SIGAMOS DERECHO. 

Hace un par de semanas, la Fiscalía General de la República anunció que, después de haber realizado las investigaciones correspondientes, determinaron no ejercer ninguna acción penal en contra del General Cienfuegos.

Como anticipa el título de este texto, la desestimación de los cargos en contra de Cienfuegos no sorprendió a nadie, considero, por tres motivos.

Primero, el hecho de que la Fiscalía haya decidido no perseguir a Cienfuegos Zepeda no sorprende a nadie después de observar la estrecha relación que tiene el actual Gobierno Federal con las Fuerzas Armadas. La promesa realizada en campaña de regresar a los militares a los cuarteles y de resolver la crisis de seguridad con la incuestionable e intachable estrategia de abrazos, no balazos se topó con la crudeza de la realidad y, desde entonces, las nuevas prerrogativas para las Fuerzas Armadas no han cesado. La militarización del país va marchando y lo hace a paso apresurado.

Naturalmente, el segundo motivo es por la poca confianza en el órgano facultado para realizar la investigación y en este punto vale la pena ser precisos en el contexto. El lunes pasado se cumplieron apenas dos años desde que Gertz Manero fue nombrado primer Fiscal General de la República, después de que la Procuraduría dejó de estar bajo el manto del Estado y pasó a ser un órgano constitucionalmente autónomo. La reestructuración institucional a la que fue sometido este órgano, más allá de las formalidades del nombre, ha tenido una ejecución poco satisfactoria y aun no ha logrado sacar adelante casos que son prioridad para la agenda pública, como el caso Lozoya y Agronitrogenados, Odebrecht, Ayotzinapa y otros — sin mencionar, además, que la autonomía de Gertz ha estado en vilo desde su nombramiento por su cercanía con el presidente.

El tercer motivo apunta de manera inevitable al expediente que conformó la DEA. El documento de 751 páginas —difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores en un acto de torpeza diplomática— indica que la investigación principal estaba dirigida a una organización  criminal de Nayarit que transportaba drogas a Estados Unidos y sobre la marcha encontraron que dos de sus integrantes, el H9 y el H12, mantenían comunicación con “El Padrino”. Estos supuestos mensajes, según demuestran en el expediente, están plagados elementos que muy difícilmente le pueden ser atribuidos a Cienfuegos. Vaya, son más de setecientas páginas de vaciladas y suposiciones francamente absurdas. Ciertamente no es complicado pensar que ese expediente sea solo uno de varios documentos que tiene la DEA para formular sus acusaciones, sin embargo, no logro comprender cómo los fiscales estadounidenses presentaron esas pruebas, poniendo en tela de duda el prestigio que les antecede.

El caso ha estado muy politizado desde que comenzó. La novela Cienfuegos está muy lejos de terminar y, por su parte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya se prepara para retomar las investigaciones después de que la Fiscalía General de la República solo se limitó a dar una repasada rápida de las pruebas, en una suerte de Obedézcase pero no se cumpla. Gertz Manero, en lugar de preocuparse por limpiar el nombre de la Fiscalía enojándose en las entrevistas de radio podría ocupar su tiempo en estudiar otras líneas de investigación que vinculan a Cienfuegos. No quisiera contaminar la presunción de inocencia del General, pero existen varios elementos que lo
enlazan a casos de desvío de recursos durante su periodo al frente de la Sedena, además de que no es ningún secreto que ha evitado que sus subordinados fueran citados a declarar por la participación de militares en casos como Ayotzinapa y Tlatlaya.

La justicia habrá de llegar a Salvador Cienfuegos y, ya sea que el desenlace de esta novela termine por condenarlo o por absolverlo, lo más importante será la legitimidad con la que las autoridades mexicanas o estadounidenses lleven el proceso. Sin politiquería y sin simulación.

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