abril 30, 2024

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10 potosinas fueron investigadas y juzgadas por abortar en el último año

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Legalizar la interrupción del embarazo es uno de los temas más polémicos que enfrenta el Congreso del Estado

Por: El Saxofón

En 2018, al menos 27 potosinas viajaron a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un derecho que las leyes locales le niegan a las mujeres en el estado y que el marco legal de la capital del país garantiza en sus clínicas públicas y privadas.

En contraste, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 10 carpetas de investigación contra igual número de mujeres por el delito de aborto, ya que en San Luis Potosí las leyes protegen la vida “desde la concepción” y consideran la interrupción del embarazo un delito que debe ser sancionado con una pena de uno a tres años de cárcel.

De abril de 2007 al 19 de diciembre de 2018, 167 potosinas han viajado a la capital del país para interrumpir un embarazo sin arriesgar su integridad y, además, sin violentar la ley, según la Información sobre pacientes atendidos en servicios de ILE en la Ciudad de México, que publica el gobierno de la capital del país.

Quienes defienden la ILE como un derecho, basan sus argumentos en el hecho de que las personas, en este caso las mujeres son dueñas de su propio cuerpo, y nadie puede decidir qué hacer con éste.

También se basan en la libertad de decidir formar o no, una familia y este aspecto también es una decisión personal, que tiene implicaciones en el cambio de rumbo de los planes a futuro.

Es un hecho que un embarazo no deseado frena las posibilidades de desarrollo personal de las mujeres.

Quienes están en contra, normalmente sostienen sus opiniones en prejuicios y consideraciones de carácter religioso.

En San Luis Potosí, pese a que la Legislatura local cuenta con 13 mujeres diputadas entre sus integrantes, quienes presumen impulsar una agenda de género, este tema no ha sido abordado, bajo la consideración de que la sociedad potosina es “muy conservadora”, y “no está preparada” para debatir un tema como el aborto legal.

Mientras la ley sigue penalizando a las mujeres que deciden abortar, hay casos en los que incluso las autoridades les han negado el derecho de interrumpir el embarazo a mujeres que reunían los requisitos que contempla la ley local para poder recurrir a esa opción

CASOS SENSIBLES

En noviembre de 2018, la CNDH dirigió la Recomendación 49/2018 al IMSS por dos médicos de la Clínica 1 en San Luis Potosí que violentaron los derechos a la protección a la salud, a la seguridad jurídica y al interés superior de una niña con discapacidad intelectual, y al Fiscal General de esa entidad federativa, Federico Arturo Garza Herrera, por falta de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuible a un Agente del Ministerio Público local.

La madre de la adolescente de 15 años de edad denunció ante la Fiscalía Estatal que su hija fue agredida sexualmente y quedó embarazada, por lo que solicitó al Agente del Ministerio Público decretar la interrupción del embarazo, sin obtener respuesta; la misma petición la realizó en la Clínica 1 del IMSS, donde se le negó el servicio; le dijeron que estaban imposibilitados jurídica y normativamente.

La CNDH acreditó que el primer médico no evaluó los factores de riesgo que concurrían en la niña y representaban una situación de compromiso para su estado de salud, dejándola en estado de vulnerabilidad; un segundo médico determinó indebidamente no invocar la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005, que resultaban favorables a los intereses de la agraviada

, en tanto un Agente del Ministerio Público omitió dar seguimiento a una solicitud que dirigió a la Secretaría de Salud respecto de un informe en el que se estableciera el riesgo que tendría la víctima de practicarle la cirugía.

Constató que el Agente del Ministerio Público también es responsable de la demora en realizar actuaciones procesales; de los 16 meses que lleva en trámite la Carpeta de Investigación, en 13 hay inactividad ministerial; también concurre responsabilidad institucional por la Fiscalía Estatal que repercutió en que la víctima no tuviera acceso a una justicia pronta y expedita, ya que la Unidad de Atención a la Mujer a su cargo no cuenta con personal suficiente e idóneo para atender con la debida diligencia las Carpetas de Investigación.

Este es un caso más en el que la vida de una mujer se ve trastocada por una decisión que otros tomaron por ella.

aborto financieroABORTO FINANCIERO

Pero si las mujeres tienen el derecho a abortar, ¿pueden los hombres también tener el derecho de deslindarse de cualquier responsabilidad en la concepción de un hijo en un embarazo no deseado?

El derecho a la interrupción legal del embarazo para las mujeres ha abierto la discusión acerca de otro tema, el llamado aborto financiero que no es otra cosa sino “el derecho (de los hombres) de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo”.

El portal www.nuevamujer.com narra:

“En 2004 Matt Dubay y Lauren Wells se enfrentaron a la noticia de un embarazo no planeado, ambos habían mantenido una breve relación y se encontraban separados en ese momento, Lauren decidió continuar el embarazo, pero Matt no tenía deseos de convertirse en padre, por lo que se rehusó a mantener una relación con su hijo así como a pagar manutención argumentando que él también debería tener derecho a decidir si quería ser padre o no, esto resultó en uno de los casos legales más controversiales hasta la fecha sobre los derechos reproductivos de los hombres”.

“La defensa de Dubay argumentó que en el caso de un embarazo no planeado, los hombres deberían tener derechos equivalentes a los de las mujeres, quienes pueden decidir no convertirse en madres a través de un aborto. En este supuesto, los hombres tendrían el derecho de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo, esto fue referido por Frances Goldscheider de la Universidad de Brown como aborto financiero”.

En una entrevista, Dubay declaró:

“No creo que sea justo obligarme a ser padre financieramente, mentalmente y físicamente.”

Desde luego, discutir esta posibilidad en los derechos reproductivos de los hombres no será posible en tanto no se garantice a las mujeres el derecho de interrumpir un embarazo sin ser sujetos de delito.

Queda por ver si se cumplirá la promesa del actual gobierno federal de impulsar la legalización del aborto en todo el país.

 

+SOLO

“Lo que me parece muy grave es que mujeres estén siendo procesadas en estas circunstancias, (…) lo que no puede ser es que se castigue a unos y a los que de verdad cometen delitos brutales sigan en la calle”.
—Claudia Corichi García, exdiputada federal.


También lea: Presidenta del DIF en SLP, a favor de la despenalización del aborto

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Tribunal Electoral a punto de tumbar a Verónica Rodríguez y David Azuara como candidatos

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Se espera que el Comité Estatal presente la copia del acta o en su caso, acepte que de manera arbitraria

Por: Jorge Saldaña

 

La sentencia del Tribunal Electoral de la sala de Monterrey con número 121 del 2024, obligó a entregar un acta de asamblea que de existir, invalidaría las candidaturas de Verónica Rodríguez al senado de la república e indirectamente a David Azuara al quinto distrito federal. De no existir el documento, el resultado sería el mismo.

 

El 22 de enero del 2024 la Sesión Permanente del Partido Acción Nacional se reunió con el fin de elegir a sus candidatos rumbo al proceso electoral, sin embargo, por omitir generar, o al menos presentar el acta de dicha asamblea, se pone en riesgo inminente la candidatura al senado de la república de Verónica Rodríguez y David Azuara Zúñiga, la primera por no haber sido puesta a votación y al segundo por haber perdido con votos su designación.

Al no existir evidencia “coherente y fundada” , como dicta la sentencia del Tribunal, de la forma en que se designaron como candidatos al senado y quinto distrito federal respectivamente, la próxima resolución podría dejar fuera de la contienda a los ya mencionados.

Durante la sesión de ese 22 de enero, los panistas con derecho a voz y voto, eligieron a sus candidatos a los puestos federales, mismos que arrojaron un triunfo, en el caso del quinto distrito, a favor de Santiago Zamanillo, que ganó a José Antonio Zapata Meraz y otros.

 

No obstante, en una decisión en la ciudad de México, se designó, sin mayor explicación ni siquiera a quien quedó en segundo lugar (Jose Antonio Zapata) sino a quien buscaba de origen la alcaldía capitalina, es decir, David Azuara Zúñiga.

Aún con el triunfo validado con votos, por parte de Zamanillo, la Comisión Nacional designó al candidato perdedor de la votación interna, es decir, a David Azuara como su abanderado.

 

En el caso de Verónica Rodriguez, la sesión omitió la votación y se prefirió enviar a la Comisión Nacional la decisión para la designación de la candidata, misma que se jugó entre la hoy abanderada y la empresaria Imelda Elizalde, candidata ciudadana que fue invitada a participar como parte del llamado “Consejo Empresarial Potosino”.

 

Al no haber existido siquiera una votación al respecto de la fórmula al senado, la empresaria potosina impugnó ante el tribunal local y ahora federal, sus derechos político electorales.

 

En este momento, y a punto de que el tribunal resuelva, dicho recurso puede resolver que se realice de nuevo la asamblea o de plano declarar como inválida la candidatura al senado de Verónica Rodríguez.

 

En el caso de David Azuara, que también fue impugnado en su momento, el mismo documento de la sesión bastaría para reponer el proceso, que fue ganado inicialmente y por votos de los panistas convocados por Santiago Zamanillo.

 

El acta de la sesión ha sido negada, como consta por diversos oficios, en diversas ocasiones tanto por el Comité Estatal como el Comité Nacional, documento imprescindible para dar validez a la designación de las candidaturas.

 

El documento, de existir y ser presentado (mismo que ya fue solicitado por transparencia por este medio) convalidaría que se violaron los derechos políticos de la ciudadana Imelda Elizalde, al grado que uno de los jueces de la sala del Tribunal colegiado de Monterrey, advirtió que merece al menos, una explicación respecto a la negativa de su candidatura.

 

En cualquier caso, si el Comité potosino resuelve entregar acta de la asamblea, o acepta su inexistencia, la candidata Verónica Rodríguez podría perder su calidad de abanderada en fórmula al senado y con un recurso de jurisprudencia, Santiago Zamanillo podría solicitar de forma económica se respeten sus derechos por la misma causa y exigir sea repuesto el proceso que ganó para ser el candidato al quinto distrito federal con cabecera en la capital potosina.

 

El recurso, así como la resolución y hasta el voto del magistrado que hace ver la omisión, se encuentra de manera pública en los estrados del Tribunal Electoral de la federación de la sala en Monterrey con número JDC121/2024 en dos expedientes.

 

Se espera que el Comité Estatal presente la copia del acta o en su caso, acepte que de manera arbitraria se designaron a los candidatos en cuestión, situación que los dejaría fuera de la contienda.

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Alito Moreno habría realizado desvío de recursos en el PRI de SLP

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El dirigente nacional del partido tricolor es acusado de ofrecer supuestos cursos de capacitación a través de consultoras

Por: Redacción

Montserrat Arcos Velázquez, ex dirigente nacional de las mujeres priistas y actual diputada federal, denunció a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto desvío de 32 millones de pesos a través de consultoras que ofrecían supuestos cursos de capacitación, en el que el instituto político en San Luis Potosí estaría involucrado.

De acuerdo con información de Pulso, el PRI potosino realizó pagos entre agosto y diciembre de 2023, en 14 movimientos registrados en la Plataforma Estatal de Transparencia, por 2.7 millones de pesos a una consultora Integra Estrategias Globales SC por cursos de capacitación, talleres y publicaciones, acciones que entran en el esquema de presuntos desvíos por parte del dirigente nacional del partido.

Sara Rocha Medina, dirigente estatal del PRI, saldó tres contratos signados el 7 de julio del año pasado al Román Manuel CEN Romero, apoderado legal de la empresa q

ue proporcionaría distintos servicios que sumaron un millón 896 mil 400 pesos. Sin embargo, en los reportes de cheques mensuales entre agosto y diciembre hay 14 movimientos en favor de la consultora, que suman dos millones 784 mil 321 pesos.

De acuerdo con la legisladora federal, Moreno Cárdenas le exigió “un moche” de la bolsa asignada al Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI). Aseguró tener documentos en los que la Secretaría de Finanzas del partido tricolor le ordenaba realizar contratos con determinadas consultoras por 32 millones de pesos para entregarle la mitad al dirigente nacional.

“Me pidieron que aceptara un esquema por medio del cual ellos iban a simular el uso del recurso para quedarse con la mitad de 32 millones de pesos… y en el momento en que me niego, empieza la intimidación”.

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Capital de SLP contará con dos debates a alcaldía

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Ambos se realizarán en el mes de mayo; uno de ellos por el propio órgano electoral y otro por el Consejo Empresarial Potosino

Por: Redacción

Marco Iván Vargas Cuéllar, presidente de la Comisión Temporal de Debates del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), dio a conocer que en el marco de la elección de presidencia municipal de la capital potosina, se realizarán dos debates entre las y los aspirantes a dicho cargo, ambos en el mes de mayo.

El funcionario del Ceepac dijo que uno de estos ejercicios será organizado por el propio órgano electoral y se llevará a cabo en la primera quincena de mayo; mientras que otro será organizado por el Consejo Empresarial Potosino, y se realizará en la tercera semana del mismo mes.

“Vamos a ser muy cuidadosos con las fechas, porque tiene que ver con las agendas de los equipos de campaña y a lo que nosotros nos interesa es que las candidaturas participen en el debate”, explicó.

Vargas Cuéllar señaló que además de los debates para distritos locales, se llevarán a cabo 5 debates entre candidatos a presidencias municipales de los cinco ayuntamientos

con mayor número de personas inscritas en la lista nominal –entre ellos, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala– y estarán sujetos a la aprobación del Consejo General del Ceepac.

Además, agregó que estos debates son independientes a los cuatro debates organizados por instituciones externas, y que ya cuentan con la aprobación del Ceepac. Estos se realizarán en Santa María del Río, Tamazunchale, Cárdenas y San Luis Potosí.

Finalmente, Vargas Cuellar recordó que los candidatos no están obligados por la ley a asistir a los debates, ni se impone una sanción a los candidatos que falten a estos eventos. Comentó que la ciudadanía será la que decida qué hacer ante la ausencia de alguno de los aspirantes.

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