Eduardo Hernández de los Santos, padre del Cayeyo Jr, afirmó a través de un comunicado que el fiscal Federico Garza mintió al ocultar su relación tanto con él como con Eugenio Castañón

Por: Redacción 

A través de un comunicado en medios locales impresos, Eduardo Hernández de los Santos, padre del Cayeyo Jr y conocido empresario ganadero en San Luis Potosí, hizo circular un posicionamiento en el que asienta una presunta colusión entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.

En el documento, publicado a una plana, Hernández de los Santos comienza indicando que, en los hechos ocurridos el 5 de mayo del 2017, su hijo también pudo haber muerto y reprocha a Federico Garza no haber excluido el caso de la intervención de la justicia local en razón de su relación, tanto con él como padre del homicida; como con la propia víctima, quien era el prometido de su hija.

Más aún, el empresario acusa al abogado del estado de haber mentido bajo protesta de decir verdad ante el tribunal que encabezó el juicio; y asegura que la noche del asesinato, Garza ingresó con el titular de la Policía Ministerial a la escena del crimen para comprobar lo que el Cayeyo le había confesado.

De esa actuación, aventura el padre del tirador, Garza habría buscado que no quedaran testigos, pues el circuito cerrado del fraccionamiento Campestre habría dejado de funcionar precisamente en la zona en que se dieron los hechos

También el Poder Judicial del Estado fue involucrado por Eduardo Hernández en la fórmula que expone a través de su posicionamiento, pues asegura que, manipulado, integró un tribunal a modo en el que uno de sus integrantes fue cambiado de último minuto y en forma dolosa.

Hernández de los Santos solicitó a Juan Paulo Almazán Cué que se mantenga al margen de manipular la determinación de sus subordinados una vez que la defensa del Cayeyo Jr interponga los recursos correspondientes para revertir el juicio que, el día de ayer, desembocó en una condena de más de 32 años de prisión.

El extenso texto indica haber sido remitido al propio Andrés Manuel López Obrador, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Procuraduría General de la República.

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