Se incluyeron extorsiones de los llamados “montachoques” y el uso de tecnología como agravantes

​Por: Roberto Mendoza

​El Pleno del Senado de la República aprobó la noche de ayer miércoles 19 de noviembre, con 110 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión. El dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados para su ratificación tras sufrir modificaciones que unifican el tipo penal en las 32 entidades federativas y eliminan el requisito de denuncia de parte para iniciar las investigaciones.

​La normativa avalada incrementa las sanciones carcelarias, estableciendo un rango base de 15 a 25 años de prisión, superior a la propuesta original que iba de seis a 15 años. La pena podrá elevarse hasta los 42 años cuando se acrediten agravantes específicas, como el uso de violencia física, la participación de servidores públicos o la utilización de armamento durante la comisión del delito.

​En la discusión en lo particular, se tipificaron modalidades como los accidentes viales provocados intencionalmente, conocidos como “montachoques”, y el “cobro de piso”. A propuesta del senador de Morena, Ignacio Mier, se añadió como agravante el uso de dispositivos y plataformas digitales

​Durante el posicionamiento de las bancadas, la senadora del Partido del Trabajo (PT), Lizeth Sánchez García, sostuvo que el desinterés de gobiernos anteriores dejó a la ciudadanía indefensa. “Estamos aquí para aprobar una ley que enfrenta a la extorsión en todas sus formas, pues se establece un tipo penal único, con lo que se termina que una misma conducta reciba penas distintas”, afirmó la legisladora.

​En contraste, la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, advirtió sobre la inviabilidad financiera de la reforma, señalando que se implementará con los recursos ya existentes pese a los recortes en seguridad. “Esperamos que esta ley funcione, pero va a funcionar mejor si le ponen dinero”, sentenció respecto a la falta de presupuesto asignado para las nuevas tareas de investigación.

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La propuesta busca permitir el uso excepcional de fondos de retiro para proteger el derecho alimentario de menores

Por: Redacción

La senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban pensión alimenticia, incluso cuando el deudor esté desempleado y carezca de ingresos.

“Esta reforma busca asegurar que ninguna niña, niño o adolescente quede desprotegido cuando la persona deudora esté desempleada. El interés superior de la niñez debe prevalecer siempre”, señaló González Silva.

La legisladora del Partido Verde Ecologista de México explicó que la finalidad de los sistemas de pensiones es proteger a las familias trabajadoras, por lo que los recursos del retiro pueden ofrecer apoyo en situaciones de urgencia.

Actualmente existe un vacío legal que impide a los jueces autorizar, en casos excepcionales, el uso limitado de recursos de las cuentas de retiro para asegurar la manutención de menores, lo que deja desprotegidos a miles de ellos pese a que existen fondos disponibles.

La iniciativa se alinea con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce la posibilidad de utilizar parte de los fondos de retiro de manera proporcional y excepcional para garantizar el derecho alimentario.

De acuerdo con la propuesta, el procedimiento establece que:

• Solo procederá esta medida cuando no existan otros bienes o ingresos para cubrir la pensión.
• Se recurrirá primero a las aportaciones voluntarias

González Silva subrayó que la reforma no pone en riesgo el sistema de pensiones ni vulnera el derecho a una vejez digna, sino que armoniza la protección del ahorro para el retiro con el bienestar de la niñez.

Afirmó que el derecho a los alimentos es un principio constitucional respaldado por tratados internacionales. Por ello, aunque se mantiene la inembargabilidad de los fondos de retiro como regla general, se propone una excepción de orden público para casos en que está en juego la alimentación de niñas, niños y adolescentes.

“El derecho de las y los menores a recibir alimentos tiene prioridad constitucional frente a cualquier otro derecho patrimonial. No hay ahorro más valioso que la seguridad alimentaria de nuestras hijas e hijos”, enfatizó la legisladora por San Luis Potosí.

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La secretaria Ariadna Montiel informó que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza y destacó la entrega de apoyos por lluvias en San Luis Potosí.

​Por: Roberto Mendoza

Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que la política social se ha consolidado como un pilar de la República bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, informando que para el ejercicio fiscal 2025 se destinará una inversión social de 851 mil millones de pesos, equivalentes al 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto, para atender a más de 32 millones de derechohabientes.

​La funcionaria destacó ante los legisladores que la estrategia implementada ha permitido que 13 millones 400 mil mexicanos superen la situación de pobreza, reduciendo la desigualdad medida por el coeficiente de Gini, el cual pasó de 0.426 en 2019 a 0.391 en 2024. Montiel Reyes enfatizó que estos resultados son producto de una política de estado que sustituyó la administración de la pobreza por la construcción de derechos, logrando que el ingreso de los hogares más pobres aumentara casi 6 mil pesos mensuales en las últimas dos décadas, multiplicándose por cuatro.

​En materia de atención a emergencias, Montiel Reyes subrayó la respuesta inmediata del Gobierno Federal ante fenómenos naturales, haciendo énfasis en el apoyo brindado a San Luis Potosí tras las recientes lluvias intensas. La secretaria detalló que las familias afectadas recibieron 20 mil pesos para limpieza de viviendas, montos de entre 15 y 70 mil pesos para reconstrucción, 50 mil pesos para quienes perdieron cultivos y apoyos de hasta 50 mil pesos para locales comerciales afectados, asegurando que la totalidad de los pagos ya fueron entregados de manera directa.

​En el desglose de las acciones del “segundo piso de la transformación”, la secretaria detalló la implementación de la Pensión Mujeres Bienestar, que ya beneficia a un millón de mujeres de 63 y 64 años y que se adelantó para dos millones de mujeres de 60 a 62 años, sumando una inversión anual de 23 mil 662 millones de pesos. Asimismo, subrayó el alcance del programa Salud Casa por Casa, el cual ha desplegado a 20 mil profesionales de la salud para realizar 8 millones 150 mil consultas domiciliarias, complementando una política de recuperación salarial que registra un incremento del 97.9 por ciento en términos reales durante los últimos siete años.

​Para concluir su intervención, la secretaria sentenció que la cuarta transformación es un proceso irreversible sustentado en el mandato popular, donde la austeridad y el combate a la corrupción han permitido financiar el desarrollo sin endeudamiento. Montiel definió la actual política de bienestar no solo como un acto de justicia social, sino como una estrategia económica que dinamiza el mercado interno, asegurando que bajo el liderazgo de la primera mujer presidenta, el gobierno mantendrá el principio de que “por el bien de todos, primero los pobres” para garantizar una prosperidad compartida.

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