#4 Tiempos
Los pormenores del desafuero | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
El pasado jueves 06 de mayo, la Suprema Corte de Justicia recibió la controversia constitucional presentada por el Congreso Local de Tamaulipas en contra de la declaración de procedencia dictada en días previos por la Cámara de Diputados que retira la inmunidad procesal —comúnmente conocida como fuero— al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Retrocedamos un poco en los hechos para analizar qué implica esto y por qué es un caso al que hay que prestarle atención.
Dentro de la interminable lista de nombres de políticos que han soltado Emilio Lozoya y compañía, el gobernador García Cabeza de Vaca y otros panistas —como Felipe De Jesús Cantú, hoy en Morena y coordinando la campaña de Clara Luz Flores a la gubernatura de Nuevo León— fueron señalados como responsables de obtener sobornos a cambio de aprobar la reforma energética impulsada en el sexenio de Peña Nieto. Por estos señalamientos y por acusaciones de defraudación fiscal equiparada, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de probable participación en delitos de delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República solicitó el 23 de febrero a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas para que se le remueva del cargo y se pueda llevar a cabo el proceso penal en su contra.
El 30 de abril, la Cámara de Diputados conoció del caso de García Cabeza de Vaca y se procedió a la votación para su desafuero, que tuvo como resultado 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, por lo que se avaló el dictamen y se realizó la Declaración de Procedencia. Más tarde ese mismo día, el Congreso de Tamaulipas llevó a cabo una votación en la que determinaron con 26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, rechazar el desafuero de García Cabeza de Vaca.
Ante la clara contradicción de criterios, el Congreso de Tamaulipas solicitó a la Suprema Corte que desechara la Declaración de Procedencia que emitió la Cámara de Diputados. Como se vislumbra, estamos ante un caso clásico de juego de fuerzas: por un lado, una Cámara de Diputados mayoritariamente morenista; por otro, un Congreso local casi completamente panista; ambos
auspiciados por sus respectivos líderes e interpretando a conveniencia los poco precisos artículos constitucionales.
La Constitución establece en su artículo 111 que para proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, “la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”. Esta última parte «como corresponda» es, a mi juicio, la que complica exageradamente este asunto. ¿Qué significa «como corresponda»?
A primera vista, podría parecer que después de la declaración de procedencia realizada por la Cámara de Diputados se le pasa la bolita al Congreso local para determinar si retiran la inmunidad procesal al acusado o no, lo cual me parece una interpretación razonable. Tiene cierta lógica pensar que sea el Congreso local el que decida si se le retira la inmunidad procesal a su gobernador, pues finalmente parecería ser un asunto que solo atañe a los tamaulipecos.
Sin embargo, más adelante el mismo artículo 111 constitucional indica que las resoluciones de la Cámara son inatacables y —más importante— que “[e]l efecto de la declaración (…) será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal”. Sobre esta misma línea, el artículo 74 constitucional indica que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión —o sea, de la Cámara de Diputados— proceder penalmente contra los funcionarios públicos que caen bajo los supuestos del 111. Entonces, hay que remitirnos a la Constitución del Estado de Tamaulipas y buscar qué puede corresponder a la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados.
En lo relativo al juicio político por razón de delitos penales, la Constitución de Tamaulipas establece en su artículo 152 que al gobernador sólo se le puede acusar ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ) en los términos del artículo 151. Por su parte, el 151 señala que el gobernador del Estado puede ser sujeto de juicio político en los términos del 110 de la Constitución, lo cual nos regresa al supuesto inicial sin ninguna respuesta; pero más adelante también indica que el Congreso local debe proceder a acusar ante el STJ, previa declaración de las dos terceras partes de sus integrantes. Así, el mismo artículo 151 contempla dos supuestos que pueden servir a ambos intereses y que nos dejan aún con las mismas dudas.
Dentro de la misma Constitución de Tamaulipas, su artículo 84 establece que en los casos en que el gobernador sea suspendido de sus funciones (como sucede con la declaración de procedencia), el Congreso Local deberá convocar a nuevas elecciones si la falta ocurre en los primeros tres años de gobierno; o nombrar a un gobernador interino para que termine el periodo restante. En mi opinión, esta es la respuesta a «procedan como corresponde».
La lógica es esta: primero, la Fiscalía acusa. Luego, la Cámara de Diputados, con mayoría absoluta aprueba la declaración de procedencia, cuyo efecto es retirar la inmunidad procesal y separar de su cargo al inculpado mientras esté sujeto a un proceso penal. Después, ante la falta de persona ocupando el cargo de gobernador, le toca al Congreso local nombrar a un interino mientras el acusado lleva su proceso penal. Para el caso concreto, considero que efectivamente García Cabeza de Vaca ya no cuenta con la protección del fuero constitucional.
La interpretación de estos artículos, tanto de la Constitución federal como de la local, ha resultado ser un tema de amplísima discusión pues, como vimos, la redacción está lejos de ser precisa en el procedimiento que se debe de seguir. Además, en los más de 100 años que ha estado vigente nuestra Constitución, no ha habido un solo precedente que nos pueda orientar; el desafuero de Andrés Manuel del 2005 fue distinto, pues en ese tiempo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal no se le consideraba gobernador. Como lo hace el ministro en retiro José Ramón Cossío en su artículo para El Universal, es posible argumentar que la respuesta se encuentra en la exposición de motivos de la reforma constitucional de 1982 que modificó el artículo 111, y que expresa que la razón de ser de la modificación es dejar el asunto en manos del congreso local. No obstante, como hemos discutido, la literalidad y redacción de los artículos en cuestión es poco feliz, por llamarle de alguna manera.
Antes de terminar de enfrascarnos en una discusión estrictamente técnica y leguleya, vale la pena alejar un poco la vista y estudiar el asunto desde sus hechos. Por un lado, tenemos un presidente que ha concentrado en sus manos una inmensa cantidad de poder; una Cámara de Diputados que aprueba lo que sea que les digan desde arriba, sin preguntar; una Fiscalía que está lejos de probar su verdadera autonomía; y una Suprema Corte que, por las presiones a las que se ha dejado someter su ministro presidente, ya no convence. Por otra parte, tenemos a un gobernador que se ha enfrentado fuertemente a López Obrador, pero que con un Congreso local metido en la bolsa puede salirse con la suya y prevenir cualquier proceso penal en su contra.
Si la presente disputa se tratase de un gobernador cualquiera en una situación política cualquiera, mi postura y lectura constitucional van en favor de que sea la Cámara de Diputados la que resuelva el desafuero. Sin embargo, ahora que será la Suprema Corte la que resuelva, considero importantísimo que también se considere el clima político del momento. De avalarse el desafuero a García Cabeza de Vaca, se le estaría abriendo la puerta a López Obrador para desaforar indiscriminadamente a cualquier gobernador que se le oponga, siempre que mantenga su mayoría en la Cámara de Diputados.
En ningún momento defiendo la idea de que a García Cabeza de Vaca no se le debe de investigar; si hay motivos para abrirle una investigación, que se le investigue y en su caso que se le juzgue con todo el peso de la ley. Sin embargo, el fundado sospechosismo no deja de hacerse presente cuando hablamos de un gobernador con una particular rivalidad con el presidente. Más aún cuando se le intenta desaforar en época electoral y a poco tiempo de que termine su periodo (2022); una vez abandonando la gubernatura, García Cabeza de Vaca ya no contará con inmunidad procesal y se le podrán abrir todos los procesos penales que se deseen.
** A García Cabeza de Vaca le defiende el hábil abogado Alonso Aguilar Zinser, quien en su momento sacó de la cárcel al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Hay tiro.
Lee también: Distorsiones al orden jurídico | Columna de Víctor Meade C.
Acento Ajeno
La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés
ACENTO AJENO
Por: Haniel Valdés Velázquez
Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.
Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.
En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.
Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?
Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.
Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.
Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.
La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades
ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.
El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.
Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.
Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.
La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.
Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.
También lee: Gallardo renueva transporte público urbano
El Cronopio
Carlos Villatoro, el actor de corazón potosino | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Los inicios del cine mexicano están marcados por la participación de actores y actrices de San Luis Potosí; algunos personajes han sido tratados en esta columna. Desde la época del cine mudo hasta los albores del cine sonoro en México, aparecen estas contribuciones potosinas que se extienden a lo largo de toda la historia del cine mexicano.
Entre los personajes que inician su actividad actoral en el cine mudo se encuentra Carlos Villatoro, que si bien se registra su lugar de nacimiento en Comitán, Chiapas, en 1903, siempre subrayó su sello de potosino en virtud que sus hermanos mayores habían nacido en San Luis Potosí y su familia radicaba en la ciudad potosina al finalizar el siglo XIX.

Uno de dichos hermanos era Héctor Villatoro que a principios de la década de los veinte se encontraba como cónsul en Canadá, y con quien fue enviado Carlos Villatoro por su padre. Este periplo marcaría su primera relación con el mundo del cine, pues al quedar varado en Nueva York por una huelga que imposibilitó su viaje a Canadá, conoció a quienes iniciarían la dirección de películas en México, Gabriel García Moreno y Manuel Ojeda, en ese momento se acercaba a la actividad actoral en Nueva York. Como consecuencia, en 1925 García Moreno le propuso el papel estelar de la película El Buitre, y una serie de películas que se filmaron en Orizaba, Veracruz, de 1925 a 1927, entre ellas el Puño de Hierro de 1927 que se considera la primera película que trata el mundo de las drogas.
Como pionero del cine mudo mexicano Carlos Villatoro se convierte en uno de los mejores actores del cine mudo mexicano y de los primeros años del cine sonoro, al protagonizar películas sonoras desde 1934, entre ellas la película de Juan Bustillo Oro, Dos Monjes, donde participa también la actriz potosina Emma Roldán, en el papel de Gertrudis la madre de Javier, protagonizado por Carlos Villatoro; en esa película participa también en realización de Dos Monjes, el matehualense Juan José Ortega García, de quien trataremos en futuras entregas de esta columna.
Carlos Villatoro conoce a Juan Bustillo Oro cuando estudiaban en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que fue otro encuentro que le marcaría su destino a la actuación en cine, donde también se formaría como guionista y director, dirigiendo a principios de los cuarenta los cortometrajes: Viaje a Jalapa, Canciones y Danzas Mexicanas, Compositores Mexicanos y Juan Diego. Escribió el argumento de la famosa y exitosa película Quinto Patio, dirigida por Rafael Sevilla en 1950.
Después de su participación en el cine mudo en México donde actuó en cinco películas en la década de los veinte, inicia su participación en el cine sonoro en 1934 en la película Águilas de América dirigida por Manuel Ojeda, participando en alrededor de veinte películas en el lapso de diez años, terminando su actuación en 1943 en la película La Mujer sin Alma de Fernando de Fuentes en 1943, al lado de María Félix.
A partir de 1944 se desempeña como anotador y asistente de director hasta 1963, año de su muerte. En esta actividad trabaja en numerosas producciones norteamericanas filmadas en México, teniendo apariciones incidentales.
También tuvo participación en la radio en México, siendo locutor en varias estaciones desde 1929. En la XEW tuvo el programa en 1951 “El rincón bohemio de Carlos Villatoro”.
Carlos Villatoro Escobedo el actor pionero del cine mexicano y baluarte en su desarrollo, quien se consideró un potosino de corazón, es uno de los fervientes hacedores del cine en México, quien consideraba que “la vida no era de película, pero hacer cine era su vida”.
Lee también: Leticia Almazán de la Garza, compositora potosina
El Cronopio
Leticia Almazán de la Garza, compositora potosina | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
San Luis Potosí ha sido tierra de compositores, donde la música de concierto y las canciones de concierto han sobresalido. Algunos de estos personajes los hemos tratado en esta sección, aunque entre ellos han escaseado las mujeres, en cuanto a composiciones se refiere. Los tiempos cambian al abrirse oportunidades a las damas y, afortunadamente, en este siglo veintiuno podemos contar con algunas compositoras potosinas. Como muestra está el concierto que ofreciera la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí en el mes de marzo pasado donde interpretó, en el marco del Día Internacional de la Mujer, composiciones de autoras potosinas. Entre las compositoras potosinas programadas en el concierto se encontraba Leticia Almazán de la Garza.
Leticia Almazán, al menos fue mencionada en esta columna cuando tratamos el caso de la pianista potosina Malkhut Zavala, quien tiene entre su repertorio obras de Leticia Almazán, quien actualmente es encargada de las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas que están asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que a pesar del esfuerzo de sus integrantes ha sido difícil su continuación, como suele suceder con el cambio de administraciones. Leticia Almazán se desempeña como Directora Académica del CEART San Luis.
Entre sus composiciones se encuentra La Noche, obra basada en los poemas de Manuel José Othón, obra con la que obtuvo el premio 20 de noviembre “Julián Carrillo”; la obra se estrenó en 2006, y ha sido poco interpretada, hasta que se armó el concierto de marzo.
A cien años de la muerte de Othón se compone esta obra musical, que da concreción a la obra inconclusa que contemplaran Othón y Carrillo, su conjunción lírica que habían titulado Tetralogía. Una pieza para celebrar el centenario de la Independencia de México que estaría dividida en cuatro partes: Descubrimiento de América, Conquista, Virreinato e Independencia. Así sería una obra que recorrería la historia hispana de México y la construcción de un nuevo país. La muerte sorprendió al poeta y la obra quedó en suspenso; colaboración entre dos grandes figuras potosinas del arte, cuestión ya tratada en muy anterior entrega de esta sección de El Cronopio.
Ahora Leticia Almazán, se basa en la poesía de Othón para crear su obra musical La Noche. Una forma de apreciar el nuevo arte musical potosino de la mano de Leticia Almazán y la poesía del máximo poeta potosino. Por desgracia, es música que no se encuentra grabada por lo que dificulta su difusión, de por sí escasa, en aquellas obras de que se disponen grabaciones.
Leticia Almazán surge, así como una de las mujeres que abren camino en el campo de la composición en San Luis Potosí. Su incursión en esta línea de la composición es alentadora, pues puede sumarse a la escasa pero existente lista de compositoras mexicanas que incursionaron en la música clásica, entre ellas, María Grever, Sofía Cancino de Cuevas, Rosa Guraieb, Consuelo Velázquez, Ángela Peralta, María Teresa Prieto, Alicia Urreta, Guadalupe Olmedo, y ahora la joven compositora potosina Galya Cisneros, por citar algunas.
Leticia Almazán se tituló en la Licenciatura en Composición en la Escuela Estatal de Música en el año 2015, y realizó una Maestría en Administración Pública en la Universidad Latinoamericana.
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