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“El brazo de la justicia están alcanzando a los navistas”: analistas
Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo coincidieron en que las acusaciones de abuso y acoso sexual, desvío de recursos e inhabilitaciones han terminado por debilitar el liderazgo de Xavier Nava
Por: Ana G Silva
Alfredo Lujambio, quien se desempeñó como alcalde suplente de San Luis Potosí cuando Xavier Nava dejó el cargo para intentar reelegirse, fue vinculado la semana pasada a proceso por el delito de abuso sexual, presuntamente cometido contra una ex trabajadora del Ayuntamiento que se encontraba a su cargo.
Lujambio actualmente se desempeñaba como regidor y es uno de los colaboradores más cercanos de Nava, incluso se unió al Frente Cívico Potosino, organización que preside el ex alcalde y desde la cual pretende mantener su vigencia política.
El caso de Lujambio se suma a otros actores del círculo más cercano a Xavier, quienes en este momento están involucrados en problemas legales. Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo, analistas políticos dieron su opinión al respecto, quienes coincidieron en que aunque la imagen de los navistas ya estaba golpeada, esto los debilita aún más.
“Desacreditado Xavier y su administración ya estaban y la comprobación fue el repudio que recibieron en las urnas en el proceso de junio pasado. Ahora que no están en el poder, el brazo de la justicia los está alcanzando, el manto protector del que gozaban cayó al piso, han quedado exhibidos públicamente como lo que son y no hay ninguna autoridad que los proteja, como cuando el gobernador Juan Manuel Carreras, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Congreso, estuvieron de su lado”, dijo Oswaldo Ríos.
El analista mencionó que Nava fue beneficiario de impunidad, pero ahora “los está alcanzando las instituciones”, lo que calificó como una buena señal ya que “cometieron abusos“indignantes”.
Israel LM Elizondo dijo que estas acciones desacreditan el liderazgo de Nava, pero en el caso de Rodrigo Portilla, quien es investigado por el desvío de 8 millones de pesos de la Tesorería, también es un golpe a la gestión navista ya concluía: “tiene que decir dónde están esos 8 millones”, pero el ex presidente municipal tuvo permisividad: “Los casos son durante su gobierno y nunca marcó una línea donde dijera ‘separate para que rindas cuentas’”.
LM Elizondo dijo que Portilla, Lujambio y Ricardo García Rojas, acusado de acoso sexual, “se sentían intocables y con poder, el cual terminó en las elecciones del pasado 6 de junio de 2021, por lo que ahora van a tener que rendir cuentas”.
Ríos señaló que aunque estos perfiles son integrantes destacados del gobierno de Nava, el mismo tiene un proceso de inhabilitación en curso por parte del Congreso del Estado, por lo que se habla de una apología de violaciones al estado de derecho:
“Hablamos de acusaciones por crímenes sexuales de materia penal muy graves, de daño económico al erario. Si quisiéramos un catálogo de malandrines ese sería el Ayuntamiento 2018-2021. Que pretendan fingir moralidad es francamente patético”.
Ríos detalló que considera que el Frente Cívico Potosino se ha convertido en un parapeto, en el que se buscaría “enlodar a algunos personajes políticos 
Israel Elizondo dijo que Nava tiene que reconocer que nunca ha existido un Frente Cívico, sino que se trata de un membrete del cual se apropió, ya que este desapareció hace dos décadas:
“Es como cuando se apropio del apellido, cuando se apropió del discurso, lo que deberían hacer es dejar descansar la memoria de Salvador Nava y ver que no representan los valores, varios familiares, el mismo Xavier ha demostrado que no representa los valores del navismo, el apropiarse de unas siglas se me hace continuar del oportunismo y esto del Frente Cívico las generaciones centennial y milenial como que no les ponen mucha atención a esto de la lucha cívica”.
Sobre qué le queda a Xavier Nava, Ríos respondió que tratará de victimizarse quedando como “un mártir de una democracia pervertida, pero está claro lo que son, hay a quienes nunca nos engañaron, lo dijimos siempre y me parece que nos hace justicia, hay quienes no nos creían”; mientras que LM Elizondo agregó que deberían hacer “es un ejercicio de autocrítica y de rendición de cuentas y probablemente retirarse un rato de la vida pública de San Luis Potosí mientras enfrentar los procesos judiciales que tiene”.
Respecto a lo que pasará con Sebastián Pérez, ex secretario general, quien se rumora busca la dirigencia de Movimiento Ciudadano, Israel LM Elizondo dijo que es uno de los cuadros rescatables de la administración de Nava por su formación académica, ya que en su caso, luego de que Tere Carrizales fuera sacada por la fuerza de su oficina fue una acción de gobierno mal implementada, por órdenes directas de Xavier.
Finalmente, Ríos dijo que el hecho de que Sebastián busque la dirigencia del partido naranja es natural, ya que “todos los que pueden irse de seudo navismo lo van a ser, porque ya vieron que Xavier Nava no solamente es una figura cargada de descrédito, sino que no es un líder leal ni solidario, me parece que empiezan a entender que Nava es capaz de entregarlos a todos antes que enfrentar sus propias responsabilidades, entonces todos van a abandonar el barco”.
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Las demandas contra los decretos 0571 y 0586 alegan la misma falta que tumbó la ley de 2020
Por: Carlos Ruíz
La alternancia de género cayó el lunes, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todavía no termina de revisar la reforma electoral potosina. Le quedan dos decretos. Si los tumba, San Luis Potosí podría votar en 2027 con las reglas de antes, porque ya no da tiempo de hacer una reforma nueva.
El proceso electoral local arranca el 15 de noviembre, según el dato de la autoridad electoral que aparece en el proyecto de sentencia de la propia Corte. Y aquí está el punto: la Constitución federal, en su artículo 105, dice que una ley electoral debe publicarse por lo menos 90 días antes de que empiece la elección en que se va a usar, y que ya iniciado el proceso no se pueden cambiar las reglas de fondo. Esos 90 días se cumplieron el 17 de agosto.
El primer decreto pendiente, el 0571, se publicó el 29 de junio en el Periódico Oficial del Estado. Cambia cómo se forman los ayuntamientos: fija una sola sindicatura en cada uno. Los síndicos son los integrantes del cabildo encargados de vigilar las finanzas municipales. El decreto también permite que los aspirantes hagan, si quieren, exámenes de control de confianza, y pide que las candidaturas se registren, de preferencia, por un sistema electrónico que defina el Ceepac.
El partido Somos México y el Poder Ejecutivo Federal le pidieron a la Corte que lo anule (acciones de inconstitucionalidad 94/2026 y 98/2026). Si les da la razón, el decreto deja de valer, y para 2027 se aplicarían las reglas que había antes. El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García lleva los dos casos. Desde el 28 de agosto, las partes ya estaban presentando sus argumentos finales.
El segundo, el 0586, se publicó el 12 de agosto, cinco días antes de que se venciera el plazo. Deja en 20 días, en lugar de 40, el tiempo que tienen los aspirantes a gobernador para buscar la candidatura dentro de sus partidos. Somos México argumentó que un plazo tan corto perjudica a los partidos nuevos y a quienes quieren ir como independientes.
Las dos demandas coinciden en algo: el Congreso del Estado no preguntó antes a los pueblos indígenas, a las comunidades afromexicanas ni a las personas con discapacidad, como obliga la ley cuando un cambio les afecta.
Ya pasó en 2020
Por esa misma razón se cayó completa la ley electoral potosina hace seis años. El 5 de octubre de 2020, la Corte anuló la Ley Electoral de ese año (Decreto 0703) porque no se consultó a los pueblos indígenas. Ordenó volver a usar la ley anterior, la de 2014, y con esa se organizó la elección de 2021.
La Corte le dio al Congreso un año, después de esa elección, para hacer la consulta y aprobar una ley nueva. El Congreso respondió con el Decreto 0392, en septiembre de 2022. Pero el 11 de julio de 2023 la Corte volvió a anular una parte, porque la consulta no se hizo como debía. Esta vez le dio 12 meses, contados desde que terminara la elección de 2024, para hacer esas consultas. Ese plazo ya venció.
Qué dicen los diputados
Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, afirmó el 15 de septiembre que la reforma “va a salir adelante”. Sostuvo que las modificaciones son “muy pequeñas y muy simples que no tienen impacto en materia electoral, en materia indígena”.
Héctor Serrano Cortés, coordinador de los diputados del Partido Verde, dijo el 17 de septiembre que, si la Corte modifica o anula las reformas, esas decisiones serán bienvenidas.
¿Y si la Corte tumba los dos decretos antes del 15 de noviembre? Los aspirantes a gobernador podrían volver a tener 40 días para buscar la candidatura, y los ayuntamientos podrían formarse con las reglas que había antes de la reforma.
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La ley fijaría penas de hasta cinco años de prisión y multas económicas por el uso no autorizado de identidades gráficas gubernamentales
Por: Roberto Mendoza
El Pleno del Senado de la República aprobó con 72 votos a favor y 34 en contra el dictamen que adiciona el artículo 403 Bis a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y modifica el Código Penal Federal. La reforma establece sanciones de uno a cinco años de prisión, así como multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización, a quien utilice, reproduzca o imite a escala comercial la identidad gráfica, dominios electrónicos o documentos de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno con la intención de inducir al engaño o cometer un ilícito.
Durante el debate en lo particular, legisladores de oposición y organizaciones defensoras de la libertad de expresión denominaron a esta iniciativa como la “Ley Antimemes”. El bloque opositor argumentó que la redacción del dictamen deja abierta la puerta a la criminalización, alertando que las disposiciones podrían utilizarse como herramienta jurídica para hostigar a periodistas, activistas y ciudadanos
Por su parte, el bloque mayoritario defendió la reforma asegurando que obedece al combate masivo a la piratería y responde a los compromisos adquiridos en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La postura oficialista insistió en que el objetivo central es frenar fraudes y encubrimientos criminales, no perseguir la sátira, posición que resumió el senador morenista Cuauhtémoc Ochoa: “Al meme, libertad; al fraude y a la piratería, la ley”. Tras su aprobación, la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su proceso de revisión final.
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119 nacimientos fueron de niñas de entre 10 y 14 años
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí registró mil 956 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años durante 2025, de acuerdo con la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La cifra representa una tasa de 9.5 nacimientos por cada mil mujeres de ese grupo de edad, prácticamente en el mismo nivel que la tasa nacional de 9.6.
El dato adquiere otra dimensión al revisar las edades de las madres. De los mil 956 nacimientos registrados en el estado, 119 correspondieron a niñas de entre 10 y 14 años, mientras que 277 fueron de madres de 15 años, 660 de 16 años y 900 de 17 años.
Es decir, casi una de cada diez madres adolescentes registradas en esta estadística tenía menos de 15 años.
La ENR contabilizó en total 38 mil 318 nacimientos registrados en San Luis Potosí durante 2025, por lo que los nacimientos de madres de 10 a 17 años representaron alrededor de 5.1 por ciento del total estatal.
El registro de INEGI también permite observar que el fenómeno no se limita a las adolescentes de mayor edad: aunque la mayor parte de los casos se concentra entre los 16 y 17 años, existen también registros de maternidad en edades de 10 a 14 años.
A nivel nacional, INEGI contabilizó 85 mil 357 nacimientos de madres de 10 a 17 años, con una tasa de 9.6 por cada mil mujeres. Las tasas más altas correspondieron a Chiapas, Oaxaca y Puebla.
En San Luis Potosí, además, el dato puede contrastarse con las características generales de los nacimientos registrados. Más de nueve de cada diez partos registrados en el estado ocurrieron en hospital o clínica, de acuerdo con la tabla estatal de INEGI.
La estadística, sin embargo, registra nacimientos y no permite por sí sola establecer las circunstancias en que ocurrió cada embarazo. Para dimensionar las causas detrás de los casos en niñas y adolescentes sería necesario contrastar estos datos con información de salud, educación, violencia sexual, uniones tempranas y acceso a servicios de prevención.
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