Los legisladores discutieron sobre la corrupción durante los sexenios de Calderón y Fox, el caso García Luna y la violencia con Marcelo de los Santos

Por: Redacción

Luego de que Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal, haya sido declarado culpable por cuatro cargos por narcotráfico y uno por falsedad de declaraciones, se generó una discusión entre Rubén Guajardo, Juan Francisco Aguilar y Liliana Guadalupe Flores, diputados del PAN, y Cuauhtli Fernando Badillo y Antonio Lorca, de Morena, en la sesión ordinaria del Congreso de San Luis Potosí de este 23 de febrero. También se sumaron los legisladores del Partido Verde y Partido del Trabajo, José Luis Fernández y Rene Oyarvide.

Las hostilidades comenzaron cuando Cuauhtli Badillo recriminó la corrupción en los sexenios calderonista y foxista durante un pronunciamiento de asuntos generales. A lo que Rubén Guajardo y Juan Francisco Aguilar, revelaron que Alejandro Gertz Manero, el actual fiscal general, fue secretario de seguridad pública federal con Vicente Fox y colaboró con García Luna; además que la actual administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, reporta mayor número de homicidios dolosos

, en comparación con los gobiernos anteriores.

José Luis Fernández Martínez, del Partido Verde, realizó un recuento de hechos delictivos, derivado de que Marcelo de los Santos Fraga, ex gobernador panista, “entregó” la seguridad a García Luna. Mientras que René Oyarvide, del PT, agregó más asesinatos de policías y ciudadanos durante el sexenio marcelista, así como imponer a una “legión extranjera” de funcionarios de seguridad pública.

Antonio Lorca Valle, de Morena y Liliana Guadalupe Flores Almazán, del PAN, añadieron otras “culpas” de ambos bandos a la discusión.

Guajardo Barrera, en defensa del ex gobernador, adelantó que De los Santos Fraga podría aparecer en las boletas del proceso electoral 2024, porque no se encuentra inhabilitado de la función pública.

También lee: “SLP, Soledad y Villa de Reyes impulsan la transformación industrial del estado”: Valladares

La iniciativa del diputado Edmundo Torrescano pretende que los aspirantes se separen de su cargo 45 días antes de la elección

Por: Redacción

La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de San Luis Potosí, aprobó la iniciativa para reformar el artículo 48 de la Constitución Política del Estado, para establecer como requisito para los diputados locales que pretendan reelegirse en el cargo, el solicitar licencia al mismo, 45 días antes de la elección.

Edmundo Torrescano Medina, diputado local y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que con esto se empatarán los tiempos con lo establecido en la Ley Electoral, que indica una reducción en el tiempo de campañas a diputados locales en 40 días, antes de la elección.

“Quien se quiera reelegir tiene que pedir la separación del cargo a diputado local, para el próximo proceso electoral, en el ánimo que no tengamos algún manejo de recursos o exposición y con esto, los procesos sean con mayor equidad; son 45 días, hay que recordar que redujimos las campañas a 40 días, pero hay que recordar que hay veda electoral de 3 días, más el día del proceso electoral y el día que surte efecto la licencia, por eso se establecieron 45 días”, mencionó Torrescano.

La misma comisión aprobó también la iniciativa para reformar el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, con la cual se establece la denominación correcta de diputado independiente, siendo éste el que participaron como candidatos independientes en la elección; y diputado sin partido, a quienes se separan de su grupo parlamentario durante la Legislatura.

“Teníamos una laguna, porque quien renunciaba a un Grupo Parlamentario quedaban como diputados independientes, y en realidad el término ahora va a ser es diputado sin partido porque ya tenemos la figura de diputados independientes,

para que no hubiera confusión de cual era independiente porque había renunciado y cual era independiente porque llegó por la vía independiente a la curul, damos claridad y pasa al Pleno”.

Torrescano Medina dio a conocer que también se acordó continuar con el análisis de la iniciativa que propone reformar el artículo 40 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. Reformar la fracción IV del artículo 4 de la Ley Orgánica del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí. Y reformar la fracción II del artículo 20; y adicionar el artículo 20 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí, en relación a las multas económicas que, por sanciones a partidos políticos, son entregadas al COPOCYT para el desarrollo de acciones en materia de ciencia, tecnología, e innovación.

“Es sobre las multas de los partidos políticos que se entrega al COPOCYT que se integra una bolsa para desarrollar temas de tecnología e investigación, uno de los temas que se revisó es el mecanismo de cómo se integra el Comité Técnico que se encarga de decidir cuáles son los trabajos de investigación y a quién serán asignados, quedamos pendientes de una propuesta del COPOCYT para integrarla”, finalizó.

También lee: Ricardo Gallardo entregó apoyos a productores agropecuarios en el Altiplano

Con esta medida se pretende frenar la violencia económica que se comete contra menores de edad

Por: Ana G Silva

En noviembre de 2022, el Congreso del Estado aprobó reformas a la legislación estatal para crear el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, en el que se creará un mecanismo que coadyuve con la fuerza de la ley al cumplimiento de las obligaciones alimentarias, dicha iniciativa entrará en vigor este 22 de febrero. La Orquesta conversó con la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández (Morena), que fue quien presentó la propuesta, para conocer más detalles al respecto.

La legisladora dijo que el Poder Judicial del Estado será quien sea el encargado de publicar el padrón, en el cual se registrará mediante mandato de autoridad judicial, a aquellas personas que incumplan con las obligaciones de proporcionar alimentos, ya sea provisorios o definitivos, fijados u homologados por sentencia firme.

El listado incluirá el nombre y apellidos completos del deudor alimentario moroso, así como la Clave Única del Registro de Población (CURP); las iniciales del nombre del acreedor o acreedores alimentarios; datos del acta que acredite el vínculo entre deudor y acreedor alimentario; cantidad del adeudo alimentario a la fecha de su inscripción, o, en su caso, el número de meses de incumplimiento y Juzgado Familiar que ordena la inscripción y el número de expediente.

La congresista mencionó que dicho padrón es de personas deudoras, es decir que esto no solo será para hombres, si no también para mujeres que incumplan con la obligación de proporcionar alimentos.

Lidia Vargas señaló que la creación del Padrón de Deudores Alimentarios Morosos, tendrá dos enfoques para hacer cumplir con los alimentos: el primero es el social, pues si una persona se encuentra inscrito en el mismo sentirá la necesidad de pagar su obligación con tal de eliminar su registro, tal como sucede con las Instituciones Bancarias con el conocido “buró de crédito”; y, el segundo enfoque, es el jurídico, ya que es más sencillo para las autoridades jurisdiccionales verificar las determinaciones que se emitan en el tema alimentario.

La diputada explicó que habrá de inscribir a aquellas personas que dejen de cumplir con sus obligaciones alimentarias por más de 60 días, y el deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido pagados en su totalidad los adeudos alimentarios, podrá solicitar al mismo la baja del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La iniciativa también puntualiza que el juez de lo familiar que ordene la inscripción en el Padrón Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, solicitará al mismo tiempo al Registro Público de la Propiedad la búsqueda de inscripciones de bienes a nombre del deudor alimentario moroso, de existir realizará la anotación preventiva de la orden judicial. El Registro Público de la Propiedad deberá informar al juez de lo familiar si se encontraron bienes y si fue procedente la anotación, la cual surtirá efectos de embargo precautorio.

La inscripción en el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, tendrá como efecto: constituir prueba plena en el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y garantizar la preferencia en el pago de adeudos alimentarios.

También lee: San Luis Potosí a la baja en homicidios