El nuevo titular señaló que su encomienda será mantener el ritmo de las obras en proceso y acelerar los proyectos estratégicos en las cuatro regiones

Por: Redacción

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, instruyó la incorporación de Jorge Grimaldo Limón como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), en sustitución de Isabel Leticia Vargas Tinajero, con la encomienda de mantener el ritmo de ejecución de la infraestructura estatal y acelerar los proyectos previstos para las cuatro regiones.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, tomó protesta al nuevo funcionario y señaló que el relevo permitirá dar seguimiento puntual a las obras en marcha, agilizar nuevos proyectos y mantener una supervisión permanente para que cada intervención se ejecute con eficiencia, transparencia y uso responsable de los recursos públicos.

Afirmó que Jorge Grimaldo Limón tendrá como prioridad concluir las obras actualmente en proceso y acelerar los proyectos estratégicos en puerta

, ante el crecimiento urbano y las nuevas necesidades de movilidad, vivienda, conectividad y ordenamiento territorial que registra San Luis Potosí.

“El desarrollo urbano debe responder al crecimiento que vive San Luis Potosí. La encomienda es mantener el ritmo de trabajo, concluir las obras en tiempo y forma y lograr que los nuevos proyectos se traduzcan en mejores condiciones de movilidad, conectividad y calidad de vida para las familias potosinas”, expresó.

Torres Sánchez destacó que la obra pública continuará llegando a colonias, comunidades y municipios, con proyectos que generen mejores vialidades, mayor conectividad y condiciones para el desarrollo económico, manteniendo una ejecución ordenada y con resultados visibles para la población.

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El programa está dirigido a familias sin vivienda propia ni acceso a crédito hipotecario

Por: Redacción

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que en la próxima quincena entregará 5 mil lotes urbanizados más a través del programa Tu Casa Tu Apoyo, dirigido a familias sin vivienda propia.

Detalló que los terrenos ya cuentan con calles y avenidas, y que previamente se han entregado más de 10 mil lotes, con espacio disponible para sumar a nuevos solicitantes.

Informó que se contempla incorporar a 3 mil familias adicionales, por lo que quienes no cuenten con otra propiedad pueden acudir a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore)

con su documentación para iniciar el trámite.

Anunció también la entrega de 5 mil paquetes de materiales de construcción para familias que ya cuentan con su certificado de lote, para que puedan comenzar a edificar su vivienda.

Dijo que el programa está dirigido a quienes, por no tener empleo estable, crédito hipotecario o los puntos necesarios ante el Infonavit, históricamente no habían podido acceder a una vivienda.

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Comerciantes ya identificaron y ubicaron a la mujer; el primer denunciante dice haber recibido amenazas para retirar la denuncia

Por: Haniel Valdés Velázquez

Entrevistar a la Fiscal General del Estado es muy sencillo: siempre se sabe qué va a responder. Usa dos comodines: “voy a mandarlo a investigar”, cuando el tema es viral y no tiene información, o “no tengo información”, cuando no solo la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) no ha hecho su trabajo, sino que su titular decide restarle valor al asunto.

Es lo que volvió a ocurrir con el caso de la mujer señalada de robar en comercios del Centro Histórico de la capital potosina.

El 13 de marzo de 2026, esta casa editorial documentó el caso por primera vez: comerciantes habían denunciado en redes sociales a una mujer que, aprovechando descuidos de los trabajadores, sustraía carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos. Consultada entonces, la fiscal María Manuela García Cázares respondió: “No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad.”

Cinco meses después, la pregunta volvió a plantearse de forma directa. Y la respuesta cambió de sentido: “¿Ha avanzado el caso de la señora que entraba al restaurante y se llevaba los tablets y computadoras?”, se le preguntó. “No, no, no tengo conocimiento de esos hechos”, respondió.

En marzo prometió revisar. En agosto dijo no saber nada.

Entre una declaración y otra no solo pasó el tiempo. El propietario de uno de los negocios afectados entregó a este medio videos donde se observa con claridad el rostro de la mujer, y varios comerciantes reconocieron en esas imágenes a la misma persona, que según señalan ha repetido el mismo modo de operar en otros comercios del Centro Histórico.

Comerciantes de la zona identificaron plenamente a la mujer y, en redes sociales, llegaron a difundir públicamente su domicilio. Ese mismo señalamiento derivó en un episodio más grave: el primer denunciante recibió una comunicación directa de la mujer en la que, según relató, lo amenazó para que retirara la denuncia y eliminara los videos publicados en redes sociales.

Sobre cuánto debería tardar una investigación de este tipo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no fija un plazo para la etapa inicial de investigación —la que corre antes de que exista una persona vinculada a proceso—: puede prolongarse, en los hechos, durante años. El plazo legal aparece después: una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la investigación complementaria debe cerrarse en un máximo de dos meses para delitos con pena no mayor a dos años, como el robo sin violencia. La ausencia de plazo en la primera etapa no exime a la Fiscalía de investigar; solo elimina el margen para justificar la inacción con un simple “no tengo información.”

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