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“El brazo de la justicia están alcanzando a los navistas”: analistas
Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo coincidieron en que las acusaciones de abuso y acoso sexual, desvío de recursos e inhabilitaciones han terminado por debilitar el liderazgo de Xavier Nava
Por: Ana G Silva
Alfredo Lujambio, quien se desempeñó como alcalde suplente de San Luis Potosí cuando Xavier Nava dejó el cargo para intentar reelegirse, fue vinculado la semana pasada a proceso por el delito de abuso sexual, presuntamente cometido contra una ex trabajadora del Ayuntamiento que se encontraba a su cargo.
Lujambio actualmente se desempeñaba como regidor y es uno de los colaboradores más cercanos de Nava, incluso se unió al Frente Cívico Potosino, organización que preside el ex alcalde y desde la cual pretende mantener su vigencia política.
El caso de Lujambio se suma a otros actores del círculo más cercano a Xavier, quienes en este momento están involucrados en problemas legales. Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo, analistas políticos dieron su opinión al respecto, quienes coincidieron en que aunque la imagen de los navistas ya estaba golpeada, esto los debilita aún más.
“Desacreditado Xavier y su administración ya estaban y la comprobación fue el repudio que recibieron en las urnas en el proceso de junio pasado. Ahora que no están en el poder, el brazo de la justicia los está alcanzando, el manto protector del que gozaban cayó al piso, han quedado exhibidos públicamente como lo que son y no hay ninguna autoridad que los proteja, como cuando el gobernador Juan Manuel Carreras, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Congreso, estuvieron de su lado”, dijo Oswaldo Ríos.
El analista mencionó que Nava fue beneficiario de impunidad, pero ahora “los está alcanzando las instituciones”, lo que calificó como una buena señal ya que “cometieron abusos“indignantes”.
Israel LM Elizondo dijo que estas acciones desacreditan el liderazgo de Nava, pero en el caso de Rodrigo Portilla, quien es investigado por el desvío de 8 millones de pesos de la Tesorería, también es un golpe a la gestión navista ya concluía: “tiene que decir dónde están esos 8 millones”, pero el ex presidente municipal tuvo permisividad: “Los casos son durante su gobierno y nunca marcó una línea donde dijera ‘separate para que rindas cuentas’”.
LM Elizondo dijo que Portilla, Lujambio y Ricardo García Rojas, acusado de acoso sexual, “se sentían intocables y con poder, el cual terminó en las elecciones del pasado 6 de junio de 2021, por lo que ahora van a tener que rendir cuentas”.
Ríos señaló que aunque estos perfiles son integrantes destacados del gobierno de Nava, el mismo tiene un proceso de inhabilitación en curso por parte del Congreso del Estado, por lo que se habla de una apología de violaciones al estado de derecho:
“Hablamos de acusaciones por crímenes sexuales de materia penal muy graves, de daño económico al erario. Si quisiéramos un catálogo de malandrines ese sería el Ayuntamiento 2018-2021. Que pretendan fingir moralidad es francamente patético”.
Ríos detalló que considera que el Frente Cívico Potosino se ha convertido en un parapeto, en el que se buscaría “enlodar a algunos personajes políticos 
Israel Elizondo dijo que Nava tiene que reconocer que nunca ha existido un Frente Cívico, sino que se trata de un membrete del cual se apropió, ya que este desapareció hace dos décadas:
“Es como cuando se apropio del apellido, cuando se apropió del discurso, lo que deberían hacer es dejar descansar la memoria de Salvador Nava y ver que no representan los valores, varios familiares, el mismo Xavier ha demostrado que no representa los valores del navismo, el apropiarse de unas siglas se me hace continuar del oportunismo y esto del Frente Cívico las generaciones centennial y milenial como que no les ponen mucha atención a esto de la lucha cívica”.
Sobre qué le queda a Xavier Nava, Ríos respondió que tratará de victimizarse quedando como “un mártir de una democracia pervertida, pero está claro lo que son, hay a quienes nunca nos engañaron, lo dijimos siempre y me parece que nos hace justicia, hay quienes no nos creían”; mientras que LM Elizondo agregó que deberían hacer “es un ejercicio de autocrítica y de rendición de cuentas y probablemente retirarse un rato de la vida pública de San Luis Potosí mientras enfrentar los procesos judiciales que tiene”.
Respecto a lo que pasará con Sebastián Pérez, ex secretario general, quien se rumora busca la dirigencia de Movimiento Ciudadano, Israel LM Elizondo dijo que es uno de los cuadros rescatables de la administración de Nava por su formación académica, ya que en su caso, luego de que Tere Carrizales fuera sacada por la fuerza de su oficina fue una acción de gobierno mal implementada, por órdenes directas de Xavier.
Finalmente, Ríos dijo que el hecho de que Sebastián busque la dirigencia del partido naranja es natural, ya que “todos los que pueden irse de seudo navismo lo van a ser, porque ya vieron que Xavier Nava no solamente es una figura cargada de descrédito, sino que no es un líder leal ni solidario, me parece que empiezan a entender que Nava es capaz de entregarlos a todos antes que enfrentar sus propias responsabilidades, entonces todos van a abandonar el barco”.
Lee también: La caída del círculo más cercano a Xavier Nava
Ricardo Gallardo dijo que en más de 12 municipios hay solo cuatro elementos por turno
Por: Redacción
Nueve municipios de San Luis Potosí todavía no han querido elevar el sueldo de sus policías municipales, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien agregó que más de 12 municipios tienen apenas siete u ocho elementos divididos en dos turnos.
“Tienen cuatro policías por turno. Uno lo trae el alcalde, otro lo trae la puerta de la presidencia y dos están en la plaza principal con el lleva-lleva. Entonces, prácticamente tienen cero seguridad municipal”, dijo.
Sobre las sanciones a esos ayuntamientos, Gallardo remitió al Congreso del Estado.
La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.
Desde el 1 de septiembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas llevan el procedimiento administrativo contra los ayuntamientos que no homologaron los sueldos. Las sanciones van de la amonestación a la inhabilitación
El 2 de octubre, Gallardo habló de una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados. El 23 de octubre, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos.
Ese mismo día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, dijo que en algunas supervisiones a corporaciones municipales “no hay a quien supervisar” y que “tres o cuatro elementos durante un turno para un municipio, pues son muy pocos”.
También lee: Mayoría de policías municipales no hace detenciones, señala la SSPC
Además, cada negocio potosino pagó más por la delincuencia, mientras en el país ese costo bajó
Por: Ana G Silva
Nueve de cada cien negocios de San Luis Potosí sufrieron al menos un robo o asalto de bienes o dinero durante 2025, una proporción 50 por ciento mayor que la del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La tasa estatal fue de 898 unidades económicas víctimas de ese delito por cada 10 mil, contra 597 en el país. Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, solo detrás de Chihuahua, Campeche, Querétaro y Aguascalientes.
En total, la encuesta estimó 15 mil 777 robos o asaltos de bienes o dinero contra negocios potosinos en el año. Es una tasa de mil 410 por cada 10 mil unidades económicas, frente a 885 a nivel nacional.
Si se cuentan todos los delitos, 31 mil 814 de los casi 112 mil negocios del estado fueron víctimas de al menos uno. Es 28.4 por ciento, por encima del 25.9 por ciento nacional.
Más caro que hace dos años
La delincuencia también le salió más cara a cada negocio. El costo promedio del delito por unidad económica en San Luis Potosí aumentó 6 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en el país bajó 18.2 por ciento.
San Luis Potosí fue uno de los 12 estados donde ese costo creció. El INEGI ubicó al estado en el rango medio, de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos
Pequeñas y grandes, las más expuestas
La brecha con el resto del país es mayor en las empresas pequeñas y grandes. En las pequeñas, 5 mil 596 de cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, contra 4 mil 154 a nivel nacional: 35 por ciento más.
En las grandes, la tasa fue de 6 mil 68 por cada 10 mil, frente a 4 mil 840 en el país. Según las estimaciones del INEGI, el delito más frecuente entre estas empresas fue el robo de mercancía en tránsito, con 29 por ciento de sus casos.
Ese delito está en el centro de las protestas del transporte de carga. En octubre, transportistas potosinos se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en la carretera federal 57. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ubicó tramos de riesgo cerca de Santa María del Río, La Pila y El Huizache.
En las microempresas, que son la gran mayoría de los negocios, la tasa fue de 2 mil 704 por cada 10 mil, apenas arriba de la nacional de 2 mil 507. Por sector, el comercio fue el más golpeado: 3 mil 475 de cada 10 mil comercios sufrieron algún delito, contra 3 mil 49 en el país.
El robo hormiga, de mercancía en pequeñas cantidades, alcanzó a mil 108 de cada 10 mil negocios potosinos, contra 954 en el promedio nacional.
También lee: La carretera 57, entre las exigencias de seguridad de transportistas en SLP
La Conagua en San Luis Potosí clausuró tres de los cuatro pozos de José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, en Salinas de Hidalgo y anunció sanciones. El agua que sale de esa propiedad abastece su hotel Canto de Sal
Por: Redacción
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró tres de los cuatro pozos que José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, tiene en Salinas de Hidalgo, y abrió procedimientos administrativos que concluirán en sanciones.
Así lo informó el delegado federal en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.
“No puede robarle el agua a la gente, y menos en el altiplano”, dijo el funcionario.
El delegado no aludió al político del Partido Verde, pero confirmó que los pozos están en predios de la familia Romero Calzada y el agua que extraen abastece el hotel Canto de Sal, propiedad que él ha reconocido como propia de manera pública.
El nombre del hotel es también su coartada: en Salinas hay sequía y en Canto de Sal hay alberca.
Los pozos operaban sin la concesión correspondiente, según la dependencia. En estos casos la sanción reactiva es la clausura inmediata de la fuente de agua.
El pozo de la discordia
El del Rancho La Estancia del Carmen no es un pozo cualquiera: abasteció al municipio por más de 30 años. El Ayuntamiento lo operaba con un convenio privado de usufructo firmado el 3 de abril de 2008 por 28.06 metros cuadrados. En 2012, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado avaló una servidumbre legal de paso: los propietarios debían permitir el ingreso de personal municipal para operar y dar mantenimiento a la fuente, de 8:00 a 18:00 horas, porque se usaba “para el servicio de la comunidad”.
En noviembre de 2018, Romero Calzada tramitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de un pozo agrícola para proveer de agua a su hotel Canto de Sal. El hotel abrió y opera desde entonces. Ese mismo año, habitantes de Salinas denunciaron que la población se quedó en sequía después de que el pozo saliera de las manos del municipio.
El exalcalde Teódulo Contreras Martínez (2007-2009), señalado en su momento por la venta del pozo, ha negado el hecho: el expediente del juicio civil acredita que el Ayuntamiento seguía operando la fuente años después de su gestión.
Las cifras de la dependencia
González Castillo dijo que en lo que va del año la delegación ha realizado alrededor de mil 600 inspecciones
Añadió que desde diciembre de 2024 no se ha otorgado ningún nuevo título de concesión en los acuíferos de San Luis, Salinas, Matehuala y Vanegas, y que está en curso un proceso para regularizar concesiones vencidas entre 2009 y 2026, con plazo al 4 de julio de 2027.
También reconoció los límites de la vigilancia: “No tengo el personal para estar revisando todo a nivel estatal”. La dependencia actúa sobre todo por denuncias ciudadanas.
Más allá de Salinas
En la misma entrevista, el delegado informó que en Ciudad Fernández, El Jabalí y la Media Luna se clausuraron tres pozos clandestinos y se detuvo la extracción de material de la cuenca del río. Sobre la Media Luna dijo que el agua se mantiene, pero que el daño está en el ecosistema, con “una petrificación impresionante” en el piso y raíces expuestas: esa parte corresponde a la SEGAM, la Semarnat y la Profepa.
Sobre las presas de jale de las mineras, sostuvo que la dependencia sancionó, clausuró y multó a una empresa que pagó y realiza obra civil para desviar el agua de lluvia, pero que el manejo de los depósitos corresponde “sobre todo” a la Profepa, a la que ya envió oficios.
Qué sigue
Los procedimientos administrativos abiertos en Salinas definirán el monto de las sanciones y si la clausura de los tres pozos se mantiene. Sigue vigente la servidumbre que obliga a los propietarios del Rancho La Estancia del Carmen a permitir el acceso del Ayuntamiento al pozo. Y el proceso federal de regularización de concesiones vence en julio de 2027.
Al ser cuestionado al respecto en Ciudad Valles, Romero Calzada huyó de la prensa.
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