El secretario Jesús Juárez Hernández informó que se incrementó la presencia de fuerzas federales y se pusieron en marcha operativos coordinados en estos puntos

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), informó que durante las últimas semanas se fortalecieron las acciones de vigilancia en los límites de San Luis Potosí con entidades vecinas como Zacatecas, Guanajuato y Jalisco, ante la presencia de grupos delictivos que operan en la región.

El secretario explicó que los acuerdos más recientes en materia de seguridad derivaron de una reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz realizada en Ciudad Valles, en la que participaron mandos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Como resultado de esos encuentros, se acordó reforzar el esquema de seguridad conocido como Escudo Potosí mediante la instalación de Bases Operativas Móviles Interinstitucionales (BOMI) en puntos estratégicos de las zonas limítrofes.

Juárez Hernández indicó que una de las prioridades es la coordinación con estados vecinos para evitar el desplazamiento de grupos criminales entre entidades

En el caso de Zacatecas, detalló que se mantienen reuniones entre mandos militares de ambas entidades y se han puesto en marcha operativos espejo, mediante los cuales fuerzas de seguridad realizan acciones simultáneas a ambos lados de la frontera estatal.

El funcionario consideró que estas estrategias contribuyen a fortalecer la vigilancia en corredores considerados sensibles por las autoridades de seguridad y a reforzar la presencia institucional en regiones donde históricamente se han registrado hechos vinculados con la delincuencia organizada.

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El principal impulsor de la reforma sostuvo que la legislación busca proteger la dignidad de las personas y afirmó que corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial responder por los casos derivados de su aplicación

Por: Redacción

El diputado local Héctor Serrano, principal promotor de la reforma que tipificó conductas relacionadas con la violencia digital y el mal uso de la inteligencia artificial en San Luis Potosí, defendió nuevamente la legislación y aseguró que su propósito es proteger la dignidad humana frente a ataques, difamaciones y contenidos manipulados difundidos a través de medios digitales.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia generada por uno de los primeros casos relacionados con la aplicación de la norma, sobre el cual existen versiones distintas entre autoridades estatales y federales.

Sin referirse al fondo del asunto, Serrano sostuvo que el Congreso concluyó su trabajo al aprobar la reforma y que ahora corresponde a las instancias encargadas de investigar y resolver los casos explicar sus actuaciones.

“La Fiscalía tiene que responder por su actuación, el gobierno tiene que responder por su actuación y el Poder Judicial tendrá que responder por su actuación”, declaró.

El legislador insistió en que la intención de la reforma nunca fue limitar la libertad de expresión, sino generar herramientas para proteger a las personas frente a contenidos que atenten contra su integridad o reputación.

Serrano argumentó que el crecimiento de herramientas de inteligencia artificial y la facilidad para manipular imágenes, videos y mensajes ha abierto nuevos riesgos que requieren atención legal.

En ese sentido, señaló que existen espacios digitales donde se difunden ataques personales, contenido denigrante o información falsa que puede afectar tanto a figuras públicas como a ciudadanos en general.

Asimismo, consideró que la discusión pública sobre la ley ha estado marcada por interpretaciones políticas y narrativas encontradas, aunque afirmó que con el tiempo podrá evaluarse con mayor claridad el alcance de la reforma.

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Samuel Roa afirmó que recibió presiones para retirar una publicación relacionada con investigaciones sobre presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal

Por: Redacción

El periodista Samuel Roa Botello, director de EMSA Media San Luis Potosí, denunció haber sido víctima de actos de hostigamiento e intimidación presuntamente relacionados con la difusión de información sobre Gerardo Sánchez Zumaya y la empresa Tecmol, en el contexto de investigaciones periodísticas sobre una presunta red de huachicol fiscal.

Durante una entrevista transmitida por ADN40, Roa aseguró que las presiones comenzaron después de la publicación de una nota en la que se mencionaba una presunta relación familiar entre Sánchez Zumaya y Héctor Manuel Portales, una de las personas detenidas en operativos vinculados con investigaciones sobre tráfico ilegal de combustibles.

Según relató el comunicador, tras la difusión de la información recibió una llamada telefónica en la que se le pidió retirar el contenido publicado.

El director de EMSA Media explicó que la publicación formaba parte de una investigación enfocada en documentar posibles vínculos entre actores empresariales y personas señaladas en indagatorias sobre tráfico ilegal de combustibles.

Durante la misma emisión participó Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica

Maldonado citó datos de la organización según los cuales durante 2025 se documentaron 451 agresiones contra periodistas en México, de las cuales 153 estuvieron relacionadas con presuntos abusos de poder público.

El caso fue abordado dentro de un análisis sobre los riesgos que enfrentan periodistas que investigan temas relacionados con corrupción, seguridad, crimen organizado y posibles actos ilícitos.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre una postura oficial de Gerardo Sánchez Zumaya, Tecmol o las personas mencionadas respecto de los señalamientos realizados por el periodista.

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