HABLEMOS DE DERECHOS

Advertencia para nuestras lectoras y nuestros lectores:

Dudé mucho en escribir sobre este tema, pese a que es uno de los tópicos más trascendentes previstos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De hecho, representa el lugar número 1 en la agenda del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que fue la primera Observación General publicada por éste, hace más o menos diez años.

Mi duda reside en el hecho de que en primer lugar, es un tema complejo, porque implica tener cierto conocimiento jurídico; en segundo lugar, requiere también conocer los alcances de la convención en nuestro país, y; en tercer lugar, requiere que conozcamos de algunos órganos creados por la convención. Sin embargo, me esforzaré por hacerlo claro para quienes tengan interés por este tema.

Tradicionalmente, en el estudio de la licenciatura en derecho, aprendimos que hay dos tipos de capacidad: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La primera , se adquiere al nacer y se extingue con la muerte, y significa que como personas, somos titulares de derechos y obligaciones. De manera muy básica, la capacidad de ejercicio se reconoce al cumplir la mayoría de edad y se relaciona con la posibilidad de crear obligaciones, iniciar procedimientos legales y obligarnos también para cumplir con lo que otra persona jurídicamente espera de nosotros.

No obstante, en casi todo el mundo la capacidad de ejercicio no les era reconocida a las personas con discapacidad, particularmente intelectual y psicosocial, pero ello no excluía que quienes legislan, pudieran ampliar estas restricciones a otras personas con discapacidad, como las personas Sordas, a quienes denominaban sordomudos, o personas ciegas que no supiesen leer o escribir.

La entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 3 de mayo de 2008, supuso una importante confrontación entre la tradición jurídica en México y lo que se debía modificar, en consonancia con su artículo 12, para que a todas las personas con discapacidad les fuera reconocida su capacidad de ejercicio, lo que significaba reformar los códigos civiles y los códigos de procedimientos civiles que establecían limitaciones legales a la capacidad de ejercicio. De hecho, nuestro país fue ampliamente criticado y cuestionado por expertas y expertos en el mundo, debido a que al decretar el reconocimiento y aprobación de la Convención el 24 de octubre de 2007, opuso una declaración interpretativa al artículo 12 sobre cómo éste se comprendería en México, que afortunadamente retiró cuatro años después, previo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011.

Si desean saber más, visitar: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5004433&fecha=24/10/2007#gsc.tab=0

A pesar del retiro de la declaración interpretativa, así como de la referida reforma constitucional, fue necesario emprender algunos litigios de carácter estratégico para que México comenzara a reflexionar sobre la necesidad de retirar las barreras jurídicas que de hecho y de derecho, niegan la igualdad a las personas con discapacidad.

Vamos a ver si logramos trasmitirlo adecuadamente sin demasiada terminología jurídica complicada:

Muchos códigos civiles a la fecha, prevén la figura de la interdicción, lo que en términos muy sencillos es un juicio en el que basta con sospechar que la persona ya no puede gobernarse por sí misma, para que de manera temporal, la persona juzgadora ordene como aparente medida de protección de dicha persona, su interdicción provisional, en lo que se determina, mediante la intervención de peritos en salud mental, si en efecto la persona ya ha dejado de ser “capaz”.

Se trata de peritos psiquiatras, comúnmente tres, cuyo costo los asume quien promueve el juicio de interdicción y si dichos peritos determinan que la salud mental de la persona se encuentra comprometida, entonces como “medida de protección” la persona juzgadora declara interdicta a la persona y le asigna una persona tutora, que a partir de entonces, se hará cargo de todas las obligaciones y decisiones legales en nombre y representación de dicha persona durante toda su vida.

Automáticamente, la persona tutora entra a sustituir la voluntad de la persona declarada interdicta para la mayoría de los trámites legales, lo que a menudo suele ocurrir con las personas mayores cuando se sospecha que ya no pueden hacerse cargo de sus decisiones.

Se le ha llamado también “juicio injusto”, porque la interdicción se declara sin escuchar a la persona que se busca declarar interdicta, lo que significa que es vencida sin que le sea garantizado su derecho de audiencia.

A partir de la declaratoria legal de incapacidad, la única forma de acudir a la justicia que tiene la persona con discapacidad, es a través de la persona tutora, que puede ser algún familiar y que también se ha documentado, puede ser quien perpetre abusos con garantía de impunidad porque también se convierte en el único medio para que la persona con discapacidad pueda quejarse o denunciar.

Por ello la Convención reconoce la igualdad y la voluntad de todas las personas con discapacidad y su derecho a manifestar esta voluntad por todos los medios disponibles, incluso la asistencia humana para tomar decisiones. Desde este paradigma, la Convención representa un parteaguas en relación al modelo médico que evalúa el grado de discapacidad o limitación, mientras que el modelo social reconoce a la persona, su voluntad, su libertad, su autonomía y sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas dotándole de todos los apoyos para que se respete su independencia.

Al 2024, esta fórmula jurídica que nulifica la voluntad de las personas con discapacidad, sigue impactando en la realidad de algunos grupos de personas con discapacidad, por ejemplo y como ya lo habíamos comentado, al momento de abrir una cuenta bancaria, en procesos de índole testamentario, de compraventa o incluso en la escrituración de bienes inmuebles. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares publicado en el diario Oficial de la Federación el pasado mes de junio de 2023, en sus artículos 445 a 455, reconoce la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad para tomar decisiones y obligarse en razón de ellas con los apoyos necesarios para lograrlo, lo que implica la necesidad de contar con ajustes razonables y ajustes de procedimiento, de los que hablaremos próximamente.

Representa un reto importante estructurar formal e institucionalmente un sistema de apoyos y salvaguardias para garantizar la libre toma de decisiones de las personas con discapacidad, así como cambiar costumbres y procedimientos en los que por tradición, en actos de naturaleza civil, notarial o financiera, todavía se sigue discriminando a las personas con discapacidad.

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De veras

Respetable Culto Público de La Orquesta. A partir de este momento quisiera compartir algunas reflexiones que vayan más allá de la realidad que este reportero alcanza a detectar en el ejercicio cotidiano de su labor. Aquellas que por respeto al canon periodístico no me permito contar para no subjetivar un hecho puramente noticioso… pero que están ahí. De veras. Aquellas pequeñas rutinas que hemos llegado a normalizar, pero demandan un análisis profundo para que no queden en el abandono público. Luego estará que coincidamos o discutamos en lo mismo, pero con el único propósito de poner el ojo ahí, y no los volvamos a ignorar.

Y para comenzar, quiero permitirme hablar de movilidad sustentable sin hablar solamente de ciclovías o de bicicletas. Y no porque yo tenga algo en contra de ellas. De hecho, si me lo permite, quiero hacerlo como ex ciclista urbano que soy –y es que lo de “ex” viene por una bicicleta que me robaron en plena Plaza de Armas, y por la que no ha habido respuesta por parte de la Fiscalía del Estado, pero esa es harina de otro costal–.

Por ello, me disculpo de antemano si usted cree que este es otro texto sobre el retiro o permanencia de las ciclovías. No obstante, tampoco vengo a desestimar los esfuerzos que colectividades, sociedad civil y otras organizaciones han logrado en esta materia.

Entonces… ¿a dónde pretendo llegar con esto? A que la movilidad sustentable no merece limitarse a ese concepto.

La armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial por parte del Congreso del Estado de San Luis Potosí debería ser una garantía de espacios para libre tránsito de quienes se desplazan por métodos alternativos al automotor. Eso, suponiendo que las y los 9 diputados que pidieron licencia, hayan dejado bien encargado el tema a sus respectivas suplencias.

El proyecto de movilidad para la capital potosina debería asegurar la permanencia de los espacios ya existentes y preparar a la ciudad para la dispersión homogénea del parque vehicular. Eso, suponiendo que el Implan no vaya a “reciclar” los proyectos de las anteriores administraciones, como se señaló en días pasados.

El gobierno del estado ya dijo que sí quiere entrarle al tema de movilidad y de las ciclovías, siempre que se haga con responsabilidad, y no como las “porquerías” que dejaron los otros. Eso, suponiendo que sí se vayan a considerar a los sectores comercial, urbano, colectividades, sociedad civil, peatones, choferes de transporte público, usuarios de bicicleta, personas con discapacidad… y un largo etcétera.

Pero el problema no está en los casos antes mencionados. Aquí me conviene cuestionar si se trata realmente de políticas públicas en materia de movilidad –o nos conviene a usted y a mi, si es que coincidimos en esta parte–

Sí, estoy hablando de la ciclovía de Venustiano Carranza, pero la misma situación se replica frente al panteón del Saucito o en la avenida Himno Nacional. ¿Uno merece exponerse a que se lo lleve el ruta 9, nomas por su “ahorita me quito”? ¿O que un ciclista deba sortear a los transeúntes sobre la banqueta, porque le invadieron el espacio confinado exclusivamente para su uso?

Por eso digo que igual y esto nunca se trató de ciclovías, pero que nadie se confunda, no toda la culpa es de la ciudadanía.

Una solución a esto es, como casi siempre ocurre, dejarle el problema a los que siguen. Aprovechar la odisea electoral, donde los más avispados lo tomarán como estandarte de una campaña que eventualmente se convertirá en una promesa incumplida, pues una vez en el cargo, harán todo lo que esté al alcance para darle largas al asunto, como foros de debate, reunión de comisiones, sesiones extraordinarias, así como otros mecanismos de simulación –como aquella letanía del “lo vamos a revisar”–… y un largo etcétera.

Desde luego que en materia de políticas públicas, la autoridad todavía tiene una labor pendiente muy grande. Como los cruces, puentes y corredores peatonales; rutas de transporte suficientes, seguras y eficientes para la conectividad de toda la ciudad; libre tránsito de scooters eléctricos, patines, sillas de ruedas y otros dispositivos usados para la movilidad; la garantía de no exponernos a un accidente por circular en motocicleta; o que ya no habrá más bicicletas blancas en los postes de la ciudad.

¿Cómo? En el cumplir y hacerle cumplir a la ciudadanía esas leyes, normas y reglamentos.

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TESTEANDO

Ya no sé que pensar de este San Luis, hemos perdido una temporada que parecía de consolidación, hemos olvidado jugar al futbol, algunos futbolistas simplemente no aparecieron en toda la temporada, ya hemos pasado de todo.

Cuidado, el rival en puerta es un gigante dormido, un Toluca que sin ser brillante como otros, están en la pelea por el liderato general, el equipo histórico que nadie considera grande, visita hoy el Alfonso Lastras.

Toluca solo ha perdido dos partidos en el torneo, por cierto uno, el último, por goleada frente al América, hoy Toluca parece que no busca quien se la hizo, sino quien se la pague, hoy Toluca buscará revancha personal. El cuadro del Edomex es un equipo bien armado, con buena dirección y a pesar de no tener grandes nombres, juega bien, práctico, simple y sabe ganar de local o visitante.

Por su parte, San Luis es una caricatura, es el rival que ya no le gana a nadie, ni siquiera a los que están por debajo de su lugar en la tabla, un equipo que ha perdido mística y que muy apenas sabe a lo que juega. San Luis no solo perdió un torneo, sino que también perdió credibilidad, esta noche solo nos falta perder por goleada.

Repasemos brevemente las peores goleadas de esta franquicia. En el Clausura 2020, el 28 de febrero, Juárez metió 0-3 en la jornada 8 en la cancha del Lastras, afortunadamente ese torneo se suspende en la jornada 10.

En el Apertura 2020, Mazatlán vino y jugando de visitante, barrió 0-5 en la jornada 16 a un San Luis que ya solo peleaba por levantar un poco el orgullo, al menos la gente no lo vivió en el estadio, ya que jugábamos aún a puerta cerrada.

En el Clausura 2021 la cosa fue aún peor, pues Puebla se lleva del Lastras 3 puntos con un 1-4 en favor de la franja en la jornada 15, para rematar en la jornada 17, Pachuca visita y golea 1-5 a una de las peores caras de San Luis con esta franquicia.

En el Apertura 2021, Atlas goleó en su casa a los potosinos con un 2-6 que pudo terminar en peor catástrofe.

Y como olvidar la última y tal vez más dolorosa derrota, 0-5 a manos del América en las semifinales del torneo pasado, justo ahí es cuando se comenzaron a ver las carencias de San Luis, eso que hoy nos tiene preocupados.

Lo único que nos falta es despedir un torneo en el Lastras, pasando vergüenzas, ojalá que Toluca no juegue tan bien como acostumbra. A pesar de que se pronostica una derrota del equipo de casa, que esta no sea compleja, que no se de abultada, ojalá no pase más allá de perder a lo mucho, 3 puntos.

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