SERENDIPIA

Por: Víctor Ezequiel
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A inicios de 2025 circuló en San Luis Potosí una advertencia que alarmó a muchos vecinos: instalar cámaras de seguridad que apuntaran hacia la calle podía ocasionar multas millonarias. El mensaje mezclaba normas de protección de datos con conclusiones que no se desprenden automáticamente de ellas.

Conviene aclararlo: instalar una cámara para proteger tu casa o negocio no constituye, por sí solo, un delito por el hecho de que también grabe parte de la banqueta o la calle. La legalidad depende de cómo se utiliza el dispositivo, qué se graba, con qué propósito y qué se hace después con las imágenes.

La propia legislación federal de protección de datos contempla una excepción para la recolección y almacenamiento destinados exclusivamente al uso personal, sin fines de divulgación ni utilización comercial. Pero esa excepción no es una licencia para vigilar indiscriminadamente a los vecinos.

Una cámara orientada hacia la cochera que capta incidentalmente a quienes pasan por la calle es muy distinta de otra dirigida deliberadamente hacia las ventanas, habitaciones o patios de una vivienda ajena. La privacidad no desaparece porque alguien viva frente a tu casa.

El verdadero riesgo: grabar no es lo mismo que exhibir

El problema puede comenzar cuando las imágenes se publican en Facebook, grupos de WhatsApp u otras plataformas para identificar, exhibir, acusar o ridiculizar a personas sin justificación. La difusión puede comprometer derechos a la privacidad, a la propia imagen y al honor, y abrir la puerta a responsabilidades civiles o de protección de datos, según las circunstancias.

¿Alguien aparece robando, dañando un vehículo o cometiendo otro delito? Conserva el archivo original y entrégalo a la autoridad competente. Evita convertir las redes sociales en tribunal, fiscalía y plaza pública al mismo tiempo. Una sospecha no equivale a una sentencia, y difundir rostros o acusaciones puede perjudicar incluso una investigación legítima.

Algo similar ocurre con quienes fotografían vehículos y placas para denunciar a conductores que circulan de manera temeraria. Documentar una maniobra peligrosa y aportar la evidencia a las autoridades puede ser legítimo y útil para prevenir accidentes; sin embargo, pretender exhibir públicamente al conductor en grupos de WhatsApp no queda automáticamente justificado por una supuesta finalidad preventiva. Si se difunden imágenes acompañadas de acusaciones falsas, insultos o datos que permitan identificar y desacreditar a una persona, el afectado podría valorar acciones civiles por daño moral, siempre que se acrediten los requisitos legales y el daño correspondiente. La fotografía de una placa, por sí sola, no garantiza que exista una infracción ni convierte toda publicación en ilícita: importan el contexto, la veracidad, la finalidad y la forma de difusión. Si queremos prevenir accidentes, documentemos y denunciemos las conductas peligrosas; no confundamos la responsabilidad ciudadana con el derecho a organizar linchamientos digitales.

¿Y los drones que sobrevuelan los fraccionamientos?

Aquí la discusión es más compleja. Los drones también están regulados: la Norma Oficial Mexicana NOM-107-SCT3-2019 establece requisitos según el peso y el uso de la aeronave. Entre otras obligaciones, contempla el registro para equipos con peso máximo de despegue superior a 250 gramos, límites de altura y distancia, operación a línea de vista y restricciones para volar sobre personas. Los requisitos adicionales dependen de la clasificación y del tipo de operación.

La norma también responsabiliza al operador por el uso de la información obtenida y le exige respetar las disposiciones sobre privacidad y seguridad. No es correcto afirmar que todo vuelo sobre una zona habitacional está prohibido automáticamente, pero tampoco que comprar un dron autoriza a sobrevolar y grabar cualquier lugar sin límites.

Un aparato que fotografía paisajes o revisa un techo no equivale a otro que permanece frente a las ventanas, sigue a determinadas personas o registra sistemáticamente sus movimientos. Grabar el interior de una vivienda sin autorización puede afectar la intimidad y generar responsabilidades conforme a las circunstancias.

¿Cuándo hablamos de “halconeo”?

San Luis Potosí incorporó al Código Penal el artículo 293 Quáter, relativo al delito de halconeo. La disposición no convierte cualquier cámara, fotografía o dron en delito: exige una finalidad delictiva específica, como facilitar la comisión de delitos u obstaculizar labores de los cuerpos de seguridad, mediante actos de vigilancia, seguimiento o recopilación de información descritos en la norma.

Por tanto, ver un dron sobre un fraccionamiento no demuestra, por sí mismo, que exista halconeo. Pero tampoco debe ignorarse una conducta sospechosa cuando hay indicios concretos de vigilancia ilícita.

Si un dron invade reiteradamente la intimidad de tu hogar o presenta un comportamiento preocupante, documenta desde un lugar seguro la fecha, hora, trayectoria y cualquier dato observable. Repórtalo a las autoridades de seguridad y, cuando corresponda, a la Agencia Federal de Aviación Civil. No intentes derribarlo ni dañarlo: podrías crear un problema legal adicional.

La seguridad no cancela la privacidad

Las cámaras y los drones pueden ser herramientas útiles para prevenir delitos, pero su uso debe respetar derechos. La respuesta no es prohibir toda cámara que mire hacia la calle ni normalizar cualquier forma de vigilancia.

La discusión seria consiste en distinguir entre proteger una propiedad, difundir imágenes sin justificación e instalar tecnología para vigilar ilícitamente a personas o cuerpos de seguridad. Porque tener una cámara no te convierte en delincuente; utilizarla para vulnerar derechos sí puede tener consecuencias.

Antes de compartir una alarma, revisemos la norma. Y antes de grabar la vida ajena, recordemos que la seguridad propia no concede permiso para invadir la privacidad de los demás.

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En octubre de 2026, trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social se han manifestado en distintas entidades del país. En la Ciudad de México hubo bloqueos de avenidas principales para exigir mejores condiciones laborales, mayor incremento salarial y abasto suficiente de medicamentos. El conflicto no es menor: detrás de las pancartas hay una disputa por los derechos laborales, la representación sindical y la calidad de un servicio del que dependen millones de personas.

¿Qué reclaman los trabajadores?

Uno de los puntos centrales es el aumento salarial de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS): 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones. Los inconformes consideran insuficiente el acuerdo y cuestionan que la dirigencia lo haya aprobado sin reflejar adecuadamente su voluntad. Por ello, el sindicato anunció una consulta nacional para hoy 14 de octubre, con voto libre, personal, directo y secreto.

También se han planteado demandas sobre cobertura de plazas, condiciones de trabajo, abasto de insumos y el retorno al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, así como la eliminación de las Afores para los trabajadores que impulsan esa exigencia. Es importante precisar que no todas las demandas tienen la misma solución jurídica: algunas pueden negociarse con el Instituto; otras, como modificar el marco legal de pensiones, requieren cambios normativos y no se resuelven con una instrucción administrativa.

El contrato colectivo no es una concesión graciosa

El Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027 regula las condiciones laborales entre el IMSS y su sindicato. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 386, define precisamente la función de este instrumento: establecer las condiciones bajo las cuales se presta el trabajo. No es un regalo del patrón ni un documento decorativo para presumir buenas relaciones laborales.

Su cláusula 110 incorpora el Régimen de Jubilaciones y Pensiones pactado para los trabajadores comprendidos en él. Sin embargo, no todos los empleados tienen necesariamente el mismo esquema pensionario: importan la fecha de ingreso, el régimen aplicable y las reformas legales correspondientes. Por eso, afirmar que todos perdieron exactamente la misma prestación sería engañoso.

La jurisprudencia también demuestra que estas pensiones son un asunto jurídico real, no una simple consigna. En octubre de 2024, la Suprema Corte determinó que la jubilación por años de servicio prevista en el régimen contractual del IMSS incorpora la pensión de vejez, por lo que no procede cobrar ambas íntegramente como prestaciones independientes. Y en marzo de 2026 se publicó jurisprudencia sobre los límites aplicables a la suma de determinadas pensiones. La lección es clara: los derechos pensionarios dependen del contrato, la ley y los criterios judiciales; cualquier reforma debe explicarse con precisión, no con promesas vagas.

¿Y los pacientes? También pagan las consecuencias

Recibir atención médica en México puede convertirse en una carrera de obstáculos: conseguir cita, esperar horas, trasladarse entre unidades, regresar por estudios o enfrentar la falta de medicamentos. Cuando faltan plazas, equipo o insumos, la carga termina recayendo sobre pacientes y personal de salud.

Trabajadores han denunciado carencias de material y situaciones en las que deben conseguir insumos con recursos propios para poder atender. No existe una estadística nacional completa que permita medir todos esos casos, pero la falta de una cifra consolidada tampoco demuestra que las experiencias no ocurran. Corresponde al Instituto transparentar inventarios, compras, faltantes y mecanismos de denuncia, no limitarse a asegurar que las unidades están abiertas.

El IMSS sostiene que sus servicios esenciales continúan funcionando y que hay mesas de diálogo para atender problemas operativos. Esa postura debe formar parte del análisis, pero no basta con informar que las puertas están abiertas: también importa saber si dentro hay personal, medicamentos y material suficientes para brindar atención digna.

¿Dónde está el sindicato?

Un sindicato existe para representar y defender a sus agremiados, negociar condiciones justas y rendir cuentas. Si una parte de la base considera que sus dirigentes aceptaron un aumento insuficiente o no escucharon sus demandas, la respuesta no debe ser descalificarla, sino permitir que se exprese y que su voto tenga consecuencias.

La consulta de hoy será una prueba relevante. La dirigencia debe explicar cómo se tomó el acuerdo salarial, qué alternativas negoció y qué compromisos obtuvo. Si la representación fue adecuada, debe poder demostrarlo; si hubo omisiones, los trabajadores tienen derecho a cuestionarlas y exigir responsabilidades conforme a las reglas sindicales. La democracia sindical no consiste en convocar a votar únicamente cuando la inconformidad ya estalló.

¿Qué sigue y qué puede hacer la población?

Los trabajadores deben documentar sus reclamos, participar en la consulta, exigir información y utilizar las vías laborales y sindicales que correspondan. La movilización pacífica es una forma legítima de expresión; los conflictos colectivos también tienen cauces legales y no deben confundirse automáticamente con abandono de obligaciones.

A la población le toca exigir que se respeten tanto los derechos laborales como el derecho a la salud. Podemos ser tolerantes con las manifestaciones sin renunciar a pedir que se mantengan libres los accesos para ambulancias, urgencias y pacientes vulnerables.

Hay una pregunta incómoda para las autoridades y para el sindicato: ¿cómo se puede exigir un servicio de calidad cuando quienes lo sostienen denuncian carencias y cuestionan las condiciones en que trabajan?

No basta con pedir vocación al personal médico ni paciencia a los derechohabientes. La vocación no sustituye el material clínico, y la paciencia no cura una enfermedad. Si el IMSS es una institución indispensable, sus trabajadores merecen condiciones dignas y sus pacientes atención efectiva. Defender ambos derechos no es una contradicción: es el mínimo que debería exigirse a un sistema público de salud.

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Por: Víctor Ezequiel / X: @MrVictorHdz

Hay una leyenda urbana que aparece con sorprendente frecuencia: “Si llevas muchos años rentando una casa, llega un momento en que puedes quedártela”. La frase suele venir acompañada de un misterioso “lo dice la ley”.

Pues no exactamente.

El simple paso del tiempo no convierte a un inquilino en propietario. Pero detrás de esa creencia existe una figura jurídica real: la prescripción positiva o adquisitiva, mediante la cual una persona puede adquirir la propiedad de un inmueble por haberlo poseído durante determinado tiempo y bajo ciertas condiciones.

Y ahí está la diferencia que suele perderse en la conversación de sobremesa.

No es lo mismo ocupar que poseer como dueño

Por ejemplo, el Código Civil para el Estado de San Luis Potosí establece que la posesión necesaria para prescribir debe ser en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. Para inmuebles, contempla cinco años cuando existe buena fe y diez cuando existe mala fe, siempre que se cumplan las demás condiciones legales.

¿Qué significa esto en palabras normales?

Imaginemos que Juan renta durante quince años una casa de María. Juan vive ahí, paga servicios, pinta las paredes, arregla una fuga y quizá hasta cambia el piso.

Todo eso demuestra que ocupa y utiliza el inmueble.

Pero también demuestra algo muy importante: Juan sabe que la casa es de María y que él está ahí porque María se la entregó en arrendamiento.

Su posesión es derivada. No posee como propietario.

La Suprema Corte ha explicado que quien recibe temporalmente el uso o disfrute de un inmueble por voluntad del propietario —como ocurre con un arrendatario— no puede simplemente transformar esa posesión en propiedad por el transcurso del tiempo. Tampoco basta comenzar a comportarse como dueño en algún momento: debe demostrarse jurídicamente el origen y la naturaleza de la posesión.

Por eso, quince años de renta no equivalen a quince años de propiedad.

¿Entonces qué significan buena y mala fe?

Aquí también hay bastante confusión.

En San Luis Potosí, es poseedor de buena fe quien entra en posesión mediante un título suficiente para darle derecho a poseer o quien desconoce los defectos de ese título. Es poseedor de mala fe quien entra sin título para poseer o conoce los defectos que le impiden hacerlo con derecho. La ley, además, presume la buena fe mientras no se demuestre lo contrario.

Un ejemplo sencillo:

Pedro compra un terreno mediante un contrato que, aparentemente, le permite adquirirlo, pero posteriormente descubre que quien se lo vendió no tenía facultades suficientes para transmitirlo. Si Pedro desconocía ese problema, puede encontrarse en un supuesto de buena fe.

En cambio, si Pedro sabe desde el principio que quien le entregó el inmueble no era propietario y aun así pretende comportarse como dueño, la situación es distinta.

Pero cuidado: mala fe no significa automáticamente delito ni elimina la posibilidad de prescribir. En San Luis Potosí, precisamente, la ley contempla la prescripción de inmuebles aun cuando exista mala fe, pero exige diez años de posesión en concepto de propietario, pacífica, continua y pública.

El Código Civil potosino contempla que puede existir un cambio en la causa de la posesión. Es decir, alguien que originalmente no poseía como dueño puede comenzar a hacerlo con ese carácter; sin embargo, el plazo de prescripción comienza a contarse desde que jurídicamente cambia esa causa.

Pero esto no ocurre porque el inquilino simplemente diga:

“Ya llevo diez años aquí, ahora soy dueño.”

Tampoco basta con dejar de pagar la renta, cambiar las cerraduras, pagar el predial o hacer remodelaciones.

Tendría que acreditarse qué hecho o acto produjo el cambio de la posesión derivada a una posesión en concepto de propietario, y desde cuándo ocurrió.

La jurisprudencia ha sido especialmente cuidadosa con este punto: quien pretende adquirir por prescripción tiene que demostrar la causa generadora de su posesión y no puede convertir, por su sola voluntad, una posesión precaria o derivada en posesión de dueño.

Entonces, ¿hay que promover un juicio?

Existe la acción de prescripción positiva, que se promueve contra quien aparece como propietario en el Registro Público de la Propiedad. Si se acredita que se cumplieron los requisitos legales, la sentencia puede declarar consumada la prescripción y, una vez inscrita, servir como título de propiedad. Así lo dispone expresamente el Código Civil potosino.

En otras palabras, nadie se convierte en propietario por decreto de sobremesa. Hay que demostrarlo ante un juez.

¿Y qué puede hacer el propietario para protegerse?

También hay una cara de esta historia que suele olvidarse.

El propietario que renta un inmueble no debería confiar únicamente en que “la escritura está a mi nombre”. Debe conservar su título de propiedad, celebrar contratos de arrendamiento por escrito, identificar plenamente al arrendatario, establecer claramente el plazo, renta y obligaciones, conservar comprobantes de pago y documentar renovaciones, modificaciones o convenios.

También es recomendable realizar inspecciones conforme a lo permitido por el contrato y la ley, conservar evidencia de que el propietario continúa ejerciendo sus derechos y, sobre todo, no ignorar indefinidamente un incumplimiento.

Si el arrendatario deja de pagar, se niega a entregar el inmueble al terminar el contrato o pretende desconocer los derechos del propietario, existen acciones legales para exigir el cumplimiento, reclamar rentas, recuperar la posesión o terminar la relación contractual, según el caso.

Y algo fundamental: nunca hay que intentar resolverlo mediante violencia, amenazas o cambiando unilateralmente las cerraduras para sacar al inquilino. El patrimonio se protege utilizando las vías legales, no creando un problema nuevo.

En concreto, sí existe una figura mediante la cual alguien puede adquirir un inmueble por el transcurso del tiempo, pero rentar no es comprar a plazos.

La prescripción exige una posesión con determinadas características, durante el plazo establecido por la ley, y debe acreditarse judicialmente. El inquilino que reconoce que otra persona es propietaria no adquiere mágicamente el inmueble porque hayan pasado diez, veinte o treinta años. Como en casi todo en la vida, el tiempo puede ser importante; pero por sí solo no hace milagros.

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