El programa incluye la fiscalización de organismos como Arena Potosí, INPOJUVE, Centro de las Artes e INREVIS; también se revisará el ejercicio del gasto en SEDARH tras señalamientos sobre posible uso indebido de recursos

Por: Redacción

La Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado aprobó el Programa Anual de Auditorías 2026 para la fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025, del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la comisión legislativa, señaló que la aprobación de este plan es un paso necesario para que el IFSE pueda realizar su labor de seguimiento al ejercicio del gasto público y verificar que lo aprobado en los presupuestos se cumpla.

“Esto es importante para constatar que efectivamente lo aprobado en los presupuestos se está cumpliendo y de no ser así, que se inicie el trabajo de auditoría de observar y realizar seguimiento, para que en caso de que algún funcionario público de los tres órdenes de gobierno que no cumpla con su trabajo se le pudiera observar y venga una etapa de desahogo de estos temas”, indicó.

Por su parte, el titular del IFSE, Joaquín Lecourtois López, explicó que para definir las entidades que formarán parte del Programa de Auditorías se realizó un análisis de dependencias y municipios que registraron mayores ingresos, tanto propios como provenientes de participaciones estatales.

Como parte del programa se integrarán algunos organismos como la Arena Potosí, el Instituto Potosino de la Juventud (INPOJUVE), el Centro de las Artes y el Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado de San Luis Potosí (INREVIS)

En el mismo tema, el legislador Luis Fernando Gámez informó que las cuentas públicas de los 112 entes obligados correspondientes al ejercicio fiscal 2025 fueron recibidas en tiempo y forma.

Durante el apartado de Asuntos Generales, el diputado Marco Antonio Gama solicitó al titular del IFSE iniciar una revisión al caso denunciado en medios de comunicación sobre un presunto mal uso de recursos humanos y materiales por parte del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH), petición a la que se sumó el diputado Gámez Macías.

Al respecto, Joaquín Lecourtois indicó que la revisión a la cuenta pública de SEDARH ya forma parte del Programa Anual de Auditorías, por lo que se auditará al personal y el ejercicio del gasto público correspondiente al capítulo 1000, con el objetivo de verificar que no exista un uso indebido de los recursos humanos de la dependencia.

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Diputados aprobaron modificar el criterio para calcular la mayoría calificada; Morena se abstuvo al señalar que el tema requiere mayor análisis

Por: Redacción

Las comisiones de Normatividad Legislativa y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobaron un dictamen para modificar la forma en que se calcula la mayoría calificada en votaciones clave del Poder Legislativo, una regla utilizada para decisiones como designaciones de funcionarios, aprobación de deuda pública o determinación de responsabilidades administrativas.

La iniciativa fue impulsada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Luis Felipe Castro Barrón, quien explicó que el objetivo es homologar los criterios que actualmente aparecen en distintos artículos de la Constitución local.

De acuerdo con el legislador, la legislación vigente contiene distintas redacciones para definir la mayoría calificada, lo que genera interpretaciones diferentes al momento de votar en el pleno.

“Lo que se busca es homologar criterios (…) teníamos dos redacciones diferentes y lo que se busca es homologar una misma que tenga que ver con el voto de los diputados que están presentes en el pleno”, señaló.

El dictamen plantea que, en la mayoría de los casos, las decisiones se aprueben con dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, una fórmula similar a la utilizada en diversos artículos de la Constitución federal.

Sin embargo, durante la discusión también se reconoció que la iniciativa original planteaba un criterio distinto. En su primera versión proponía que la mayoría calificada se calcu lara con base en los “votos emitidos”

Esa redacción fue modificada durante el análisis en comisiones y finalmente se optó por el criterio de diputados presentes, aunque el esquema sigue dejando fuera del conteo a quienes decidan abstenerse.

El secretario técnico explicó que el cambio busca evitar confusión jurídica, ya que actualmente existen al menos tres formas distintas de calcu lar la mayoría calificada dentro de la legislación estatal.

Ante cuestionamientos sobre si el nuevo criterio podría facilitar la aprobación de decisiones relevantes con menos votos efectivos en escenarios de baja asistencia, Castro Barrón rechazó que se trate de una reforma con fines políticos. “No se está buscando hacer una iniciativa modo para poder aplanar a la oposición”, respondió.

La propuesta también contempla cambios al reglamento interno del Congreso para que las iniciativas que no obtengan mayoría sean desechadas automáticamente y se archiven como asuntos concluidos, en lugar de regresar a comisiones para un nuevo análisis.

Durante la votación en comisiones, la bancada de Morena decidió abstenerse al considerar que el tema requiere un análisis más profundo antes de discutirse en el pleno. El diputado Carlos Arreola Mallol explicó que su grupo parlamentario optó por no fijar todavía una postura definitiva. “En este momento la determinación fue ir en abstención para analizar bien el asunto (…) no estamos en contra del tema ni a favor todavía”, señaló.

El legislador también advirtió que algunas reformas internas del Congreso han sido aprobadas con rapidez, ya que en este caso la iniciativa fue recibida formalmente apenas tres días antes de ser avalada en comisiones.

El dictamen deberá discutirse ahora en el pleno del Congreso del Estado, donde las y los diputados definirán si se modifica finalmente la regla para calcular la mayoría calificada en votaciones clave del Poder Legislativo potosino.

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La iniciativa plantea dejar atrás el enfoque reactivo y avanzar hacia un modelo de gestión integral del riesgo en ecosistemas forestales

Por: Redacción

Con el fin de modernizar y fortalecer el marco normativo estatal en materia de incendios forestales, el diputado Tomás Zavala González propuso expedir la Ley de Manejo del Fuego en Ecosistemas Forestales del Estado de San Luis Potosí.

La iniciativa contempla abrogar la Ley para la Prevención y Manejo Integral e Institucional de los Incendios Forestales para el Estado de San Luis Potosí, vigente desde 2013, para dar paso a una legislación alineada al paradigma técnico del Manejo Integral del Fuego, a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023 y a los principios de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El legislador señala que la ley actual ha quedado obsoleta frente a los desafíos recientes, ya que mantiene un enfoque reactivo centrado casi exclusivamente en el combate, lo cual resulta insuficiente ante incendios de gran escala que afectan cada vez con mayor frecuencia e intensidad a los ecosistemas forestales de la entidad. Por ello, la propuesta plantea un cambio de paradigma: pasar del combate a la gestión del riesgo.

Entre los principales ejes de la iniciativa se encuentra la creación de un Sistema Técnico Estatal de Clasificación de Riesgo con base científica y técnica, que permita anticipar y gestionar el riesgo de manera proactiva, en lugar de actuar una vez iniciado el fuego.

También se plantea la clarificación y modernización de las atribuciones de las autoridades, definiendo con precisión el rol de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) como autoridad rectora en materia de manejo del fuego, mientras que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDARH) se limitaría a su ámbito de competencia en el sector agropecuario

En materia de regulación, la propuesta distingue entre quemas controladas y quemas prescritas, exigiendo la presentación de planes de trabajo y operativos, la certificación obligatoria del personal y la creación de un Calendario Estatal de Quemas vinculante. Con ello, se busca transformar el uso del fuego de una práctica empírica y riesgosa en una herramienta técnica y segura.

Asimismo, se contempla el fortalecimiento de la participación social mediante la consolidación del Comité Técnico de Incendios Forestales como órgano colegiado de máxima autoridad técnica, integrado por gobierno, academia, sociedad civil, comunidades y productores, con el objetivo de garantizar una política pública consensuada y socialmente aceptada.

Finalmente, la iniciativa establece un régimen sancionador con carácter disuasorio, al sustituir el esquema de multas consideradas laxas por un catálogo de infracciones graduadas —leves, graves y muy graves— con sanciones económicas de hasta 5 mil UMA, la revocación definitiva de permisos y la obligación de reparar integralmente el daño ambiental causado.

Con este planteamiento, se busca no solo sancionar conductas, sino también restaurar el equilibrio ecológico en las zonas afectadas por incendios forestales en San Luis Potosí.

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