noviembre 13, 2025

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A 13 años, la guerra contra el narco sigue costando sangre en SLP

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guerra contra el narco

El número de homicidios en el estado sería 82 por ciento menor de no haber existido la guerra contra el narco, según Semáforo Delictivo

Por: Redacción

Si no se hubiera realizado la guerra contra el narcotráfico, la fallida estrategia del gobierno federal de Felipe Calderón, con la que intentó restar poder al crimen organizado, los homicidios dolosos en San Luis Potosí durante el año pasado se hubieran reducido en un 82 por ciento, de acuerdo a una proyección realizada por la organización Semáforo Delictivo.

Durante 2018, el número de homicidios dolosos en la entidad fue de 457 asesinatos. Según la proyección realizada por Semáforo Delictivo, el número de homicidios dolosos para San Luis Potosí, de no haber existido la guerra contra el narco, habría sido de 82 solamente.

Para el año 2019, en total, en el estado han ocurrido 368 homicidios dolosos hasta el mes de octubre. De mantenerse la misma tendencia en el número de ejecuciones que realizó el crimen organizado este año, la cifra de homicidios dolosos en los primeros 10 meses del año sería de 66.

La guerra contra el narco inició en los primeros días del gobierno de Felipe Calderón, el 11 de diciembre de 2006.  Un par de años después, en diciembre de 2008, la Presidencia de Calderón firmó la Iniciativa Mérida, un acuerdo de cooperación y reconocimiento de las responsabilidades compartidas entre México, Estados Unidos y algunos países centroamericanos, con el fin de contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas, según menciona un documento de la Embajada de Estados Unidos en México.

La firma del Plan Mérida, en diciembre de 2008 entre los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush, trabaja en cuatro pilares fundamentales: Afectar la capacidad operativa del crimen organizado, Institucionalizar la capacidad de mantener el Estado de derecho, Crear la estructura fronteriza del siglo XXI y Construir comunidades fuertes y resilientes; según dice el documento de la Embajada de Estados Unidos.

En cambio, para Semáforo Delictivo, el Plan Mérida ha causado un efecto negativo, que después llevó a nuevas etapas de la violencia en México.

El secretario de Seguridad de Calderón, detenido

Genaro García Luna, quien ocupó la Secretaría de Seguridad Pública de 2006 a 2012, fue detenido el lunes pasado en Texas, de acuerdo con diversos reportes periodísticos.

«@ProPublica se enteró de que el ex Ministro de Seguridad de México, Genaro García Luna, fue acusado de corrupción en Nueva York y arrestado en Grapevine, Tx. La fuente dice que

García Luna tenía ‘todo tipo de fotos con funcionarios estadounidenses en su modesto dormitorio’», escribió el periodista Ginger Thompson en sus redes sociales. 

Detalló que el arresto se produjo como parte de una amplia investigación sobre la corrupción mexicana, tras el juicio contra Joaquín «El Chapo» Guzmán; el exfuncionario fue acusado de aceptar sobornos de cárteles desde 2005, señaló el comunicador.

García Luna desapareció de la escena pública en medio de fuertes cuestionamientos por su participación en la guerra contra el narco, y reapareció en abril de 2018, cuando presentó su libro «Seguridad y Bienestar». 

Jesús Zambada, hermano de «El Mayo» Zambada, dijo durante su testimonio en el juicio contra «El Chapo» que el Cártel de Sinaloa reunió un fondo de 50 millones de dólares para sobornar al entonces Secretario de Seguridad Pública; incluso, aseguró que él mismo le entregó al exfuncionario 3 millones de dólares en un maletín.

Detención de García Luna afectaría al panismo: Rubén Guajardo

“Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario», opinó el diputado local del Partido Acción Nacional, Rubén Guajardo Barrera, respecto a la aprehensión del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, por supuestos nexos con el narcotráfico, al haber cobrado sobornos del crimen organizado.

Guajardo Barrera dijo que «la justicia anglosajona maneja que se debe mantener la presunción de inocencia y pues no me atrevería a hacer una declaración sobre el tema y afectar al panismo», dijo el legislador potosino.

El diputado Rubén Guajardo opinó que cualquier investigación o acto de justicia en contra de un exfuncionario panista afectaría la intención de voto de la ciudadanía en próximas elecciones y comentó que «claro que es una situación mal vista por la ciudadanía, pero yo insistiría en esperar para tener más elementos y un mejor criterio ante lo que pasó».

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Tras sigilosa renuncia de Tere Rivera, diputados preparan madruguete y mañana nombrarían a su remplazo

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Por: Jorge Saldaña

A pesar de las condiciones de secrecía y hermetismo por parte del gobierno de Villa de Pozos y el poder legislativo, se pudo confirmar la presentación de la “renuncia” de Teresa de Jesús Rivera como presidenta concejal del nuevo municipio, situación que contrapone argumentos jurídicos respecto a quién corresponden las facultades para designar a su relevo.

De acuerdo a la Constitución del Estado en su artículo 121, correspondería al Congreso si es que el poder municipal de Pozos hubiera desaparecido o estuviera suspendido.

En contraparte, como no se encuentra en situación ni de desaparecido, ni suspendido el poder municipal, los concejales se apegarían a la Ley Orgánica del Municipio Libre, misma que los faculta a ellos a elegir a una presidenta o presidente sustituto de entre sus miembros.

Los argumentos jurídicos que implica la renuncia se contraponen.

Tras la licencia de la diputada Patricia Aradillas a su curul en la legislatura, aprobada en sesión extraordinaria el martes 11 de noviembre, comenzaron a circular versiones especulativas respecto a que sería ella quien podría relevar a Rivera Acevedo, no obstante ninguna de las partes ha hecho un anuncio oficial al respecto y se carece de certidumbre jurídica que soporte la forma en que se quiere llevar a cabo el relevo del poder municipal.

La tarde de este miércoles, LaOrquesta pudo obtener la imagen de la “renuncia” que se presentó el martes a la Oficialía de partes del Congreso por parte de la aún presidenta concejal, María Teresa Rivera.

En su “renuncia” Rivera Acevedo cita el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, en el que se ampara para presentar su renuncia por motivos personales y que surtiría efecto a partir de que se vote, primero en la comisión de gobernación, y después en el pleno del legislativo.

En el artículo referido se habla de las facultades del congreso para nombrar un nuevo concejo siempre y cuando el poder de un municipio esté “suspendido o desaparecido” y esto haya ocurrido antes de un año del ejercicio del poder municipal.

El texto constitucional no prevé facultades al legislativo para nombrar solo al presidente o presidenta concejal, sino a todo el concejo, y es claro que la autoridad en Villa de Pozos no cumple las condiciones de estar desaparecido ni de estar suspendido.

Entre tanto, y de acuerdo al punto número 5 del orden del día

de la sesión de gobernación convocada para mañana jueves 13 de noviembre, firmado por el presidente de la mencionada comisión, Héctor Serrano, y filtrado a medios de manera discrecional, se plantea en el mismo la discusión y en su caso aprobación de la solicitud de renuncia de Rivera Acevedo y en el mismo punto se prevé la designación de una nueva o nuevo concejal presidente.

Por otro lado, miembros del concejo han convocado a una rueda de prensa para mañana a las 11 de la mañana, una hora después de que sesione la comisión de gobernación, para plantear una postura.

En exclusiva, se adelantó a este medio que la postura de los concejales es la de apegarse a la Ley Orgánica del Municipio Libre de Villa de Pozos, que contempla que en caso de una ausencia por más de 60 días de la presidenta concejal, es facultad del concejo nombrar a alguno de sus integrantes para que ocupe el cargo.

Juristas consultados al respecto apuntan a que la circunstancia de la renuncia de la presidenta concejal no está prevista en la constitución, pues solo considera facultades de una nueva designación completa del concejo si hubiera desaparecido la autoridad municipal por completo, lo que no es así.

También advirtieron los especialistas que si el congreso interpreta como suyas las facultades para designar nueva presidenta, podría enfrentar una controversia constitucional, pues fue la legislatura la que aprobó la municipalización y con ello, Villa de Pozos es un municipio autónomo, por lo que ningún otro poder podría entrometerse en su gobierno, mismo que debe apegarse a la Ley Orgánica del Municipio Libre; de otra forma, se podría interpretar que el congreso estaría tomando atribuciones que no le corresponden.

Rivera Acevedo asumió el cargo para el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2027.

Seguiremos informando.

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Gallardo liquida deuda con Pensiones

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El gobernador afirmó que se frenaron obras públicas para destinar los recursos al pago

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, aseguró que su administración terminará 2025 con la deuda saldada ante la Dirección de Pensiones del Estado, luego de destinar más de cuatro mil 900 millones de pesos para sanear las finanzas del organismo.

Durante su declaración, el mandatario señaló que el pago representa “un logro muy grande” para su gobierno, ya que se dejaron de realizar diversas obras públicas —incluidos cuatro puentes en la capital potosina— con el objetivo de liquidar los adeudos acumulados por administraciones anteriores.

lo“Le hemos pagado más de cuatro mil 200 millones de pesos. Vamos a cerrar diciembre con casi cuatro mil 960 millones de pesos pagados a Pensiones. Ya con eso quedamos en ceros”, afirmó.

Gallardo Cardona insistió en que la deuda fue producto de la llamada “Maldita Herencia”, en referencia a gobiernos pasados que, dijo, actuaron de manera irresponsable con los recursos del sistema de pensiones.

“Nos apretamos el cinturón. Teníamos cuatro puentes muy grandes que íbamos a hacer en la capital y los tuvimos que frenar para darle el dinero a Pensiones. (…) Ya de aquí en adelante, los gobiernos lo que tienen que cuidar es no volver a cometer la pendejada que cometieron de endeudar pensiones.”

El mandatario adelantó que el próximo año su administración se enfocará nuevamente en la ejecución de obras públicas, luego de haber “puesto al corriente” las finanzas de Pensiones.

Gallardo también adelantó que la Dirección de Pensiones será reestructurada y reforzada con nuevos mecanismos de control, para evitar que vuelva a generarse un déficit financiero.

Afirmó que en administraciones pasadas existió un manejo irregular de préstamos internos, principalmente por parte de sindicatos que permitieron el endeudamiento excesivo de los trabajadores.

“Había trabajadores que tenían hasta tres préstamos de 380 mil pesos. Nunca se pagaban, entonces fue un desfalco enorme. Se tiene que renovar y poner candados para que no vuelva a pasar”, comentó.

Finalmente, señaló que, a partir de 2026, el gobierno estatal únicamente realizará las aportaciones patronales, las cuales superan los 2 mil millones de pesos anuales, mientras se consolida la reestructuración del sistema.

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Arrastran a un perro con una pipa en Santa María del Río

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Ciudadanos piden al Ayuntamiento sancionar a los responsables y prevenir nuevos casos

Por: Redacción

Una denuncia ciudadana en redes sociales generó indignación en Santa María del Río, luego de que una persona reportara que un conductor arrastraba a un perro amarrado a una pipa mientras circulaba por calles del municipio.

A través de Facebook, la usuaria compartió un video y un mensaje dirigido al Ayuntamiento de Santa María del Río y a la alcaldesa Isis Díaz, exigiendo que se sancione a los responsables y se ponga fin a este tipo de actos de crueldad animal.

“Traía un perrito amarrado atrás de su pipa y lo llevaba arrastrando. Cuando dio vuelta le dio más fuerte (…) sí necesitamos que estas acciones sean sancionadas, porque no es la primera ocasión que sucede; pero sí queremos que sea la última”, denunció.

La publicación se viralizó rápidamente, generando decenas de comentarios de usuarios que exigieron la intervención de las autoridades municipales y de Protección Animal, para identificar y sancionar al conductor de la unidad.

La denunciante también subrayó la diferencia moral entre humanos y animales, recordando que el ser humano “tiene conciencia y decisión sobre lo que hace”.

Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Santa María del Río ni la Fiscalía General del Estado han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.

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