septiembre 9, 2026

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Opinión

A dos años de la reforma al Poder Judicial y un año de su implementación: ¿qué estuvo bien?, ¿qué estuvo mal? y ¿qué sigue? | Columna de Víctor Ezequiel

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SERENDIPIA

Por: Víctor Ezequiel / X: @MrVictorHdz

Culto público, esta no es la primera reforma al Poder Judicial de la Federación. Tampoco significa que antes de 2024 todo estuviera mal ni que después de la reforma todo sea peor. La realidad, como casi siempre ocurre en las instituciones, es bastante más compleja.

Desde hace varios años, el Poder Judicial de la Federación había abierto sus convocatorias para concursos de oposición públicos y abiertos. Un ejemplo particularmente relevante ocurrió con la reforma laboral de 2019, que abrió las puertas a miles de servidores públicos que se prepararon mediante cursos, especialidades, seminarios y concursos de oposición para incorporarse a los nuevos tribunales laborales y a los centros de conciliación. Quienes llegaron a esas instituciones tuvieron que demostrar conocimientos y preparación para desempeñar una función que, por su naturaleza, exige especialización.

Por eso, cuando en 2024 se planteó una nueva reforma al Poder Judicial, el debate no surgió porque los servidores públicos estuvieran en contra de mejorar la institución. Por el contrario: prácticamente nadie cuestionaría la necesidad de combatir prácticas como el tráfico de influencias, el nepotismo, la corrupción o el rezago.

El problema estuvo en cómo hacerlo.

Uno de los mayores cuestionamientos fue la decisión de elegir mediante voto popular a jueces, magistrados y ministros. La naturaleza del Poder Judicial no consiste en representar políticamente a la población, sino en impartir justicia con independencia e imparcialidad. Un juez no está para obtener popularidad: está para aplicar la ley, incluso cuando su decisión resulte incómoda para quien tiene mayor respaldo social.

También generó preocupación la metodología para seleccionar a los candidatos. Después de décadas en las que la carrera judicial, la capacitación y los concursos de oposición constituían mecanismos fundamentales para acreditar conocimientos, experiencia y capacidad, los nuevos requisitos fueron considerados por muchos servidores públicos como insuficientes para garantizar el perfil que exige la función jurisdiccional.

Dicho de manera coloquial: durante años se pidió a quienes aspiraban a determinados cargos judiciales estudiar, capacitarse, concursar y demostrar conocimientos; de pronto, el estándar parecía reducirse considerablemente. Y cuando hablamos de personas que tendrán en sus manos la libertad, el patrimonio, la familia o los derechos de miles de ciudadanos, la vara debería estar muy alta.

Han transcurrido dos años desde la reforma constitucional y aproximadamente un año desde que los primeros juzgadores electos asumieron sus cargos. ¿Qué encontramos?

Los tres grandes problemas que la reforma pretendía combatir —nepotismo, malas prácticas y rezago— no desaparecieron. En algunos casos simplemente cambiaron de forma o de nombre.

Entonces, ¿era necesaria una reforma? Definitivamente.

¿La reforma actual resolvió de manera trascendental esos problemas? Hasta ahora, no parece haberlo conseguido.

¿Debe eliminarse y regresar todo al modelo anterior? Tampoco.

Después de todo el esfuerzo institucional, económico y humano que representó la elección judicial de 2025, pretender borrar todo y comenzar nuevamente sería poco sensato y probablemente mucho más costoso. Lo razonable es evaluar, corregir y mejorar.

Y aquí encontramos uno de los aspectos positivos de la reforma: la evaluación.

Antes ya existían mecanismos de supervisión, como las visitas a los órganos jurisdiccionales, que funcionaban en buena medida como auditorías periódicas, además de informes semestrales sobre el funcionamiento de los tribunales. Sin embargo, los nuevos mecanismos de evaluación parecen incorporar una perspectiva distinta: no solamente revisar los números del órgano, sino también evaluar directamente a quienes lo encabezan y escuchar a los servidores públicos que trabajan con ellos.

A la fecha, los jueces y magistrados electos han sido sometidos a evaluaciones que consideran conocimientos y resultados. Y, pese a muchos pronósticos, los primeros datos permiten advertir que en determinados espacios existen mejoras. No todos los casos son favorables, desde luego, pero tener la lupa puesta sobre quienes ejercen la función jurisdiccional parece producir un efecto positivo.

Ahora viene la parte que considero indispensable.

Una vez evaluados y diagnosticados los órganos jurisdiccionales, el Órgano de Administración Judicial debería utilizar esa información para mejorar los procesos administrativos y, especialmente, las condiciones de quienes hacen funcionar diariamente los tribunales.

Porque si algo ha quedado claro durante estos años es que los grandes olvidados siguen siendo los oficiales judiciales, actuarios, secretarios, coordinadores técnicos administrativos, técnicos de videograbación, técnicos de servicios y, en general, el personal operativo.

Son ellos quienes enfrentan jornadas extensas, cargas de trabajo que en algunos órganos resultan desproporcionadas y condiciones materiales que no corresponden con la responsabilidad que tienen.

Hay tribunales laborales que operan con solo dieciséis servidores públicos para atender cientos o incluso miles de trámites simultáneamente. El problema no es nuevo. El personal lleva años señalándolo ante quienes anteriormente integraban el Consejo de la Judicatura Federal, ante las organizaciones sindicales y ahora ante el Órgano de Administración Judicial.

La respuesta, sin embargo, parece resumirse en una frase poco institucional: repartan el trabajo entre quienes ya están.

Pero un tribunal no funciona como una caja donde simplemente se agregan expedientes a una pila. Existen competencias territoriales, cargas jurisdiccionales, organización de circuitos, horarios, condiciones laborales y responsabilidades perfectamente delimitadas por la ley.

Y aquí está, quizá, una de las grandes oportunidades perdidas de esta reforma.

Reformar el Poder Judicial no debía significar únicamente cambiar a los titulares de los órganos jurisdiccionales. También debía significar voltear a ver a quienes hacen posible que esos órganos funcionen.

Servidores públicos trabajando con equipos de cómputo deficientes, sin impresoras suficientes, con carencias materiales y, en algunos casos, con jornadas que les impiden convivir con sus familias. Personas que no pueden enfermarse porque no existen sustituciones de personal y trabajadores que enfrentan dificultades para ejercer plenamente licencias de maternidad o paternidad porque tampoco existe personal para cubrir esas ausencias.

Eso también es justicia laboral.

A un año de la implementación de la reforma, queda una lección bastante clara: las instituciones no se transforman solamente cambiando a sus titulares.

Se transforman mejorando sus procesos, evaluando resultados, escuchando a su personal, corrigiendo errores y destinando recursos donde realmente hacen falta.

Culto público, una reforma constitucional puede cambiar la estructura del Poder Judicial en unos cuantos meses. Pero construir un mejor sistema de justicia requiere mucho más tiempo.

La reforma ya está hecha. Ahora corresponde hacer algo mucho más difícil: hacerla funcionar.

Y para eso habrá que evaluar, corregir y, cuando sea necesario, reconocer que algunas cosas simplemente no funcionaron como se esperaba.

Porque las reformas, como los buenos guisos, no se pueden cocinar en el aire. Necesitan ingredientes adecuados, tiempo, supervisión y, sobre todo, probarse antes de servirlas a toda la sociedad.

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El Cronopio

La joven promesa potosina del canto lírico, Jaqueline del Rocío | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

 

Una de las herederas de la tradición potosina del canto lírico, representadas por María Luisa Escobar, Ernestina Perea y Oralia Domínguez, tratadas con anterioridad en esta columna, es la joven soprano Jaqueline del Rocío Medina Pérez.

Jaqueline del Rocío Medina creció en un ambiente musical, su padre es el chelista Raymundo Medina, mismo que comenzó a formalizar desde los cuatro años con lecciones de música combinando el juego y lo que sería su vocación, la música, iniciándose en la práctica del violín para después destacar en el ámbito del canto.

Egresada de la Licenciatura en Canto de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, se ha convertido en una de las voces más destacadas de la lírica mexicana contemporánea. Inició sus estudios en la Escuela Estatal de Iniciación Musical Julián Carrillo, en donde también imparte clase. En otro recinto con ese nombre del músico potosino, obtuvo en el mes de agosto de 2026, un doble premio: el Primer Lugar Femenino, así como el prestigioso Premio Concurso María Callas en la décima edición del Concurso Internacional de Canto Linus Lerner.

El certamen es reconocido como una de las plataformas de mayor exigencia y proyección para jóvenes intérpretes de la música clásica y la ópera en México, cuya final se realizó en la sala Julián Carrillo de la UNAM. Donde se evalúa principalmente aspectos técnicos esenciales del canto lírico como la solidez vocal, el dominio del repertorio operístico, la interpretación interpretativa y el desenvolvimiento escénico en disciplinas que incluyen zarzuela, oratorio, lied y canción de concierto.

Este prestigioso premio se suma a los galardones en otros certámenes que ha obtenido Jaqueline del Rocío, como el premio obtenido en 2024, Primer Lugar del XLI Concurso Nacional de Canto Carlos Morelli con la interpretación del aria de Il corsaro: Non so le tetre immagini, así como el Premio del Público Pro Ópera en el mismo evento, premio concedido por voto directo del público, donde participaron, como cifra récord, 180 aspirantes; además obtuvo el Premio de Ópera de Bellas Artes, un recital con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal, un recital con la Dirección de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, la participación en un título de la temporada de la empresa Escena 77 Producciones y el Premio Ópera de San Miguel, la Orquesta Sinfónica del Estado de México le ofrece una actuación en su temporada de conciertos.

Los premios obtenidos en 2024 en Bellas Artes llevan el nombre del barítono italiano que realizó su carrera en México al llegar en 1938, a interpretar el papel titular en Rigoletto, de Verdi. A partir de entonces permaneció en nuestro país, hasta su deceso en 1970.

Jaqueline del Rocío ha formado parte de la Orquesta de Cámara de Zacatecas, y como solista en la Academia de Música Antigua de Zacatecas y la Camerata de San Luis Potosí. Otro premio digno de mención es el obtenido en el 2022, donde ganó el Premio del Público y Mención Honorífica en el Concurso de Canto Lírico de América Orfeo. Obtuvo el rol principal en las óperas Don Giovanni de Amadeus Mozart y La Boheme de Giacomo Puccini.

Lo anterior habla de una gran promesa en el canto lírico y que esperamos se puedan realizar conciertos locales donde el público potosino pueda apreciar su gran talento, como sucedió en el Festival de Ópera de San Luis Potosí, Linus Lerner, donde participó en La flauta mágica, de Mozart; y Hansel y Gretel, de E. Humperdinck. Tiene una importante carrera por delante, para la cual continúa en su preparación y perfeccionamiento redondeando su preparación en canto, expresión y actuación escénica.

Puede decirse que la vida de Jaqueline del Rocío ha transcurrido en la música y, que su futuro en el canto lírico dará mucho que hablar en los escenarios nacionales e internacionales, sumándose a pléyade de divas potosinas que han puesto en alto el nombre de San Luis Potosí en los grandes escenarios mundiales.

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Opinión

¿Vives en una casa sin escrituras? El despojo comienza mucho antes de que llegue un invasor | Columna de Víctor Ezequiel

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SERENDIPIA

 

Hay una escena que se repite con más frecuencia de la que imaginamos. Fallecen los padres, los hijos continúan viviendo en la casa familiar durante años, todos saben que “esa casa era de los abuelos”, el predial se paga de vez en cuando, los recibos de luz llegan a nombre de una persona que murió hace dos décadas y las escrituras… nadie sabe dónde quedaron. Mientras tanto, todos duermen tranquilos pensando que “como siempre hemos vivido aquí, nadie nos puede quitar la propiedad”.

Culto público, esa confianza suele ser el primer paso hacia un problema jurídico.

Cuando se habla de despojo, muchas personas imaginan a desconocidos entrando violentamente a una vivienda. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más compleja. En numerosos casos, los conflictos nacen porque quien ocupa un inmueble nunca regularizó su situación jurídica, lo que facilita controversias entre familiares, supuestos propietarios o incluso terceros que aprovechan la falta de documentación.

Conviene aclarar algo importante: vivir muchos años en una casa no equivale automáticamente a ser su propietario. La posesión y la propiedad son conceptos distintos. La primera consiste, en términos generales, en ejercer actos de dominio sobre un bien; la segunda deriva del derecho de propiedad reconocido conforme a la ley. Precisamente por ello, conservar documentos que acrediten la posesión puede marcar una diferencia importante cuando surge un conflicto.

¿Qué documentos conviene reunir?

Todo aquello que permita demostrar una ocupación continua y pública del inmueble: recibos de agua, energía eléctrica, contratos de servicios, constancias de residencia, pagos de predial, fotografías del inmueble a lo largo del tiempo, comprobantes de mejoras o construcciones, documentos de programas gubernamentales e incluso testimonios de vecinos que conozcan desde cuándo se habita el lugar.

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando prácticamente no existe documentación?

Una herramienta útil es la fe de hechos realizada por un notario público. Mediante este instrumento, el fedatario deja constancia de hechos que percibe directamente, por ejemplo, quién habita el inmueble, su estado físico, los objetos existentes o determinadas circunstancias observables en una fecha específica. No acredita por sí misma la propiedad, pero puede convertirse en un elemento probatorio valioso si posteriormente surge una controversia.

Otra figura poco conocida, pero de enorme utilidad en determinados casos, son las diligencias de jurisdicción voluntaria de información testimonial ad perpetuam.

Aunque su nombre parece sacado de una película de abogados, su finalidad es relativamente sencilla: permitir que una persona solicite ante un juzgado que se reciban declaraciones y otros elementos para acreditar determinados hechos o la posesión de un inmueble cuando no existe controversia entre partes. La Suprema Corte ha sostenido que estas diligencias pertenecen a la jurisdicción voluntaria; es decir, no resuelven un litigio ni declaran definitivamente quién es el propietario. Su función consiste en dejar constancia judicial de determinados hechos que podrán servir posteriormente para los fines que la ley permita.

¿Dónde se presentan?

Generalmente, ante el juzgado civil competente del lugar donde se ubica el inmueble, conforme al código procesal civil aplicable en cada entidad federativa. Por tratarse de una figura regulada por las legislaciones locales, los requisitos específicos pueden variar ya que incluso, dependiendo de los estados y supuestos donde la ley lo permite y no hay litigio, puede ser ante un Notario Público.

¿Qué información conviene preparar antes de promoverlas?

La identificación del promovente, la ubicación precisa del inmueble, antecedentes de la posesión, tiempo durante el cual se ha ocupado, nombres de colindantes, documentos disponibles y testigos que puedan declarar de manera objetiva cómo, desde cuándo y en qué calidad se ha ejercido la posesión.

Sin embargo, aquí vale la pena hacer una advertencia. Estas diligencias no deben utilizarse para sorprender a la autoridad ni para apropiarse indebidamente de bienes ajenos. Existen precedentes judiciales en los que procedimientos de información ad perpetuam y las escrituras derivadas de ellos han sido declarados nulos cuando se acreditó fraude, simulación o afectación a derechos de terceros.

Y entonces surge la pregunta más importante: si ya cuento con estos documentos y puedo acreditar la posesión del inmueble, ¿qué sigue?

La respuesta depende de la historia jurídica de cada inmueble. Y esa es, precisamente, la razón por la que conviene buscar asesoría antes de iniciar cualquier trámite. No existe un procedimiento único que sirva para todos los casos.

Cuando una persona ha poseído un inmueble durante el tiempo y bajo las condiciones que establece la ley, una de las vías que puede proceder es la prescripción positiva, también conocida como usucapión. Mediante este juicio se solicita a un juez que declare que la propiedad se adquirió por el transcurso del tiempo y por haberse reunido los requisitos legales de una posesión pública, pacífica, continua y, según el caso, en concepto de propietario.

Sin embargo, la usucapión no siempre es la solución. Si el inmueble pertenecía a un familiar fallecido, lo procedente normalmente será promover una sucesión testamentaria o intestamentaria, según exista o no testamento. Si las escrituras se extraviaron, quizá sea necesaria su reposición. En otros casos, especialmente tratándose de asentamientos humanos o programas de vivienda social, pueden existir procedimientos administrativos de regularización. Cada inmueble tiene una historia distinta y, por lo tanto, una ruta jurídica diferente.

Cuando la vía adecuada sea la prescripción positiva, el juicio generalmente deberá presentarse ante el juzgado civil competente del lugar donde se ubique el inmueble. Para ello suele ser necesario reunir, entre otros documentos, una identificación oficial, la descripción y ubicación precisa del predio, los documentos que acrediten la posesión, certificados expedidos por el Registro Público de la Propiedad, constancias catastrales cuando existan y los datos de los testigos que puedan declarar cómo, desde cuándo y en qué condiciones el promovente ha poseído el inmueble. Los requisitos específicos pueden variar conforme a la legislación de cada entidad federativa.

Si el juez determina que se reúnen todos los elementos previstos por la ley y dicta una sentencia favorable, esa resolución podrá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. Esa inscripción resulta fundamental porque permite que el derecho quede formalmente reconocido frente a terceros y dota de mayor seguridad jurídica al patrimonio.

Una vez concluida esa etapa, el siguiente paso suele realizarse ante un notario público, quien podrá protocolizar la resolución judicial cuando corresponda, verificar la situación registral del inmueble y otorgar la escritura pública o preparar los actos jurídicos necesarios para que el propietario pueda vender, donar, hipotecar o transmitir el bien con la certeza que exige la ley.

Regularizar un inmueble no solo facilita venderlo. También evita problemas cuando se pretende obtener un crédito hipotecario, acceder a programas gubernamentales, tramitar una herencia o simplemente dejar el patrimonio familiar en orden para las siguientes generaciones.

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El Cronopio

Juana María Alvarado, La Vida es Química | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

Por: J.R. Martínez/Dr. Flash

Andrés Manuel del Río, el científico español naturalizado mexicano que desarrolló su carrera científica en México en el Seminario de Minería de México en los albores del siglo XIX y finales del XVIII se convirtió en una figura representativa de la química en México; se encargó de la cátedra de Mineralogía del también llamado Colegio de Minería y escribió el libro Elementos de Orictognosia que llevaría el potosino Mariano Jiménez, que sería su alumno.

De sus logros sobresalientes fue el descubrimiento del eritronio, un nuevo elemento químico que descubriera en 1801 en una muestra recolectada en Zimapán Hidalgo. La historia de este descubrimiento es una de las tristes historias de la ciencia mexicana, pues el descubrimiento de este elemento fue adjudicado años después a E. Wöhler que lo bautizó como vanadio. El elemento vanadio debe ser considerado como descubrimiento de Andrés Manuel del Río, quien también descubrió otros compuestos, como la plata azul o la aleación del rodio y el oro.

El nombre de Andrés Manuel del Río lo tiene asignado la Sociedad Química de México para denominar sus premios de química en México a destacados investigadores y docentes de la química en el país. Este año 2026 la profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Juana María Alvarado Rodríguez se hizo merecedora al Premio Nacional de Química “Andrés Manuel del Río” 2026, por su actividad docente.

El Premio Nacional de Química se otorga desde 1964 y es otorgado en tres categorías: Docencia, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, tiene como finalidad hacer un reconocimiento público nacional a la labor realizada por profesionales de la Química que hayan contribuido de manera extraordinaria a elevar la calidad y el prestigio de la profesión Química en México.

Juana María Alvarado estudió en la licenciatura en la Facultad de Ciencias Químicas y realizó una maestría en hidrosistemas con opción en irrigación, en el 2006. Fue coordinadora de la licenciatura en química de la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP y ha desempeñado una destacada labor docente en dicha Facultad.

Juana María Alvarado ha incursionado en el área de divulgación de la ciencia en varias de sus facetas de comunicación, entre ellas y de manera importante en la radio. En 2008 inició la producción del programa La Vida es Química en Radio Universidad el cual ella misma conduce y en los que invita a participar a alumnos de química, lo que les ha permitido ser un factor más en su formación.

El amor y la pasión por la química que tiene la maestra Juanita, como se le conoce en el medio, la ha llevado a especializarse en comunicación social de la ciencia para lo que decide ir a España a Almería en particular a realizar el máster en Comunicación Social de la Ciencia en la Universidad de Almería realizando un trabajo comparativo de fin de máster entre dos jóvenes radios universitarias españolas, RadioUAL y RadioOlavide, y dos radios veteranas mexicanas, Radio UNAM y Radio UASLP.

La influencia que ha tenido, inyectando a su vez su pasión y amor por la química en sus estudiantes les ha permitido seguir con éxito sus carreras profesionales, algunos de los cuales se han convertido en sus colegas en el seno de la Facultad de Ciencias Químicas. Su interés por la historia de la química en San Luis se ha manifestado al difundir la labor de mujeres químicas pioneras en química y mantener la memoria del desarrollo de la química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y compartirlo con el pueblo potosino, sin descartar a los niños y jóvenes con talleres de ciencia donde la química es la protagonista, entusiasmándolos para orientar su vocación a la química y mostrarles, como reza el título del que fuera su programa en Radio Universidad, que La Vida es Química. ¡Felicidades a la maestra Juanita!

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