noviembre 10, 2026

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Agua que no has de beber | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

 

Culto Público, hijos de la llave que no sabes si abrir o persignarte:

La UASLP, a través de su Grupo Universitario del Agua, presentó el lunes —con bata blanca, microscopio moral y tono de Moisés dictando las tablas de la Alianza— sus avances de la agenda hídrica 2025. Muy bien.

Dentro de los hallazgos de estos avances y actualizaciones científicas de sus estudios, alertaron que en al menos el 13% de más de 300 pozos que analizaron hay arsénico, fluoruro y hasta Uranio. (Sí, Uranio)

Treinta y nueve pozos. Traducido al español de a pie: hay zonas donde abrir la llave es jugarse la vida.

¿En cuáles zonas y en cuáles pozos? (No dijeron y al rato vuelvo al asunto)

El dato es grave. Gravísimo, y nadie aquí le regatea un milímetro a la ciencia ni a los académicos universitarios quienes la producen.

Pero la ciencia no opera en el vacío y la forma en que esto se da a conocer también es un mensaje, y este mensaje está envuelto en un paquete muy particular:

¿Quién fue el público receptor de semejantes y tan relevantes resultados?

Por mi cuenta, pregunté a la autoridad municipal de la capital si fue invitada y no, no fue invitada.

Pregunté al alcalde de Soledad, tampoco. Pregunté a la delegación de CONAGUA. Nada. Pregunté al titular de la CEA. Menos. Pregunté a la Comisión de Agua del poder legislativo, cero. Tampoco a los regidores. Es decir, ni un alma de las que podrían —al menos en teoría— hacer algo con esa relevante información.

¿Entonces? Una presentación cerrada, de élite académica o casi de logia masónica, pero con efecto y eco mediático calculado para que el mensaje explotara afuera como granada de fragmentación: “El agua de San Luis está envenenada”. (A los medios sí nos invitaron)

¿Qué hacer? Yo no sé Culto Público si llamar a los bomberos o a la Haya para presentar cargos por delitos de lesa humanidad contra todas las autoridades involucradas.

Claro, me contuve porque noté que los resultados se los entregaron entre ellos mismos, como quien se da su propio premio Nobel de la Paz.

A ver y ¿cuándo lo presentaron? Un día después del Día Mundial del Agua —correcto, la foto de calendario no falla— pero cuatro meses después de que cualquier autoridad pudiera haber empatado esos datos con sus presupuestos de egresos y proyectos.

Los presupuestos se aprueban en diciembre, no en marzo, y esto es como si el cardiólogo te diagnosticara el infarto… pero te diera la receta cuando las farmacias ya cerraron. (Aunque hay versiones que si hubo reuniones previas con la autoridad local)

En la misma presentación se supo que, para los universitarios, la norma mexicana vigente que usa la Secretaría de Salud federal para medir niveles seguros de agua potable, y que usa el Interapas, no es suficiente —y quizá tengan razón— pero tampoco han propuesto formalmente a esa dependencia que la modifique. Es decir: la norma no sirve, pero tampoco hacemos nada por cambiarla. Solo lo exhibimos.

Entonces la pregunta se aleja del campo científico y entra a la cancha política:

¿A quién beneficia un diagnóstico tan alarmante que sin embargo no se articula con quien puede recetar el tratamiento?

Porque el estudio golpea mediáticamente a INTERAPAS, que es el responsable directo del agua que llega a nuestras casas.

Golpea al alcalde Enrique Galindo, que carga con la operación cotidiana del sistema. Y —más silenciosamente, como quien mueve alfil sin hacer ruido— golpea al tablero electoral del 2027.

Esto no ocurre en el vacío ni sin antecedentes. Ocurre después de meses de fricción de la Universidad con el Congreso, de desencuentros con el gobierno del estado por recursos, de desplantes y comparecencias negadas.

Ocurre en el marco de una universidad que reclama autonomía pero que no rehúye al protagonismo inquisitorial cuando le conviene, de señalar a todos los que “lo hacen mal” —o en traducción sin filtros: a todos aquellos que no lo hacen como el águila manda.

Y en medio de todo, un dato que no es menor: el gobernador Ricardo Gallardo no solo cumplió con los adeudos del año pasado con la uni, sino que para 2026 elevó la aportación estatal a la institución por encima de lo aprobado originalmente y eso en la práctica política, son gestos que rara vez son gratuitos.

Mientras el estudio desgasta al municipio (porque parece que para eso estuvo diseñada la presentación) extrañamente el gobierno del estado sale ileso de la narrativa.

(El enemigo de mi enemigo —máxima más vieja que el agua misma— es mi amigo)

Mientras tanto, el rector Alejandro Zermeño juega su propia partida: a ratos víctima, a ratos confrontador, a ratos académico impecable y a ratos —cada vez más— intenta subir al ring político con sotana de científico y sin querer ser golpeado.

Porque exhibir no es lo mismo que solucionar. Alertar no es lo mismo que articular. Y tener razón no es lo mismo que tener responsabilidad.

¿A qué voy? Muy fácil: Si la UASLP sabe que hay pozos envenenados, ¿por qué no lo comunica directamente a CONAGUA –que es la autoridad competente- para que revise concesiones de los pozos y los cancele?

Y aquí vuelvo: ¿Por qué no dicen exactamente cuaáles pozos son los 39 que tienen agua tóxica? ¿Qué tal que son los que darán agua al DinoOasis Aqua Park?

¿También van a revisar esa agua? Digo porque yo ya me vi en la alberca de olas pero no quiero andar nadando en Uranio.

Otra cosa: ¿A quién beneficia que en una circunstancia hídrica como la que vive la Zona Metropolitana se clausuren 39 pozos? ¿A quién le va exigir agua la población?

¿Por qué no articular con los tres niveles de gobierno la situación antes de publicar resultados alarmistas en tono de nota roja para que los recoja la prensa?

¿Por qué la doctora Gabriela Palestino aseguró en un comunicado universitario que será “en el mediano plazo” que se articularán sus estudios con las autoridades de los tres niveles y harán mesas de trabajo? ¿No sería mejor hacerlas antes?

Porque así como se hizo, huele a política o más bien a grilla, y en la grilla, ya lo sabemos, se privilegia a quien defiende mejor su verdad en lugar de usar esa verdad para aportar en cambiar las cosas.

¿De qué nos sirve el dato alarmante, aceptado o no por las autoridades, si los estudios no trascienden a la Secretaría de Salud, Conagua, Cea, Interapas, San Luis, Soledad, Cerro de San Pedro y Pozos?

De qué sirve compartir el conocimiento encontrado entre los que lo encontraron…

Mire, Culto Público, algo no me cuadra y yo no voy lo a afirmar todavía, pero lo dejo sobre la mesa ¿Está buscando el rector algo más que incidir en la agenda hídrica? (Como por ejemplo desgastar a los enemigos de tu nuevo amigo)

¿No estará Zermeño Guerra buscando boleta?

Me atrevo a decirlo porque al menos dos personas me han soltado la versión de una reunión hace unas semanas en la que se le “deslizó” al oftalmólogo esa posibilidad.

Si encuentro mayores datos, se los “deslizo” el lunes.

Mientras tanto, me pregunto e imagino cuál sería el slogan de campaña a la capital por parte del doctor Zermeño.

A mí no se me ocurre nada, pero seguro a alguna creativa estudiante de medicina se le podría ocurrir alguna variante de aquella famosa cartulina que lo mismo defendió que hundió al rector en los tiempos de crisis. ¿Si saben cuál, verdad?

De remate un par de apuntes que no quiero dejar en el tintero:

Ignorante como soy, no sabía que para opinar sobre la UASLP hacía falta ser egresado de la misma y además presentar acta de nacimiento potosina. (Bendito sea Dios yo tengo ambas)

Pero lo menciono porque eso fue exactamente lo que sugirió el rector al referirse al diputado Héctor Serrano, quien —ojo al dato— ni siquiera afirmó que la universidad debería recortar las pensiones millonarias de los ex rectores y funcionarios.

Lo que declaró fue que al menos las dieran a conocer, junto con los sueldos actuales de los altos mandos. Es decir, pidió transparencia, no recortes.

La respuesta del rector a través de una reportera, fue querer darle cátedra con guante blanco al legislador sobre la no retroactividad de la ley y demeritar su opinión (“hay que tomarlo de quien viene”) porque Serrano -según dijo Zermeño- no es egresado de la Universidad y tampoco es potosino. Tómala.

En lugar de verse elegante, el rector se vio reactivo y herido —como quien se defiende de algo de lo que nadie le atacó.

Y aquí va el bonus, Culto Público, porque a mí las ideas no me las detiene ni el punto final.

Es cierto: Zermeño no puede legalmente recortar ni un peso a las pensiones de ex rectores, ex funcionarios y hasta ex acosadores que no dan una sola clase, pero siguen cobrando como si dictaran cátedra desde la impunidad y la desvergüenza.

La ley no es retroactiva y eso no está a discusión.

Pero lo que sí puede hacer —y nadie se lo impide— es convocar a los ex rectores vivos y proponerles un acuerdo solidario: que por amor a la UASLP y en congruencia con la crisis financiera que todos conocen, renuncien voluntariamente a sus pensiones de privilegio y las ajusten a la realidad de las finanzas universitarias. Un gesto de grandeza institucional. Un acto de decencia magnánimo que no necesita reforma legal, solo voluntad.

Claro… para eso tendría que poder sentarlos en la misma mesa. Y es que según tengo entendido, el rector solo se habla con Jaime Valle. Con los demás ex rectores ya rompió lanzas, puentes y hasta el saludo… igual que con prácticamente todas las autoridades de los tres niveles.

Allá ellos. Y allá todos, porque Todos Somos la Uni…dicen.

Buen fin de semana y abran a la llave con fe.

Yo soy Jorge Saldaña.

También lee: “Cayetana… me gustaría creerte” | Apuntes de Jorge Saldaña

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Más altura que un puente y nos vemos a la salida | Apuntes de Jorge Saldaña

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Apuntes

Culto Público, hijos de mis desvelos:

Todavía no tenemos puente Jacobo Payán ni todavía hay salida a Guadalajara.

Lo que sí tenemos es lo que parece el previo de un pleito en el patio de la secundaria. ¿Se acuerdan?

“Uuuuhhh…lo que te dijo…uuuhhh ¿a poco te vas a dejar?”

Hoy el gobernador Ricardo Gallardo dio cifras, datos y comparativas del puente que construye su administración en lo que le llaman Glorieta de la Familia, contra el que construye el gobierno de Enrique Galindo y que va a conectar Río Españita y Salvador Nava, y que le pusieron Jacobo Payán.

Entre todo esto, hay cosas mezcladas de forma, y una muy clara y definida de fondo que está escalando demasiado rápido, enrareciendo y polarizando el ambiente.

El problema no es que uno mienta y el otro sea un santo, el problema es que ambas partes usan el mismo discurso.

Ambos creen su verdad.

En el señalamiento de temprano, y el revire en vivo de hace un rato, se están enredando varias cosas como si fueran un solo mensaje: el costo de las obras, la venta del patrimonio, el desliz velado del sobrecosto, lo grave de una licitación que no aparece y por supuesto, la guerra sucia.

Todos sabemos que peras con manzanas saben bien en ensalada, pero lo que estamos viendo es de plano una licuadora sin frutas, al máximo y sin tapa.

Total que el puente y la glorieta ya cargan más peso político que estructural

.

Mientras tanto el expediente es de papel y tiene sello: son 244 millones IVA incluido y ya.

El proyecto en la salida a Guadalajara también debe tener cifra precisa, y no son iguales pues nada más porque son dos obras distintas.

El resto de las cifras que se manejaron hoy: los 280, los 274, y los 350 millones, son tal cual, los aventones en el recreo antes de verse a la salida.

Unos le ponen números, pero no se trata de números.

Otros le ponen apellidos, pero no se trata de apellidos.

Se trata de dos proyectos políticos que están de frente. El concreto, los pesos y los metros cuadrados son poco menos que la ortografía de una carta de solicitud al poder.

Si suben y escalan los tonos era de esperarse.

Lo que no se vale es que un mano a mano termine en campal de turbas enardecidas.

Creo que los potosinos nos merecemos más altura… que la de un puente.

Yo soy Jorge Saldaña.

También lee: Gallardo: puente de Glorieta de la Familia lleva 35% de avance

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La profunda conexión Gómez Mont con SLP: Más allá de cuatro empresas.

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Investigación en exclusiva revela una amplia red empresarial y notarial potosina que operó detrás del caso

Investigación especial
San Luis Potosí, S.L.P.
Por: Carlos Ruiz / Jorge Saldaña

Una investigación documental sobre las empresas de San Luis Potosí involucradas en el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga permitió identificar una red empresarial más extensa de lo que hasta ahora se había dado a conocer: 13 sociedades mercantiles, nueve más de las que se habían vinculado públicamente con el caso, relacionadas entre sí mediante socios comunes, administradores, apoderados y movimientos notariales realizados en las mismas fechas.

La revisión de actas constitutivas, modificaciones societarias, poderes notariales y registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revela un patrón de creación y reorganización de compañías, especialmente durante 2016 y 2017, en el que se repiten nombres, notarías, capitales sociales e incluso descripciones idénticas de las actividades para las que fueron constituidas.

Cinco de las empresas identificadas terminaron incorporadas a los listados definitivos del SAT, bajo el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por operaciones consideradas inexistentes para efectos fiscales.

La red tiene entre sus principales personajes a Armando Romero López, empresario relacionado con al menos seis sociedades potosinas, detenido el 14 de febrero de 2025 en la colonia Estrella de la capital del estado y vinculado a proceso seis días después por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la información judicial disponible, el juez Enrique Beltrán Santés le impuso prisión preventiva en el penal del Altiplano, misma que sigue vigente.

Romero López aparece como fundador y administrador único de tres compañías vinculadas directamente con el expediente federal: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Comcelint y Rancel.

Empresas constituidas en serie ante la misma notaría

Uno de los principales hallazgos está en los registros de la Notaría Pública número 24 de San Luis Potosí, a cargo de Juan Francisco Corripio Andrés.

En menos de 20 días, entre el 18 de febrero y el 8 de marzo de 2016, ante ese mismo fedatario se constituyeron tres empresas que posteriormente aparecerían relacionadas con el caso.

La primera fue Comcelint, constituida el 18 de febrero, con Armando Romero López y Joel Alejandro Sánchez Romero como accionistas, cada uno con el 50 por ciento del capital.

Siete días después, el 25 de febrero, se constituyó Gupea Construcciones, con Yareli Eunice Delgado García como accionista mayoritaria, propietaria del 60 por ciento de las acciones, y Steve Santiago Colorado Muñoz con el 40 por ciento restante.

El 8 de marzo se formalizó Rancel, nuevamente con Romero López como socio y administrador único, acompañado de Jorge Armando Romero Gaspar.

Las tres compañías nacieron con un capital social de 50 mil pesos y bajo un esquema de dos accionistas y un administrador único.

Pero las coincidencias no terminaron ahí.

Los documentos registrales muestran que Gupea y Rancel realizaron el pago de su inscripción mercantil el mismo 31 de marzo de 2016, con las boletas 2713157 y 2713159, prácticamente consecutivas.

La proximidad de las fechas de constitución, la intervención del mismo notario y la coincidencia de los trámites registrales constituyen uno de los patrones detectados por la investigación.

Meses después, la misma Notaría 24 formalizó otras dos sociedades relacionadas con este grupo empresarial: Comeceler y Serbatel, constituidas el 28 de octubre de 2016 mediante los instrumentos notariales consecutivos 11993 y 11994.

Ambas tuvieron el mismo capital social de 50 mil pesos y exactamente los mismos dos accionistas, aunque con las participaciones invertidas.

En Comeceler, Mario Alberto Galindo Sáenz concentró el 80 por ciento de las acciones y Juan del Ángel Munguía Navarro el 20 por ciento. Hasta donde se pudo investigar, Juan del Ángel Munguía Navarro se promociona como músico local para eventos sociales.

En Serbatel ocurrió lo contrario: Munguía Navarro quedó con el 80 por ciento y Galindo Sáenz con el 20 por ciento.

En total, seis compañías de la red se constituyeron ante el mismo notario: cinco en 2016 y una más, Arquitectura y Acabados Yardel, en julio de 2015.

Los nombres que conectan a las empresas

La identificación de las personas que aparecen en las actas permite reconstruir las relaciones entre las distintas sociedades.

Armando Romero López figura como accionista y administrador único de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, fundada en julio de 2007, así como de Comcelint y Rancel, creadas en 2016.

Además, las actas inscritas en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) muestran que fundó Vialidades del Tangamanga en 2008 y Tangamanga Innovaciones y Negocios en 2016. Ese mismo año compró el 80 por ciento de Innovación en Servicios Integrales Dicont y quedó como su administrador hasta 2018, cuando vendió sus acciones. En 2017 también fue nombrado comisario, es decir, encargado de vigilar las cuentas, de Electro-Construcciones Quiga.

Otra figura central es Yareli Eunice Delgado García, socia mayoritaria y administradora única de Gupea Construcciones.

El registro también la identifica como socia de Arquitectura y Acabados Yardel y Electro-Construcciones Quiga. La primera fue incluida en 2019 en la lista definitiva de contribuyentes del artículo 69-B (conocida como la lista negra de empresas factureras).

La conexión entre ambos grupos empresariales se amplía con Mario Alberto Galindo Sáenz.

El 29 de abril de 2016, Gupea le otorgó un poder general que incluía facultades para actos de dominio, es decir, atribuciones para disponer de bienes en representación de la compañía.

Cinco días después, el 4 de mayo, Galindo Sáenz constituyó M y R Proyectos Integrales Constructora y Renta de Equipo, donde tenía el 70 por ciento de las acciones y era administrador.

En octubre participó en la fundación de Comeceler y Serbatel, las dos sociedades constituidas el mismo día ante la Notaría 24.

Así, un apoderado de Gupea aparece también como fundador o accionista de otras tres compañías, un vínculo mercantil que permite extender el mapa de relaciones más allá de las firmas originalmente identificadas en la investigación penal.

Cambios de socios, poderes y operaciones ante otra notaría

La revisión de los movimientos posteriores permitió detectar otro patrón: la participación recurrente de determinadas personas en la compraventa de acciones y los cambios de administración.

La Notaría Pública número 21, de Gerardo Parra Dávalos, aparece en varios actos relacionados con estas compañías.

Ante ella se formalizó el poder que Gupea otorgó a Galindo Sáenz, así como modificaciones de Comeceler y operaciones societarias de M y R Proyectos y Grupo Roilwe.

En junio de 2017, Galindo Sáenz salió de M y R Proyectos mediante una operación accionaria. Alberto Casas Castillo terminó incorporándose a la administración de esa sociedad y también aparece como socio y administrador de Grupo Roilwe, constituida en abril de ese año.

Lourdes García Ávalos participó igualmente en operaciones accionarias de las dos empresas.

En enero de 2018, García Ávalos y Casas Castillo vendieron sus acciones de Grupo Roilwe a Omar y Adriana Rivera Alonso. En junio del mismo año, Alberto y Areli Casas Castillo quedaron con el total del capital de M y R Proyectos.

Por su parte, Comeceler, constituida en octubre de 2016, fue disuelta en marzo de 2018 y liquidada en junio de ese mismo año mediante trámites formalizados en la Ciudad de México.

Los movimientos muestran una secuencia de constituciones, otorgamientos de poderes, compraventas de acciones, sustituciones de administradores y liquidaciones que involucraron a personas recurrentes en un periodo relativamente corto.

El patrón permite establecer documentalmente relaciones que no resultaban evidentes al revisar cada empresa de manera aislada.

El mismo objeto social en compañías diferentes

Otro hallazgo está en la redacción de las actividades autorizadas a varias de las sociedades.

Comcelint, Rancel, Comeceler, Serbatel y Grupo Roilwe reproducen textualmente disposiciones de su objeto social relacionadas con servicios de recepción de llamadas telefónicas y soluciones integrales de centros de contacto.

No se trata solamente de que fueran registradas para desarrollar actividades semejantes: las actas contienen fragmentos redactados con las mismas palabras.

Este patrón se combina con otras coincidencias: capitales sociales de 50 mil pesos, estructuras iniciales de dos accionistas, administradores únicos con facultades amplias y actuaciones notariales próximas.

Aunque las escrituras mercantiles pueden utilizar modelos estandarizados, la repetición de estos elementos, sumada al intercambio de socios y representantes, constituye un dato relevante para comprender la configuración del grupo empresarial.

El vínculo con los millones investigados por la FGR

La relevancia de estas conexiones está en el expediente federal que involucra a Gómez Mont y Álvarez Puga, relacionado con presuntas irregularidades en contratos del sistema penitenciario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Según información judicial divulgada por Reforma en febrero de 2025, tres compañías constituidas en San Luis Potosí —Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Rancel y Comcelint— recibieron transferencias por un monto conjunto de aproximadamente 635.2 millones de pesos relacionadas con los recursos investigados.

Los registros difundidos atribuyen a Tangamanga depósitos por alrededor de 315.9 millones de pesos, a Rancel por 181.6 millones y a Comcelint por 137.6 millones.

De Ingeniería y Arquitectura Tangamanga salieron, según la investigación de la Fiscalía, transferencias por 7 millones 395 mil pesos a favor de Gómez Mont.

Otra empresa potosina, Gupea Construcciones, habría realizado operaciones por aproximadamente 7.4 millones de pesos a favor de la exconductora, de acuerdo con la información judicial publicada sobre el caso.

El monto atribuido a las operaciones con Gómez Mont es distinto de los 635.2 millones de pesos que recibieron en conjunto Tangamanga, Rancel y Comcelint, y también del valor total de los contratos federales investigados.

El 20 de febrero de 2025, un juez federal vinculó a proceso a Romero López, por considerar suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para continuar el procedimiento penal. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria.

Cinco empresas terminaron en las listas definitivas del SAT

La investigación documental permitió confirmar que cinco de las 13 sociedades relacionadas fueron incorporadas a las listas definitivas del SAT por operaciones inexistentes, conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Se trata de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Comcelint, Rancel, Gupea Construcciones y Arquitectura y Acabados Yardel.

Rancel y Gupea fueron publicadas en el listado definitivo del Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2018.

Tangamanga y Comcelint aparecieron el 31 de diciembre del mismo año.

Yardel fue incorporada el 26 de diciembre de 2019.

La inclusión definitiva implica que la autoridad fiscal no tuvo por acreditada la capacidad material necesaria para realizar las operaciones facturadas, conforme al procedimiento legal aplicable.

Otra compañía de Álvarez Puga trasladó su domicilio a San Luis Potosí

A las 13 empresas identificadas en la revisión de relaciones mercantiles se suma otro hallazgo: Mase Energy, sociedad fundada en 2010 en la Ciudad de México por Víctor Manuel Álvarez Puga, su hermano Alejandro Mario Álvarez Puga y el potosino Sergio Martínez Vega, con un tercio de las acciones cada uno, según su acta constitutiva.

De acuerdo con las actas del Registro Público de Comercio, una asamblea celebrada el 23 de noviembre de 2015 acordó trasladar el domicilio de la compañía de la Ciudad de México a San Luis Potosí y aumentar su capital social en 5.1 millones de pesos. En la misma asamblea, Martínez Vega quedó como administrador único.

En esa operación, Alejandro Mario vendió todas sus acciones a su hermano Víctor Manuel, y Martínez Vega le vendió una parte de las suyas. Víctor Manuel quedó con el 70 por ciento del capital y Martínez Vega, con el 30 por ciento restante.

El acuerdo fue inscrito en el Registro Público de Comercio de San Luis Potosí el 28 de septiembre de 2016, el mismo año en que fueron constituidas varias de las compañías que forman parte de la red identificada.

Según el Diario Oficial de la Federación, Mase Energy también fue incluida el 8 de abril de 2021 en el listado definitivo del SAT por operaciones inexistentes, debido a la ausencia de activos y personal.

Esta relación directa con Álvarez Puga amplía la presencia de sociedades vinculadas al caso en San Luis Potosí.

La investigación también revisó los antecedentes de señalamientos periodísticos que vincularon a la firma contable Marcelo de los Santos y Cía., S.C., propiedad del exgobernador potosino Marcelo de los Santos Fraga, con las empresas relacionadas con este expediente.

En febrero de 2022, San Luis Al Instante publicó una información que atribuyó equivocadamente al diario Reforma y en la que se identificaba a Marcelo y Carlos de los Santos Anaya, hijos del exgobernador, como propietarios de compañías potosinas involucradas en el caso.

Sin embargo, en las actas constitutivas de las 13 empresas y en las modificaciones societarias revisadas, ninguno de los dos aparece como accionista, administrador, comisario o apoderado.

La búsqueda de socios en SIGER tampoco permitió establecer una relación entre los folios identificados a nombre de los hermanos y las sociedades investigadas.

Por tanto, los documentos revisados no respaldan atribuirles la propiedad de las empresas analizadas ni tampoco se puede comprobar que las mismas sociedades tengan relación contractual con la firma.

Lo que sí está documentado es la cercanía de Fernando Francisco Gómez Mont con el exgobernador potosino Marcelo de los Santos durante sus dos años de gestión como secretario de Gobernación en el periodo del expresidente Felipe Calderón. Fernando Gómez-Mont Urueta es tío de Inés Gómez Mont. Ocupó la Secretaría de Gobernación del 10 de noviembre de 2008 al 14 de julio de 2010, cuando él y De los Santos militaban en Acción Nacional. Se debe recordar que Gómez Mont tomó protesta luego de la trágica muerte de Juan Camilo Mouriño, en el desplome del Learjet que lo transportaba, precisamente de San Luis Potosí a la CDMX.

Una investigación que amplía el mapa empresarial del caso

La detención de Inés Gómez Mont en Florida, ocurrida el 30 de octubre de 2026 por motivos migratorios, reactivó la atención sobre la investigación federal. La FGR informó que mantiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México contra la exconductora, cuya situación jurídica en Estados Unidos depende de las autoridades de ese país.

La evidencia que se presenta revela que la estructura empresarial potosina alrededor del caso Gómez Mont–Álvarez Puga es más amplia y presenta más conexiones de las que se habían documentado públicamente y es posible que conforme avancen las investigaciones puedan salir a la luz otros vínculos.

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Frente frío 5 entraría el jueves con lluvia en la Huasteca

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La coordinadora estatal de Protección Civil dijo que será un frente de frío seco, con lluvias en la Huasteca y la zona norte

Por: Redacción

Con mucha probabilidad, el frente frío 5 ingresará el jueves a San Luis Potosí, informó Nadia Ochoa Limón, coordinadora estatal de Protección Civil.

Explicó que será un frente «distinto y peculiar» porque es de frío seco. Aun así, favorecerá lluvias fuertes y moderadas, principalmente en la Huasteca y en la zona alta y norte del estado.

El estado se mantiene bajo el frente frío 4. La mínima prevista para hoy es de 14 grados, sin que se haya llegado a cero, y para el jueves se espera que baje más. Las temperaturas más bajas se han registrado en las partes altas, principalmente en el Altiplano

.

Para noviembre se esperan ocho frentes fríos y, en toda la temporada, un poco más de 60.

Ochoa Limón recomendó abrigar nariz y boca de los menores que acuden a la escuela por la mañana, para evitar contagios de enfermedades, y mantenerse atentos a la información oficial del Gobierno del Estado y del Servicio Meteorológico Nacional.

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