SERENDIPIA

Por: Víctor Ezequiel
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Culto público, en México tenemos una curiosa costumbre jurídica: cuando surge un conflicto, pensamos inmediatamente en una demanda, un expediente, un juez y, con un poco de suerte, una sentencia que llegará después de tiempo, dinero y paciencia.

Pero la Constitución dice algo más.

El artículo 17 reconoce también el derecho a resolver controversias mediante mecanismos alternativos de solución de controversias. Con esa lógica, el Poder Judicial de la Federación cuenta ahora con una herramienta que merece mucha más atención: el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del PJF.

No estamos hablando de una “ocurrencia reciente”, guiño, guiño. Su creación fue declarada en julio de 2024 y el Órgano de Administración Judicial publicó el 24 de junio de 2026 el acuerdo que actualmente regula su funcionamiento. Desde el 3 de agosto comenzó la prestación de servicios a través de sus representaciones.

No estoy diciendo que los recursos que estaban destinados para la impartición de justicia ahora sean para pagar sueldos de servidores públicos con experiencia dudosa; para nada, tampoco digo que las convocatorias para formar parte de este centro estén súper escondidas y que no se les haya dado difusión entre el propio personal del Poder Judicial de la Federación, vamos a pensar que todo es transparente y con la finalidad de que la ciudadanía resuelva sus conflictos de manera eficiente.

¿Ya lo tenemos, entonces para qué sirve?

En términos sencillos: para intentar resolver determinados conflictos sin tener que llegar a un juicio tradicional.

El Centro puede conocer de controversias del orden federal cuando se trate de derechos disponibles, es decir, asuntos sobre los cuales las partes pueden negociar y llegar legítimamente a un acuerdo. También puede intervenir cuando ya existe un procedimiento judicial federal e incluso en determinadas etapas de cumplimiento de una sentencia.

Pensemos en un ejemplo.

Una empresa tiene un conflicto contractual con un proveedor. En lugar de iniciar un litigio que puede prolongarse durante años, ambas partes pueden intentar una mediación o conciliación con la intervención de una persona facilitadora certificada.

Lo mismo puede ocurrir con determinadas controversias civiles o mercantiles federales: incumplimientos contractuales, obligaciones económicas o diferencias patrimoniales que permitan a las partes negociar una solución.

Pero hay que tener cuidado: no todo conflicto puede llevarse al Centro. El acuerdo excluye, entre otros, la materia penal, la conciliación laboral prejudicial, la materia administrativa, la familiar, el amparo y aquellos asuntos que correspondan exclusivamente a un centro público local.

Y aquí aparece una de sus grandes ventajas.

El mecanismo es voluntario. Nadie puede obligar a la contraparte a negociar ni mucho menos a aceptar una propuesta. Sin embargo, sí puede ser invitada formalmente por el Centro.

El procedimiento comienza con una solicitud que puede presentarse verbalmente, por escrito o en línea, según la disponibilidad del sistema. Debe incluir los datos de quien solicita, identificación, una explicación de la controversia y los datos de contacto de la persona a quien se pretende invitar.

Después, una persona facilitadora determina si el asunto puede resolverse mediante este mecanismo. Si es susceptible, el Centro envía la invitación a la contraparte, incluso para una sesión presencial o virtual. Si la otra persona no quiere participar, puede negarse. Y si no hay acuerdo, los derechos de las partes quedan a salvo para acudir a la vía correspondiente.

Pero si existe acuerdo, aquí está la parte que muchas personas desconocen: no estamos ante un simple “pacto de caballeros”.

Una vez que el convenio cumple las formalidades y queda inscrito en el Sistema de Convenios, adquiere efectos de cosa juzgada y puede exigirse su cumplimiento por la vía correspondiente. Es decir, la solución alcanzada mediante el mecanismo tiene una fuerza jurídica muy distinta de un simple acuerdo privado.

Entonces, ¿por qué no utilizamos más esta herramienta?

Aquí vale la crítica.

Al mismo tiempo que a los juzgados y tribunales federales se les exige atender cargas de trabajo importantes, resolver expedientes y cumplir objetivos cada vez más demandantes, el sistema judicial también está construyendo una estructura especializada precisamente para evitar que todos los conflictos tengan que convertirse en juicios.

Sería contradictorio exigirle al sistema que resuelva más y, al mismo tiempo, utilizar poco las herramientas creadas para evitar que nuevos asuntos lleguen a sus escritorios.

Actualmente el Centro cuenta con representaciones en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Yucatán. San Luis Potosí no aparece entre esas representaciones iniciales, aunque el propio acuerdo contempla que el Centro pueda ampliar sus oficinas conforme a las necesidades del servicio y el presupuesto disponible.

Eso no significa que una persona que vive en una entidad sin representación deba descartar esta alternativa. Conviene consultar la disponibilidad del servicio en línea y la competencia del Centro para el caso concreto; además, el acuerdo permite solicitar orientación y establece mecanismos de atención presencial, escrita y electrónica.

Y aquí está la invitación.

Si existe una herramienta pública, especializada y gratuita para solucionar determinados conflictos, utilicémosla.

No solamente por ahorrar tiempo y dinero al ciudadano. También porque cada controversia que puede resolverse mediante un mecanismo alternativo representa, potencialmente, un asunto menos que debe ser procesado por un juzgado o tribunal.

El PJF necesita que sus órganos jurisdiccionales tengan capacidad para atender lo que necesariamente debe llegar a un juez.

Los mecanismos alternativos pueden ayudar a conseguirlo.

Tenemos un recurso nuevo, personal especializado y una estructura creada para hacerlo funcionar. Ahora falta que abogados y ciudadanos conozcamos esa puerta y, cuando el conflicto lo permita, decidamos abrirla.

Porque si al Poder Judicial se le pide hacer más con recursos limitados, aprovechar las herramientas que ya existen no debería ser una opción exótica.

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SERENDIPIA

Por: Víctor Ezequiel
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Culto público, el 21 de octubre, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) anunció un aumento salarial del 4.5% para el personal de los niveles 12 al 34, retroactivo a enero de 2026. De acuerdo con el comunicado, el incremento se reflejará en la segunda quincena de noviembre y el pago retroactivo llegará en diciembre. También se informó que están garantizadas diversas prestaciones correspondientes al último trimestre del año.

La noticia importa. Para las personas trabajadoras, no se trata de cifras abstractas, sino de ingresos familiares y compromisos cotidianos. Sin embargo, sería un error considerar que este anuncio agota los reclamos de la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación (PJF).

La preocupación va más allá del recibo de nómina.

Durante las últimas semanas también han circulado versiones sobre posibles readscripciones de personal, una eventual reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y presuntas directrices para iniciar procedimientos administrativos contra integrantes de la carrera judicial. No todos estos señalamientos tienen el mismo grado de sustento y sería irresponsable presentarlos como hechos confirmados. Pero tampoco debe ignorarse el clima de incertidumbre que generan entre quienes sostienen diariamente la operación de los órganos jurisdiccionales.

Empecemos por las readscripciones. Se ha difundido una supuesta lista de personas propuestas para cambiar de adscripción por distintas razones. Mientras no se conozcan su autenticidad, alcance y estado administrativo, no puede afirmarse que los movimientos estén decididos ni que respondan a una estrategia para desplazar trabajadores. La pregunta, no obstante, es pertinente: ¿qué criterios se aplicarían?, ¿cómo se notificarían las decisiones? y ¿qué mecanismos tendría el personal para conocer sus razones y defender sus derechos?

Un cambio de adscripción no es necesariamente irregular; la administración judicial necesita organizar recursos y atender necesidades del servicio. Pero esa facultad tampoco debería convertirse en una fuente de incertidumbre injustificada ni en un mecanismo para “renovar al personal”. Culto público, simplemente le pongo un ejemplo, un oficial judicial percibe, si bien le va, alrededor de once mil pesos quincenales, esto claro, si no tiene contratado un fondo de ahorro, algún seguro de gastos médicos mayores, vehículo o vivienda, que en muchos casos queda en alrededor de cinco mil pesos por quincena, ese sueldo se ha mantenido prácticamente sin cambios significativos en los últimos diez años, imagine que con las propuestas de readscripción, además tenga que trasladarse a otra ciudad en la que seguramente tendrá que gastar en renta y transporte, la opción más razonable para esta persona será renunciar y claro que estas medidas son formas explícitas de represión y de hostigamiento laboral, cuando la eficiencia institucional debe armonizarse con la legalidad, la seguridad jurídica y el respeto a las condiciones laborales.

A esta inquietud se suma un análisis comparativo que circula sobre una supuesta iniciativa de reforma a la Ley Orgánica, fechada el 6 de octubre de 2026. El documento atribuye a la propuesta cambios relacionados con evaluaciones del desempeño, posibles consecuencias de no acreditarlas, readscripciones, clasificación de puestos de confianza y facultades para fijar tabuladores y prestaciones.

De confirmarse el contenido y la autenticidad de la iniciativa, estaríamos ante asuntos que merecen una discusión pública seria. Sin embargo, es indispensable distinguir entre una propuesta y una norma vigente: no se debe anunciar como derecho aplicable lo que todavía no se ha acreditado como aprobado y publicado. Tampoco basta un resumen para concluir que determinadas garantías desaparecieron o que cualquier movimiento de personal podría ejecutarse unilateralmente. Para sostener esas afirmaciones hace falta revisar el texto íntegro, las disposiciones relacionadas y el régimen transitorio; pero como dicen, si el río suena…

Lo mismo ocurre con los rumores sobre una supuesta línea de las nuevas personas juzgadoras para iniciar procedimientos administrativos contra servidores públicos de carrera judicial. Cosa que, en la práctica, bajita la mano ya está ocurriendo. La responsabilidad administrativa no puede utilizarse como represalia, la clave está en los hechos, los fundamentos y las garantías del procedimiento.

Mientras tanto, el debate presupuestario continúa. Las cifras previamente discutidas sobre el presupuesto solicitado y el finalmente aprobado para 2026 muestran una diferencia de más de 15 mil millones de pesos. También se han expuesto preocupaciones sobre la suficiencia de los recursos para cubrir compromisos institucionales. Esos números requieren explicaciones claras: ¿cómo se planeó la transición del Consejo de la Judicatura Federal al nuevo esquema institucional?, ¿qué previsiones se hicieron para los gastos operativos y laborales?, ¿qué cambió para que el OAJ anunciara ahora el incremento salarial y el pago retroactivo?

El comunicado del 21 de octubre representa un compromiso concreto respecto de los conceptos que enumera, entre ellos vestuario, aguinaldo, asignaciones adicionales, estímulo por antigüedad, ayuda al personal operativo y ayuda de despensa. Corresponde dar seguimiento a su cumplimiento. Pero el anuncio no explica, por sí mismo, el origen de la incertidumbre previa ni responde a las inquietudes sobre movilidad, estabilidad y posibles modificaciones normativas.

Aquí también hay responsabilidades diferenciadas. El OAJ debe explicar sus decisiones administrativas y presupuestarias; las autoridades hacendarias, el marco financiero de los acuerdos que les correspondan; y el Poder Legislativo, el contenido y alcance de cualquier reforma que impulse. La representación sindical, por su parte, puede negociar, solicitar información, documentar afectaciones y acudir a las vías legales pertinentes. Ninguna de estas funciones sustituye a las demás.

Tampoco se trata de enfrentar a trabajadores judiciales con quienes laboran en salud, educación o seguridad. Todas son áreas esenciales y todas requieren presupuestos responsables. La discusión no debe convertirse en una competencia para determinar quién merece menos, sino en una exigencia de planeación, transparencia y respeto a los derechos.

La reforma judicial no puede evaluarse únicamente por la integración de sus órganos o por la forma de designar a quienes juzgan. También importa cómo se administra la institución, cómo se trata a su personal y qué garantías existen para que las decisiones laborales respondan a criterios legales y no a presiones indebidas.

El aumento anunciado no es una noticia que deba reconocerse, puesto que ese 4.5% no es nada frente al incremento del costo de vida a nivel nacional. Además, la estabilidad laboral no se mide solamente en porcentajes salariales: también depende de reglas claras, procedimientos imparciales, decisiones explicadas y mecanismos efectivos para defender derechos.

Una institución que imparte justicia debe ofrecer, en su propia casa, razones claras y garantías verificables. La incertidumbre no se disipa con rumores, pero tampoco con silencio: se enfrenta con documentos, transparencia y rendición de cuentas.

Lee también:¿Poner una cámara hacia la calle es delito? El mito, los drones y el derecho a la privacidad

SERENDIPIA

Por: Víctor Ezequiel
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A inicios de 2025 circuló en San Luis Potosí una advertencia que alarmó a muchos vecinos: instalar cámaras de seguridad que apuntaran hacia la calle podía ocasionar multas millonarias. El mensaje mezclaba normas de protección de datos con conclusiones que no se desprenden automáticamente de ellas.

Conviene aclararlo: instalar una cámara para proteger tu casa o negocio no constituye, por sí solo, un delito por el hecho de que también grabe parte de la banqueta o la calle. La legalidad depende de cómo se utiliza el dispositivo, qué se graba, con qué propósito y qué se hace después con las imágenes.

La propia legislación federal de protección de datos contempla una excepción para la recolección y almacenamiento destinados exclusivamente al uso personal, sin fines de divulgación ni utilización comercial. Pero esa excepción no es una licencia para vigilar indiscriminadamente a los vecinos.

Una cámara orientada hacia la cochera que capta incidentalmente a quienes pasan por la calle es muy distinta de otra dirigida deliberadamente hacia las ventanas, habitaciones o patios de una vivienda ajena. La privacidad no desaparece porque alguien viva frente a tu casa.

El verdadero riesgo: grabar no es lo mismo que exhibir

El problema puede comenzar cuando las imágenes se publican en Facebook, grupos de WhatsApp u otras plataformas para identificar, exhibir, acusar o ridiculizar a personas sin justificación. La difusión puede comprometer derechos a la privacidad, a la propia imagen y al honor, y abrir la puerta a responsabilidades civiles o de protección de datos, según las circunstancias.

¿Alguien aparece robando, dañando un vehículo o cometiendo otro delito? Conserva el archivo original y entrégalo a la autoridad competente. Evita convertir las redes sociales en tribunal, fiscalía y plaza pública al mismo tiempo. Una sospecha no equivale a una sentencia, y difundir rostros o acusaciones puede perjudicar incluso una investigación legítima.

Algo similar ocurre con quienes fotografían vehículos y placas para denunciar a conductores que circulan de manera temeraria. Documentar una maniobra peligrosa y aportar la evidencia a las autoridades puede ser legítimo y útil para prevenir accidentes; sin embargo, pretender exhibir públicamente al conductor en grupos de WhatsApp no queda automáticamente justificado por una supuesta finalidad preventiva. Si se difunden imágenes acompañadas de acusaciones falsas, insultos o datos que permitan identificar y desacreditar a una persona, el afectado podría valorar acciones civiles por daño moral, siempre que se acrediten los requisitos legales y el daño correspondiente. La fotografía de una placa, por sí sola, no garantiza que exista una infracción ni convierte toda publicación en ilícita: importan el contexto, la veracidad, la finalidad y la forma de difusión. Si queremos prevenir accidentes, documentemos y denunciemos las conductas peligrosas; no confundamos la responsabilidad ciudadana con el derecho a organizar linchamientos digitales.

¿Y los drones que sobrevuelan los fraccionamientos?

Aquí la discusión es más compleja. Los drones también están regulados: la Norma Oficial Mexicana NOM-107-SCT3-2019 establece requisitos según el peso y el uso de la aeronave. Entre otras obligaciones, contempla el registro para equipos con peso máximo de despegue superior a 250 gramos, límites de altura y distancia, operación a línea de vista y restricciones para volar sobre personas. Los requisitos adicionales dependen de la clasificación y del tipo de operación.

La norma también responsabiliza al operador por el uso de la información obtenida y le exige respetar las disposiciones sobre privacidad y seguridad. No es correcto afirmar que todo vuelo sobre una zona habitacional está prohibido automáticamente, pero tampoco que comprar un dron autoriza a sobrevolar y grabar cualquier lugar sin límites.

Un aparato que fotografía paisajes o revisa un techo no equivale a otro que permanece frente a las ventanas, sigue a determinadas personas o registra sistemáticamente sus movimientos. Grabar el interior de una vivienda sin autorización puede afectar la intimidad y generar responsabilidades conforme a las circunstancias.

¿Cuándo hablamos de “halconeo”?

San Luis Potosí incorporó al Código Penal el artículo 293 Quáter, relativo al delito de halconeo. La disposición no convierte cualquier cámara, fotografía o dron en delito: exige una finalidad delictiva específica, como facilitar la comisión de delitos u obstaculizar labores de los cuerpos de seguridad, mediante actos de vigilancia, seguimiento o recopilación de información descritos en la norma.

Por tanto, ver un dron sobre un fraccionamiento no demuestra, por sí mismo, que exista halconeo. Pero tampoco debe ignorarse una conducta sospechosa cuando hay indicios concretos de vigilancia ilícita.

Si un dron invade reiteradamente la intimidad de tu hogar o presenta un comportamiento preocupante, documenta desde un lugar seguro la fecha, hora, trayectoria y cualquier dato observable. Repórtalo a las autoridades de seguridad y, cuando corresponda, a la Agencia Federal de Aviación Civil. No intentes derribarlo ni dañarlo: podrías crear un problema legal adicional.

La seguridad no cancela la privacidad

Las cámaras y los drones pueden ser herramientas útiles para prevenir delitos, pero su uso debe respetar derechos. La respuesta no es prohibir toda cámara que mire hacia la calle ni normalizar cualquier forma de vigilancia.

La discusión seria consiste en distinguir entre proteger una propiedad, difundir imágenes sin justificación e instalar tecnología para vigilar ilícitamente a personas o cuerpos de seguridad. Porque tener una cámara no te convierte en delincuente; utilizarla para vulnerar derechos sí puede tener consecuencias.

Antes de compartir una alarma, revisemos la norma. Y antes de grabar la vida ajena, recordemos que la seguridad propia no concede permiso para invadir la privacidad de los demás.

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