar y no lo hicieron”, concluyó.
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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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Detienen al tercer implicado en el homicidio del pasante de Estomatología
El joven fue lesionado con arma de fuego durante un intento de despojo de su vehículo
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron la detención de un tercer presunto implicado en el homicidio de un estudiante de Estomatología en la Capital potosina.
Este suceso ocurrió el 8 de noviembre de 2025, cuando la víctima fue lesionada con un arma de fuego durante un intento de despojo de su vehículo.
Tras la detención inicial de dos personas relacionadas con estos hechos, quienes actualmente se encuentran a disposición de un Juez de control bajo el delito de homicidio, la institución continuó con las investigaciones correspondientes.
Derivado de dichas indagatorias, se logró identificar a Ángel “N” como tercer probable partícipe en este hecho; ante ello, elementos de la PDI procedieron a su aseguramiento en cumplimiento a la orden de aprehensión correspondiente.
En las próximas horas, agentes del Ministerio Público conducirán al detenido ante la autoridad judicial, para que se lleve a cabo la audiencia inicial y se determine su situación jurídica.
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