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Hospital Central pagó 120 mdp a empresas fantasmas vinculadas con “El Bronco”

Una investigación realizada por el portal de noticias Astrolabio reveló que el nosocomio potosino compró medicamentos contra el cáncer a proveedor acusado de vender productos adulterados y triangular recurso para la campaña presidencial del gobernador de Nuevo León.
Por: Redacción
A principios de esta semana, el portal de noticias Astrolabio publicó una investigación firmada por Carlos Rubio y Ciudadanos Observando, en la que ponen en evidencia un entramado de empresas fantasma a las que el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” de la capital potosina habría comprado, por adjudicación directa, medicamentos contra el cáncer y equipo por un monto 120 millones de pesos. Dichos proveedores también habrían sido auspiciantes ilícitos de la campaña presidencial del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.
Astrolabio también afirma que esas mismas empresas facturaron más de 84 millones de pesos a las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, Coahuila, Guerrero, Sinaloa, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sonora, Veracruz, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Colima y Aguascalientes.
En Nuevo León, Abraham Abrego Torres es conocido porque en 2006 trató de convertirse en diputado local por el PRD; posteriormente, al inicio de la gestión de Rodríguez Calderón, comenzó a formar un consorcio de 220 camiones que brindan el servicio de transporte público en las ciudades de Santa Catarina, Escobedo, San Pedro Garza y García, esto de acuerdo con información del portal El Horizonte. El medio estima que este negocio tiene un valor de 350 millones de pesos.
Esta no es la primera vez que el nombre de Abrego Torres aparece vinculado de forma negativa: en junio del 2019, el periódico Pulso publicó una nota titulada “`Se pone morado: medicina adulterada en el Hospital Central’”. En dicho texto, se cuenta que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resultara responsable por el almacenamiento al interior del centro de salud potosino de lotes de dos medicamentos usados para combatir el cáncer, los cuales habían sido adulterados.
La Coepris habría concluido que ninguna de las empresas a las que el Hospital Central compró dichos medicamentos habían sido autorizadas por los fabricantes para su distribución. Dichas compañías eran Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon y marca Emco, en las tres aparece Abraham Ábrego como socio.
El reportaje de Astrolabio detalla que las 18 empresas de Abrego Torres, donde también participan Gabriel Alejandro Ábrego Torres y su esposa Grecia Marian Azuara Orta, con domicilios fiscales en San Luis Potosí, Nuevo León y Jalisco, fueron visitadas por el equipo de investigación sin que en ninguna encontraran indicios de ser distribuidores de medicamentos o equipo médico.
Finalmente, Astrolabio explica que el vínculo de las empresas fantasmas de Abrego con El Bronco, de quien se rumora es prestanombres, se encuentra en el oficio INE/CG474/2018 emitido en mayo del 2018 por el Instituto Nacional Electoral (INE). En él, resolvió tres procedimiento contra Rodríguez Calderón por el uso de recursos de procedencia ilícita durante la recolección de firmas para sustentar su candidatura a la presidencia de la República.
La triangulación de recursos se hacía de la siguiente manera: 20 empresas realizaban depósitos a particulares, que inmediatamente realizaban la transferencia del dinero a la asociación Viva La Nueva Independencia, que gestionaba la campaña de Rodríguez Calderón. Tres de las compañías señaladas por INE también facturaron al Hospital Central.
Consulta aquí la investigación completa.
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Ayuntamiento de SLP
Capital de SLP, sin otorgar permisos a ambulantes
El alcalde Enrique Galindo refirió el censo elaborado por la administración municipal, que no supera los 500 comerciantes en más de tres años y medio
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, dio a conocer que en los últimos tres años y medio no se han otorgados nuevos permisos para la colocación de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de la capital, además que actualmente de acuerdo a un censo conjunto entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la asociación “Nuestro Centro”, no existen más de 500 comerciantes dedicados a esta actividad
Lo anterior, tras el señalamiento e Alejandrina Cedillo, empresaria potosina, de una falta de atención a esta materia por parte de la Dirección de Comercio. Agregó que Alejandrina ha formado parte de las reuniones entre el Ayuntamiento capitalino y la organizacion Nuestro Centro (presidida por Monica Heredia), con quienes se han logrado acuerdos y planes de accion en la material
Señaló que estos 500 comerciantes suelen trasladarse entre las diferentes plazas y calles del primer cuadro de la ciudad, por lo que se ha buscado mantener el control de esta actividad informal.
El alcalde capitalino, asimismo, señaló que el comercio informal representa una oportunidad de vida para quienes la ejercen, por lo que recordó que la intención de la administración municipal es mantener económicamente activo a este sector y no ejerciendo actividades ilícitas.
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Destacadas
“Legislatura de la Transformación”: diputado destaca logros en Congreso de SLP
Tras el primer año de la actual legislatura, Cuauhtli Badillo resaltó la aprobación de 19 reformas constitucionales
Por: Redacción
El diputado local Cuauhtli Badillo calificó el primer año del Congreso del Estado como “la Legislatura de la Transformación”, pues en ese periodo se aprobaron 19 reformas constitucionales y avances en temas rezagados como la interrupción legal del embarazo, la violencia vicaria y la creación de leyes de consulta ciudadana.
Señaló que la Ley de Amnistía e Indulto —pendiente desde hace años— podría aprobarse en un próximo periodo extraordinario. Sin embargo, aún hay iniciativas relevantes sin resolver, como la castración química a violadores, la Ley de Movilidad y otras propu estas que han quedado en espera de discusión.
Un punto que ha generado críticas es que, en lo que va de esta legislatura, todas las iniciativas ciudadanas presentadas han sido desechadas , lo que contrasta con el discurso de apertura y cercanía con la población.
En el plano político, Badillo aseguró que desde el inicio de la legislatura los 27 diputados acordaron priorizar el consenso sobre las diferencias ideológicas para trabajar en ordenamientos que beneficien a la ciudadanía.
“Yo creo que al día de hoy hemos trabajado con respeto, todos y cada uno se ha conducido con cordialidad. Así seguirá la dinámica para seguir dando resultados positivos y favorables”, afirmó.
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Destacadas
SEGE llama a denunciar retención ilegal de documentos escolares
Juan Carlos Torres recordó que ninguna escuela en SLP puede condicionar la entrega de certificados o boletas a pagos o compras obligatorias
Por: Redacción
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), pidió a madres, padres y tutores denunciar cualquier caso en el que escuelas condicionen la entrega de documentos oficiales a pagos o compras de materiales.
Explicó que, aunque estas prácticas ocurren en ocasiones, no están permitidas en escuelas públicas. “A veces condicionan a que paguen una cuota, compren un uniforme, un libro o algún bien, y esto no está permitido”, señaló.
En el caso de instituciones particulares, reconoció que pueden existir acuerdos con asociaciones de padres de familia, pero recalcó que las cuotas son voluntarias. “Agradecemos a los padres que colaboran con material de limpieza y mantenimiento, pero no es obligatorio”, añadió.
Torres Cedillo dijo que, cuando se detecta una irregularidad, la SEGE interviene para resolver el conflicto y, en casos graves, aplicar sanciones. Sin embargo, afirmó que no se busca “desprestigiar” a las instituciones y que solo se hace público el nombre de las escuelas cuando se llega a un procedimiento sancionador formal.
El funcionario reiteró que la prioridad es velar por los derechos de los estudiantes, sin importar si asisten a instituciones públicas o privadas, desde preescolar hasta universidad.
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