Estado
Santiago Nieto advirtió a Carreras sobre movimientos financieros inusuales en SLP
La Unidad de Inteligencia Financiera adelantó que podrían estar relacionados con presuntas actividades criminales
Por: Redacción
Ayer Juan Manuel Carreras López, gobernador del estado, se reunió en el Palacio de Gobierno con el Gabinete Federal de Seguridad, en el que participó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde informó al gobernador de Juan Manuel Carreras sobre la detección de “movimientos financieros inusuales” que pudieran estar relacionados con “posibles ilícitos” en la entidad.
El propio Nieto Castillo fue quien dio esta noticia a través de su cuenta de Twitter, aunque no adelantó mayores detalles: “Ayer participé en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México”, escribió Nieto Castillo, “con el gobernador Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí. Expuse los movimientos financieros inusuales de la entidad relacionados con posibles ilícitos”.
En el encuentro presidido por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tenía por objetivo acordar estrategias de coordinación para la atención a diversos delitos y se refrendó el apoyo de la federación para que San Luis Potosí consolide las acciones en materia de seguridad.
En la reunión también participó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.
Juan Manuel Carreras, agradeció al Gabinete Federal de Seguridad el respaldo a la entidad, y exhortó a continuar con el diálogo permanente y abierto, así como fortalecer la coordinación de los tres niveles de gobierno para trabajar en la tarea fundamental de otorgar a la ciudadanía paz y tranquilidad; además, reiteró su petición de que se construyan tres nuevas compañías en el estado en Villa de Zaragoza, El Huizache y Tamuín, que fortalecerían la seguridad en zonas estratégicas.
Durante la reunión se analizaron los indicadores del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señalan que en el 2020 disminuyeron los delitos patrimoniales, específicamente todas las modalidades del robo, pero acordaron establecer una estrategia con la participación de los tres niveles de gobierno, para atender y prevenir el delito de homicidio doloso, que mostró un incremento de acuerdo a estas cifras.
Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que el gobierno federal refrenda su apoyo al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para seguir avanzando en materia de búsqueda de personas, y continuar con el equipamiento del Centro de Identificación Forense, que será el segundo de mayor relevancia en México.
La comitiva de San Luis Potosí estuvo integrada por el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Carlos Arturo Landeros Hernández; el fiscal general del Estado, Federico Arturo Garza Herrera y el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Armando Oviedo Ábrego. También los subsecretarios de Defensa, Marina y Guardia Nacional; vice fiscales de la Fiscalía General de la República y representantes del Centro Nacional de Información.
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La iniciativa de Cuauhtli Badillo plantea incorporar el delito de ecocidio al Código Penal estatal, con multas de hasta 10 mil UMAs y sanciones mayores cuando haya daños en áreas naturales protegidas o participación de servidores públicos
Por: Redacción
El diputado local Cuauhtli Badillo Moreno presentó una iniciativa para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal de San Luis Potosí, con penas de seis a 14 años de prisión y multas de cinco mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuando se provoquen daños graves, sustanciales o irreparables al medio ambiente.
La propuesta busca sancionar conductas que ocasionen la destrucción de ecosistemas, la alteración de sus funciones ecológicas, la afectación de especies endémicas o en peligro de extinción y la contaminación de cuerpos de agua o suelos con sustancias y residuos peligrosos.
De acuerdo con la iniciativa, se consideraría ecocidio la destrucción, pérdida total o daño irreparable a un ecosistema que abarque una superficie igual o mayor a 10 hectáreas, así como las afectaciones que alteren sustancialmente sus funciones ecológicas durante al menos cuatro meses continuos.
El proyecto también contempla sanciones para quienes dañen el hábitat de especies amenazadas o en peligro de extinción, cuando la afectación ponga en riesgo su supervivencia o su viabilidad genética y poblacional. Asimismo, incluye la contaminación de aguas superficiales, subterráneas, acuíferos o suelos mediante descargas o depósitos no autorizados de sustancias peligrosas.
Las penas podrían incrementarse hasta en una tercera parte cuando el delito se cometa en áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal, así como en zonas declaradas de restauración ecológica.
En caso de que un servidor público cometa, permita o encubra el ecocidio, con conocimiento de la ilegalidad o de la inminencia del daño, la iniciativa plantea aumentar las penas hasta en una mitad, además de su destitución e inhabilitación de 10 a 20 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
La propuesta establece también que las personas físicas o jurídicas responsables estarían obligadas a la reparación integral del daño ambiental, con prioridad en la restitución y restauración de los ecosistemas afectados, independientemente de las sanciones penales y económicas.
Badillo Moreno argumentó que la falta de esta figura penal en la legislación local deja al medio ambiente vulnerable ante actividades de explotación que pueden ocasionar la pérdida de la riqueza biológica del estado.
La iniciativa fue turnada a las comisiones Primera de Justicia y de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado para su análisis.
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El gobierno municipal realiza trabajos de succión y mantenimiento de la red sanitaria; señala a Interapas por la falta de atención a problemas recurrentes
Por: Redacción
El Gobierno Municipal de Villa de Pozos reforzó los trabajos preventivos en al menos 20 puntos con problemas de drenaje, encharcamientos y acumulación de aguas residuales, ante las lluvias y los riesgos sanitarios que representan para las familias.
José Luis Blanc Ramírez, director del Agua Municipal, informó que las cuadrillas realizan labores de succión, sondeo y revisión de la red sanitaria, con apoyo de una unidad Vactor para retirar aguas negras y pluviales en zonas con afectaciones recurrentes.
Entre los puntos atendidos se encuentran las calles 75 y 73, Andador Cedros, el fraccionamiento Umbral y Plaza Las Águilas, donde se busca reducir los encharcamientos y prevenir focos de infección derivados de la acumulación de aguas residuales.
El funcionario señaló que estas labores corresponden al organismo operador Interapas
Las cuadrillas también realizaron trabajos de mantenimiento y revisión en 16 de Septiembre, Antiguo Camino a Santa María, Julián de los Reyes, calle 87 y Jacinto Lárraga, entre otros sectores, para detectar obstrucciones y favorecer el desalojo de aguas residuales.
Blanc Ramírez indicó que el Ayuntamiento mantendrá las acciones preventivas y la atención a los reportes ciudadanos; sin embargo, advirtió que la succión de aguas residuales es una solución temporal y que corresponde a Interapas reparar y rehabilitar la infraestructura dañada.
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La competencia “Un Legado a la Nación” estaba programada para este domingo y contaba con más de mil participantes inscritos
Por: Redacción
El Congreso del Estado anunció la suspensión temporal de la carrera atlética “Un Legado a la Nación”, programada para este domingo 11 de octubre, luego de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí negara el permiso para realizarla.
Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Directiva del Congreso, informó que la decisión municipal impide llevar a cabo la competencia, organizada en coordinación con el Instituto Potosino del Deporte (INPODE).
De acuerdo con el boletín legislativo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal notificó mediante un oficio que no era posible autorizar la actividad ni asignar oficiales para su realización.
La suspensión afecta a más de mil personas inscritas, entre ellas niñas, niños, jóvenes, familias con mascotas y atletas de alto rendimiento que participarían en las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros.
Ante esta situación, Gámez Macías señaló que se realizarán las gestiones para reprogramar la carrera y buscar una nueva sede, con dos opciones sobre la mesa: el Parque Tangamanga I o el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El Congreso del Estado y el INPODE informarán posteriormente la nueva fecha, el horario y el lugar de la competencia.
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