Secretario justifica la medida en acciones para prevenir la criminalidad

Por: Karina González

Jorge Daniel Hernández Delgadillo, secretario general del gobierno de Juan Manuel Carreras, sostuvo que “no se comete un acto institucional ni se viola el derecho al libre tránsito al detener motociclistas”, esto luego de que Álvaro Vizcaíno, ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así lo afirmara.

El representante del gobierno estatal señaló que el programa se implementa en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez para verificar que no conduzcan vehículos robados o que se tenga reporte de haber cometido algún delito a bordo de dichas unidades y es una estrategia de seguridad.

Hernández Delgadillo señaló que es un operativo que ejecuta la Dirección General de Seguridad Pública Municipal y en ocasiones tienen el apoyo de la Policía Estatal; sin embargo, afirmó que la detención de los vehículos no viola los derechos humanos porque no obedece a causar una molestia al motociclista, sino a verificar la propiedad del vehículo.

“En algunos de los homicidios el transporte que utilizan es una motocicleta, es un problema de seguridad”, aseguró y agregó que para definir si es anticonstitucional o no habría que cuestionarlo con la autoridad municipal “pero desde el punto de vista de la estrategia de seguridad no se causa ningún agravio al motociclista, simple y sencillamente se está verificando la legalidad de la propiedad de la motocicleta”, insistió.

Hernández Delgadillo agregó que en caso de que el conductor considere que se violan sus derechos humanos con estos actos, tanto motociclistas como automovilistas tienen a su alcance los recursos si la autoridad excede en la actuación o en la acción derivada de esta vigilancia para su protección.

Álvaro Vizcaíno, experto en temas de seguridad, compartió con La Orquesta que los operativos son inconstitucionales debido a que se viola el derecho al libre tránsito como estipula el Artículo 11 que indica que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, posesiones o papeles sin un mandato que funde o motive esto. Además advirtió que ese tipo de acciones pueden ser focos de corrupción.

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