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Tribunal Electoral a punto de tumbar a Verónica Rodríguez y David Azuara como candidatos
Se espera que el Comité Estatal presente la copia del acta o en su caso, acepte que de manera arbitraria
Por: Jorge Saldaña
La sentencia del Tribunal Electoral de la sala de Monterrey con número 121 del 2024, obligó a entregar un acta de asamblea que de existir, invalidaría las candidaturas de Verónica Rodríguez al senado de la república e indirectamente a David Azuara al quinto distrito federal. De no existir el documento, el resultado sería el mismo.
El 22 de enero del 2024 la Sesión Permanente del Partido Acción Nacional se reunió con el fin de elegir a sus candidatos rumbo al proceso electoral, sin embargo, por omitir generar, o al menos presentar el acta de dicha asamblea, se pone en riesgo inminente la candidatura al senado de la república de Verónica Rodríguez y David Azuara Zúñiga, la primera por no haber sido puesta a votación y al segundo por haber perdido con votos su designación.
Al no existir evidencia “coherente y fundada” , como dicta la sentencia del Tribunal, de la forma en que se designaron como candidatos al senado y quinto distrito federal respectivamente, la próxima resolución podría dejar fuera de la contienda a los ya mencionados.
Durante la sesión de ese 22 de enero, los panistas con derecho a voz y voto, eligieron a sus candidatos a los puestos federales, mismos que arrojaron un triunfo, en el caso del quinto distrito, a favor de Santiago Zamanillo, que ganó a José Antonio Zapata Meraz y otros.
No obstante, en una decisión en la ciudad de México, se designó, sin mayor explicación ni siquiera a quien quedó en segundo lugar (Jose Antonio Zapata) sino a quien buscaba de origen la alcaldía capitalina, es decir, David Azuara Zúñiga.
Aún con el triunfo validado con votos, por parte de Zamanillo, la Comisión Nacional designó al candidato perdedor de la votación interna, es decir, a David Azuara como su abanderado.
En el caso de Verónica Rodriguez, la sesión omitió la votación y se prefirió enviar a la Comisión Nacional la decisión para la designación de la candidata, misma que se jugó entre la hoy abanderada y la empresaria Imelda Elizalde, candidata ciudadana que fue invitada a participar como parte del llamado “Consejo Empresarial Potosino”.
Al no haber existido siquiera una votación al respecto de la fórmula al senado, la empresaria potosina impugnó ante el tribunal local y ahora federal, sus derechos político electorales.
En este momento, y a punto de que el tribunal resuelva, dicho recurso puede resolver que se realice de nuevo la asamblea o de plano declarar como inválida la candidatura al senado de Verónica Rodríguez.
En el caso de David Azuara, que también fue impugnado en su momento, el mismo documento de la sesión bastaría para reponer el proceso, que fue ganado inicialmente y por votos de los panistas convocados por Santiago Zamanillo.
El acta de la sesión ha sido negada, como consta por diversos oficios, en diversas ocasiones tanto por el Comité Estatal como el Comité Nacional, documento imprescindible para dar validez a la designación de las candidaturas.
El documento, de existir y ser presentado (mismo que ya fue solicitado por transparencia por este medio) convalidaría que se violaron los derechos políticos de la ciudadana Imelda Elizalde, al grado que uno de los jueces de la sala del Tribunal colegiado de Monterrey, advirtió que merece al menos, una explicación respecto a la negativa de su candidatura.
En cualquier caso, si el Comité potosino resuelve entregar acta de la asamblea, o acepta su inexistencia, la candidata Verónica Rodríguez podría perder su calidad de abanderada en fórmula al senado y con un recurso de jurisprudencia, Santiago Zamanillo podría solicitar de forma económica se respeten sus derechos por la misma causa y exigir sea repuesto el proceso que ganó para ser el candidato al quinto distrito federal con cabecera en la capital potosina.
El recurso, así como la resolución y hasta el voto del magistrado que hace ver la omisión, se encuentra de manera pública en los estrados del Tribunal Electoral de la federación de la sala en Monterrey con número JDC121/2024 en dos expedientes.
Se espera que el Comité Estatal presente la copia del acta o en su caso, acepte que de manera arbitraria se designaron a los candidatos en cuestión, situación que los dejaría fuera de la contienda.
La producción minerometalúrgica nacional cayó 10.5% anual en agosto, pero SLP creció en fluorita y zinc
Por: Ana G Silva
La producción minera de San Luis Potosí registró resultados mixtos durante agosto de 2026: mientras la extracción de fluorita y zinc reportó incrementos anuales, la producción de plata y cobre disminuyó, de acuerdo con los indicadores de la Industria Minerometalúrgica publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El mayor avance correspondió a la fluorita, mineral en el que la entidad mantiene una participación importante a nivel nacional. Durante agosto, San Luis Potosí produjo 46 mil 647 toneladas, frente a las 45 mil 959 toneladas del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 1.5%.
En el ámbito nacional, la producción de fluorita alcanzó 69 mil 556 toneladas, también con un incremento anual de 1.7%. Con ello, San Luis Potosí concentró cerca de dos terceras partes del volumen reportado en el país durante ese mes, lo que confirma la relevancia de este mineral dentro de la actividad extractiva estatal.
Otro mineral que mostró un comportamiento positivo fue el zinc. La producción potosina pasó de mil 592 toneladas en agosto de 2025 a mil 612 toneladas en el mismo mes de este año, un aumento de 1.3%. Este resultado contrastó con el desempeño nacional, donde la producción de zinc disminuyó 27.4% anual.
En contraste, la producción de plata en San Luis Potosí descendió 3.6%, al pasar de 14 mil 66 kilogramos en agosto del año pasado a 13 mil 554 kilogramos en agosto de 2026. La diferencia representó 512 kilogramos
El cobre también registró una disminución en la entidad. La producción pasó de 2 mil 357 toneladas a 2 mil 321 toneladas, una caída anual de 1.5%. El comportamiento potosino se ubicó por debajo de la tendencia nacional, donde la producción de este metal aumentó 2.3%, hasta alcanzar 42 mil 783 toneladas.
CAE LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA NACIONAL
Los resultados estatales se presentan en un contexto de contracción de la industria minerometalúrgica nacional. De acuerdo con el INEGI, durante agosto de 2026 la producción minerometalúrgica del país disminuyó 0.1% respecto al mes anterior y 10.5% en comparación con agosto de 2025, con cifras desestacionalizadas.
Por mineral, las cifras originales también reflejaron diferencias entre productos. Durante agosto aumentó la producción nacional de fluorita, yeso, cobre, azufre, carbón no coquizable y pellets de fierro, mientras que disminuyó la de zinc, plomo, oro y plata.
Entre los incrementos destacó la producción de pellets de fierro, con un crecimiento anual de 17.4%; entre las caídas, el zinc retrocedió 27.4%, el plomo 25%, el oro 21.7% y la plata 12.9%.
En el caso de San Luis Potosí, los indicadores permiten observar que algunos minerales mantuvieron una evolución positiva pese a la contracción general de la producción minerometalúrgica nacional.
Los datos de agosto de 2026 son preliminares, según la publicación del INEGI.
También lee: La minería potosina se sostiene en la fluorita, mientras el cobre cae 20 %
La secretaria de Educación dijo que se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores para cumplir con la restricción en escuelas de educación básica y media superior
Por: Redacción
La restricción del uso de celulares en las aulas de San Luis Potosí comenzará el 3 de noviembre, informó la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.
A pregunta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, la funcionaria explicó que la SEGE trabaja en la socialización de la medida, es decir, en darla a conocer y explicarla, en todas las escuelas de educación básica y media superior. También se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores de los distintos niveles para cumplir con las disposiciones federales y locales.
También para maestros
A principios de octubre, López Sierra confirmó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, también para los docentes. Sólo se podrán usar celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un fin pedagógico. Reconoció que falta llegar a un acuerdo con las escuelas privadas, donde muchas clases se dan con tablets.
Las excepciones
El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado no prohíbe que los alumnos tengan celular, sino su uso dentro del salón de clases. Contempla dos excepciones: cuando el alumno esté en una situación de riesgo o tenga un problema de salud, y cuando el maestro programe su uso como parte de la clase.
Cuotas escolares, bajo revisión
En la misma comparecencia, a pregunta de la diputada Dolores Robles Chairez, López Sierra informó que la SEGE atiende denuncias sobre las cuotas “voluntarias” que cobran las asociaciones de padres de familia. En los casos que involucran a directivos se levanta un acta administrativa y se da parte a la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría.
También lee: Restricción de celulares en aulas también aplicará a maestros: SEGE
A tres meses de la resolución, las sanciones a favor de Fátima Viera siguen sin cumplirse
Por: Redacción
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) sancionó a tres profesionales del derecho por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género contra Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, jueza segunda de lo familiar del Poder Judicial del Estado. Es la primera sentencia de este tipo en la entidad a favor de una juzgadora electa por voto popular.
La resolución, dictada el 16 de julio de 2026 en el expediente TESLP/PSE/01/2026, concluyó que hubo violencia verbal, simbólica y psicológica basada en elementos de género. Según el tribunal, buscaba desacreditar la capacidad profesional de la jueza, intimidarla y menoscabar sus derechos político-electorales.
Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2025. Las tres personas irrumpieron en el Juzgado Segundo de lo Familiar durante una diligencia y profirieron insultos, amenazas y expresiones discriminatorias contra la titular. La agresión se extendió a redes sociales, donde circularon videos del episodio.
El tribunal fijó un límite: el derecho a cuestionar las decisiones judiciales y la libertad de expresión no justifican amenazas, agresiones sexistas ni actos de intimidación contra mujeres que ocupan cargos públicos.
Por qué es un precedente
La reforma judicial llevó a las urnas la elección de jueces y magistrados. Como Viera es jueza electa, el caso se resolvió como violencia política, la figura que protege los derechos político-electorales de quienes llegan a un cargo por votación.
El reconocimiento no llegó a la primera. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una determinación previa del tribunal local y le ordenó emitir una nueva resolución. En ella se acreditó finalmente la responsabilidad de las tres personas denunciadas.
Lo que falta por cumplir
A tres meses de la sentencia, las sanciones siguen pendientes. Incluyen una amonestación pública y una disculpa a la jueza, que debe publicarse en un periódico de amplia circulación en San Luis Potosí y en las redes sociales de las personas sancionadas. También incluyen su inscripción durante un año y seis meses en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).
Tampoco se ha impartido la capacitación obligatoria en la materia, que le corresponde a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Estado.
Fátima Alvizo, abogada y representante legal de la jueza, señaló que el caso muestra lo que les cuesta a las mujeres defender sus derechos político-electorales: represalias, desgaste y largos procesos institucionales.
Alvizo afirmó que no basta con una sentencia favorable. Dijo que las autoridades deben garantizar que se cumpla, para que las mujeres no carguen, además de las agresiones, con el costo de exigir justicia.
También lee: Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE
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