agosto 9, 2026

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Congreso del Estado

Niega Sedesore promoción personalizada en programas sociales

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Durante su comparecencia ante el Congreso, el titular de la dependencia, Ignacio Segura Morquecho, informó que 200 mil potosinos salieron de la pobreza de 2020 al 2022.

Por: Redacción.

Ante las y los integrantes de las comisiones de Desarrollo Económico y Social y de Comunicaciones y Transportes así como demás integrantes del Poder Legislativo, compareció el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Juan Ignacio Segura Morquecho, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Los diputados José Ramón Torres García y Roberto Ulices Mendoza Padrón, coordinaron los trabajos, al arrancar la última jornada de reuniones con secretarios del gobierno estatal; al funcionario lo acompañaron la directora del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez, la directora de Evaluación y Planeación María Dolores Robles, el director de Desarrollo Humano Sergio Terán y la directora de Análisis y Perspectiva María Magdalena Silva.

Ante los planteamientos de las y los legisladores, el funcionario informó que se ha logrado una reducción del 5.9 por ciento en pobreza moderada y de un 1.4 por ciento en pobreza extrema, con una reducción en la pobreza total de 7.3 por ciento. Cerca de 200 mil potosinos abandonaron su situación de pobreza en el periodo 2020 al 2022.

En el entorno nacional, San Luis Potosí ocupa la posición número 15 entre las entidades federativas con mayor pobreza y el sitio número 9 en cuanto a los estados con pobreza extrema, sin embargo, para el periodo 2020 al 2022, los resultados arrojan cifras alentadoras para el estado.

Conforme a la última medición de la carencia social, el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad 130,359 potosinos más ya tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, al disminuir de 529,380 personas sin acceso a una alimentación adecuada en el año 2020 a 399,021 personas en el año 2022. La disminución fue del 4.8 por ciento mientras que a nivel nacional fue del 4.4 por ciento.

En el programa de tortilla subsidiada, actualmente se beneficia directamente a 30,395 familias en el estado, lo que equivale a 15,555 hogares. En este tema, le respondió a la diputada Dolores Eliza García que de 50 unidades o expendios proyectados para este año, solo se lograron nueve y es el único programa que no alcanzó la meta, por diversas razones.

El diputado Alejandro Leal Tovías preguntó si se duplican beneficiarios de programas sociales con el gobierno federal y cómo se blindarán para que no sean política electoral de cara al 2024. Segura Morquecho, respondió que son programas separados con el gobierno federal, no se comparten beneficiarios, “acompañamos a los programas federales en algunos temas, nosotros apoyamos a adultos mayores de 60 años y ellos de 65, a quienes les dispersamos recursos en efectivo lo mismo que a las madres solteras”.

Aclaró que “en ninguna entrega de programas hacemos énfasis o promoción de algún funcionario, no hay ninguna coacción, al contrario, no hacemos ningún tema electoral sino el cumplimiento de una responsabilidad social como funcionarios. Hoy, existen 1 millón 200 mil ciudadanos que reciben un programa social, incluyendo a los niños con útiles y accesorios escolares, las clínicas rosa, tortillas y muchos de ellos van en crecimiento”.

También el diputado Edmundo Torrescano Medina abordó el tema político; preguntó por qué en algunos accesorios que se reparten se imprime el logotipo de una imagen relacionada al gobernador del estado, cómo funciona el voluntariado y por qué hay alcaldes entregando apoyos en otros municipios. El funcionario dijo que los logotipos e imagen institucional corresponden al DIF estatal y la Sedesore solo lleva programas, no mensajes, no promueve a funcionarios con un ícono y acepta la ayuda de todos los servidores públicos para dispersar los apoyos e invitó a las y los legisladores a supervisar estas tareas.

El diputado René Oyarvide Ibarra reconoció el trabajo y ofreció su respaldo para incrementar el presupuesto de la Sedesore en 2024; la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría coincidió en el reconocimiento y destacó el apoyo al distrito que representa; el secretario Juan Ignacio Segura dijo que se han repartido 53 mil becas alimentarias en esa zona.

La legisladora Cecilia Senllace Ochoa preguntó sobre los métodos para implementar los programas y el funcionario señaló que todo tiene expediente, control y organización y nunca se anteponen los anhelos personales a los programas sociales, no hay una finalidad electoral sino una solución a la demanda social; no hay distinción por partido o color, es una política social que el gobernador Ricardo Gallardo ha proclamado desde hace mucho tiempo.

La diputada Gabriela Martínez Lárraga planteó la necesidad de conocer información sobre los programas que suman 12 mil millones de pesos; el funcionario respondió que la Sedesore es una dependencia que realiza planeación y entrega de recursos, no contrata proveedores, no ejecuta compras y por lo tanto, toda la información está en la Dirección General de Compras de la Oficialía Mayor; también dijo que cada Clínica Rosa atiende a 20 mil personas y son operadas por una empresa externa al gobierno que no tiene capacidad de arrendamiento ni personal médico especializado incluso, para la atención de alguna persona con discapacidad.

La problemática de la falta de agua fue un tema abordado por el diputado Eloy Franklin Sarabia; el titular de la Sesore indicó que para apoyar a las personas afectadas, se repartieron 6 mil cisternas y al 31 de diciembre se entregarán 4 mil más, para cumplir la meta de 10 mil. Lo ideal es llevarle el agua a la gente a través de la red, a su llave, pero esa es una tarea en la que ya se trabaja de manera paralela.

Al diputado Salvador Isaís, el secretario Ignacio Segura le dijo que próximamente habrá datos oficiales del Coneval sobre los índices de pobreza extrema, con una medición al 2022; actualmente se trabaja en base a las cifras de 2020. A la diputada Claudia Tristán Alvarado le respondió que la Sedesore  no suplanta responsabilidad de otras dependencias como SEGE, Salud o DIF en la entrega de apoyos, simplemente se les apoya en esa tarea y se trabaja de la mano.

La legisladora Martha Patricia Aradillas preguntó sobre el funcionamiento de las Clínicas Rosa; respondió que funcionan porque 5 de cada 10 mujeres no tienen derechohabiencia en el IMSS, ISSSTE o cualquier otro sistema de salud e incluso, los varones pueden ser beneficiados, pero son las mujeres las que llevan a los hijos al doctor.

La diputada Emma Idalia Saldaña planteó el tema de las despensas y la necesidad de que su contenido sea nutricional; el secretario respondió que se diseñaron en base a estudios nutrimentales propuestos por el DIF nacional y en la quinta entrega, que es la actual, no llevan frijol porque subió el precio y hay escasez debido a la falta de lluvias, pero se suple con frijol en lata; son productos de la canasta básica y por ejemplo, en la huasteca no quieren el frijol bayo o peruano porque quieren el negro, pero no se pueden hacer despensas por región o municipio, se trata que su contenido sea general.

La diputada Bernarda Reyes Hernández preguntó por obras en Tamazunchale y el funcionario estatal dijo que están proyectadas, como el puente a la comunidad de San Francisco e inversiones de 70 millones de pesos que benefician a más de 9 comunidades y abonan al compromiso social.

 

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Congreso del Estado

Deudores alimentarios podrían enfrentar cárcel por ocultar bienes en SLP

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Familiares o terceros que actúen como titulares aparentes de bienes también podrían ser sancionados

Por: Redacción

La diputada María Dolores Robles Chairez  presentó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer las medidas contra quienes evadan deliberadamente sus obligaciones alimentarias y sancionar la participación de terceras personas que colaboren para impedir su cumplimiento.

La reforma busca cerrar espacios de impunidad mediante la incorporación de disposiciones que permitan identificar y sancionar conductas encaminadas a colocar de manera intencional al deudor alimentario en una situación de insolvencia, así como aquellas acciones realizadas con apoyo de terceros para ocultar o transferir bienes.

Explicó que la propuesta se desarrolla en dos vertientes principales: establecer de manera objetiva determinadas conductas evasivas del deudor alimentario y penalizar la coparticipación de terceras personas que, con conocimiento de la obligación existente, contribuyan a impedir su cumplimiento.

La diputada María Dolores Robles Chairez destacó que la modificación busca brindar mayores herramientas jurídicas para proteger el derecho de niñas, niños y demás personas acreedoras alimentarias, evitando que maniobras de carácter patrimonial sean utilizadas para obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad judicial.

Señaló que existen casos en los que los deudores alimentarios recurren a actos jurídicos o materiales que aparentemente pueden ser lícitos, pero que tienen como finalidad eludir sus responsabilidades. Entre estas prácticas se encuentran la renuncia voluntaria a empleos estables, la solicitud de licencias sin goce de sueldo durante periodos relacionados con procesos familiares y la transferencia de bienes a familiares o personas de confianza que actúan como titulares aparentes.

Con esta iniciativa se busca establecer que comete el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar quien se coloque intencionalmente en estado de insolvencia con el propósito de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas por la ley.

La legislación establecerá que, salvo prueba en contrario, se presumirá dicha intención cuando el deudor, sin causa justificada, renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo, cuando este constituya su único o principal medio para obtener ingresos.

Asimismo, se establecen sanciones para quienes, durante un proceso judicial o existiendo una resolución firme, enajenen intencionalmente de manera parcial o total sus bienes con la finalidad de eludir obligaciones alimentarias.

De igual manera, se sancionará a quienes, teniendo conocimiento de la existencia de una obligación alimentaria o de un proceso judicial en curso, ayuden al deudor a ocultar bienes, acepten figurar como titulares aparentes de estos o realicen actos jurídicos simulados con el propósito de evitar que se cumplan las obligaciones alimentarias.

Para estas conductas se contempla una sanción de seis meses a tres años de prisión, además de una sanción pecuniaria de 60 a 300 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

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Congreso del Estado

Congreso faculta a Sedeco para capacitar comercios contra billetes falsos

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Roberto García impulsó las reformas que dan a Sedeco la facultad de capacitar al sector productivo contra el fraude con billetes

Por: Redacción

El Congreso del Estado aprobó reformas que facultan a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para capacitar a los comercios y al sector productivo de San Luis Potosí en la detección de billetes y monedas falsos.

El pleno de la LXIV Legislatura modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado. Las reformas fueron impulsadas por el diputado José Roberto García Castillo.

La nueva atribución permite a la dependencia coordinar acciones de prevención, capacitación y seguimiento técnico frente al fraude monetario, con el propósito de establecer una política pública permanente en lugar de respuestas aisladas.

García Castillo justificó la medida con la sofisticación que ha alcanzado la falsificación: hologramas cada vez más parecidos a los de los billetes auténticos, texturas engañosas, resinas y tintas térmicas que dificultan detectar una pieza apócrifa a simple vista.

El diputado sostuvo que la reforma busca fortalecer la seguridad comercial, elevar la competitividad del sector productivo y proteger a las unidades económicas más vulnerables del estado, que son las que absorben la pérdida cuando reciben dinero falso.

Entre las acciones que podrá emprender la Sedeco están campañas informativas, capacitación al sector productivo, protección a consumidores y la prevención administrativa del delito. La dependencia también deberá mantener coordinación permanente con cámaras empresariales y ayuntamientos en materia de detección de billetes falsos.

La Sedeco, que encabeza Mario García Valdez, será la instancia responsable de operar la nueva facultad.

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Congreso del Estado

Plantea Congreso regular uso de dispositivos electrónicos en escuelas

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Crisógono Pérez señaló que fue necesaria la reforma, porque en el artículo 60 no se mencionaba la regulación del uso de teléfonos celulares

Por: Redacción

A propuesta del diputado Crisógono Pérez López, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformar la Ley de Educación del Estado, para promover un uso responsable de la tecnología.

 

La reforma establece que las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo, dentro de la jornada escolar.

 

El presidente de la Comisión legislativa, señaló que el artículo 60 de la Ley de Educación del Estado, establece que se utilizará el avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos.

 

Asimismo mencionó que también se establecen programas de educación a distancia y semi presencial para cerrar la brecha digital y las desigualdades en la población y que las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital serán utilizadas como un complemento de los demás materiales educativos.

 

El legislador Crisógono Pérez señaló que fue necesaria la adición, porque en el artículo 60 no se mencionaba la regulación del uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en alumnos que cursan el nivel básico en horario escolar, aún cuando estudios recientes manifiestan que el uso constante de estos dispositivos se ha extendido de forma masiva en las horas de clase.

 

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