México
¿Registrar o no registrar tu línea telefónica? Esa ya no es solo una decisión personal | Columna de Víctor Ezequiel
SERENDIPIA
Hace algunos años, México intentó crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. El proyecto terminó declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente porque exigía datos biométricos sin demostrar que esa medida fuera necesaria y proporcional para combatir la delincuencia. Parecía un capítulo cerrado… pero la historia tomó un nuevo rumbo.
Estimado lector, desde el 9 de enero de 2026 entró en vigor un nuevo esquema que obliga a vincular las líneas de telefonía móvil con la identidad de su titular, ya sea mediante la CURP en el caso de personas físicas o el RFC para personas morales. A diferencia del antiguo PANAUT, este modelo no contempla un padrón con datos biométricos como requisito general, sino un mecanismo de identificación administrado por los concesionarios de telefonía bajo la supervisión de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Su principal objetivo, según las autoridades, es combatir delitos como la extorsión telefónica, el fraude y el uso de líneas anónimas por parte de grupos delictivos.
La medida generó un enorme reto logístico. México cuenta con más de 140 millones de líneas móviles, y millones de usuarios no habían realizado el trámite antes del vencimiento del plazo original. Ante esa realidad, la CRT decidió ampliar el periodo para registrar las líneas de prepago mediante un calendario escalonado que comienza el 15 de agosto y concluye el 31 de diciembre de 2026, dependiendo del último dígito del número telefónico. Al cierre de la primera semana de julio, todavía faltaban por vincular más de 78 millones de líneas, es decir, más de la mitad del universo nacional.
Ahora bien, la pregunta importante no es únicamente cómo registrar la línea, sino qué ocurre si decides no hacerlo.
La consecuencia inmediata prevista por la regulación es la suspensión temporal del servicio. Esto significa que la línea dejará de operar para llamadas, mensajes y datos móviles, conservando únicamente funciones limitadas, como las comunicaciones de emergencia, hasta que el usuario complete el registro correspondiente. No se trata de una multa económica ni de un delito; simplemente, la línea deja de prestar el servicio mientras incumpla con el requisito legal.
¿Conviene registrarla? Desde un punto de vista estrictamente práctico, sí. Hoy el teléfono celular dejó de ser un simple medio para hacer llamadas. Es la llave de acceso a aplicaciones bancarias, autenticación de doble factor, plataformas laborales, servicios gubernamentales y comunicación cotidiana. Perder temporalmente el acceso al número puede generar más complicaciones que el propio trámite de registro.
Sin embargo, también es válido preguntarse por las implicaciones en materia de privacidad. El antecedente del PANAUT sigue presente en la memoria jurídica del país. En 2022, la Suprema Corte declaró inconstitucional ese padrón porque la recopilación obligatoria de datos biométricos no superaba el análisis de proporcionalidad y representaba un riesgo para los derechos fundamentales de privacidad y protección de datos personales. Ese precedente continúa vigente y constituye un recordatorio de que cualquier medida de identificación masiva debe respetar los límites constitucionales.
Precisamente por ello, el nuevo modelo ha intentado diferenciarse del anterior al limitar la información solicitada y fortalecer las obligaciones de protección de datos por parte de las empresas de telefonía. Aun así, el debate jurídico continúa abierto: algunos especialistas consideran que el registro facilitará las investigaciones sobre extorsión y fraude, mientras que otros sostienen que todavía falta demostrar que este tipo de medidas realmente disminuyan la incidencia delictiva.
¿Y cómo se realiza el registro?
En términos generales, el procedimiento puede efectuarse en línea o directamente en los centros de atención de la compañía telefónica. El usuario deberá acreditar su identidad mediante su CURP —o RFC si se trata de una persona moral— junto con la identificación requerida por su operador. Cada empresa ha habilitado plataformas específicas para que sus clientes verifiquen y actualicen la información correspondiente.
Aquí vale la pena hacer una reflexión.
En derecho pocas veces existen respuestas absolutamente buenas o absolutamente malas. Combatir delitos como la extorsión telefónica es un objetivo legítimo del Estado. Proteger la privacidad y los datos personales de millones de ciudadanos también lo es. El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio entre ambas finalidades sin sacrificar derechos fundamentales.
Estimado lector, registrar o no registrar la línea ya no es únicamente una cuestión tecnológica; también implica conocer las consecuencias legales de cada decisión. Si decide cumplir con el trámite, procure hacerlo únicamente por los canales oficiales de su compañía telefónica y nunca proporcione información personal a través de enlaces recibidos por mensajes o redes sociales.
Si, por el contrario, tiene dudas sobre el tratamiento de sus datos personales o considera que alguna autoridad o empresa excede las facultades que la ley le concede, recuerde que el derecho también le ofrece mecanismos para exigir transparencia, protección de datos y rendición de cuentas.
Después de todo, en una época donde prácticamente toda nuestra vida cabe en un teléfono celular, proteger la seguridad pública y proteger la privacidad deberían caminar de la mano, no competir entre sí.
El gobierno federal subirá el gasto en los tres rubros para 2027, pero buena parte de lo que llama ciencia es en realidad dinero para becas universitarias
Por: Carlos Ruíz
El gobierno federal quiere gastar más en educación, ciencia y cultura el próximo año. Eso es lo que dice, en números, el Paquete Económico 2027 que la Secretaría de Hacienda entregó el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados. Pero cuánto suba cada rubro, y en qué se va a gastar exactamente, son dos preguntas con respuestas muy distintas.
Educación: el billón de pesos que en buena parte es beca
Según la publicación, la Secretaría de Educación Pública recibiría 576,600 millones de pesos. Si se suma todo el paquete educativo (educación, ciencia y cultura juntas, como las agrupa el gobierno en sus cuentas) la cifra llega a 1.4 billones de pesos, 7.2% más que el año pasado descontando la inflación. Es, básicamente, el equivalente a 3.50 de cada 100 pesos que produce el país en un año.
De ese billón y medio, las tres becas que el gobierno agrupa bajo el nombre “Benito Juárez” (la de educación básica (Rita Cetina), la de educación media superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro) se llevan juntas 190,552 millones de pesos: es la partida más grande de todo el rubro educativo, más que cualquier programa de infraestructura o de formación docente.
Esa cifra es apenas 3.2% mayor a lo que las mismas tres becas recibieron en 2026 (184,595 millones de pesos), un aumento uniforme, idéntico en las tres becas, muy por debajo del ritmo con el que ha crecido el resto del gasto en ciencia y tecnología.
El contraste, y de donde surge la queja de muchos opositores, es que en la prueba PISA de 2025 se encontró que 4 de cada 10 estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel básico en matemáticas, lectura o ciencias. Con ese dato en la mano, algunos legisladores ya han justificado medidas como prohibir los celulares en el salón de clases, y se alega que más dinero no es, por sí solo, garantía de mejores resultados.
Ciencia: sube 18%, pero la mayor parte no es para investigar
El presupuesto para ciencia y tecnología (que ahora maneja la Secihti, la dependencia que sustituyó al viejo Conacyt) sería de 193,333.7 millones de pesos. Es apenas medio punto porcentual del PIB, pero representa un salto real de 18% respecto a 2026, el mayor de los tres rubros.
La bolsa más grande dentro de ese presupuesto, llamada “generación de conocimiento”, suma 136,571 millones de pesos, y de ahí, 85,616 millones de pesos son becas y colegiaturas de educación superior, no laboratorios ni proyectos de investigación. A los Centros Públicos de Investigación, que son las instituciones dedicadas justamente a investigar, les tocan 7,139.7 millones de pesos: menos del cinco por ciento de todo el rubro.
Cultura: crece en papel, pero varios museos e institutos pierden
A la Secretaría de Cultura le tocarían 15,858 millones de pesos, un alza de apenas 1.9% ya descontada la inflación… la más baja de los tres rubros.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) van a recibir más pesos que el año pasado, pero al ajustar por inflación, en realidad pierden poder de compra: 2.2% y 2.9% menos, respectivamente.
La Subsecretaría de Desarrollo Cultural, mientras tanto, se desploma de 692.8 a 184.4 millones de pesos, una caída de más de dos terceras partes.
No todos pierden: el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Radio Educación, la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica sí ganan terreno real, entre 10.8% y 18.2%.
¿Y esto cómo aplica en San Luis?
De todo este paquete nacional, hay una sola cifra que se puede rastrear con precisión hasta San Luis Potosí, porque el propio documento la desglosa estado por estado: la del Ramo 33, que es el mecanismo por el que la federación reparte dinero directo a los gobiernos estatales. Para 2027, a San Luis Potosí le corresponden 28,577.5 millones de pesos por esa vía.
De ese total, 19,422 millones de pesos están etiquetados para educación. Y de esos 19,422 millones, 18,617 millones, es decir, 96 de cada 100 pesos, son para pagar la nómina de los maestros de educación básica, a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Lo que queda se reparte entre infraestructura escolar y asistencia social (547.3 millones de pesos) y educación tecnológica y para adultos (257.9 millones de pesos).
En resumen, casi todo el dinero educativo que le llega al estado ya está comprometido antes de que empiece el año, porque paga sueldos. Lo que sobra para construir, equipar o abrir programas nuevos es, en comparación, muy poco.
Nada de esto es definitivo todavía. La Cámara de Diputados y el Senado tienen hasta el 20 y el 31 de octubre, respectivamente, para aprobar la Ley de Ingresos, y los diputados tienen plazo hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. En ese proceso, los montos, incluidos los que le tocan a San Luis Potosí, todavía se pueden mover.
También lee: El Sistema Nacional de Cuidados perderá presupuesto para 2027
México
Claudia Sheinbaum encabeza izamiento de bandera a media asta en memoria de víctimas de los sismos de 1985 y 2017
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México el izamiento de la bandera monumental a media asta en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.
Por: Redacción
La mañana de este 19 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el izamiento de la bandera monumental a media asta en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte del acto conmemorativo en memoria de las personas que perdieron la vida durante los sismos de 1985 y 2017.
Durante la ceremonia, la jefa del Ejecutivo federal recibió los honores correspondientes. Posteriormente, la Banda de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutó el toque militar “Silencio” y finalmente se entonó el Himno Nacional.
La presidenta estuvo acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina
En un mensaje publicado en redes sociales, Sheinbaum señaló que el izamiento a media asta tuvo como propósito honrar la memoria de las víctimas y recordar la solidaridad mostrada por la población durante los acontecimientos de ambos años.
También lee: Aún sin definir estaciones del tren de pasajeros en SLP
El Museo del Ferrocarril podría revivirse como estación, aunque la decisión final es de conectividad
Por: Redacción
El cabildo capitalino aprobó hoy su participación en el proyecto de tren de pasajeros impulsado por la Presidencia de la República, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado. Dijo que se trata de una alianza entre el gobierno federal, el gobierno municipal y todos los municipios que intervienen en el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Martínez Acosta calificó la aprobación como una muestra de colaboración del alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, con la dependencia estatal en materia de movilidad.
Sobre las estaciones, dijo que la agencia federal encargada del proyecto aún realiza los estudios de conectividad necesarios para determinar los puntos exactos, y que hasta el momento no hay definición. Una de las estaciones se ubicaría en la zona centro de la capital, por instrucción de Sheinbaum de que el proyecto llegue al centro de cada ciudad donde se desarrolle.
Martínez Acosta confirmó que el Museo del Ferrocarril podría revivirse como estación, aunque aclaró que el criterio de conectividad eficiente pesa más que el simbolismo del espacio histórico, por lo que solo es una posibilidad.
También lee: SCT estatal reporta avances en proyecto de tren de pasajeros.
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