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¿Como para qué fabricar mártires? | Apuntes de Jorge Saldaña
Con la iniciativa de pedir como requisito un examen de control y confianza que expide el poder ejecutivo ¿Quién, aparentemente (y lo subrayo) se beneficiaría ? Le doy una pista: no es la ciudadanía ni es el gobernador.
Culto Público, hijos del detector del Metil y del metal:
Ayer, cuando lo leí por primera vez pensé que era Feic nius. Me reí incrédulo. Luego lo verifiqué y pensé: naaaaa (así digo “no” cuando dudo lo que pienso), ¿Es neta? Ok, no se oye mal…pero en eso estaba cuando me llamaron, vía oficial, para confirmar si tenía la información. Dios misericordioso…es real.
Ya no supe si reír o llorar. Me sentí como Canio, el payaso, (aunque por distintas razones) o como Garrick, el de Juan de Dios Peza (el de “cambiadme la receta”).
Pero basta de dramas y vamos al punto:
El diputado Héctor Serrano Cortés presentó ayer en el Congreso una propuesta que suena impecable en el papel y que, letras más o letras menos, dice que todos los aspirantes a cargos de elección popular —desde una regiduría hasta la gubernatura— deberán pasar exámenes de control de confianza antes de ser registrados como candidatos.
Pruebas psicológicas para que no estén tocadiscos, poligráficas para que no echen mentiras, toxicológicas para que no anden pachecos, y análisis socioeconómico para ver si lo que ganan corresponde a como viven.
Todo un aparato. Toda una medida institucional para evitar que pillos, malandrines, viciosos, loquitos, tranzas o cosas peores, lleguen a cargos públicos.
Miren, Culto Público, yo quiero entender la intención, y hasta me gustaría creerla.
Y es que tal como presentan la iniciativa, parece que es muy noble porque trata de blindar la elección que viene de sujetos indeseables.
¿Quién podría estar en contra de eso? Nadie, al contrario, la propuesta planteada así, pues se merecería aplausos, bravos y a la bio a la bao y a la bimbomba… Ra, ra, (Bis.) (Bis.) (Bis.)
Pero antes del confeti hay que detenerse en un pequeño detalle: no vivimos en una esfera color de rosa ni tenemos 5 años, por lo tanto volvamos a poner los pies en la tierra y pensemos el asunto más despacio y con mayor criterio….
Una pregunta: ¿Quién, aparentemente (y lo subrayo) se beneficiaría de este nuevo requisito? Le doy una pista: no es la ciudadanía ni es el gobernador.
Claro, los malpensados y críticos alegarán -justificadamente- que es una iniciativa con una intención ulterior, y que el beneficiado es el poder ejecutivo al darle la capacidad de decir quién puede participar o quién no y le explico:
La propuesta exige como requisito para ser candidato que el resultado de las pruebas de confianza mencionadas, sean emitidas por el Centro de Evaluación de Control y Confianza, un órgano que depende ¿de quién cree? de la Secretaría General de Gobierno.
¿Ahora me entiende mi confusión entre frustración y risa, Culto Público?
Está bien fácil, al depender las candidaturas de un documento que expide el ejecutivo, la narrativa contra Ricardo Gallardo se escribe sola: “El gobernador quiere decidir quién participa y quién no”.
¿Qué necesidad?
Y por si se lo siguen preguntando, aquí va la respuesta de quién resulta favorecido con esta iniciativa: Todos los opositores al Verde.
Bueno, en una de esas hasta el Batman de Tanquián regresa y si me lo permite, vamos a usarlo de ejemplo:
Ese que anda en campaña diciendo que no anda en campaña. El señalado por contratos turbios con Pemex. El involucrado en lavado de dinero. El que tiene tanto que explicar sobre el origen de sus recursos que Washington se pondría en alerta si alguien preguntara demasiado fuerte.
Ese señor, Culto Público, no pasa un control de confianza ni en la salida de una tienda departamental. Si lo conectan al polígrafo, el aparato pide su liquidación y presenta renuncia. Si le preguntan por su entorno socioeconómico, la respuesta generaría una investigación internacional.
Y ese perfil de ejemplo, junto con todos los de su calibre, los que tienen cola que les pisen, o los que saben que no pasarán los exámenes, serán los primeros en hacer fiesta si la iniciativa en cuestión se aprueba.
¿Por qué? Pregunta sencilla. Respuesta sencilla.
Porque no hay mejor oportunidad para hacerse el mártir.
No importa que el señor Zumaya u otros aspirantes no aprueben ninguno de los exámenes.
Reprobar es oro puro para el discurso: “El Estado no me deja participar” “Gallardo me tiene miedo” “Ese requisito lo pusieron porque saben que les gano” “Quieren el camino libre.”
Con eso ya tienen narrativa para medio año de campaña victimista, con dramatismo incluido y costo político cobrado al jefe del ejecutivo.
No hace falta ser politólogo de Harvard para ver el tiro, y sin embargo, aquí estamos.
Y aquí es donde me guardo la risa.
El diputado Serrano Cortés no es un recién llegado. Es un hombre de colmillo curtido en estas lides, de los que conocen el terreno antes de pisarlo, de los que saben que en política las iniciativas no solo se leen en tribuna: se leen entre líneas, se leen hacia adelante y se leen en los periódicos del día siguiente.
Entonces, la pregunta que no me puedo quitar de encima es ¿qué no vieron o qué no estamos viendo?
No importa la respuesta, el resultado es el mismo: la iniciativa, incluso si no se aprueba, pone al Estado, al Partido Verde y al gobernador en el centro de la diana.
Lo de menos es el debate jurídico que venga. Lo grave es el desgaste político innecesario, ese que no se lo va a cargar el legislativo.
¿De qué vale que los números les den ventaja de más de 20 puntos a un proyecto si parece —sea o no sea cierto— que ese proyecto quiere deshacerse a cualquier costo de sus rivales?
Primero la mal llamada Ley Esposa que tuvo que vetarse, y ahora esto, que seguro pronto van a llamar algo como “Ley Mártires”, “Ley Palomeo”, o la peor: “Ley Miedo”. Hagan sus apuestas.
¿Qué necesidad de impulsar algo que se parece a un discrecional “tu entras, tu no”?
Es entonces que uno se pregunta, y lo digo con genuina preocupación y sin ánimo de ofender a nadie: ¿Qué no hay ya quién se atreva a decirle al mandatario lo que se ve desde afuera, o a darle siquiera un análisis básico de cálculo?
No es que el ejecutivo tenga que conocer las iniciativas del legislativo pero…de verdad su amigo el diputado Héctor Serrano, no por obligación, sino por cortesía y confianza ¿no intercambió ideas con Ricardo antes de presentar la iniciativa?
A veces el mejor favor que le puede hacer alguien a un amigo es decirle: hermano, ¿para qué?
Los ciudadanos potosinos no somos niños. Sabemos quién tiene cola que le pisen. No necesitamos polígrafo para detectarlo: ellos mismos se delatan. No necesitamos análisis socioeconómico: ellos mismos lo presumen.
Para ya irme dejo esto aquí para quien lo quiera y me retiro despacito: Háganse un favor, no autogeneren oposición innecesaria a un movimiento que tanto ha transformado este estado. A veces lo que parece una idea brillante puede ser un error estratégico y la mejor arma del contrincante.
Si hubiera diputados mala onda, mala leche, o maquiavélicos…hasta lo aprobarían de inmediato, ganarían 2×1. Lo bueno es que no los hay.
Hasta la próxima. Yo soy Jorge Saldaña.
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Guerra de nóminas: Está en juego juicio político contra Galindo o pérdida de curul de Gámez
El cruce de acusaciones entre el alcalde Enrique Galindo y el presidente de la mesa directiva del congreso local en San Luis Potosí, diputado Luis Fernando Gámez, abrió dos rutas legales: una revisión a contratos municipales por honorarios y una posible causal de pérdida del cargo legislativo
Por: Haniel Valdés
El conflicto político entre el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y el diputado local Luis Fernando Gámez Macías escaló de las declaraciones públicas a un terreno jurídico de mayores consecuencias. Mientras Gámez amagó con promover juicio político contra el presidente municipal por la contratación de Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal en funciones del PAN, Galindo respondió con un señalamiento que, de comprobarse, tendría efectos directos sobre el legislador: la posible pérdida de su curul si actualmente cobrara también en el Gobierno del Estado.
El intercambio dejó dos preguntas legales abiertas. La primera, si el Ayuntamiento capitalino puede pagar honorarios a Dahud Uresti sin que ello implique uso indebido de recursos públicos con fines partidistas. La segunda, si Gámez Macías mantiene o mantuvo simultáneamente un cargo remunerado en la Secretaría General de Gobierno después de haber rendido protesta como diputado local.
El caso de Dahud Uresti se hizo público el lunes, cuando el dirigente panista fue cuestionado por la periodista Ana Dora Cabrera, en conferencia de prensa sobre una posible relación contractual con el Ayuntamiento. Ante la pregunta, remitió a la comunicadora a los mecanismos de transparencia. Un día después, Galindo confirmó que Dahud sí cobra en la administración municipal.
“Sí, Enrique cobra en el Ayuntamiento, no es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función con un contrato de honorarios”, declaró el alcalde. Diversas fuentes ubican el pago en aproximadamente 28 mil pesos mensuales.
La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí no prohíbe expresamente que un ayuntamiento contrate a un dirigente partidista. Sin embargo, el artículo 32, fracción VI, establece que los ayuntamientos no pueden “autorizar o destinar recursos humanos y partidas para el financiamiento de campañas políticas de partidos o candidatos” lo que no es el caso pues no hay campaña en el PAN ni Dahud es candidato.
En reacción, Gámez Macías anunció que solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado una revisión especial de las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Además, adelantó que presentará denuncias ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En ese mismo contexto, advirtió que podría impulsar un juicio político contra Galindo por el presunto uso irregular de recursos públicos.
Galindo, por su parte, sostuvo que puede acreditar la función que desempeña Dahud dentro de la administración municipal y respondió con un señalamiento contra el diputado. El alcalde afirmó que registros de transparencia ubican a Gámez como director general en la Secretaría General de Gobierno, con un sueldo cercano a los 32 mil pesos mensuales
La consecuencia jurídica de ese supuesto sería mayor para el legislador. El artículo 49 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí prohíbe que los diputados desempeñen, sin licencia del Congreso, cargos o empleos remunerados en los gobiernos federal, estatal o municipal. La propia norma establece que la infracción se castiga con la pérdida del cargo.
Documentos atribuidos a la Secretaría General de Gobierno, citados por medios potosinos señalan que Gámez presentó renuncia voluntaria e irrevocable al cargo el 29 de febrero de 2024, con efectos a partir del 1 de marzo de ese año. Es decir, más de seis meses antes de asumir como diputado local.
Los documentos referidos incluyen un aviso de suspensión de pago y un movimiento de personal con folio SGG/127/2024. No obstante, también existe un documento atribuido a la CEGAIP actualizado al 30 de agosto del presente año en el que aparece el nombre del legislador como Director de área en la SGG.
Tanto el contrato de Dahud como el expediente de personal de Gámez pueden solicitarse por la vía de transparencia, pero la Plataforma Estatal de Transparencia permanece suspendida desde el 5 de octubre debido a trabajos de actualización y adecuación, según informó la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública a través de sus redes sociales 8 días después.
La CEGAIP prevé reanudar el sistema el 19 de octubre. Mientras tanto, los registros de honorarios del Ayuntamiento capitalino y los datos de personal de la Secretaría General de Gobierno no pueden consultarse en esa plataforma.
En juego está la amenaza de juicio político contra el alcalde o la pérdida de la curul por parte de Gámez.
También lee: Galindo revira a Gámez: cobra en Gobierno y Congreso; exige que deje la Directiva
El diputado de Morena presentó en abril la reforma que obligaría a los ayuntamientos a incluir una partida anual para los bomberos
Por: Haniel Valdés
El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel dijo que su iniciativa para obligar a los municipios a destinar dinero a los bomberos sigue en comisiones, unos seis meses después de que la presentó. La propuesta, de abril, reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre para que los 59 ayuntamientos incluyan una partida anual para los cuerpos de bomberos.
Explicó que la iniciativa, que dijo tiene el visto bueno del comandante Adolfo Benavente Duque y de los bomberos, obliga a los municipios a incluir ese monto en el paquete económico que envían al Congreso y a visitar las estaciones para hacer un inventario de sus deficiencias.
Rosas Montiel dijo que el problema no es solo de la zona metropolitana, sino también de Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde. “No es posible que ni siquiera pongan para la gasolina, muchos de ellos”, afirmó.
Según sus cifras, el cuerpo de bomberos metropolitano tiene un déficit de 38 millones de pesos. Afirmó que, de los nueve municipios a los que da servicio, solo uno aporta, y que de las ocho estaciones únicamente cuatro están en servicio.
El patronato de los bomberos señaló otra cuenta: recibe 1.85 millones de pesos al mes del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de la capital y Soledad, y opera con un déficit mensual de 800 mil a 900 mil pesos. Dijo también que solo cuatro estaciones abren las 24 horas y que otras lo hacen “un día sí y un día no”.
El diputado aseguró que el último camión nuevo que se donó a los bomberos de la zona metropolitana fue en el año 2000, hace 26 años. Dijo además que los trajes de protección son donados desde Estados Unidos y que los bomberos le han comentado que entran a los incendios sin saber si tienen algún químico que los haga prenderse.
Sobre el avance de la iniciativa, señaló que está en la Comisión de Régimen Interno, que dijo que preside Rubén Guajardo, y que hay que hacer el cabildeo. “Estaré dándole seguimiento como a todas las iniciativas que tengo”, afirmó.
También lee: Bomberos atienden a nueve municipios, pero sólo dos les pagan
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Diputados modifican las reglas del Impuesto Sobre la Renta para pequeños contribuyentes y grandes empresas
El ajuste amplía el techo del régimen simplificado y acota los gastos deducibles de las corporaciones
Por: Roberto Mendoza
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 349 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención, el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para reformar el cobro del Impuesto Sobre la Renta. Durante la presentación del documento, Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, resumió el objetivo de los controles incorporados: “Se combate el uso indebido de facturas y deducciones”.
Para el sector de menores ingresos, el ajuste permite que profesionistas, arrendadores y dueños de micronegocios que perciban hasta cinco millones de pesos al año —un millón y medio más que el tope previo— tributen en el Régimen Simplificado de Confianza con una tasa máxima mensual del 2.50 por ciento. El esquema se extiende además a negocios que facturen hasta 50 millones de pesos anuales, y los productores del campo y la pesca quedan exentos de impuestos hasta por un millón de pesos.
Por el contrario, a las compañías con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales se les restringe el porcentaje de gastos operativos y de pérdidas de años anteriores que pueden descontar. También se reduce del 30 al 20 por ciento
Respecto a estos candados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que aplicar un límite generalizado, en vez de detectar individualmente las facturas improcedentes, posterga las deducciones excedentes hasta por veinte años e incrementa el pago inmediato del impuesto para las industrias manufactureras y comerciales que operan con márgenes de utilidad reducidos.
La reforma también fija en la ley, con vigencia hasta 2030, incentivos fiscales para descontar de inmediato las inversiones y los gastos en capacitación e innovación dentro del Plan México y en los corredores industriales del Istmo de Tehuantepec, Yucatán y de economía circular. Con estas medidas, el Gobierno Federal proyecta simplificar el pago de contribuciones, frenar a las empresas factureras y captar mayores recursos para programas sociales y obras de infraestructura.
Lee también: Hacienda defiende ante diputados el Paquete Económico 2027
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