noviembre 16, 2026

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¿Ahora también cobrarán impuestos por morirse? La verdad detrás del debate sobre las herencias en México | Columna de Víctor Ezequiel

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Por: Víctor Ezequiel

En México hay dos cosas que viajan más rápido que la luz: los chismes… y las noticias jurídicas mal entendidas.

Bastó que en julio de 2026 se hablara de un posible impuesto a las herencias para que las redes sociales hicieran lo suyo. En cuestión de horas ya circulaban publicaciones asegurando que “el gobierno cobrará hasta el 46% por las herencias”, que “si heredas la casa de tus padres tendrás que venderla para pagar impuestos” o, mi favorita, “el SAT ya se frota las manos esperando que fallezca la gente”. Suena escandaloso, genera miles de compartidos… pero jurídicamente no es cierto.

Estimado lector, empecemos por los hechos.

Hoy, en México, recibir una herencia no genera el pago del Impuesto sobre la Renta. El artículo 93, fracción XXII, de la Ley del ISR mantiene exentos los ingresos que una persona recibe por herencia o legado. Eso no significa que nunca exista una obligación informativa ante el SAT, pero sí significa que, actualmente, heredar bienes no implica pagar ISR únicamente por recibirlos.

Entonces, ¿por qué surgió toda esta discusión?

El origen del debate no fue una reforma fiscal ni una iniciativa presidencial. Todo comenzó durante una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el tratamiento fiscal de los recursos de las AFORE que reciben los beneficiarios cuando fallece el trabajador. En ese contexto, la ministra Lenia Batres Guadarrama expresó que valía la pena abrir una discusión sobre la conveniencia de gravar las herencias y los legados como un mecanismo para reducir la desigualdad económica. Su argumento fue sencillo: quien recibe un patrimonio sin haberlo generado incrementa su riqueza y el sistema tributario podría contribuir a una mejor redistribución.

La propuesta, sin embargo, jamás significó que el impuesto existiera. Ni la Suprema Corte puede crear impuestos, ni una opinión emitida durante una sesión modifica automáticamente la ley. En México, conforme al principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, únicamente el Congreso de la Unión puede establecer contribuciones mediante una ley formal.

La polémica escaló tanto que llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue categórica: “Yo no estoy de acuerdo”. Reconoció que existen países donde sí se gravan las herencias, pero dejó claro que su gobierno no impulsará una reforma en ese sentido y que el tema no forma parte de su agenda fiscal. Traducido al español jurídico: por ahora, no hay impuesto, no hay iniciativa del Ejecutivo y tampoco existe una fecha para que entre en vigor porque simplemente no hay una reforma aprobada.

Ahora bien, que hoy no exista un impuesto no significa que el debate carezca de importancia.

Si algún día el Congreso decidiera modificar la Ley del ISR y eliminar la exención de las herencias, las implicaciones serían enormes. Pensemos en el caso más común: una familia que hereda la casa donde vivieron sus padres durante cuarenta años. Hoy el principal reto suele ser concluir el juicio sucesorio, escriturar correctamente el inmueble y actualizar su situación registral. Si además existiera un impuesto sobre la transmisión hereditaria, muchas familias tendrían que reunir recursos adicionales para conservar un patrimonio

que, en ocasiones, ni siquiera genera ingresos.

Aquí aparece otro dato que pocas veces se comenta. En México miles de personas fallecen cada año sin otorgar testamento, lo que obliga a tramitar un juicio sucesorio intestamentario. Estos procedimientos suelen prolongarse durante meses e incluso años cuando existen desacuerdos entre los herederos, inmuebles irregulares o bienes ubicados en distintas entidades federativas. Si a ese panorama se añadiera una carga tributaria, el costo económico y emocional de una sucesión podría incrementarse considerablemente.

Por supuesto, también existe el otro lado del debate. Los defensores de un impuesto a las herencias sostienen que gravar grandes fortunas heredadas favorece la movilidad social y disminuye la concentración de la riqueza. De hecho, diversos países europeos y algunas entidades en Estados Unidos contemplan impuestos sucesorios con distintas tasas, exenciones y tratamientos especiales para familiares directos. Es decir, la figura no es extraña en el derecho comparado. La verdadera discusión consiste en determinar si un modelo así sería compatible con la realidad económica y social mexicana.

Y aquí conviene hacer una reflexión.

México enfrenta desde hace años un problema mucho más urgente que crear nuevos impuestos: lograr que los que ya existen se recauden de manera eficiente, combatir la evasión fiscal y reducir la enorme informalidad económica. Abrir un debate sobre gravar las herencias sin resolver esos desafíos podría terminar siendo como discutir de qué color pintar una casa cuya cimentación aún presenta grietas.

Por ahora, la realidad jurídica es clara: las herencias siguen exentas del ISR en México. Pero el debate ya está sobre la mesa. Si algún día una iniciativa de esta naturaleza prospera, no solo cambiaría la forma en que las familias reciben un patrimonio; también obligaría a replantear la planeación sucesoria, los testamentos, las estrategias patrimoniales y, probablemente, la manera en que entendemos el derecho a heredar.

Porque, al final, una cosa es heredar la casa de los abuelos… y otra muy distinta descubrir que la conversación pública llegó antes que la reforma.

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Opinión

Juez Sigales: ¿disciplina judicial o advertencia para los jueces incómodos? | Columna de Víctor Ezequiel

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Por: Víctor Ezequiel
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Un juez federal es cuestionado por sus resoluciones, suspendido, investigado penalmente y enfrenta la posibilidad de perder definitivamente su cargo. Para unos, es un ejemplo de que nadie debe estar por encima de la ley; para otros, una señal de lo que puede ocurrirle a quien dicta resoluciones contrarias a las expectativas del poder político. El caso de Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, juez penal federal en Colima, obliga a examinar ambas posibilidades sin convertir la indignación en sentencia.

¿Qué hizo y por qué lo investigan?

En octubre de 2025, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendió a Sigales, convirtiéndolo en el primer juzgador apartado por ese órgano. El procedimiento disciplinario se relaciona, principalmente, con cuatro procedimientos abreviados de 2022 en los que redujo penas acordadas entre la Fiscalía General de la República y personas acusadas de delitos relacionados con armas y drogas.

La postura institucional sostiene que el juez modificó indebidamente sanciones negociadas entre las partes. Según los antecedentes difundidos por el órgano disciplinario, tribunales de alzada corrigieron esas resoluciones por considerarlas contrarias a derecho. Si se acredita que un juzgador excedió deliberadamente sus facultades, la independencia judicial no puede servir de escudo para cualquier conducta.

Pero existe una diferencia fundamental: que una resolución sea revocada no demuestra, por sí mismo, que su autor haya cometido una falta administrativa grave o un delito. Los tribunales revisan decisiones precisamente porque los jueces pueden equivocarse. Para imponer una sanción personal deben acreditarse los elementos de la infracción correspondiente, no solamente la existencia de un desacuerdo jurídico.

En octubre de 2026, el conflicto escaló con la intervención de la FGR por la presunta comisión de delitos contra la administración de justicia. La acusación debe investigarse y resolverse mediante el debido proceso; no equivale a una declaración de culpabilidad.

La sospecha de persecución no aparece de la nada

La defensa y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) denuncian persecución institucional. Entre sus argumentos están la duración de la suspensión, presuntas irregularidades en el procedimiento que la originó y dificultades para acceder a documentos del expediente. También cuestionan que decisiones jurisdiccionales terminen en una causa penal.

El contexto alimenta esas sospechas: la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció haber solicitado que se investigara al juez después de una resolución que generó controversia pública. Además, Sigales ha afirmado que inaplicó la prisión preventiva oficiosa en numerosas causas, invocando sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esto último importa. En diciembre de 2023 se publicó jurisprudencia de un tribunal colegiado que consideró posible, mediante interpretación conforme y pro persona, armonizar el artículo 19 constitucional con el fallo interamericano que cuestionó la imposición automática de esa medida. No significa que cualquier juez pueda ignorar sin más el texto constitucional, pero sí demuestra que el debate jurídico existe y no puede despacharse como una simple ocurrencia.

La intervención pública del Ejecutivo, seguida de consecuencias disciplinarias contra un juez cuyas decisiones le resultaron controvertidas, justifica exigir explicaciones y transparencia. Sin embargo, tampoco demuestra por sí sola que exista persecución política. Para sostener esa conclusión deben examinarse las pruebas, los plazos, las competencias y la motivación de cada actuación.

¿Y la prisión preventiva en el caso que encendió la polémica?

Aquí conviene evitar otro atajo. Que una persona sea detenida con armas o drogas no significa que deba permanecer en prisión preventiva justificada automáticamente. Esa medida requiere analizar los riesgos procesales y la necesidad de cautela, cuando ese sea el régimen aplicable.

Distinto es el supuesto de prisión preventiva oficiosa, prevista constitucionalmente para determinados delitos, cuya aplicación ha generado una controversia jurídica nacional e internacional. Para saber si Sigales actuó correctamente en el caso concreto necesitamos conocer los delitos imputados, los datos expuestos por el Ministerio Público, las solicitudes formuladas y la resolución completa. Sin ese expediente, afirmar que la detención estaba perfectamente justificada o que el juez necesariamente debía liberar al imputado sería especular.

La reforma y el mensaje para la carrera judicial

La reforma judicial prometió combatir abusos y mejorar la impartición de justicia. Esa finalidad es legítima. Históricamente han existido juzgadores que utilizan sus facultades de manera indebida, y la sociedad tiene derecho a exigir rendición de cuentas.

Pero el remedio puede convertirse en otro problema si los órganos disciplinarios actúan sin garantías suficientes. La preocupación crece en un gremio donde también se cuestionan propuestas de evaluación que podrían terminar en separaciones de personal de carrera. Esa preocupación debe contrastarse con los términos oficiales de la evaluación: capacitar y actualizar no es lo mismo que utilizar una prueba como mecanismo de depuración.

Un sistema que castiga los abusos protege a la sociedad. Uno que permite castigar criterios incómodos pone en riesgo la posibilidad de que un juez resuelva contra los intereses de cualquier autoridad.

¿Quién vigila a quienes vigilan?

El caso Sigales no debe resolverse mediante aplausos a la presidencia ni mediante una defensa automática de los jueces. El TDJ debe explicar sus decisiones, respetar el derecho de defensa y acreditar las conductas imputadas. La defensa, por su parte, debe responder a los señalamientos con argumentos y pruebas.

La independencia judicial no significa impunidad; la disciplina tampoco significa obediencia política. Y cuando una institución puede suspender, investigar y eventualmente destituir a quien juzga, sus procedimientos deben ser especialmente rigurosos.

El verdadero problema no es que un juez pueda ser sancionado, sino que la ciudadanía no pueda distinguir si fue sancionado por violar la ley o por incomodar al poder. Esa diferencia no se resuelve con discursos: se demuestra con expedientes, reglas claras y decisiones debidamente fundadas y motivadas.

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Se sabía, se avisó y nadie hizo nada: evaluación judicial, el camino para depurar la base trabajadora | Columna de Víctor Ezequiel

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Por: Víctor Ezequiel
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Culto público, amanecimos con tremendo golpe al personal operativo del PJF. Este 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo General que fue aprobado por unanimidad el 28 de octubre por el Pleno del Órgano de Administración Judicial. Su supuesto objeto es “regular la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación”.

Su justificación oficial es fortalecer la profesionalización, mejorar la impartición de justicia, identificar necesidades de capacitación y establecer parámetros objetivos para valorar el desempeño. Hasta ahí, nadie podría oponerse a que el servicio público sea evaluado. El problema comienza cuando revisamos cómo se hará y qué consecuencias puede tener.

¿A quiénes alcanza?

La evaluación comprende las categorías de: secretarios de tribunales y juzgados, proyectistas, asistentes de constancias y registro, secretarios instructores y de acuerdos de tribunales laborales, actuarios y oficiales judiciales, entre otros. Se excluye al personal adscrito a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. También puede evaluarse al personal que tenga al menos seis meses ininterrumpidos en el mismo órgano y categoría, independientemente de que cuente o no con nombramiento de base.

Esto último merece atención: no se trata únicamente de quienes tienen una plaza definitiva. El acuerdo alcanza a un universo amplio de personas que realizan funciones de carrera judicial.

¿Cómo se evaluará?

El modelo combina conocimientos y rendimiento. El 60% corresponde a habilidades y competencias: 40% mediante un examen y 20% por capacitación. El 40% restante se distribuye entre productividad (10%), calidad del trabajo conforme al perfil (5%), trabajo en equipo y clima organizacional (5%), ética (5%), servicio a la ciudadanía (5%) y comportamiento y ejercicio profesional (10%).

Para integrar los resultados se utilizarán exámenes, cuestionarios contestados por titulares o administradores, cuestionarios confidenciales aplicados a compañeros y reportes institucionales. También se tomarán en cuenta antecedentes disciplinarios, administrativos y laborales, así como informes desfavorables de revisiones técnicas, bajo las condiciones previstas en el acuerdo.

Aquí aparece una preocupación evidente: ¿cómo se evitará que las diferencias personales, los conflictos internos o las relaciones de poder dentro de cada órgano influyan en una evaluación que pretende ser objetiva? El documento ordena utilizar información verificable y establecer controles metodológicos contra posibles sesgos, pero una declaración normativa no garantiza, por sí sola, que estos no ocurran.

Las consecuencias no son menores.

Los resultados se clasifican en cinco niveles: sobresaliente, de 90 a 100 puntos; satisfactorio, de 80 a 89; regular, de 70 a 79; suficiente, de 60 a 69; e insuficiente, de 0 a 59.

Quienes obtengan resultados satisfactorios o sobresalientes recibirán una constancia de permanencia por dos años. Los niveles regular y suficiente tendrán una constancia por un año y deberán cumplir acciones de fortalecimiento. El resultado insuficiente se traduce en un estándar de desempeño no alcanzado y abre la posibilidad de un examen extraordinario o un recurso de revisión, según el origen de la calificación. Si el resultado queda firme, el asunto se remite al Pleno para los efectos previstos en la Ley de Carrera Judicial, incluida la posible separación en los supuestos legales.

El recurso de revisión debe interponerse en diez días hábiles y el Pleno cuenta con un plazo máximo de cuatro meses

para resolver. Sus resoluciones se consideran inatacables dentro de este mecanismo.

¿Y qué sucede durante 2026?

El acuerdo establece expresamente que la evaluación de este año será diagnóstica: no contará como periodo ordinario ni producirá consecuencias individuales de permanencia o separación. Sin embargo, la participación será obligatoria y sus resultados servirán para diseñar programas de capacitación que también serán obligatorios y considerados en la primera evaluación ordinaria.

El calendario ya está definido: del 11 al 13 de noviembre se cargará información a la plataforma; el 17 y 18 se notificará y publicará el temario; del 4 al 15 de diciembre se aplicarán cuestionarios. Los exámenes serán el 4 de diciembre para secretarios, el 8 para actuarios y los días 14 y 15 para oficiales judiciales. De enero a marzo de 2027 se analizarán resultados y se elaborarán informes y acciones de fortalecimiento. La primera evaluación con consecuencias se realizará después de concluir la capacitación correspondiente.

La memoria de 2024 no puede borrarse.

Durante el paro nacional de trabajadores del PJF en 2024, una de las principales preocupaciones fue precisamente la posible afectación a los derechos laborales. En aquel momento, se sostuvo que la reforma buscaba combatir el nepotismo y la corrupción, particularmente respecto de las personas titulares, y que el personal no tendría por qué resultar perjudicado.

Hoy, con un nuevo “modelo de evaluación” que alcanza a oficiales, actuarios y secretarios, resulta difícil separar las piezas. Entre 2024 y 2026 se impulsaron numerosos concursos abiertos de oposición para integrar listas de personas habilitadas; ahora existe un universo amplio de aspirantes disponibles, mientras el personal que construyó su trayectoria dentro de la institución queda sujeto a un sistema que puede comprometer su permanencia.

La lectura política es inevitable: la reforma no solamente cambió quiénes ocupan los cargos de juzgadores; también está reconfigurando las condiciones bajo las cuales permanece el personal que sostiene la operación judicial. La evaluación puede convertirse en una herramienta de profesionalización, pero también en un mecanismo de depuración si sus criterios se aplican de manera sesgada o se utilizan para favorecer la sustitución de personal de carrera por perfiles alineados con el nuevo proyecto político. No es una preocupación que deba despacharse con el argumento de que todo se hace por eficiencia.

El acuerdo dice que la evaluación será objetiva, imparcial y diagnóstica. Ahora corresponde demostrarlo. La independencia judicial también se construye con trabajadores que puedan desempeñar sus funciones sin temor a perder su empleo por criterios discrecionales. La transformación del Poder Judicial no puede convertirse en una puerta para sustituir experiencia, antigüedad y carrera por obediencia institucional.

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Opinión

El Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del PJF. ¿De dónde salió y para qué sirve? | Columna de Víctor Ezequiel

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Por: Víctor Ezequiel
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Culto público, en México tenemos una curiosa costumbre jurídica: cuando surge un conflicto, pensamos inmediatamente en una demanda, un expediente, un juez y, con un poco de suerte, una sentencia que llegará después de tiempo, dinero y paciencia.

Pero la Constitución dice algo más.

El artículo 17 reconoce también el derecho a resolver controversias mediante mecanismos alternativos de solución de controversias. Con esa lógica, el Poder Judicial de la Federación cuenta ahora con una herramienta que merece mucha más atención: el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del PJF.

No estamos hablando de una “ocurrencia reciente”, guiño, guiño. Su creación fue declarada en julio de 2024 y el Órgano de Administración Judicial publicó el 24 de junio de 2026 el acuerdo que actualmente regula su funcionamiento. Desde el 3 de agosto comenzó la prestación de servicios a través de sus representaciones.

No estoy diciendo que los recursos que estaban destinados para la impartición de justicia ahora sean para pagar sueldos de servidores públicos con experiencia dudosa; para nada, tampoco digo que las convocatorias para formar parte de este centro estén súper escondidas y que no se les haya dado difusión entre el propio personal del Poder Judicial de la Federación, vamos a pensar que todo es transparente y con la finalidad de que la ciudadanía resuelva sus conflictos de manera eficiente.

¿Ya lo tenemos, entonces para qué sirve?

En términos sencillos: para intentar resolver determinados conflictos sin tener que llegar a un juicio tradicional.

El Centro puede conocer de controversias del orden federal cuando se trate de derechos disponibles, es decir, asuntos sobre los cuales las partes pueden negociar y llegar legítimamente a un acuerdo. También puede intervenir cuando ya existe un procedimiento judicial federal e incluso en determinadas etapas de cumplimiento de una sentencia.

Pensemos en un ejemplo.

Una empresa tiene un conflicto contractual con un proveedor. En lugar de iniciar un litigio que puede prolongarse durante años, ambas partes pueden intentar una mediación o conciliación con la intervención de una persona facilitadora certificada.

Lo mismo puede ocurrir con determinadas controversias civiles o mercantiles federales: incumplimientos contractuales, obligaciones económicas o diferencias patrimoniales que permitan a las partes negociar una solución.

Pero hay que tener cuidado: no todo conflicto puede llevarse al Centro. El acuerdo excluye, entre otros, la materia penal, la conciliación laboral prejudicial, la materia administrativa, la familiar, el amparo y aquellos asuntos que correspondan exclusivamente a un centro público local.

Y aquí aparece una de sus grandes ventajas.

El mecanismo es voluntario. Nadie puede obligar a la contraparte a negociar ni mucho menos a aceptar una propuesta. Sin embargo, sí puede ser invitada formalmente por el Centro.

El procedimiento comienza con una solicitud que puede presentarse verbalmente, por escrito o en línea, según la disponibilidad del sistema. Debe incluir los datos de quien solicita, identificación, una explicación de la controversia y los datos de contacto de la persona a quien se pretende invitar.

Después, una persona facilitadora determina si el asunto puede resolverse mediante este mecanismo. Si es susceptible, el Centro envía la invitación a la contraparte, incluso para una sesión presencial o virtual. Si la otra persona no quiere participar, puede negarse. Y si no hay acuerdo, los derechos de las partes quedan a salvo para acudir a la vía correspondiente.

Pero si existe acuerdo, aquí está la parte que muchas personas desconocen: no estamos ante un simple “pacto de caballeros”.

Una vez que el convenio cumple las formalidades y queda inscrito en el Sistema de Convenios, adquiere efectos de cosa juzgada y puede exigirse su cumplimiento por la vía correspondiente. Es decir, la solución alcanzada mediante el mecanismo tiene una fuerza jurídica muy distinta de un simple acuerdo privado.

Entonces, ¿por qué no utilizamos más esta herramienta?

Aquí vale la crítica.

Al mismo tiempo que a los juzgados y tribunales federales se les exige atender cargas de trabajo importantes, resolver expedientes y cumplir objetivos cada vez más demandantes, el sistema judicial también está construyendo una estructura especializada precisamente para evitar que todos los conflictos tengan que convertirse en juicios.

Sería contradictorio exigirle al sistema que resuelva más y, al mismo tiempo, utilizar poco las herramientas creadas para evitar que nuevos asuntos lleguen a sus escritorios.

Actualmente el Centro cuenta con representaciones en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Yucatán. San Luis Potosí no aparece entre esas representaciones iniciales, aunque el propio acuerdo contempla que el Centro pueda ampliar sus oficinas conforme a las necesidades del servicio y el presupuesto disponible.

Eso no significa que una persona que vive en una entidad sin representación deba descartar esta alternativa. Conviene consultar la disponibilidad del servicio en línea y la competencia del Centro para el caso concreto; además, el acuerdo permite solicitar orientación y establece mecanismos de atención presencial, escrita y electrónica.

Y aquí está la invitación.

Si existe una herramienta pública, especializada y gratuita para solucionar determinados conflictos, utilicémosla.

No solamente por ahorrar tiempo y dinero al ciudadano. También porque cada controversia que puede resolverse mediante un mecanismo alternativo representa, potencialmente, un asunto menos que debe ser procesado por un juzgado o tribunal.

El PJF necesita que sus órganos jurisdiccionales tengan capacidad para atender lo que necesariamente debe llegar a un juez.

Los mecanismos alternativos pueden ayudar a conseguirlo.

Tenemos un recurso nuevo, personal especializado y una estructura creada para hacerlo funcionar. Ahora falta que abogados y ciudadanos conozcamos esa puerta y, cuando el conflicto lo permita, decidamos abrirla.

Porque si al Poder Judicial se le pide hacer más con recursos limitados, aprovechar las herramientas que ya existen no debería ser una opción exótica.

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