SIGAMOS DERECHO.

El pasado jueves 06 de mayo, la Suprema Corte de Justicia recibió la controversia constitucional presentada por el Congreso Local de Tamaulipas en contra de la declaración de procedencia dictada en días previos por la Cámara de Diputados que retira la inmunidad procesal —comúnmente conocida como fuero— al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Retrocedamos un poco en los hechos para analizar qué implica esto y por qué es un caso al que hay que prestarle atención.

Dentro de la interminable lista de nombres de políticos que han soltado Emilio Lozoya y compañía, el gobernador García Cabeza de Vaca y otros panistas —como Felipe De Jesús Cantú, hoy en Morena y coordinando la campaña de Clara Luz Flores a la gubernatura de Nuevo León— fueron señalados como responsables de obtener sobornos a cambio de aprobar la reforma energética impulsada en el sexenio de Peña Nieto. Por estos señalamientos y por acusaciones de defraudación fiscal equiparada, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de probable participación en delitos de delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República solicitó el 23 de febrero a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas para que se le remueva del cargo y se pueda llevar a cabo el proceso penal en su contra.

El 30 de abril, la Cámara de Diputados conoció del caso de García Cabeza de Vaca y se procedió a la votación para su desafuero, que tuvo como resultado 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, por lo que se avaló el dictamen y se realizó la Declaración de Procedencia. Más tarde ese mismo día, el Congreso de Tamaulipas llevó a cabo una votación en la que determinaron con 26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, rechazar el desafuero de García Cabeza de Vaca.

Ante la clara contradicción de criterios, el Congreso de Tamaulipas solicitó a la Suprema Corte que desechara la Declaración de Procedencia que emitió la Cámara de Diputados. Como se vislumbra, estamos ante un caso clásico de juego de fuerzas: por un lado, una Cámara de Diputados mayoritariamente morenista; por otro, un Congreso local casi completamente panista; ambos
auspiciados por sus respectivos líderes e interpretando a conveniencia los poco precisos artículos constitucionales.

La Constitución establece en su artículo 111 que para proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, “la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”. Esta última parte «como corresponda» es, a mi juicio, la que complica exageradamente este asunto. ¿Qué significa «como corresponda»?

A primera vista, podría parecer que después de la declaración de procedencia realizada por la Cámara de Diputados se le pasa la bolita al Congreso local para determinar si retiran la inmunidad procesal al acusado o no, lo cual me parece una interpretación razonable. Tiene cierta lógica pensar que sea el Congreso local el que decida si se le retira la inmunidad procesal a su gobernador, pues finalmente parecería ser un asunto que solo atañe a los tamaulipecos.

Sin embargo, más adelante el mismo artículo 111 constitucional indica que las resoluciones de la Cámara son inatacables y —más importante— que “[e]l efecto de la declaración (…) será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal”. Sobre esta misma línea, el artículo 74 constitucional indica que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión —o sea, de la Cámara de Diputados— proceder penalmente contra los funcionarios públicos que caen bajo los supuestos del 111. Entonces, hay que remitirnos a la Constitución del Estado de Tamaulipas y buscar qué puede corresponder a la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados.

En lo relativo al juicio político por razón de delitos penales, la Constitución de Tamaulipas establece en su artículo 152 que al gobernador sólo se le puede acusar ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ) en los términos del artículo 151. Por su parte, el 151 señala que el gobernador del Estado puede ser sujeto de juicio político en los términos del 110 de la Constitución, lo cual nos regresa al supuesto inicial sin ninguna respuesta; pero más adelante también indica que el Congreso local debe proceder a acusar ante el STJ, previa declaración de las dos terceras partes de sus integrantes. Así, el mismo artículo 151 contempla dos supuestos que pueden servir a ambos intereses y que nos dejan aún con las mismas dudas.

Dentro de la misma Constitución de Tamaulipas, su artículo 84 establece que en los casos en que el gobernador sea suspendido de sus funciones (como sucede con la declaración de procedencia), el Congreso Local deberá convocar a nuevas elecciones si la falta ocurre en los primeros tres años de gobierno; o nombrar a un gobernador interino para que termine el periodo

La lógica es esta: primero, la Fiscalía acusa. Luego, la Cámara de Diputados, con mayoría absoluta aprueba la declaración de procedencia, cuyo efecto es retirar la inmunidad procesal y separar de su cargo al inculpado mientras esté sujeto a un proceso penal. Después, ante la falta de persona ocupando el cargo de gobernador, le toca al Congreso local nombrar a un interino mientras el acusado lleva su proceso penal. Para el caso concreto, considero que efectivamente García Cabeza de Vaca ya no cuenta con la protección del fuero constitucional.

La interpretación de estos artículos, tanto de la Constitución federal como de la local, ha resultado ser un tema de amplísima discusión pues, como vimos, la redacción está lejos de ser precisa en el procedimiento que se debe de seguir. Además, en los más de 100 años que ha estado vigente nuestra Constitución, no ha habido un solo precedente que nos pueda orientar; el desafuero de Andrés Manuel del 2005 fue distinto, pues en ese tiempo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal no se le consideraba gobernador. Como lo hace el ministro en retiro José Ramón Cossío en su artículo para El Universal, es posible argumentar que la respuesta se encuentra en la exposición de motivos de la reforma constitucional de 1982 que modificó el artículo 111, y que expresa que la razón de ser de la modificación es dejar el asunto en manos del congreso local. No obstante, como hemos discutido, la literalidad y redacción de los artículos en cuestión es poco feliz, por llamarle de alguna manera.

Antes de terminar de enfrascarnos en una discusión estrictamente técnica y leguleya, vale la pena alejar un poco la vista y estudiar el asunto desde sus hechos. Por un lado, tenemos un presidente que ha concentrado en sus manos una inmensa cantidad de poder; una Cámara de Diputados que aprueba lo que sea que les digan desde arriba, sin preguntar; una Fiscalía que está lejos de probar su verdadera autonomía; y una Suprema Corte que, por las presiones a las que se ha dejado someter su ministro presidente, ya no convence. Por otra parte, tenemos a un gobernador que se ha enfrentado fuertemente a López Obrador, pero que con un Congreso local metido en la bolsa puede salirse con la suya y prevenir cualquier proceso penal en su contra.

Si la presente disputa se tratase de un gobernador cualquiera en una situación política cualquiera, mi postura y lectura constitucional van en favor de que sea la Cámara de Diputados la que resuelva el desafuero. Sin embargo, ahora que será la Suprema Corte la que resuelva, considero importantísimo que también se considere el clima político del momento. De avalarse el desafuero a García Cabeza de Vaca, se le estaría abriendo la puerta a López Obrador para desaforar indiscriminadamente a cualquier gobernador que se le oponga, siempre que mantenga su mayoría en la Cámara de Diputados.

En ningún momento defiendo la idea de que a García Cabeza de Vaca no se le debe de investigar; si hay motivos para abrirle una investigación, que se le investigue y en su caso que se le juzgue con todo el peso de la ley. Sin embargo, el fundado sospechosismo no deja de hacerse presente cuando hablamos de un gobernador con una particular rivalidad con el presidente. Más aún cuando se le intenta desaforar en época electoral y a poco tiempo de que termine su periodo (2022); una vez abandonando la gubernatura, García Cabeza de Vaca ya no contará con inmunidad procesal y se le podrán abrir todos los procesos penales que se deseen.

** A García Cabeza de Vaca le defiende el hábil abogado Alonso Aguilar Zinser, quien en su momento sacó de la cárcel al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Hay tiro.

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