octubre 8, 2026

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La caída del círculo más cercano a Xavier Nava

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Con las acusaciones de abuso sexual en su contra, Alfredo Lujambio se suma a Ricardo García Rojas, Rodrigo Portilla y Sebastián Pérez, como uno de los aliados del ex alcalde que enfrenta algún tipo de proceso en su contra

Por: Itzel Márquez

Xavier Nava y su círculo más cercano enfrentan actualmente proceso en su contra de diversos tipos, los cuales van de esta inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, hasta denuncias por abuso sexual. El más reciente en sumarse a esa lista fue Alfredo Lujambio, ex alcalde interino y ex regidor, quien fue vinculado a proceso por presuntas agresiones contra una trabajadora municipal. A continuación un recuento de los señalamientos que pesan sobre cada uno de los aliados más importantes de Nava:

XAVIER NAVA

A finales de 2021, el ex alcalde fue inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 18 años. El Congreso del Estado determinó que el ex candidato de Morena a la alcaldía contravino leyes estatales, la propia ley de Juicio Político y leyes de responsabilidades administrativas, esto al construir sobre terrenos que no le pertenecían al Ayuntamiento. Dicha sanción también afectó a su planilla de síndicos y regidores, dejándolos fuera cinco años y el regidor en turno Alfredo Lujambio estará fuera por 15 años. Apenas este fin de semana, Nava reveló que un juez concedió una suspensión provisional de la sanción al admitir cuatro demandas de amparo, por lo que el caso aún está abierto.

ALFREDO LUJAMBIO

Fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual cometido en contra de una ex trabajadora del Ayuntamiento capitalino. El acusado suplió a Nava en la alcaldía capitalina cuando pidió licencia para buscar la reelección, fue regidor en la administración pasada y en esta, al estar dentro de la planilla de Xavier Nava,

también pertenece al Frente Cívico Potosino.

RICARDO GARCÍA ROJAS

Fue vinculado a proceso el pasado mes de septiembre de 2020, esto debido a probables delitos de acoso y hostigamiento sexual en contra de dos ex empleadas del municipio cuando el implicado se desempeñaba en la dirección de Deportes, pues las víctimas señalan que en repetidas ocasiones recibieron comentarios e insinuaciones sexuales por parte del acusado.

SEBASTIÁN PÉREZ

Tere Carrizales, ex candidata a la alcaldía, ha dicho que continuará en su proceso de denuncia contra los funcionarios municipales que resulten responsables de haberla desalojado violentamente cuando era oficial del Registro Civil. En más de una ocasión ha señalado que sus esfuerzos están dirigidos principalmente contra Pérez, a quien considera el responsable de dar la orden de cometer los abusos en su contra.

RODRIGO PORTILLA

Durante la administración de Nava y con Rodrigo Portilla al frente de la Tesorería municipal, la dependencia sufrió un desfalco por 7.7 millones de pesos, Portilla señaló el pasado mes de septiembre que había realizado una denuncia por dicha situación y uno de los presuntos culpables fue vinculado a proceso; sin embargo, siguen las investigaciones al respecto.

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Fiscalía de SLP arrastra más de 50 mil investigaciones pendientes

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El INEGI señala que la Fiscalía potosina no proporcionó información sobre su número de agentes, peritos y policías ministeriales

Por: Ana G Silva

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí cerró 2025 con 50 mil 201 procedimientos pendientes de concluir dentro de carpetas de investigación, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El rezago se acumuló mientras la Fiscalía registró durante el año 60 mil 59 carpetas de investigación abiertas, de las cuales 12 mil 58 tenían una persona imputada y 48 mil una no identificada como imputada.

En el mismo periodo, la Fiscalía reportó 67 mil 191 determinaciones o conclusiones en la etapa de investigación inicial y otras 6 mil 384 correspondientes a investigación complementaria. Sin embargo, al cierre del año permanecían pendientes 50 mil 201 procedimientos entre ambas etapas.

El dato no significa que 50 mil 201 de las carpetas abiertas durante 2025 hayan quedado sin resolver, pues el propio INEGI aclara que tanto las determinaciones como los procedimientos pendientes pueden corresponder a investigaciones iniciadas durante ese año o en ejercicios anteriores.

La cifra refleja, en cambio, el volumen de procedimientos de investigación que permanecían abiertos al finalizar 2025, tanto en la etapa inicial como en la complementaria.

También aumenta el rezago de órdenes judiciales

La carga de trabajo de la Fiscalía también se refleja en las órdenes judiciales.

Al comenzar 2025, San Luis Potosí tenía mil 440 órdenes judiciales

pendientes de cumplimentarse. Durante el año se giraron mil 475 y se concluyeron mil 305; al cierre del ejercicio quedaron mil 610 pendientes.

Esto representa un incremento de 170 órdenes pendientes respecto al inicio del año.

El INEGI considera dentro de este apartado órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, citación y otras, tanto del sistema penal para personas adultas como del sistema de justicia para adolescentes.

La Fiscalía tampoco reportó cuántos agentes tiene

El Censo deja además un vacío para dimensionar con qué capacidad humana se enfrenta este volumen de investigaciones.

El INEGI señala expresamente que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no proporcionó información sobre las personas fiscales o agentes del Ministerio Público, personas peritas y personas policías ministeriales, investigadoras o judiciales.

Esto impide establecer, a partir de este Censo, cuántos agentes del Ministerio Público, peritos o policías investigadores tiene la Fiscalía para atender las investigaciones que permanecían pendientes al terminar el año.

El dato resulta relevante porque, mientras el registro estadístico permite conocer el tamaño del rezago, no permite relacionarlo con la cantidad de personal encargado de atenderlo en San Luis Potosí.

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Verde tiene una baraja de cuatro perfiles para 2027: Gallardo

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El gobernador dijo que el partido definirá su candidatura a la gubernatura hasta diciembre o enero

Por: Redacción

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidirá hasta diciembre o enero quién será su candidata o candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, adelantó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Dijo que el partido “tiene una baraja de candidatos” y no depende de una sola persona.

“No exclusivamente obedecemos solamente hacia una candidata o un candidato”, dijo. Agregó que no se puede “descartar una carta que puede ser a la vez muy fuerte y una carta de unidad”, sin decir a quién se refería.

Las cartas del Verde

Sin dar nombres, el gobernador habló de cuatro perfiles: el presidente del partido, el secretario de Gobierno, un alcalde de la zona metropolitana que “ha hecho mucho” y un diputado federal que “se ha abocado mucho a andar caminando en la capital potosina”. Antes, en una entrevista con Pulso, ya había mencionado cuatro posibles candidatos.

El dirigente estatal del Verde es Ignacio Segura Morquecho y el secretario general de Gobierno es J. Guadalupe Torres Sánchez. En marzo, Gallardo Cardona los llamó, junto con el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz

, sus “discípulos más avanzados”. En julio, Segura Morquecho descartó ser candidato a cualquier cargo en 2027 y mencionó a Navarro Muñiz entre los nombres para la gubernatura.

El gobernador explicó que el Verde lleva “otros tiempos muy diferentes a Morena, al PAN, al PRI” y a MC, y que su decisión llegará “casi contrarregistro”, es decir, poco antes de que se registren formalmente las candidaturas. “Para no especular y para no estar dando bandazos”, dijo.

700 mil afiliados

Gallardo Cardona dijo que el partido ya tiene 700 mil afiliados en el estado. En abril, Torres Sánchez habló de más de 650 mil y se planteó como meta superar los 800 mil votos en 2027.

Cuando le preguntaron si el Verde ganará la gubernatura sin importar quién sea el candidato, respondió: “Pues tiene que, ¿no?”.

Sobre si pedirá licencia, dijo que va a esperar. “Muy seguramente me gustaría ir a campaña. A mí me gustan mucho las campañas”, comentó.

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Restricción de celulares en aulas también aplicará a maestros: SEGE

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Las escuelas privadas, que dan clases con tablets, todavía deben llegar a un acuerdo con la SEGE

Por: Redacción

La restricción del celular en las aulas de educación básica de San Luis Potosí aplicará también a los maestros, confirmó Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

López Sierra explicó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, y que solo podrán llevarse celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un uso pedagógico. Al preguntarle si la medida alcanza a los docentes, respondió: “Sí, para todos”.

La funcionaria reconoció que todavía falta dialogar con las escuelas privadas, donde muchas clases se imparten con tablets. “Hay que llegar a un acuerdo y que sobre todo la educación no pague”, dijo.

Los planteles particulares ya estaban en la discusión. El 23 de septiembre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que las escuelas públicas no tendrían problema para cumplir la norma y que son las particulares las que, en muchas ocasiones, se resisten a este tipo de disposiciones. Ese mismo día adelantó que se pediría a los maestros no usar el celular durante las clases.

El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado

contempla dos excepciones, según explicó su presidente, el diputado Crisógono Pérez López: que el alumno esté en una situación de riesgo o tenga un problema de salud, y que el maestro programe el uso del dispositivo como parte de la clase.

Para media superior, donde la medida no aplica tal cual, la SEGE buscará un consenso en el foro del 15 de octubre, al que asistirán Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el gobernador. Participarán madres y padres de familia, docentes y alumnos. Del encuentro también saldrán recomendaciones para educación superior.

La regulación estatal entrará en vigor el 3 de noviembre, la misma fecha que el acuerdo federal publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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