Congreso del Estado
Impulsan punto de acuerdo para evitar cobro doble en casetas de la carretera Valles-Ríoverde
La diputada Liliana Flores hizo un llamado a las dependencias correspondientes a realizar revisiones y mantenimiento contantes de los dispositivos de cobro electrónico
Por: Redacción
La diputada Liliana Flores Almazán, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que se tomen las medidas necesarias para evitar el doble cobro en las casetas de la carretera Valles – Ríoverde.
El Punto de Acuerdo surge en respuesta a las múltiples denuncias recibidas por parte de los usuarios de la autopista que han experimentado el doble cobro al pagar con dispositivos electrónicos en las casetas de la carretera mencionada.
Específicamente, se han reportado casos de doble cobro en la Caseta La Pithaya a Tamasopo, así como en la Caseta de Tambaca y en el tramo de la autopista 57 a Ríoverde, para aquellos usuarios que ingresan a la carretera a Cerritos.
La diputada Liliana Flores Almazán hizo un llamado a las dependencias correspondientes a realizar revisiones y mantenimiento constantes de los dispositivos de cobro electrónico, así como a implementar sistemas de monitoreo y alerta temprana para detectar cualquier problema que pueda ocasionar el doble cobro a los usuarios de la autopista.
“Es de suma importancia garantizar un servicio eficiente y transparente en nuestras casetas de peaje. El doble cobro afecta económicamente a los usuarios y genera una sensación de injusticia y falta de confianza en las instituciones”, expresó la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán.
El Punto de Acuerdo busca salvaguardar los derechos de los usuarios de la carretera Valles – Ríoverde y promover la mejora continua en los sistemas de cobro electrónico. Se espera que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para resolver esta situación y brindar una solución efectiva a los usuarios afectados.
La Diputada Liliana Flores reafirmó su compromiso con la ciudadanía y señaló que continuara trabajando en favor de mejorar la infraestructura vial y garantizar un tránsito seguro y eficiente en la entidad.
El Punto de Acuerdo fue turnado a comisiones para su análisis correspondiente.
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Congreso del Estado
Congreso propone reformas para garantizar seguridad de quienes han participado en un proceso penal
Existe la necesidad de dar seguimiento a situaciones donde muchas de las veces al presentar sus denuncias es un riesgo
Por: Redacción
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, analiza la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, con el fin de elevar a Dirección de Cumplimiento de las Medidas de Protección el actual Centro de Protección, estipulado en dicha ley, como un órgano permanente de la Fiscalía General del Estado.
En la exposición de motivos, se indica que existe la necesidad de atender y brindar a las y los potosinos el seguimiento correspondiente ante situaciones las cuales se encuentran en donde muchas de las veces al presentar sus denuncias ante la Fiscalía del Estado, solicitan medidas de protección las cuales son aprobadas por el Ministerio Publico al ser consideradas como pertinentes.
Al ser aprobadas las medidas por el Ministerio Público, no existe un seguimiento continuo a las víctimas, ya que, en la mayoría de los casos, no reciben el debido apoyo inmediato por parte de las autoridades correspondientes, vulnerando la seguridad e integridad de las víctimas de algún delito, por la falta de seguimiento en las medidas de protección impuestas o por una asignación inadecuada de dichas medidas esto debido a una falta de estudio particular del caso.
En el caso de la línea de emergencia, se propone contar con un registro previo del contacto de todas aquellas víctimas a las cuales se les haya otorgado una medida de protección.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización y los entes fiscalizadores en las entidades
Por: Redacción
En reunión de trabajo, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización fue aprobada la solicitud de exhorto del Congreso del Estado de Guerrero, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que por su conducto se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a que a la brevedad posible reactive el mecanismo para la firma de convenios de colaboración entre los entes fiscalizadores de los Estados y de la Ciudad de México.
Esto a efecto de armonizar criterios de colaboración y funciones que fortalezcan la fiscalización de los recursos públicos en la rendición de cuentas y transparencia de las participaciones federales otorgadas a los Estados.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización
Se menciona que los Congresos locales tienen atribuciones de fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los gobiernos estatales, municipales, los Poderes del Estado, y órganos autónomos, entre otros, que tienen como finalidad otorgar servicios públicos, seguridad, administración de justicia, educación y demás bienestar social para la población.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico.
Por: Redacción
El Congreso del Estado emitió la declaratoria de aprobación por el Constituyente Permanente Potosino de Minuta que reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para establecer al agua potable como un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable, e imprescriptible.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico; y las autoridades están obligadas a proveerla para el uso personal y doméstico, debiendo garantizar la suficiencia para evitar el hambre y las enfermedades.
Con esto, se eleva al rango de la Constitución Estatal, las disposiciones establecidas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del contenido de la Observación General número 15 que pronuncia el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, respecto al derecho al agua para alcanzar un nivel de vida adecuado.
Mediante esta reforma constitucional, se establece que el agua es un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible.
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