Aranzazú Puente destacó las acciones que el presidente de la capital ha implementado en los primeros doce meses de gestión

Por: Redacción

Aranzazu Puente Bustindui, diputada local y presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, reconoció el trabajo realizado por Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de la capital potosina, a un año de iniciar su administración, y destacó que el edil municipal ha evidenciado la transformación de la ciudad a través de la inversión realizada para el mantenimiento de las calles y avenidas, para beneficio de las familias potosinas.

“Hemos visto cambios en infraestructuras, en vialidades, se ha tenido ese acercamiento con la ciudadanía por medio del programa ‘Ponte las Pilas’, y sabemos que hay muchos retos por enfrentar y vamos a estar desde el Congreso del Estado apoyando para que se logren y que se pueda llegar a buen puerto” comentó la diputada.

Puente Bustindui señaló que el Poder Legislativo apoyará a las gestiones y trabajo que se realice desde el ámbito municipal, ya que el objetivo común serán los beneficios para la población en acciones y programas

La legisladora, que preside la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, indicó que se trabajará junto con los ayuntamientos en el fortalecimiento de sus iniciativas de Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.

“Esta pronto por llegar el momento que presenten la ley de ingresos los municipios, nosotros vamos a estar apoyando a los municipios para respaldar la economía y que puedan hacer obras, pero también vamos a hacer un estudio profundo para que no se afecten los bolsillos de las familias”, mencionó.

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Antonio Lorca presentó al Congreso del Estado la reforma al Código Penal para ascender a “robo calificado” el hurto de materiales para la prestación de servicios públicos o privados

Por: Redacción

Antonio Lorca Valle, diputado local del Congreso del Estado presentó una reforma al artículo 218 en su fracción XII y su párrafo penúltimo, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para establecer como robo calificado, el apoderamiento de cable de cobre, aluminio, acero, níquel, o cualquier otro material que conduzca energía eléctrica, agua, gas, o fibra óptica y que estén destinados a la prestación de un servicio público o privado. Misma que fue aprobada por el propio congreso local a petición de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado.

El legislador mencionó que ambas propuestas coinciden en la importancia de aumentar la protección de la infraestructura del estado, por medio del aumento de las penas aplicables, con la tipificación como robo calificado del apoderamiento de elementos de esta infraestructura de servicios.

“Las consecuencias de estas conductas tienen amplias repercusiones negativas para la vida diaria, la productividad y el ejercicio de los derechos por parte de la población

Lorca señaló que los robos y daños de estos elementos, afectan gravemente las actividades productivas del sector público y del sector privado, ya que en la actualidad muchas acciones necesitan esa tecnología, “desde las operaciones bancarias, hasta los accesos a las bases de datos para realizar cualquier trámite en una dependencia pública, por lo que las consecuencias de estas conductas tienen amplias repercusiones negativas”.

El instrumento legislativo busca proteger la provisión de servicios tanto públicos y privados y con ello el interés general, así que de forma específica se contribuye a esos propósitos señalando también la necesidad de proteger la infraestructura de telecomunicaciones, desde una perspectiva de derechos”.

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La propuesta contemplará las opiniones de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, además de personas con discapacidad

Por: Redacción

El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por mayoría de 26 votos a favor y uno en contra en lo general y en lo particular el Decreto que expide la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, que incorpora las opiniones y propuestas recabadas en foros y consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, así como personas con discapacidad.

La aprobación de esta nueva ley, eliminará la figura de alianza partidaria, sin embargo se mantendrán las coaliciones partidarias, y por la parte de la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, los partidos políticos deberán de obtener al menos el 3.7% de la votación emitida.

La nueva ley electoral contemplará acciones a favor de personas indígenas y un mecanismo para su integración en el Congreso del Estado. Para la próxima legislatura tendrá que haber un diputado indígena, así como otros esquemas de inclusión de grupos vulnerables. También establece un esquema de participación en los cabildos y en las listas de representación proporcional para jóvenes y personas con discapacidad, personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y personas de la comunidad LGBTTTIQA+.

El esquema de tiempos de camapaña, establece la disminución para Gobernador, y pasará de 90 a 60 días, mientras que para campañas de diputados locales y ayuntamientos, pasará de 60 a 40 días. La autoinscripción calificada determinará junto con los pueblos y comunidades indígenas cuáles son los requisitos que deberá cumplir un candidato Indígenas para poder acreditar su autoinscripción.

La nueva ley plantea la declaración “3 de 3” desde que son candidatos, y no solo cuando lleguen al cargo. Se mejorará el esquema de desarrollo cuando se presenten situaciones de violencia política en razón de género, mecanismos más eficaces para garantizar que se salvaguarden los derechos de las mujeres.

Ramón Torres García, diputado local, presentó una reserva al artículo 265 de la Ley Electoral del Estado, y señaló que se dejó fuera de las acciones afirmativas a los migrantes, por ello presentó una propuesta para que en la lista de candidatos a diputadas y diputados se incluya a una persona migrantes con residencia binacional. Sin embargo esta propuesta fue rechazada por 19 votos en contra y 7 a favor.

Bernarda Reyes Hernández, diputada local, presentó una reserva al artículo 271 de la Ley Electoral del Estado, y señaló que se pudiera ampliar de uno a dos los distritos locales con candidaturas indígenas, por lo que presentó una propuesta para que se establezca que los partidos políticos o coaliciones con derecho a participar en las elecciones estatales deberán registrar en por los menos dos distritos electorales con población igual o mayor al 60% de población indígena. Sin embargo la propuesta fue rechazada por 15 votos en contra, 9 a favor y dos abstenciones.

El congreso local dio por cumplido con lo establecido en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que había declarado, el pasado 5 de octubre de 2020, la invalidez de la Ley Electoral aprobada por la pasada Legislatura.

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