Opinión
¿Vives en una casa sin escrituras? El despojo comienza mucho antes de que llegue un invasor | Columna de Víctor Ezequiel
SERENDIPIA
Hay una escena que se repite con más frecuencia de la que imaginamos. Fallecen los padres, los hijos continúan viviendo en la casa familiar durante años, todos saben que “esa casa era de los abuelos”, el predial se paga de vez en cuando, los recibos de luz llegan a nombre de una persona que murió hace dos décadas y las escrituras… nadie sabe dónde quedaron. Mientras tanto, todos duermen tranquilos pensando que “como siempre hemos vivido aquí, nadie nos puede quitar la propiedad”.
Culto público, esa confianza suele ser el primer paso hacia un problema jurídico.
Cuando se habla de despojo, muchas personas imaginan a desconocidos entrando violentamente a una vivienda. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más compleja. En numerosos casos, los conflictos nacen porque quien ocupa un inmueble nunca regularizó su situación jurídica, lo que facilita controversias entre familiares, supuestos propietarios o incluso terceros que aprovechan la falta de documentación.
Conviene aclarar algo importante: vivir muchos años en una casa no equivale automáticamente a ser su propietario. La posesión y la propiedad son conceptos distintos. La primera consiste, en términos generales, en ejercer actos de dominio sobre un bien; la segunda deriva del derecho de propiedad reconocido conforme a la ley. Precisamente por ello, conservar documentos que acrediten la posesión puede marcar una diferencia importante cuando surge un conflicto.
¿Qué documentos conviene reunir?
Todo aquello que permita demostrar una ocupación continua y pública del inmueble: recibos de agua, energía eléctrica, contratos de servicios, constancias de residencia, pagos de predial, fotografías del inmueble a lo largo del tiempo, comprobantes de mejoras o construcciones, documentos de programas gubernamentales e incluso testimonios de vecinos que conozcan desde cuándo se habita el lugar.
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando prácticamente no existe documentación?
Una herramienta útil es la fe de hechos realizada por un notario público. Mediante este instrumento, el fedatario deja constancia de hechos que percibe directamente, por ejemplo, quién habita el inmueble, su estado físico, los objetos existentes o determinadas circunstancias observables en una fecha específica. No acredita por sí misma la propiedad, pero puede convertirse en un elemento probatorio valioso si posteriormente surge una controversia.
Otra figura poco conocida, pero de enorme utilidad en determinados casos, son las diligencias de jurisdicción voluntaria de información testimonial ad perpetuam.
Aunque su nombre parece sacado de una película de abogados, su finalidad es relativamente sencilla: permitir que una persona solicite ante un juzgado que se reciban declaraciones y otros elementos para acreditar determinados hechos o la posesión de un inmueble cuando no existe controversia entre partes. La Suprema Corte ha sostenido que estas diligencias pertenecen a la jurisdicción voluntaria; es decir, no resuelven un litigio ni declaran definitivamente quién es el propietario. Su función consiste en dejar constancia judicial de determinados hechos que podrán servir posteriormente para los fines que la ley permita.
¿Dónde se presentan?
Generalmente, ante el juzgado civil competente del lugar donde se ubica el inmueble, conforme al código procesal civil aplicable en cada entidad federativa. Por tratarse de una figura regulada por las legislaciones locales, los requisitos específicos pueden variar ya que incluso, dependiendo de los estados y supuestos donde la ley lo permite y no hay litigio, puede ser ante un Notario Público.
¿Qué información conviene preparar antes de promoverlas?
La identificación del promovente, la ubicación precisa del inmueble, antecedentes de la posesión, tiempo durante el cual se ha ocupado, nombres de colindantes, documentos disponibles y testigos que puedan declarar de manera objetiva cómo, desde cuándo y en qué calidad se ha ejercido la posesión.
Sin embargo, aquí vale la pena hacer una advertencia. Estas diligencias no deben utilizarse para sorprender a la autoridad ni para apropiarse indebidamente de bienes ajenos. Existen precedentes judiciales en los que procedimientos de información ad perpetuam y las escrituras derivadas de ellos han sido declarados nulos cuando se acreditó fraude, simulación o afectación a derechos de terceros.
Y entonces surge la pregunta más importante: si ya cuento con estos documentos y puedo acreditar la posesión del inmueble, ¿qué sigue?
La respuesta depende de la historia jurídica de cada inmueble. Y esa es, precisamente, la razón por la que conviene buscar asesoría antes de iniciar cualquier trámite. No existe un procedimiento único que sirva para todos los casos.
Cuando una persona ha poseído un inmueble durante el tiempo y bajo las condiciones que establece la ley, una de las vías que puede proceder es la prescripción positiva, también conocida como usucapión. Mediante este juicio se solicita a un juez que declare que la propiedad se adquirió por el transcurso del tiempo y por haberse reunido los requisitos legales de una posesión pública, pacífica, continua y, según el caso, en concepto de propietario.
Sin embargo, la usucapión no siempre es la solución. Si el inmueble pertenecía a un familiar fallecido, lo procedente normalmente será promover una sucesión testamentaria o intestamentaria, según exista o no testamento. Si las escrituras se extraviaron, quizá sea necesaria su reposición. En otros casos, especialmente tratándose de asentamientos humanos o programas de vivienda social, pueden existir procedimientos administrativos de regularización. Cada inmueble tiene una historia distinta y, por lo tanto, una ruta jurídica diferente.
Cuando la vía adecuada sea la prescripción positiva, el juicio generalmente deberá presentarse ante el juzgado civil competente del lugar donde se ubique el inmueble. Para ello suele ser necesario reunir, entre otros documentos, una identificación oficial, la descripción y ubicación precisa del predio, los documentos que acrediten la posesión, certificados expedidos por el Registro Público de la Propiedad, constancias catastrales cuando existan y los datos de los testigos que puedan declarar cómo, desde cuándo y en qué condiciones el promovente ha poseído el inmueble. Los requisitos específicos pueden variar conforme a la legislación de cada entidad federativa.
Si el juez determina que se reúnen todos los elementos previstos por la ley y dicta una sentencia favorable, esa resolución podrá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. Esa inscripción resulta fundamental porque permite que el derecho quede formalmente reconocido frente a terceros y dota de mayor seguridad jurídica al patrimonio.
Una vez concluida esa etapa, el siguiente paso suele realizarse ante un notario público, quien podrá protocolizar la resolución judicial cuando corresponda, verificar la situación registral del inmueble y otorgar la escritura pública o preparar los actos jurídicos necesarios para que el propietario pueda vender, donar, hipotecar o transmitir el bien con la certeza que exige la ley.
Regularizar un inmueble no solo facilita venderlo. También evita problemas cuando se pretende obtener un crédito hipotecario, acceder a programas gubernamentales, tramitar una herencia o simplemente dejar el patrimonio familiar en orden para las siguientes generaciones.
Opinión
El Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del PJF. ¿De dónde salió y para qué sirve? | Columna de Víctor Ezequiel
SERENDIPIA
Por: Víctor Ezequiel
X: @MrVictorHdz
Culto público, en México tenemos una curiosa costumbre jurídica: cuando surge un conflicto, pensamos inmediatamente en una demanda, un expediente, un juez y, con un poco de suerte, una sentencia que llegará después de tiempo, dinero y paciencia.
Pero la Constitución dice algo más.
El artículo 17 reconoce también el derecho a resolver controversias mediante mecanismos alternativos de solución de controversias. Con esa lógica, el Poder Judicial de la Federación cuenta ahora con una herramienta que merece mucha más atención: el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del PJF.
No estamos hablando de una “ocurrencia reciente”, guiño, guiño. Su creación fue declarada en julio de 2024 y el Órgano de Administración Judicial publicó el 24 de junio de 2026 el acuerdo que actualmente regula su funcionamiento. Desde el 3 de agosto comenzó la prestación de servicios a través de sus representaciones.
No estoy diciendo que los recursos que estaban destinados para la impartición de justicia ahora sean para pagar sueldos de servidores públicos con experiencia dudosa; para nada, tampoco digo que las convocatorias para formar parte de este centro estén súper escondidas y que no se les haya dado difusión entre el propio personal del Poder Judicial de la Federación, vamos a pensar que todo es transparente y con la finalidad de que la ciudadanía resuelva sus conflictos de manera eficiente.
¿Ya lo tenemos, entonces para qué sirve?
En términos sencillos: para intentar resolver determinados conflictos sin tener que llegar a un juicio tradicional.
El Centro puede conocer de controversias del orden federal cuando se trate de derechos disponibles, es decir, asuntos sobre los cuales las partes pueden negociar y llegar legítimamente a un acuerdo. También puede intervenir cuando ya existe un procedimiento judicial federal e incluso en determinadas etapas de cumplimiento de una sentencia.
Pensemos en un ejemplo.
Una empresa tiene un conflicto contractual con un proveedor. En lugar de iniciar un litigio que puede prolongarse durante años, ambas partes pueden intentar una mediación o conciliación con la intervención de una persona facilitadora certificada.
Lo mismo puede ocurrir con determinadas controversias civiles o mercantiles federales: incumplimientos contractuales, obligaciones económicas o diferencias patrimoniales que permitan a las partes negociar una solución.
Pero hay que tener cuidado: no todo conflicto puede llevarse al Centro. El acuerdo excluye, entre otros, la materia penal, la conciliación laboral prejudicial, la materia administrativa, la familiar, el amparo y aquellos asuntos que correspondan exclusivamente a un centro público local.
Y aquí aparece una de sus grandes ventajas.
El mecanismo es voluntario. Nadie puede obligar a la contraparte a negociar ni mucho menos a aceptar una propuesta. Sin embargo, sí puede ser invitada formalmente por el Centro.
El procedimiento comienza con una solicitud que puede presentarse verbalmente, por escrito o en línea, según la disponibilidad del sistema. Debe incluir los datos de quien solicita, identificación, una explicación de la controversia y los datos de contacto de la persona a quien se pretende invitar.
Después, una persona facilitadora determina si el asunto puede resolverse mediante este mecanismo. Si es susceptible, el Centro envía la invitación a la contraparte, incluso para una sesión presencial o virtual. Si la otra persona no quiere participar, puede negarse. Y si no hay acuerdo, los derechos de las partes quedan a salvo para acudir a la vía correspondiente.
Pero si existe acuerdo, aquí está la parte que muchas personas desconocen: no estamos ante un simple “pacto de caballeros”.
Una vez que el convenio cumple las formalidades y queda inscrito en el Sistema de Convenios, adquiere efectos de cosa juzgada y puede exigirse su cumplimiento por la vía correspondiente. Es decir, la solución alcanzada mediante el mecanismo tiene una fuerza jurídica muy distinta de un simple acuerdo privado.
Entonces, ¿por qué no utilizamos más esta herramienta?
Aquí vale la crítica.
Al mismo tiempo que a los juzgados y tribunales federales se les exige atender cargas de trabajo importantes, resolver expedientes y cumplir objetivos cada vez más demandantes, el sistema judicial también está construyendo una estructura especializada precisamente para evitar que todos los conflictos tengan que convertirse en juicios.
Sería contradictorio exigirle al sistema que resuelva más y, al mismo tiempo, utilizar poco las herramientas creadas para evitar que nuevos asuntos lleguen a sus escritorios.
Actualmente el Centro cuenta con representaciones en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Yucatán. San Luis Potosí no aparece entre esas representaciones iniciales, aunque el propio acuerdo contempla que el Centro pueda ampliar sus oficinas conforme a las necesidades del servicio y el presupuesto disponible.
Eso no significa que una persona que vive en una entidad sin representación deba descartar esta alternativa. Conviene consultar la disponibilidad del servicio en línea y la competencia del Centro para el caso concreto; además, el acuerdo permite solicitar orientación y establece mecanismos de atención presencial, escrita y electrónica.
Y aquí está la invitación.
Si existe una herramienta pública, especializada y gratuita para solucionar determinados conflictos, utilicémosla.
No solamente por ahorrar tiempo y dinero al ciudadano. También porque cada controversia que puede resolverse mediante un mecanismo alternativo representa, potencialmente, un asunto menos que debe ser procesado por un juzgado o tribunal.
El PJF necesita que sus órganos jurisdiccionales tengan capacidad para atender lo que necesariamente debe llegar a un juez.
Los mecanismos alternativos pueden ayudar a conseguirlo.
Tenemos un recurso nuevo, personal especializado y una estructura creada para hacerlo funcionar. Ahora falta que abogados y ciudadanos conozcamos esa puerta y, cuando el conflicto lo permita, decidamos abrirla.
Porque si al Poder Judicial se le pide hacer más con recursos limitados, aprovechar las herramientas que ya existen no debería ser una opción exótica.
Lee también: Poder Judicial: ¿austeridad o incertidumbre laboral?
Mejor dormir
La chica de chamarra verde | Columna de Carlos López Medrano
Mejor dormir
Hay prendas con las que se puede tejer toda una personalidad. Se vuelven parte de nuestra manera de hablar y definen cómo estamos en cualquier sitio. Suelen ser prendas fuera de la norma, piezas únicas que se lavan con cuidado por miedo a arruinarlas. Un suéter de lana hallado en el armario de la abuela. El pantalón de un tono que los científicos aún no han descubierto. Una camiseta de concierto que el uso prolongado ha vuelto de una textura irrepetible.
Aunque soy un defensor de los básicos, ya que en ellos reside la elegancia (la imbatible camisa blanca, lo discreto), hay que reconocer que algún brinco es necesario para tener una percha que distinga. Basta pensar en la mascada de estampado barroco que inspira cartas de amor cuando va atada al cuello de una mujer.
Miro atrás y a cada persona relevante de mi vida la asocio con una prenda o un conjunto, como ocurre con las celebridades. Qué sería de James Dean sin su chaqueta de gabardina. La memoria guarda estampas precisas de los seres queridos, y ahí deambulan, con el atuendo que nos marcó, en su momento estelar, que con los años acaba reflejando su carácter casi como un segundo rostro. Avatares de lo que fuimos. El brote del alma sobre la tela.
Si tuviera que volver a mi infancia, lo haría con la imagen de aquella camisa de cuadros rojos, marca Ferrioni, con la que anduve por el mundo entre los seis y los ocho años. No sé qué habrá sido de ella, como tampoco de los amigos de la escuela ni de tantas historias perdidas en el camino. Su importancia permanece, en cualquier caso, y marca diferencia en algunas fotografías de sonrisa y botón bien colocado.
De aquel tiempo quizá me haya quedado el enamoramiento por el color rojo y por los perros barbones. Hoy tengo una sola camisa roja, y tristemente ya sin cuadros, sin aquel mismo aire que nunca he vuelto a encontrar. Existen tesoros que se quedan en otra época y no regresan, pero cuyo brillo persiste, nos alumbra hasta el presente y evita que caigamos en la desdicha.
La falta de un atuendo icónico es una grieta en la biografía. Vestir bien es una forma de decencia con los demás y, sobre todo, con uno mismo.
Una cortesía llevada en la intimidad, frente al amplio horizonte del armario. Es esa combinación que nos echamos encima y nos mantiene intactos ante la muchedumbre, lo cebolloso y sus modas.La vanidad de los fantasmas queda de manifiesto en sus apariciones, cuando se presentan enfundados en edredones para la ocasión. Nada de camisas hawaianas ni de tibiezas de uniforme institucional: un sombrero, gabardinas, capas negras, prendas largas que destantean y esconden la falta de pies. El velo en lugar de la gorra de beisbol. La calidad importa en ciertas prendas, como las chamarras de biker. Siempre se nota si el cuero es genuino o no. Hay que tomarse la ropa en serio, va pegada a nuestra piel.
Admiro a quienes consiguen la proeza sin proponérselo, tocados por la gracia divina. Ahí está la chamarra verde de Linda Cardellini en Freaks and Geeks, que delataba a alguien en quien se podía confiar. Un oversize anterior a que el concepto existiera como recurso fashionista. Un atuendo que coincidía con el personaje: una coraza frente a los dramas de juventud, una casa de campaña militar para sobrevivir a la crisis emotiva. Uno es propenso a enamorarse de las muchachas esquivas.
Desconfío de quienes limitan su guardarropa a lo cómodo o a lo meramente práctico, sin esa palpitación que lleva a dejar huella en el mundo a base de estilo.
Entrar a una tienda de ropa y dedicar unos minutos a buscar equivalencias de aquello que ya no nos queda, que fue retirado del mercado o que la última tendencia se empeña en aniquilar. Tal vez nunca lo encontremos, pero en la búsqueda se reaviva una llama interna. Es el niño que fuimos, el que soplaba las siete velas de un pastel en una foto vieja. El susurro de lo que vistieron nuestros padres, una faena frente a la secadora.
Oh, cuánto extraño aquella chamarra ya descontinuada.

También lee: Cerrar los bares | Columna de Carlos López Medrano
El Cronopio
Juan José Ortega, director cinematográfico matehualense | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
En las primeras décadas del siglo XX un buen número de potosinos van a la Ciudad de México a continuar su formación y su desarrollo profesional. La mayoría sobresalen en las actividades que se realizan, como lo muestra la nutrida membresía de la Academia Potosina de Ciencias y Artes formada por potosinos que radican en la Ciudad de México, donde la mayoría ocupan puestos de importancia en la vida cultural mexicana. Entre estos personajes se encuentra el camelense Juan José Ortega García que destacaría en la industria cinematográfica en la época de oro del cine nacional a la que se incorpora en la década de los treinta siendo otro de los potosinos pioneros en el cine mexicano.
Juan José Ortega García nació en Matehuala, San Luis Potosí, el 27 de octubre de 1904, donde inicia su educación primaria la que tuvo que suspender, para proseguirla de manera autodidacta, para contribuir al sostenimiento de su familia. La familia se traslada a San Luis Potosí y continúa su formación autodidacta, entre ellos el oficio de mecanografía, lo que le conduciría a iniciarse en el periodismo en 1925 colaborando en el periódico Acción de San Luis Potosí, del que sería su subdirector en 1928 y, director en 1932 del periódico potosino Vanguardia. Fundó en el Bajío un par de periódicos: el Diario del Centro en Aguascalientes y El Globo en León, Guanajuato. Colaboró como corresponsal en los periódicos Excélsior y El Universal.

Al llegar a la Ciudad de México para integrarse a la Comisión de Irrigación en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas inicia su carrera en el cine dirigiendo documentales oficiales, Irrigación en México y Gigantes de Piedra. Al dirigir estos largometrajes comprendió que su carrera sería el cine y se adentra dirigiendo su primera película en 1939, Sendas del Destino, donde actúa, entre otros, Eduardo Arozamena, en una trama que se desarrolla en la presa La Angostura en Sonora, reminiscencia de sus primeros largometrajes, la cual fue financiada de su propio peculio y con aportación de la Comisión Nacional de Irrigación, donde laboraba Ortega García.
Sendas del Destino sería su ópera prima de, al menos 42 películas que dirigió
, realizando también coproducciones internacionales, con Cuba, Venezuela, Colombia y Perú. Entre las películas que dirigió se encuentran: La mujer legítima en 1945, con Isabela Corona; La insaciable de 1947, con María Antonieta Pons, con un guion escrito por el propio Juan José Ortega incursionando así en el guionismo; Cuando el alba llegue, en 1950, con Meche Barba; Lodo y armiño, de 1951, con Armando Calvo; Cuentan de una mujer, en 1958, con Marga López; En carne propia, de 1961, con Joaquín Cordero; Pacto de sangre, en 1966, con Manuel López Ochoa, entre otras.Entre los melodramas, género preferido de Juan José Ortega, filmados en Cuba se encuentran: la comedia musical filmada en 1953 en La Habana, intitulada Me gustan Todas con Adalberto Martínez Resortes; en 1954 las cintas, Frente al pecado de ayer y Yo no creo en los hombres, protagonizadas por Sarita Montiel; en 1956 dirige No me olvides nunca, con actuaciones de Luis Aguilar, Rosita Fornés y Olga Guillot.
En la década de los sesenta dirige la serie de películas tipo westerns de Leonardo Moncada, serie de cinco películas estelarizadas por Joaquín Cordero, basadas en una serie radiofónica cubana. En esa década Ortega comienza a dedicarse a la distribución de películas creando la distribuidora Compañía Cinematográfica Mexicana y Productora Mexicana de Películas. Es propietario también de Producción Fílmica de México y Películas y Videos Internacionales, todo ello en los ochenta.
Recibió varios reconocimientos a su carrera cinematográfica, como productor, director, guionista y distribuidor actividades que siguió después del periodismo, donde sería también pionero en el periodismo potosino del siglo XX. Juan José Ortega García murió en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1996.
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