#4 Tiempos
Oye, Cayeyo, ¡ya nos exhibiste! | Columna de María José Puente Zavala
La Penúltima Palabra
El Cayeyo Jr es un tipo de cuidado. Si se le cruza la mirada con la de uno, se crea un vacío en el tiempo y uno siente la necesidad de aprovechar el Mes del Testamento, no bien concluya la situación.
Durante más de un mes que duró el juicio oral al que su defensa recurrió para intentar una reclasificación del delito y reducirlo a un homicidio en riña, el muchacho escuchó, al menos, en veinte ocasiones las siguientes palabras:
“…el juicio que se sigue contra Eduardo Hernández Jannet, por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Eugenio Castañón Elizondo”.
La madrugada del 5 de mayo, nebulosa por el alcohol pero adrenalínica por lo ocurrido, tuvo que haber pasado por su mente, por lo menos, una vez cada audiencia y, cada audiencia, se mantuvo impaciente, inquieto, sentado sobre media espalda, retador y con una expresión que osciló entre el desprecio franco y una suerte de respeto inducido, casi obligado.
Para alguien tan poco acostumbrado a rendir cuentas de su comportamiento, encontrarse en semejante situación debe resultar… incómodo. Vamos, no es lo mismo portar un relojazo en Tequis que en La Pila. Y él lo porta, así, como seguramente lo portaba aquel jueves de mayo, cuando el after party se convirtió en una saga de 24 meses protagonizada involuntariamente por dos poderes del Estado, los mejores rostros del QuéTal y un puñado de medios.
Sin saberlo, con su parranda de aquel día, el Cayeyo enfiló a todos a la exhibición de las miserias. Nadie pudo ni quiso quedarse atrás.
El primer sitio lo peleó, feroz, la Fiscalía General del Estado. La relación personal del fiscal general, tanto con la víctima como con el acusado, tocó el caso y tocó el desenlace, así Federico Garza insista en protegerse con el escudo de la vida personal.
A menos que cualquier ciudadano tenga a la mano el teléfono celular del encargado de la Policía Ministerial del Estado y, no solo eso, sino el poder de hacerlo aparecer en cuestión de minutos, su actuar, desde el momento en que el Cayeyo llamó a su puerta y le dijo lo que le dijo, fue el que le confiere su investidura.
Quienes atestiguamos su interrogatorio pudimos observar cómo su presencia intimidó a los, ya de por sí, parcos defensores oficiales, los que objetaron prácticamente todas las preguntas de la defensa, pero luego fueron incapaces de hilar con soltura una frase para explicar por qué.
Ese testimonio, sin embargo, fue citado por el relator al fundar el fallo condenatorio.
Ahora bien, al menos en la mitad de las audiencias se contó con la presencia de la vicefiscal Maricela Meza, quien, estoica, se reventó sesiones de hasta 13 horas, no sin librar uno o dos cabeceos causados por el sueño; sin embargo, la pregunta es obligada:
En un estado donde ocurren más de cuatrocientos homicidios al año: ¿en cuántos la Fiscalía dispone de un elemento de la talla de la vicefiscal para acompañar personalmente a la familia de las víctimas?
La matemática es innecesaria.
Para el segundo puesto, la Fiscalía hizo mancuerna con la imprudencia mediática. Si bien está de sobra explicar los motivos por los que fue una barrabasada que se publicara el video del levantamiento del cadáver de Eugenio, hay que reconocer que en él se muestran escandalosas fallas en la operatividad del aparato investigador del estado.
Las peritos aseguraron, bajo protesta de decir verdad, haber utilizado equipo de bioseguridad y eso no es cierto; los bancos se movieron de lugar y justamente su posición en el perímetro de la cocina fue parte de dos extenuantes interrogatorios a los peritos que, en cada bando, construyeron la mecánica de los hechos; es decir, dónde y cómo estaban ubicados los chicos antes, durante y después del disparo.
Ya ni hablar de la forma en que se lleva a cabo la captura del material: en un teléfono celular, seguramente con conexión a internet, sin el menor protocolo para evitar que, luego pasa, el video termine en las manos equivocadas… y, mire, pasó.
Vaya usted a saber qué demonios atenacen la mente de un homicida como el que aquí nos ocupa. La cosa es que el chico es culpable y, si las cosas siguen el curso actual, pagará con creces por su crimen; sin embargo, la Fiscalía, si es prudente, debe rechazar los vítores, admitir la crítica y comenzar a trabajar.
Quedito, sin hacer aspavientos, pero comenzar a trabajar en serio.
Por otro lado, la verdad es que el Cayeyo no tuvo oportunidad. Con la exposición del caso, la decisión era complicada, pues admitir las evidentes y vergonzosas falencias que la Fiscalía cometió durante la investigación (y durante el juicio oral) hubiera sido, a nivel de la opinión pública, exponer que todas esas fallas también están presentes en las más de treinta mil carpetas de investigación que se abren anualmente en San Luis Potosí.
O al menos en aquellas investigaciones donde está la mano de los peritos involucrados en este caso. Y no son pocas. Una de ellos contó, por lo menos, cuatrocientos dictámenes emitidos en su carrera. Imagínese.
El Poder Judicial tampoco puede quedarse al margen, pues el análisis de las pruebas y testimonios para construir el dictamen estuvo a su cargo y es innegable, en el contexto que ya se expuso, que durante casi siete horas, el tribunal lo mismo pudo haber deliberado en una oficina que una olla de presión.
Los sentimientos son encontrados.
Emocionado, el tío de la víctima dio el lunes por la noche la única declaración a los medios durante todo el juicio oral y se mostró satisfecho, lo que no es para menos. A la muerte de Eugenio le sucedió la de su padre y luego la de su abuelo. La familia quedó destruida, según declaró Salvador, el hermano mayor.
Sin duda que el arribo de la justicia fue una de cal por las que iban de arena pero es un evento que no sucede a menudo; de hecho, en San Luis Potosí es un privilegio al que solo accederán el 4% de las víctimas.
¿Quién es el culpable ahí?
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#4 Tiempos
Más que un torneo, un paso a la igualdad | Columna de Arturo Mena “Nefrox”
TESTEANDO
San Luis Potosí vive esta semana una fiesta distinta. El balón rueda en el Campeonato Internacional Azteca de Fútbol 5 para Ciegos y Débiles Visuales, un torneo que reúne selecciones nacionales y que coloca a la ciudad en el mapa de un deporte que merece mucho más reflector. Durante varios días, el Centro de Desarrollo Comunitario Simón Díaz se convierte en escenario de partidos intensos, cargados de pasión y de un nivel competitivo que desarma cualquier prejuicio.
Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, además de las escuadras de México en categoría mayor y juvenil, se enfrentan con el mismo deseo: demostrar que el fútbol no tiene límites cuando existe disciplina, técnica y hambre de triunfo. Lo que en apariencia parece un torneo menor, en realidad es una muestra de que el deporte puede ser un terreno donde la inclusión se ejerce, no se promete.
Cada jugada es un recordatorio de lo que significa competir desde la adversidad. Los jugadores disputan la pelota con una entrega que pocas veces se ve en el fútbol profesional, comunicación constante, concentración absoluta, confianza en el compañero y un respeto genuino por el rival. Aquí no hay contratos millonarios ni reflectores mediáticos, pero sí un compromiso que debería sonrojar a más de un equipo de primera división.
En el marco de este torneo, la selección de Estados Unidos ha decidido aprovechar su participación para grabar parte de un documental que retrata su camino hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Más allá de los resultados deportivos, la presencia de cámaras en sus entrenamientos y partidos busca dejar testimonio del proceso, de la disciplina diaria y de la construcción de un proyecto que quiere llegar con fuerza a la máxima cita paralímpica. Ese esfuerzo añade otra capa de significado. San Luis no sólo es sede de un torneo, también se convierte en escenario de una historia que trascenderá fronteras.
Para San Luis Potosí, la responsabilidad es doble. No basta con ser sede, hay que estar a la altura de lo que significa recibir un torneo internacional, dar difusión y demostrar que el fútbol adaptado tiene un lugar real en la vida deportiva del estado. Este campeonato es también una oportunidad para darle continuidad a proyectos locales que ya han trabajado con empeño y sacrificio en el fútbol para ciegos.
Pero la pregunta inevitable es qué pasará después. ¿Será este torneo un punto de arranque hacia la consolidación del fútbol 5 en México o quedará en la memoria como un evento aislado? El reto está en no conformarse con la foto del arranque ni con los discursos de ocasión. Se necesitan torneos más sólidos, entrenadores formados, recursos permanentes y, sobre todo, la voluntad de tratar este deporte con la seriedad que merece.
En San Luis Potosí no se está jugando sólo un campeonato, se está jugando la credibilidad de un país que dice apostar por la inclusión. Cada gol, cada atajada, cada aplauso, es un grito contra la indiferencia. Porque en esta cancha, más que el resultado, lo que importa es entender que el fútbol también se juega con el corazón cuando los ojos ya no alcanzan.
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#4 Tiempos
Sobre la oficina de la abogada de la UASLP: La réplica desperdiciada
El pasado 22 de agosto, quien esto escribe publicó una columna de opinión titulada “La abogada y el diablo”, en la que hice un recuento de las continuas, constantes y costosas derrotas jurídicas que ha venido acumulando la oficina de la abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
En el texto, también fui revelando las curiosas casualidades entre los actos jurídicos fallidos de la UASLP, representada por la licenciada Urenda Queletzú Navarro Sánchez, y las revelaciones de los medios propiedad del empresario Miguel Maya Romero, a quien me refiero cariñosamente en varias ocasiones con varios sinónimos y parafraseados de su apodo: “el diablo”.
Si alguien se perdió la columna de opinión a la que me refiero, les comparto el enlace para que tengamos, tengan todos mis lectores y Culto Público, el mismo contexto.
🔗 https://laorquesta.mx/la-abogada-y-el-diablo-apuntes-de-jorge-saldana/
Producto de esa publicación, la oficina jurídica y su titular usó el derecho de réplica que nos concede a todos la Constitución y sus leyes reglamentarias, por considerar que la publicación –como se asentó por oficio– incurre en “inconsistencias derivadas de información incorrecta e imprecisa”.
El texto que mandó la titular de la oficina jurídica universitaria a este medio (mismo que también adjunto) no solo es triste, disperso y contradictorio, sino que deja claro, punto por punto, que a quien defiende su titular, Urenda Navarro, no es a la Universidad Autónoma… sino a sí misma.
En cuatro cuartillas repletas de errores ortográficos, de sintaxis y gramaticales, que se podrían esperar de cualquiera, pero no de una doctora en Derecho (tengo la duda: ¿sí tiene el grado? Porque eso nunca ha quedado claro) y titular de la representación legal de la centenaria institución académica.
Pero eso es lo de menos, creo que nadie espera que la autora de la réplica (con acento, licenciada) sea también experta en redacción y sintaxis. Lo que sí se espera por parte de toda la comunidad universitaria y la sociedad en general es que la titular del área sea, por lo menos, conocedora y entendida en temas legales. No obstante, uno a uno de los asuntos legales que enlisté en mi columna original se han confirmado como errores, omisiones y derrotas, legales o de facto, que se apuntan a su gestión, mismas que, inexplicablemente, no los combate en su airada respuesta y en su lugar se exhibe y expone al rector Alejandro Zermeño Guerra.
En el primer punto de las aclaraciones, la oficina de la abogada intenta precisar que, respecto al contrato de arrendamiento (“contrato” va en minúscula porque no es nombre propio) de los terrenos propiedad de la universidad con la empresa VEM, que no fue Urenda Navarro quien elaboró el documento, sino su antecesor, Joel González de Anda, y advierte que en la columna de opinión no se partió de la verificación de las fuentes a las que se alude.
Si fuera acuciosa su oficina y su titular en leer mi columna en cuestión, en ningún fragmento se afirma que fue ella la que redactó el documento, lo que se cuestiona es la razón por la cual, después de un año de estar al frente de la responsabilidad jurídica, no advirtió de los detalles del poroso (y lo reitero: poroso y abusivo) contrato que les generó un problema jurídico mayúsculo en el que aún están inmersos como institución.
Y lo más grave: con la redacción de su réplica, deja ver explícitamente que ni ella, ni el rector Zermeño conocían siquiera los detalles del contrato elaborado por su antecesor, y que de manera reactiva, tuvieron que buscar el contrato para apenas conocer sus cláusulas.
¿Es así como la titular de la oficina de la abogada general defiende a la Universidad y a su jefe que lleva el mando de la misma?
El texto –insisto– evidentemente redactado para la propia defensa de quien lo firma, Urenda Navarro Sánchez, pone de manifiesto la irresponsabilidad con la que tanto ella como su jefe dejaron pasar en absoluto descuido un asunto tan delicado.
En el segundo punto del reclamo, se argumenta que en mi columna afirmé que la vía por la que se debió presentar un recurso contra la empresa VEM era la vía penal, lo que es totalmente falso y se contradice al citar mi texto de opinión, que deja claro que en la redacción nunca se sugirió una u otra vía, lo que se escribió fue una aclaración, entre paréntesis, para dejar claro que no es lo mismo una denuncia y una demanda. Nada más.
En el mismo punto, la oficina de la abogada explica la razón por la que la demanda mercantil contra la empresa fue presentada hasta el mes de junio y no en enero, esgrimiendo que su equipo tuvo que trazar la ruta más adecuada y que se abocaron a dar cumplimiento al contrato y reunir los elementos necesarios para después tomar una decisión.
Sin embargo, la explicación apura una pregunta: ¿Por qué en la primera parte del texto se asegura, y hace hincapié, en que la vía correcta de proceder era la de imponer una demanda mercantil, pero en la segunda parte de su argumento concede que su oficina tardó cuatro meses en llegar a esa conclusión?
¿Estaba segura o no la oficina jurídica universitaria en el cómo proceder?
Porque lo que declara la firmante en su atento oficio es que para decidir entre interponer o no una demanda, se tardaron cuatro meses. Que es justamente lo que le hago ver y le cuestiono en mi texto, al que por lo menos en este punto, y tras su respuesta, se me otorga la razón cuando hago ver su evidente tardanza.
El tercer punto aclaratorio de la abogada general de la UASLP es una joya:
Luego de citar mi texto (siempre en negrillas, detalle que agradezco) en la parte en la que infiero que el convenio en cuestión fue filtrado a los medios del empresario Maya Romero, la abogada general responde y ahora yo la cito:
“…al momento en que se puso en conocimiento al titular de la rectoría (con minúscula porque se refiere al cargo) del contenido del contrato de arrendamiento, también se le informó que mi antecesor en el cargo había ordenado no subir el instrumento jurídico a las obligaciones de transparencia en las que se dan cuenta los convenios y contratos que suscribe la institución…”
En pocas palabras, lo que dice el oficio es que por más de un año, como lo admiten explícitamente, tanto la oficina de la abogada general como el doctor Alejandro Zermeño fueron omisos en cumplir una obligación de transparencia, y hasta ese momento, (en el que se filtra a los medios propiedad de Maya Romero) se giró la instrucción de atender la normativa.
A continuación, la titular y solicitante de la réplica, niega que el documento se haya “filtrado” a los medios, y asegura que se giró una instrucción para que se subiera a la plataforma de transparencia, además de que –plasma en su texto y confirma con su anexo 4– que la Universidad recibió y atendió una solicitud de transparencia el 20 de noviembre por parte de un periodista para obtener el documento.
Esto es evidentemente contradictorio y falaz, pues antes de ese 20 de noviembre, el portal Astrolabio ya tenía en su poder el documento, mismo que recibió en un sobre cerrado, tal como lo confirmó a este reportero, cara a cara, el empresario Maya Romero.
Por lo demás, los anexos que acompañan al oficio de réplica, fechados el 20 de noviembre y recibidos por la oficina de la abogada general el día 25 del mismo mes, pudieron ser confeccionados y sellados cualquier día, es la oficina a cargo de Urenda Navarro la que tiene la papelería y los sellos para poder hacerlos.
No hay evidencia real de una solicitud de transparencia registrada por una plataforma, y sí la palabra del empresario de medios, al que podemos, si la oficina de la solicitante de la réplica está de acuerdo, invitar para que nos confirme la versión, tanto a la abogada universitaria como a este reportero.
En todo caso, ¿no es demasiada casualidad que el mismo día que usted, por instrucciones de la máxima autoridad, instruyó subir a las plataformas de transparencia la documentación, haya sido presentada una solicitud de transparencia expresa sobre el documento?
Sobre la presencia de “una tercera persona” en la reunión entre la titular de la oficina de la abogada general y el rector, se solicitaría que sea mencionado su nombre, para que así tenga capacidad de defenderse ante la inferencia de la oficina jurídica universitaria de ser el autor de la filtración.
El reportero no tiene ni tuvo por qué saber quién o quiénes se presentan a las reuniones en las que, de manera privada, la Universidad Autónoma y sus funcionarios toman decisiones.
La mención de ese tercer personaje misterioso, suena más a un truco velado para proteger, una vez más, a la abogada general Urenda Navarro, y no a la Universidad Autónoma.
Sobre el cuarto punto de la réplica, hay poco que decir, pues solo confirma que la controversia constitucional interpuesta por la Universidad a la que representa, fue efectivamente desechada por ser “no-to-ria-mente improcedente.”
En el resto del texto de ese punto, solo se resume que, en anteriores ocasiones, también ha fracasado en sus intentosporque la corte considere a la UASLP como un ente autónomo con capacidad jurídica para presentar ese tipo de controversias.
En referencia a que no hace falta tener el número de expediente para conocer el documento de la controversia constitucional, tiene la oficina de la abogada general toda la razón, y fue erróneo por parte del autor, quien esto escribe, inferir que de alguna manera la oficina reclamante facilitó a un medio en particular el camino para encontrar el documento en los archivos públicos de la SCJN.
Sin embargo, yo le solicitaría a la oficina que comanda, Urenda Navarro Sánchez, que se diera a conocer, no solamente a este medio, sino a la sociedad en general, el comunicado, boletín, entrevista o aviso público en el que se haya informado a la comunidad y a los potosinos que la Universidad interpuso esta herramienta jurídica.
Y de no existir un comunicado público, se me ayude a explicar cómo fue que el medio de comunicación que lo publicó tuvo la capacidad de adivinar a ciegas que la oficina de la abogada general de la UASLP había promovido dicha controversia.
Las dos solicitudes que rematan el oficio de la oficina de la abogada general han sido resueltas:
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Se resolvió y se publicó íntegra la solicitud de réplica de la abogada de la UASLP y sus anexos el pasado 5 de septiembre en la página, redes sociales y listas de difusión en el mismo espacio y características en que fue publicada la columna que originó el debate.
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Se publicó la réplica íntegra con inserción pagada.
Para finalizar, respecto al anexo 1 en que la abogada universitaria Urenda Navarro Sánchez comprueba que la columna fue impulsada con una pauta en redes sociales por 800 pesos, se puntualiza que la abogada debió ser más exhaustiva en su búsqueda, pues no solo esa columna fue impulsada económicamente en redes sociales.
Todos los días, a conveniencia estratégica del medio, se impulsan y segmentan artículos, videos, columnas y noticias. Todos los días y sobre diversos temas.
Dicho lo anterior, le informo a usted, licenciada Urenda Navarro, y a la oficina a su cargo, que la réplica que usted nos envió no solamente fue pautada por los 800 pesos que nos solicita, sino que se invirtió el doble de recursos.
La razón para hacer esto no responde ni a la generosidad del director y propietario del medio –su servidor– ni a una presuntuosa holgura económica, sino a la necesidad del medio que dirijo para que la comunidad universitaria tenga más posibilidades de darse cuenta en qué términos y en qué formas responde y redacta su oficina, o usted, algo tan valioso como una réplica mediática.
Para que los universitarios y la comunidad en general tengan más elementos para explicarse el por qué la oficina de la abogada general pierde, una y otra vez, casi todos sus asuntos legales, y para que los universitarios sepan que no tienen una defensora de la institución, sino una abogada que antepone sus intereses personales a los valores que representan el logotipo del águila universitaria.
Si así como responde la oficina jurídica un derecho de réplica, atiende los asuntos de mayor relevancia para la institución, es fácil descubrir el por qué se arrastran y acumulan los fracasos.
Y para concluir a todo esto, quien esto escribe deja una aclaración y una pregunta:
El texto se encuentra dentro de los géneros periodísticos de opinión. ¿Qué hace la abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí debatiendo en medios la opinión, subjetiva, de un aprendiz de reportero?
¿No tiene otros temas que atender de mayor relevancia?
Cinco-cero.
Jorge Saldaña
Aquí el enlace a la réplica íntegra y sus respectivos documentos:
#4 Tiempos
Centenario del concierto de Sonido 13 en el Teatro de la Paz | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Para el mes de febrero de 1925, Julián Carrillo y sus alumnos tenían todo listo para interpretar por primera vez a nivel mundial música en fracciones de tono en un concierto programado en el Teatro Principal de la Ciudad de México, que promocionaba como el concierto en el cual: “por primera vez en el mundo se oirán en un concierto composiciones musicales con dieciseisavos, octavos y cuartos de tono, elementos conquistados por México en el año de 1895”.
En ese concierto se estrenaría la obra de Carrillo: “Preludio a Colón” que inauguraba la entrada a un nuevo universo musical; participarían también sus alumnos con composiciones en fracciones de tono basado en la teoría de Sonido 13 con obras de Soledad Padilla, Elvira Larios y Rafael Adame.
El domingo 15 de febrero de 1925 se tocaba por primera vez en el mundo música basada en la teoría musical de Sonido 13 desarrollada por el potosino Julián Carrillo. Después de este histórico concierto se programaba una gira nacional para dar a conocer el nuevo sistema musical, la cual iniciaría en la tierra natal de Julián Carrillo, San Luis Potosí, anunciándose la llegada del maestro al estado potosino y siendo recibido en Ahualulco, su lugar de nacimiento, en el mes de septiembre de 1925.
El gran concierto de Sonido 13 se efectuaría en el Teatro de la Paz el 13 de septiembre de 1925 para después recorrer la mayor parte del país. El concierto, al igual que aquel concierto inaugural en el Teatro Principal, tenía el carácter de demostración de las nuevas teorías y despedida al mismo tiempo, pues Julián Carrillo iría a radicar por un tiempo a Nueva York.
Carrillo fue declarado Huésped de Honor de la ciudad de San Luis Potosí y fue entusiastamente homenajeado por los artistas, estudiantes, y en general el pueblo potosino, como demostración de su sincero aprecio, como rezaba la nota periodística de Acción, el periódico de esa época en San Luis.
Producto de su visita a San Luis a ofrecer el concierto de Sonido 13 por primera vez en San Luis, el 24 de julio de 1925 se formó el Comité de los 13 pro Julián Carrillo con el objetivo de hacer promoción y organizar los festejos, el cual quedó formado por las siguientes personalidades potosinas: presidente, Juan H. Sánchez; vicepresidente, Lic. Manuel Rodríguez Martínez; tesorero, Juan Silos; secretario, Francisco Salazar; y vocales, señorita profesora Guadalupe Moreno, Rodrigo de G. Arriaga, señorita profesora Esther de Santiago, profesor Lino Gómez, José T. Nevares y Manuel R. Flores.
De los arreglos efectuados por este Comité se logró que el concierto en San Luis Potosí se realizara como prólogo a las fiestas patrias con el fin de que ese año tuvieran un esplendor inusitado . La fiesta se pretendía que fuera doblemente memorable: evocadora de nuestras viejas tradiciones y demostrativa de las actuales glorias.
Carrillo dictaría una serie de conferencias sobre el Sonido 13 como preámbulo al gran concierto; su llegada a San Luis fue apoteótica, después de un cuarto de siglo regresaba a tierras potosinas para iniciar su gira nacional. La recepción que se dispuso en los andenes de la estación de ferrocarril fue grandiosa, a pesar de las inclemencias del tiempo. Distinguidas damas y honorables caballeros lo acompañaron desde la estación al Palacio del Ayuntamiento donde fue declarado huésped de honor.
El Teatro de la Paz sería el escenario del magno concierto de Sonido 13, el 13 de septiembre de 1925, donde se colocaría, en la entrada del recinto, una placa al Sonido 13 que sería retirada años después. Como instrumentistas microtonales participaron: Luis González y González, Manuel C. Ascencio, Luis G. Galindo, Rafael G. Adame, José M. Torres, Gerónimo Baqueiro Foster, Santos Carlos y José López Alavez (compositor de la popular Canción Mixteca).
En los coros participaron: María Sebastiana Ahedo, María García Ganda, Elvira Larios, Cecilia Larios, Soledad Padilla, María del Refugio Lomely, Guadalupe Solís, Anita Valderrama, Josefina Carlos, Marcelina Carlos, Amalia Tamayo, María de los Ángeles Ortiz, Josefina Buendía, Celia Jiménez, y los señores: Luis G. Galindo, Rafael G. Adame, Manuel C. Ascencio, Santos Carlos, Gerónimo Baqueiro Foster, Enrique Rodríguez, Tomás Ponce Reyes, José María Flores, Manuel León Mariscal, Antonio Hernández Montoya, José López Flores, Vicente T. Mendoza (famoso investigador de música popular mexicana) y José López Alavés autor de la célebre canción mixteca.
Seis años después, el 13 de septiembre de 1931 se volvió a celebrar un concierto de Sonido 13 dirigido por Carrillo y con obras clásicas de Mozart y Schubert, en el Teatro de la Paz donde se presentaba por primera vez la Orquesta Sinfónica de la Unión Filarmónica Potosina.
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