julio 18, 2026

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Congreso del Estado

Niega Sedesore promoción personalizada en programas sociales

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Durante su comparecencia ante el Congreso, el titular de la dependencia, Ignacio Segura Morquecho, informó que 200 mil potosinos salieron de la pobreza de 2020 al 2022.

Por: Redacción.

Ante las y los integrantes de las comisiones de Desarrollo Económico y Social y de Comunicaciones y Transportes así como demás integrantes del Poder Legislativo, compareció el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Juan Ignacio Segura Morquecho, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Los diputados José Ramón Torres García y Roberto Ulices Mendoza Padrón, coordinaron los trabajos, al arrancar la última jornada de reuniones con secretarios del gobierno estatal; al funcionario lo acompañaron la directora del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez, la directora de Evaluación y Planeación María Dolores Robles, el director de Desarrollo Humano Sergio Terán y la directora de Análisis y Perspectiva María Magdalena Silva.

Ante los planteamientos de las y los legisladores, el funcionario informó que se ha logrado una reducción del 5.9 por ciento en pobreza moderada y de un 1.4 por ciento en pobreza extrema, con una reducción en la pobreza total de 7.3 por ciento. Cerca de 200 mil potosinos abandonaron su situación de pobreza en el periodo 2020 al 2022.

En el entorno nacional, San Luis Potosí ocupa la posición número 15 entre las entidades federativas con mayor pobreza y el sitio número 9 en cuanto a los estados con pobreza extrema, sin embargo, para el periodo 2020 al 2022, los resultados arrojan cifras alentadoras para el estado.

Conforme a la última medición de la carencia social, el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad 130,359 potosinos más ya tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, al disminuir de 529,380 personas sin acceso a una alimentación adecuada en el año 2020 a 399,021 personas en el año 2022. La disminución fue del 4.8 por ciento mientras que a nivel nacional fue del 4.4 por ciento.

En el programa de tortilla subsidiada, actualmente se beneficia directamente a 30,395 familias en el estado, lo que equivale a 15,555 hogares. En este tema, le respondió a la diputada Dolores Eliza García que de 50 unidades o expendios proyectados para este año, solo se lograron nueve y es el único programa que no alcanzó la meta, por diversas razones.

El diputado Alejandro Leal Tovías preguntó si se duplican beneficiarios de programas sociales con el gobierno federal y cómo se blindarán para que no sean política electoral de cara al 2024. Segura Morquecho, respondió que son programas separados con el gobierno federal, no se comparten beneficiarios, “acompañamos a los programas federales en algunos temas, nosotros apoyamos a adultos mayores de 60 años y ellos de 65, a quienes les dispersamos recursos en efectivo lo mismo que a las madres solteras”.

Aclaró que “en ninguna entrega de programas hacemos énfasis o promoción de algún funcionario, no hay ninguna coacción, al contrario, no hacemos ningún tema electoral sino el cumplimiento de una responsabilidad social como funcionarios. Hoy, existen 1 millón 200 mil ciudadanos que reciben un programa social, incluyendo a los niños con útiles y accesorios escolares, las clínicas rosa, tortillas y muchos de ellos van en crecimiento”.

También el diputado Edmundo Torrescano Medina abordó el tema político; preguntó por qué en algunos accesorios que se reparten se imprime el logotipo de una imagen relacionada al gobernador del estado, cómo funciona el voluntariado y por qué hay alcaldes entregando apoyos en otros municipios. El funcionario dijo que los logotipos e imagen institucional corresponden al DIF estatal y la Sedesore solo lleva programas, no mensajes, no promueve a funcionarios con un ícono y acepta la ayuda de todos los servidores públicos para dispersar los apoyos e invitó a las y los legisladores a supervisar estas tareas.

El diputado René Oyarvide Ibarra reconoció el trabajo y ofreció su respaldo para incrementar el presupuesto de la Sedesore en 2024; la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría coincidió en el reconocimiento y destacó el apoyo al distrito que representa; el secretario Juan Ignacio Segura dijo que se han repartido 53 mil becas alimentarias en esa zona.

La legisladora Cecilia Senllace Ochoa preguntó sobre los métodos para implementar los programas y el funcionario señaló que todo tiene expediente, control y organización y nunca se anteponen los anhelos personales a los programas sociales, no hay una finalidad electoral sino una solución a la demanda social; no hay distinción por partido o color, es una política social que el gobernador Ricardo Gallardo ha proclamado desde hace mucho tiempo.

La diputada Gabriela Martínez Lárraga planteó la necesidad de conocer información sobre los programas que suman 12 mil millones de pesos; el funcionario respondió que la Sedesore es una dependencia que realiza planeación y entrega de recursos, no contrata proveedores, no ejecuta compras y por lo tanto, toda la información está en la Dirección General de Compras de la Oficialía Mayor; también dijo que cada Clínica Rosa atiende a 20 mil personas y son operadas por una empresa externa al gobierno que no tiene capacidad de arrendamiento ni personal médico especializado incluso, para la atención de alguna persona con discapacidad.

La problemática de la falta de agua fue un tema abordado por el diputado Eloy Franklin Sarabia; el titular de la Sesore indicó que para apoyar a las personas afectadas, se repartieron 6 mil cisternas y al 31 de diciembre se entregarán 4 mil más, para cumplir la meta de 10 mil. Lo ideal es llevarle el agua a la gente a través de la red, a su llave, pero esa es una tarea en la que ya se trabaja de manera paralela.

Al diputado Salvador Isaís, el secretario Ignacio Segura le dijo que próximamente habrá datos oficiales del Coneval sobre los índices de pobreza extrema, con una medición al 2022; actualmente se trabaja en base a las cifras de 2020. A la diputada Claudia Tristán Alvarado le respondió que la Sedesore  no suplanta responsabilidad de otras dependencias como SEGE, Salud o DIF en la entrega de apoyos, simplemente se les apoya en esa tarea y se trabaja de la mano.

La legisladora Martha Patricia Aradillas preguntó sobre el funcionamiento de las Clínicas Rosa; respondió que funcionan porque 5 de cada 10 mujeres no tienen derechohabiencia en el IMSS, ISSSTE o cualquier otro sistema de salud e incluso, los varones pueden ser beneficiados, pero son las mujeres las que llevan a los hijos al doctor.

La diputada Emma Idalia Saldaña planteó el tema de las despensas y la necesidad de que su contenido sea nutricional; el secretario respondió que se diseñaron en base a estudios nutrimentales propuestos por el DIF nacional y en la quinta entrega, que es la actual, no llevan frijol porque subió el precio y hay escasez debido a la falta de lluvias, pero se suple con frijol en lata; son productos de la canasta básica y por ejemplo, en la huasteca no quieren el frijol bayo o peruano porque quieren el negro, pero no se pueden hacer despensas por región o municipio, se trata que su contenido sea general.

La diputada Bernarda Reyes Hernández preguntó por obras en Tamazunchale y el funcionario estatal dijo que están proyectadas, como el puente a la comunidad de San Francisco e inversiones de 70 millones de pesos que benefician a más de 9 comunidades y abonan al compromiso social.

 

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Sexto foro contra el fracking reunirá a comunidades en Tampamolón

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La presidenta de la Comisión del Agua acudirá al Sexto Foro contra el Fracking, este domingo en Tampamolón Corona; recordó que Pemex negó permisos para esa técnica en la zona

Por: Redacción

Nancy Jeanine García Martínez, diputada presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, participará este domingo 19 de julio en el Sexto Foro contra el Fracking, en el municipio de Tampamolón Corona, para escuchar las inquietudes de la población de la Huasteca sobre esta técnica de extracción.

El foro es convocado por autoridades comunitarias y organizaciones de la Huasteca Potosina, que han manifestado su rechazo al fracturamiento hidráulico en la región.

“Ya me han hecho llegar la invitación, he estado en contacto con los organizador es; iré en el entendido de escucharlos y también poder precisar e intercambiar la información que se tiene”, expuso la legisladora.

García Martínez destacó que Pemex ya aclaró que el trámite de un permiso para uso de materiales explosivos en San Antonio no está relacionado con el inicio de trabajos de fracking en la entidad.

Un día antes, Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que ningún proyecto de fracturamiento se realizará en la Huasteca sin el consentimiento de la población, respaldado en el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Sin consentimiento ciudadano no habrá fracking en la Huasteca: Roberto García

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El presidente de la Jucopo aseguró que cualquier proyecto será consultado y citó el compromiso de la presidenta Sheinbaum; el Congreso local se mantendrá atento para informar a la ciudadanía.

Por: Redacción

José Roberto García Castillo, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, afirmó que ningún proyecto de fracturamiento hidráulico o fracking se llevará a cabo en la Huasteca Potosina sin el consentimiento de la población, ni se vulnerarán derechos ciudadanos.

El legislador se apoyó en lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha asegurado que nada se hará sin el consentimiento de la población, por lo que cualquier decisión será consultada.

“El tema del fracking es algo muy importante, ha causado muchas opiniones diversas de la ciudadanía. Pero ya lo dijo la presidenta de México: nunca se va a hacer nada que el pueblo no esté de acuerdo, nunca se va a vulnerar un derecho de la ciudadanía, y en la Huasteca Potosina pueden estar tranquilos”, expuso.

García Castillo señaló que estos proyectos tienen que ser consultados a la ciudadanía, “y si la gente no está de acuerdo, de ninguna manera se puede hacer algo indebido”.

Agregó que el Gobierno de México garantizará la opinión y los acuerdos con la ciudadanía, y que el Congreso del Estado se mantendrá al pendiente de cualquier información relacionada para darla a conocer, además de reiterar el respaldo del Legislativo a los habitantes de la Huasteca.

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“Ley estatal omite a niñas ante violencia feminicida”: Dulcelina Sánchez

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La iniciativa armoniza la ley estatal con la legislación federal e incorpora expresamente a adolescentes y niñas como sujetas de protección; fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género.

Por: Redacción

Dulcelina Sánchez de Lira, diputada local, propuso una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, a fin de armonizarla con la legislación federal en la materia y fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres, brindando mayor certeza a las autoridades encargadas de la prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género.

La legisladora explicó que la redacción vigente define la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, conformada por conductas misóginas que pueden culminar en diversas formas de muerte violenta.

Sin embargo, esa definición resulta más limitada que la prevista en la legislación general: no incorpora expresamente a las adolescentes y niñas

como sujetas de protección, omite reconocer el ejercicio abusivo del poder como elemento constitutivo de esta violencia y restringe sus manifestaciones a la muerte violenta, sin considerar otras conductas que generan riesgos graves para la vida.

La reforma actualiza la definición con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interés superior de la niñez, y reconoce que la violencia feminicida puede producirse en los ámbitos público y privado como consecuencia del ejercicio abusivo del poder.

También contempla que esta violencia se manifiesta mediante conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo la vida o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, además de conductas que afectan gravemente la integridad, seguridad y libertad personal.

Sánchez de Lira señaló que la modificación permitirá que políticas públicas, protocolos institucionales y acciones de acceso a la justicia operen bajo una definición homogénea, evitando interpretaciones restrictivas que limiten la actuación de las autoridades.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Igualdad de Género.

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