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Ninguno de los 58 municipios en SLP han solventado cuentas públicas 2017
La titular de la Auditoria Superior del Estado informó que ninguno de los entes fiscalizables ha logrado solventar las observaciones detectadas por el equipo de auditores.
Por: Redacción
La titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE), Rocío Cervantes Salgado, informó que el organismo de fiscalización superior, se encuentra por concluir el proceso de verificación de las observaciones pendientes y remitir a las unidades investigadoras, las cuentas públicas 2017. Sin embargo, comunicó que ninguno de los entes fiscalizables ha logrado solventar las observaciones detectadas por el equipo de auditores.
Cervantes Salgado afirmó que se encuentra a punto de concluir el proceso para luego turnar las faltas que queden sin solventar a las áreas correspondientes, ya sea a las Contralorías Internas, el Tribunal de Justicia Administrativa o, en caso de delito, a la Fiscalía Anticorrupción.
“Ya se les notificó a todos los organismos y entes las observaciones que quedaron pendientes del 2017, pero se va a turnar ahora a las Unidades Investigadoras y Substanciadoras, que formarán las carpetas correspondientes para que, en otra instancia que es la Substanciación, las partes interesadas puedan desahogar algunas de las observaciones. Posteriormente, se enviarán esas carpetas a las áreas sancionatorias, como la Fiscalía Anticorrupción, en caso de que sea algún delito, al Tribunal de Justicia Administrativa o, en su caso, las Contralorías Internas, si son faltas no graves”, explicó la titular de la ASE.
Respecto a la situación de los 58 municipios, comentó que en su totalidad tienen observaciones pendientes que tendrán que aclarar en las instancias mencionadas. Dijo que los principales conceptos observados fueron erogaciones sin comprobación, falta de documentos, erogaciones sin justificación, obra pública inconclusa y gastos no autorizados por el fondo o programa.
“No hay entrega de documentación, de la justificación de la compra, obras inconclusas, obras que no cumplen con lo que marca la ley y volúmenes pagados en exceso, ese tipo de conceptos son lo que más se han observado. En el caso de estos últimos, los entes tienen que comprobar por qué se hizo ese pago y por qué concepto se dio”, agregó.
Por último, la titular de la ASE comentó que este proceso concluirá a más tardar a mitad de este año, para turnarlas a las áreas que van a sancionar a los funcionarios que cuenten con observaciones pendientes.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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