Estado
Congreso comenzará análisis de interrupción legal del embarazo la siguiente semana
Las y los integrantes de la Comisión de Igualdad y Género y de Salud solicitarán una reunión con Ymuri Vaca para dialogar sobre la iniciativa
Por: Redacción
Integrantes de la Comisión de Igualdad y Género y de la Comisión de Salud de Asistencia Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí solicitaron una reunión con Ymuri Vaca Ávila, titular de la Secretaría de Salud (SSA), para dialogar sobre las iniciativas para la interrupción legal del embarazo en la entidad potosina.
Sofía Rodríguez, Leticia Martínez, Yesica Rangel Flores y Mariana Juárez Moreno, integrantes del Frente Marea Verde San Luis Potosí, entregaron en octubre del año pasado una iniciativa al Congreso del Estado para que se garantice la interrupción legal del embarazo. 
Yolanda Cepeda Echavarría, diputada del Congreso de San Luis Potosí, aseguró que ya hay una agenda para analizar dicha iniciativa: “ya tenemos una agenda previa de los primeros acercamientos para tener las mesas de diálogo con las instituciones y poder ya estar viendo esta iniciativa que han presentado ciudadanas al Poder Legislativo”.
Finalmente, la legisladora indicó que buscarán primero la opinión de la Secretaría de Salud, para poder analizar la iniciativa presentada.
La iniciativa contempla destitución e inhabilitación de tres a diez años
Por: Redacción
El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para reformar el artículo 316 del Código Penal del Estado, con la que busca incrementar las sanciones para los servidores públicos que intervengan en delitos de corrupción.
La propuesta plantea que, cuando en la comisión de un delito de los previstos en los capítulos I a III del título correspondiente participe un servidor público en ejercicio de sus funciones o aprovechándose de su cargo —ya sea por acción u omisión—, la pena de prisión prevista se incremente en una mitad. Además, contempla la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de tres a diez años.
Lara Rocha señaló que la reforma no es solo una modificación técnica, sino que busca enviar un mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción y el uso indebido de las instituciones públicas. Explicó que precisar la responsabilidad de los servidores públicos que faciliten o coadyuven en un delito, incluso por omisión, daría a los juzgadores mayores herramientas para sancionar y proteger la función pública.
El legislador dijo que la propuesta busca atender espacios de impunidad derivados de la participación pasiva o indirecta de servidores públicos, y citó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece obligaciones a los Estados en materia de prevención, incluidas medidas legislativas sobre abuso de funciones y uso indebido de influencias. La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictamen.
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Los usuarios podrán viajar gratis entre la capital y Tamazunchale con transbordos
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la puesta en marcha, a partir de septiembre, de nuevas líneas de MetroRed que ampliarán la red de transporte público hacia la Huasteca y la Zona Media. Entre ellas, una tercera línea en Ciudad Valles que recorrerá todas las colonias de la ciudad, la ruta Río Verde–Ciudad Fernández en la zona media, y una nueva línea en Soledad de Graciano Sánchez que irá de Palma de la Cruz al aeropuerto, pasando por las colonias cafeteras, hasta la Alameda
El gobernador presentó además una ruta que conectará Ciudad Valles con Río Verde, enlazada con la línea Río Verde–San Isidro, lo que permitirá a los usuarios trasladarse de manera gratuita entre la capital y Tamazunchale mediante transbordos entre las distintas líneas. Según Gallardo, el esquema conecta a más de 35 municipios
Como parte de la misma obra, se prevé una intervención en el cauce fluvial de Ciudad Valles —que el gobernador describió como “tren central”— para desviar las aguas pluviales y dejar que el río corra únicamente con agua de lluvia, en lo que calificó como una obra adicional de comunicación para las comunidades de la zona.
Las nuevas unidades, ya con formato de autobús, se integrarán de manera gradual: un primer grupo se entregará en los próximos días.
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Jaime Chalita consideró necesario combatir la evasión, la facturación falsa y el “huachicol fiscal”, pero advirtió que fiscalizar no sustituye el crecimiento económico
Por: Redacción
La necesidad de México de elevar sus ingresos públicos, reducir el déficit y contener el endeudamiento podría traducirse en una mayor presión fiscal sobre las empresas en 2027, justo cuando el país necesita fortalecer la inversión y recuperar la confianza para crecer, advirtió Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), Capítulo San Luis Potosí. Para 2026, Hacienda estima un déficit amplio de 4.1% del PIB y una deuda equivalente a 54.7% del PIB, cifras que anticipan un margen más estrecho para las finanzas públicas.
Chalita Zarur consideró indispensable combatir la evasión, la facturación falsa y el “huachicol fiscal”, pero advirtió que el reto de las finanzas públicas va más allá de intensificar la vigilancia sobre los contribuyentes. “Fiscalizar puede elevar los ingresos en el corto plazo; no sustituye inversión, formalidad ni crecimiento. Si habrá mayor rigor para recaudar, debe existir el mismo rigor para revisar cómo se ejerce el gasto público y para ampliar la base de contribuyentes”.
El presidente del CEM señaló que la certidumbre jurídica es otro componente central del panorama económico. Banco de México mantiene la inseguridad, la falta de Estado de Derecho y la corrupción entre los factores que obstaculizan la actividad económica. “La certidumbre jurídica es la variable principal que evalúa el capital privado.
Frente a este escenario, Chalita Zarur cuestionó que la urgencia por posicionar aspirantes rumbo a 2027 comience a imponerse sobre una agenda que debería estar concentrada en inversión, seguridad, crecimiento y finanzas públicas, mediante campañas adelantadas, espectaculares “informativos” y promoción anticipada de figuras políticas. Advirtió además sobre el uso de tiempo y recursos públicos en esta dinámica. “El dinero público es de todos, no de ningún gobierno. Y mientras esto ocurre, ¿la autoridad electoral? Ausente. ¿Por interés, por miedo, por cooperar y con quién?”, cuestionó, al advertir que sin certeza jurídica tampoco hay confianza para invertir.
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