noviembre 12, 2026

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#4 Tiempos

Distorsiones al orden jurídico | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

 

Hacia finales de la década de los 80, Argentina se sumía en una severa crisis económica: el dólar duplicaba su precio en cuestión de semanas, el alza de las tasas inflacionarias no daba tregua y más y más personas caían en pobreza. El entonces presidente Raúl Alfonsín decidió abandonar su cargo anticipadamente y entregarle las riendas del país sin mayor trámite al presidente electo Carlos Menem. El Partido Justicialista —que llevó a Menem a la silla presidencial— contaba con mayoría absoluta en el Senado, mientras que en la Cámara de Diputados estaban muy cerca de ocupar la mitad de los curules. Con las condiciones de severa crisis económica y gran influencia en el Legislativo, Menem rápidamente envío al Congreso las iniciativas que formaban parte del paquete legislativo de reactivación económica.

Con la excusa de la emergencia, Carlos Menem argumentó que llevar a cabo todo el proceso legislativo para aprobar una ley era extremadamente lento. Aquí comenzaron las distorsiones al orden jurídico. El presidente Menem echó mano de su facultad ejecutiva de emitir decretos que saltaran a todo el proceso legislativo para poder dar el empujón de arranque a su proyecto nacional. Su ministro de Economía le hizo un llamado público para que detuviera estos arranques de unilateralismo y ejercicio excesivo de poder, a lo que Menem respondió con mesura pero muy a su manera. Comenzó, entonces, a enviar iniciativas preferentes al Congreso pero acompañadas de un atento mensaje para los legisladores: si la iniciativa era modificada, Menem la vetaría; si la iniciativa no era discutida, entonces la decretaría. En solo cuatro años, Carlos Menem vetó de manera total 37 proyectos de ley y 41 de manera parcial.

Con el Poder Legislativo en su mano, las distorsiones al orden jurídico y constitucional se siguieron agravando y, entonces, el foco de atención pasó a ser el Poder Judicial. Carlos Menem envió una iniciativa de reforma al Senado para modificar la estructura de la Corte Suprema: aumentar de cinco a nueve el número de ministros. Ante el acoso y presiones institucionales, la iniciativa fue aprobada y dos de los ministros renunciaron, por lo que Menem tuvo la oportunidad de designar a seis de nueve ministros en un solo año. Ya entrado en gastos, Menem también destituyó al procurador General e impuso al suyo, pero esta vez incluso sin acuerdo del Senado. Menem consolidó un gobierno a base de decretazos y logró echarse a la bolsa a cualquier contrapeso.

Gobernó por 10 años: terminó con la hiperinflación y mejoró la calidad de los servicios públicos, por ejemplo. Pero también se duplicó el desempleo; la deuda externa casi se triplicó; creció la desigualdad; y, según el Foro Económico Mundial, Argentina se volvió el quinto país más corrupto del mundo.

Esta breve historia del caso argentino con Menem es solo una de tantas que han vivido/sufrido los países latinoamericanos con presidentes que pretenden presentarse a sí mismos como los portadores únicos del remedio para todos los males, y que logran articular un discurso masivamente convincente y basado en alguna emergencia o imperante necesidad de transformar algo.

Con esas características —genéricas y aparentemente sencillas de reunir— el 1 de junio de 2019 Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador después de haber ganado la elección con más del 50 por ciento de los votos. Desde entonces, las distorsiones al orden jurídico no han parado: gobierna y manda órdenes oficiales desde Twitter; ha impulsado políticas de cero tolerancia a la delincuencia, lo cual es bien sabido que se traduce en detenciones arbitrarias y terribles viol   aciones a derechos humanos; mantiene condiciones aberrantes en las cárceles; y todo esto le ha sido permitido con unos niveles de aprobación altísimos.

El quiebre definitorio al orden jurídico y constitucional de El Salvador se dio, me parece, el 9 de febrero del año pasado. Días antes, mientras la Asamblea Nacional no se encontraba en periodo de sesiones, Bukele convocó a una sesión extraordinaria para la aprobación de un préstamo de más de 100 millones de dólares destinados a la compra de equipo para la policía y fuerzas armadas

. Ante la negativa —constitucionalmente fundada— de los legisladores a reunirse en la sesión extraordinaria, Bukele entró acompañado del ejército a la Asamblea el 9 de febrero y se sentó en la silla del presidente del Congreso. La Corte Suprema, ejerciendo las facultades que le competen, se pronunció al día siguiente y ordenó lo evidente: que se dejara sin efectos cualquier convocatoria extraordinaria sin fundamentos constitucionales y que se abstuviera de usar a las Fuerzas Armadas en tareas contrarias a las que establece la Constitución.

Desde entonces, el asedio a las y los integrantes de la Corte Suprema de El Salvador no han parado. Para beneplácito de Bukele, su partido Nuevas Ideas ganó 56 de los 84 curules de la Asamblea Legislativa, que se renovó en su totalidad con las elecciones celebradas este año. El periodo de sesiones inició apenas el sábado 1 de mayo y, sin perder tiempo, aprobaron en minutos la destitución de las y los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Ya entrados en gastos, también destituyeron al fiscal General. Para esa misma noche, los puestos ya habían sido designados a la gente cercana de Bukele. No hay contrapesos ya. La Constitución y el resto del orden jurídico no son más que letra muerta.

Partiendo de la premisa de que las comparaciones son siempre injustas, no pretendo hacer el simplista señalamiento de que nuestro país está encaminado a lo mismo. Será usted quien juzgue las similitudes o diferencias que guarda nuestro contexto nacional con los dos casos que aquí le he platicado.

Pero lo que no podemos dejar de ver es que este gobierno —y hay que decirlo con toda claridad— es aberrante en términos jurídicos. Las pequeñas distorsiones al orden jurídico y constitucional no son cosa menor, pues poco a poco degeneran en algo incontenible y que escapa del control institucional. Las mayorías complacientes —y facciones de la incipiente oposición— en el Legislativo han estado aprobando en fast track absurdos durante todo el periodo de sesiones (que, por ahora, afortunadamente terminó), pero no han podido cumplir con el mandato de la Corte de regular el uso de marihuana. Desde la tribuna matutina, escuchamos todos los días al presidente cargarse en contra de periodistas, militarizar hasta la sopa y desaparecer de un decretazo presupuestos, fideicomisos e instituciones completas sin prueba alguna de la corrupción que tanto alega. Desprecia abiertamente a los organismos constitucionales autónomos, el trabajo de las y los ministros de la Suprema Corte y utiliza instrumentos estatales para investigar a los jueces que realizan su trabajo. Los impresentables de su partido, entre tanto, ya no tienen recato alguno en llamar directamente a la confrontación con la autoridad electoral. Para nadie parece haber consecuencias.

Hay que reconocer cuantos logros legítimos y buenas políticas haya, pero ello no es aliciente para hacerse de la vista gorda ante lo demás. Las distorsiones al orden jurídico comienzan imperceptibles o con conductas que vamos dejando pasar una a una. Esto sin alcanzar a ver que pronto se sale de las manos, y que es la nación —no el gobierno— quien termina pagando los platos rotos.

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El Cronopio

El patriarca del son arribeño, Don Francisco Berrones | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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Don Francisco Berrones, poeta del son arribeño, con sombrero de ala ancha sentado a una mesa

EL CRONOPIO

 

Hace treinta años fallecía en el Jagüey de San Francisco, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, el gran poeta campesino Francisco Berrones Castillo, mismo lugar donde nació un mes de marzo de 1898, uno de los más importantes trovadores, decimeros de San Luis Potosí.

Un par de meses antes de nacer Don Francisco Berrones, falleció su padre dejándolo en la orfandad, de pequeño tendría problemas cardiacos teniendo pocas esperanzas de vida, lo que orilló a su madre a ofrecer a San Francisco de Asís patrono del pueblo del Jagüey de San Francisco, ponerle su nombre si alcanzaba a recibir el bautizo. El niño se salvó y Macario que era el nombre que tenía ese niño, pasó a llamarse Francisco. Las tradiciones del pueblo se manifestaron en esa petición al santo patrono del pueblo, Macario alcanzó a ser bautizado y su enfermedad desapareció, renaciendo como Francisco en pago a la manda.

Retrato en primer plano de Don Francisco Berrones, patriarca del son arribeño

Inició sus estudios primarios donde aprendió a leer y mal escribir, como refiere el mismo Francisco Berrones. La tradición del son arribeño lo envolvió de pequeño y aprendió a hacer poemas desde muy chico. Los primeros versos se los dedicaba a su abuela y su madre, “Cuando yo venía de la escuela le decía un verso a mi abuela materna, a mis hermanos mayores, y a veces le hacía un verso a mi madre en el que pedía que me diera un abrazo y un beso de sus labios; por tal motivo, todos me trataban con cariño”.

A los nueve años de edad acompañó a su hermano a que iba a trabajar a Tampico y en Ciudad Madero, que entonces se llamaba Paso de Doña Cecilia, compondría su primera poesía que dedicó a ese Paso de Doña Cecilia. El pequeño Francisco había presenciado entonces una topada entre los famosos poetas de son arribeño, José Torres y Eugenio Villanueva; recordaba aún al paso de los años la planta que Don José Torres le cantó a Don Eugenio y fue la inspiración para tomar el “destino”, como lo nombran los poetas arribeños. Berrones nos lo recuerda:

“[…] hicieron una fiesta de un 16 de septiembre con dos famosos poetas. Uno de ellos fue don José Torres y el otro fue el señor don Eugenio Villanueva, que Dios lo tenga en su Santa Gloria. Mi hermano me tomó de la mano y me dijo: vamos, te voy a llevar un rato a la fiesta y para que oigas a los cantores, a ver qué aprendes.

Llegamos a la dicha fiesta, estaban los tablados adentro de la aduana, en una cabecera, y todo aquello adornado con banderas tricolores. Estaba don Eugenio tocando un jarabe y muchos hombres bailando. No me di cuenta que le cantó él a don José Torres, pero cuando don Eugenio terminó, Don José le cantó esta planta, y su poesía la dijo así: Vamos adentro y adentro, para que nos dé una prueba, ahora se la lleva el viento don Eugenio Villanueva.

Al oír aquella poesía le dije a mi hermano, ‘yo creo que ya están en la competencia’. El sol ya se ha ocultado, y como mi hermano trabajaba de noche nos fuimos a la casa: mi hermano se fue a su trabajo y yo me quedé pensando en aquella planta, y repasándola para que no se me olvidara.

De pocos días pensé: bueno, y yo por qué no hago una poesía, pero a quién. Ah, pues le voy a hacer una a este Paso de Doña Cecilia y me puse en obra y la hice: fue la primera que brotó de mi mente”.

Iniciaba así una trayectoria de casi noventa años como poeta campesino, poeta de son arribeño, que dio gloria a esta rica tradición potosina, convirtiéndose en uno de los principales poetas en esta tradición que era invencible en el encuentro entre poetas, conocido como topadas, donde en todos esos años perdió sólo una vez siendo muy joven, contra José Ceballos en una topada en Villa Juárez.

Don Francisco Berrones aprendió el “reglamento” (que implica la memorización de poemas y el dominio de la improvisación de décimas) y la “sonería” (el repertorio de piezas, como sones y jarabes) escuchando a los trovadores cuando acompañaba a su madre a las bodas, así como con un par de libros de poesía de Juan de Dios Peza y Antonio Plaza que compraron él y un amigo que también le gustaba la poesía; por lo general, con el término de huapango engloban los distintos tipos de música que tocan, así como el baile y la fiesta misma.

Con el arado y por el arado
se acaba el hombre como alcanfor.
Porque el destino de agricultor
es un trabajo duro y pesado.
El hombre pobre de labrador,
su propia suerte lo está matando.
Todos los años vive regando
la tierra ajena con su sudor.
Para él no hay viento, no hay calor,
para él no hay nieve, ni frío o templado,
toda la vida está esclavizado;
por trabajar en la agricultura
se va orillando a la sepultura,
con el arado y por el arado.

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El Cronopio

Juan José Ortega, director cinematográfico matehualense | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

En las primeras décadas del siglo XX un buen número de potosinos van a la Ciudad de México a continuar su formación y su desarrollo profesional. La mayoría sobresalen en las actividades que se realizan, como lo muestra la nutrida membresía de la Academia Potosina de Ciencias y Artes formada por potosinos que radican en la Ciudad de México, donde la mayoría ocupan puestos de importancia en la vida cultural mexicana. Entre estos personajes se encuentra el camelense Juan José Ortega García que destacaría en la industria cinematográfica en la época de oro del cine nacional a la que se incorpora en la década de los treinta siendo otro de los potosinos pioneros en el cine mexicano.

Juan José Ortega García nació en Matehuala, San Luis Potosí, el 27 de octubre de 1904, donde inicia su educación primaria la que tuvo que suspender, para proseguirla de manera autodidacta, para contribuir al sostenimiento de su familia. La familia se traslada a San Luis Potosí y continúa su formación autodidacta, entre ellos el oficio de mecanografía, lo que le conduciría a iniciarse en el periodismo en 1925 colaborando en el periódico Acción de San Luis Potosí, del que sería su subdirector en 1928 y, director en 1932 del periódico potosino Vanguardia. Fundó en el Bajío un par de periódicos: el Diario del Centro en Aguascalientes y El Globo en León, Guanajuato. Colaboró como corresponsal en los periódicos Excélsior y El Universal.

Juan José Ortega García, director cinematográfico matehualense

Al llegar a la Ciudad de México para integrarse a la Comisión de Irrigación en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas inicia su carrera en el cine dirigiendo documentales oficiales, Irrigación en México y Gigantes de Piedra. Al dirigir estos largometrajes comprendió que su carrera sería el cine y se adentra dirigiendo su primera película en 1939, Sendas del Destino, donde actúa, entre otros, Eduardo Arozamena, en una trama que se desarrolla en la presa La Angostura en Sonora, reminiscencia de sus primeros largometrajes, la cual fue financiada de su propio peculio y con aportación de la Comisión Nacional de Irrigación, donde laboraba Ortega García.

Sendas del Destino sería su ópera prima de, al menos 42 películas que dirigió

, realizando también coproducciones internacionales, con Cuba, Venezuela, Colombia y Perú. Entre las películas que dirigió se encuentran: La mujer legítima en 1945, con Isabela Corona; La insaciable de 1947, con María Antonieta Pons, con un guion escrito por el propio Juan José Ortega incursionando así en el guionismo; Cuando el alba llegue, en 1950, con Meche Barba; Lodo y armiño, de 1951, con Armando Calvo; Cuentan de una mujer, en 1958, con Marga López; En carne propia, de 1961, con Joaquín Cordero; Pacto de sangre, en 1966, con Manuel López Ochoa, entre otras.

Entre los melodramas, género preferido de Juan José Ortega, filmados en Cuba se encuentran: la comedia musical filmada en 1953 en La Habana, intitulada Me gustan Todas con Adalberto Martínez Resortes; en 1954 las cintas, Frente al pecado de ayer y Yo no creo en los hombres, protagonizadas por Sarita Montiel; en 1956 dirige No me olvides nunca, con actuaciones de Luis Aguilar, Rosita Fornés y Olga Guillot.

En la década de los sesenta dirige la serie de películas tipo westerns de Leonardo Moncada, serie de cinco películas estelarizadas por Joaquín Cordero, basadas en una serie radiofónica cubana. En esa década Ortega comienza a dedicarse a la distribución de películas creando la distribuidora Compañía Cinematográfica Mexicana y Productora Mexicana de Películas. Es propietario también de Producción Fílmica de México y Películas y Videos Internacionales, todo ello en los ochenta.

Recibió varios reconocimientos a su carrera cinematográfica, como productor, director, guionista y distribuidor actividades que siguió después del periodismo, donde sería también pionero en el periodismo potosino del siglo XX. Juan José Ortega García murió en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1996.

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Acento Ajeno

La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés

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ACENTO AJENO

Por: Haniel Valdés Velázquez

Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.

Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.

En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.

Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?

Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.

Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.

Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.

La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades

ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.

Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.

El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.

Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.

Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.

La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.

Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.

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