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“Programa de detención de motociclistas en SLP es anticonstitucional”: Vizcaíno

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El experto en seguridad afirmó que viola el derecho al libre tránsito de las personas y puede prestarse a las extorsiones policiacas

Por: Itzel Márquez

La Policía Municipal capitalina comenzó a hacer detenciones aleatorias a motociclistas como medida para prevenir posibles crímenes en San Luis Potosí. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha dicho que el operativo podría ser una violación al derecho de libre tránsito, por ello inició una investigación de oficio. La Orquesta conversó con Álvaro Vizcaíno, experto en temas de seguridad y ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y con usuarios de ese medio de transporte para conocer sus opiniones.

Álvaro Vizcaíno calificó este operativo como inconstitucional: “todo retén es inconstitucional, pues viola el principio de libre tránsito, estipulado en el Artículo 11 Constitucional, y el principio de legalidad que dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, posesiones o papeles sin un mandato que funde o motive esto”.

La CEDH se posicionó esta semana sobre el operativa;  sin embargo, no con la contundencia del experto, ya que manifestó que solicitará a las policías municipales de la capital y Soledad que “para efectos de la implementación de esta estrategia, se adopten medidas que garanticen el respeto a la libertad de tránsito y a la legalidad y seguridad jurídica”.

Vizcaíno acotó que hay escenarios en los que sí se puede detener al conductor de un vehículo, siempre y cuando: “exista sospecha razonable y objetiva de que está cometiendo un delito, la motocicleta tenga reporte de robo o cuando el conductor haya cometido una infracción como pasarse un alto o no traer casco. Si no se cumple ninguna de las condiciones antes mencionadas para detener a un motociclista, entonces la acción sería inconstitucional”.

El experto apuntó que existen quienes defienden la medida basados en que el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 251, 266 y 268 dice que la policía no necesita autorización para realizar revisiones, “pero ningún código puede ir por encima de la Constitución”.

El ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública añadió que esta acción: “se puede prestar a abuso por parte de la autoridad. Los policías primero deben investigar para después detener, procesar la información con el sistema de registro vehicular y los arcos lectores pueden ser una medida práctica, pero las detenciones también generan actos de molestia a los ciudadanos”.

¿QUÉ DICEN LOS MOTOCICLISTAS?

Tres usuarios, dos hombres y una mujer, que utilizan motocicletas en su día a día, accedieron a dar sus puntos de vista:

Jesús Andrés Charqueño, utiliza dicho vehículo en sus actividades laborales desde hace tres años y por elección desde hace seis años, afirmó que es positivo el programa de revisión. “Me parece una excelente medida de prevención, he sido asaltado en motocicletas que son robadas, y también, me han robado dos motos, con la medida se podrían recuperar más vehículos”.

Desde hace diez años, Guadalupe Hernández, se transporta en motocicleta, ya que le ve varias ventajas sobre un automóvil y el transporte público, no obstante, consideró que algunas veces los automovilistas no respetan a quienes usan motocicleta y es un lugar público es más fácil que la hurten a que roben un automóvil:

“Me encanta la idea de que revisen a los motociclistas, porque si los policías hacen bien su trabajo, van a ayudar a detectar a los delincuentes. Fui víctima del robo de mi moto y no la encontré jamás, el programa puede ser muy bueno. En otra ocasión, iban dos tipos en una moto e intentaron jalar mi bolso cuando esperaba un camión. El que detengan a motociclistas y les hagan una inspección se me hace muy buena idea, podría decir que para mí, sería más efectivo que los alcoholímetros en cuanto a seguridad, sobre todo en las colonias más inseguras como Prados o Satélite”.

Por último, Francisco Escobar Delgado, quien pertenece a un club de motocicletas, declaró: “todo operativo que sea implementado debe dar buenos resultados, siempre y cuando se apegue al derecho y no de pie a la extorsión y abuso de autoridad. Más que diseñar e implementar este tipo de programas, deberían antes capacitar a los elementos de seguridad en las áreas necesarias para que se desempeñen como debe ser, y no solo es cuestión de los elementos de seguridad, si no también a los altos mandos, ahí radica la raíz de la extorsión”.

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Federico Garza renunció a la Fiscalía General del Estado

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José Luis Contreras, quien actualmente se desempeña como vicefiscal jurídico, ocupará temporalmente este cargo

Por: Redacción

Esta mañana, Federico Arturo Garza Herrera presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) al Congreso del Estado, argumentando que se trata de motivos personales.

Su lugar quedará temporalmente a cargo de José Luis Ruiz Contreras, quien se desempeña como Vicefiscal Jurídico.

Garza Herrera fue el último procurador general de justicia de la entidad hasta el 26 de octubre de 2017 y una vez que se conformó la FGESLP, fue el primer fiscal general desde el 27 de octubre de ese mismo año hasta ahora que deja ese encargo. 

Se especula que la terna que mandaría el Ejecutivo del Estado, a cargo de Ricardo Gallardo Cardona, estaría integrada por Leonel Serrato, recientemente anunciado titular de la SCT; Candido Ochoa, ex diputado local; y Juana María Castillo, vicefiscal especializada en delitos sexuales y atención a la mujer.

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Ricardo Gallardo mudaría su oficina; Palacio de Gobierno se convertiría en museo

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El despacho del gobernador estaría ubicado en el Centro de Convenciones y la Sedeco pasaría al Centro Histórico

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona tomará protesta como gobernador de San Luis Potosí el próximo domingo, y uno de los primeros cambios que implementaría, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, sería mudar su despacho del Palacio de Gobierno a la Torre Corporativa del Centro de Convenciones, lugar en donde actualmente se encuentra la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El Palacio de Gobierno se convertiría en un museo abierto a la ciudadanía, mientras que las oficinas de Sedeco serían establecidas en donde actualmente se encuentra la Secretaría de Turismo, dependencia que será trasladada a la Huasteca.

Trabajadores y trabajadoras de la Sedeco se instalaron temporalmente en uno de los salones del Centro de Convenciones, pero han informado que desde este viernes se les dio la indicación de volver a sus labores hasta nuevo aviso.

Otro de los cambios que hará Gallardo, el cual ya está confirmado, es el traslado de la Secretaría de Cultura al Altiplano, por lo que su icónica casona de la Plaza de San Francisco quedaría vacante.

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#LaHerenciaDeCarreras | Las cruces rosas del feminicidio

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El empoderamiento de las mujeres en SLP no responde a un esfuerzo del gobierno estatal, sino a la incansable lucha de activistas y organismos civiles

Por: Karina González

En marzo de 2016 ocurrió el primer feminicidio catalogado como tal en el sexenio de Juan Manuel Carreras López como gobernador de San Luis Potosí. Desde entonces 116 mujeres han perdido la vida a manos de feminicidas en crímenes de odio y violencia de género, según la organización Semáforo Delictivo y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un análisis sobre los casos ocurridos entre octubre de 2015 y abril de 2021, fecha de su última actualización.

En 2019 se registró el mayor número de feminicidios en el estado con 28 asesinatos de mujeres; en 2018 y 2020 la cifra fue menor solo por un número, ambos años registraron 27 feminicidios; en 2017 se contabilizaron 18, en 2016 se tiene registro de 7 y actualmente, de enero a abril de este 2021, se han cometido 9 asesinatos de mujeres en el estado potosino.

Todo esto, pese a que el 21 de junio de 2017 se emitió la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios en San Luis Potosí: la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale y Tamuín. Con este decreto el gobierno de Juan Manuel Carreras se comprometió a coadyuvar en la garantía del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas; además, de ejercer algunas obligaciones, tales como:

Reforzar patrullajes preventivos; instalar alumbrado público y mejorar el existente; implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública como videocámaras y postes de emergencia en puntos estratégicos; incrementar la vigilancia en el transporte público; difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia; crear aplicaciones para teléfonos que permitan el acceso inmediato a los servicios de atención y seguridad; capacitación y profesionalización del servicio público en perspectiva de género y de derechos humanos; campañas de prevención; recuperación de espacios públicos; la creación de agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata, así como la creación de una unidad especializada para el avance en la investigación de casos de feminicidio; medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño; y la creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia, y la armonización legislativa.

De todas las anteriores, ninguna se logró acatar al 100 por ciento, tal como se refleja en los índices delictivos de los últimos seis años; pese a estos datos, en San Luis Potosí la figura de la mujer está cobrando importancia y se refleja en las posiciones de poder que poco a poco de conquistan dentro de la administración pública, la vida social y la industria, reconoció el doctor en criminalística Luis Alberto Osornio Saldívar, quien señaló que este logro, lamentablemente no se debe a las voluntades del gobierno del estado, sino a la incansable lucha de distintos organismos civiles que han alzado la voz para posicionar los derechos de las mujeres.

Indicó que la deuda que se queda en el gobierno estatal no es empoderar a la mujer porque ya existen mujeres empoderadas en San Luis Potosí, que han obtenido cargos de diputadas, senadoras, alcaldesas y actualmente es una mujer quien encabeza el Poder Judicial, “es histórico”, reconoció el experto; sin embargo, dijo, no es un resultado tangible para la lucha que exigen las mujeres y activistas en sus marchas; el reclamo social va mucho más allá que solo una posición laboral o económica; es la sed de justicia ante la indiferencia con las víctimas.

El experto mencionó que en feminicidios, no existe hasta el momento la operatividad adecuada en los elementos de seguridad para afrontar temas como la investigación y por tanto, no existen detenidos, culpables, procesados, ni casos cerrados. Pues según el “mapa de feminicidios” creado por el medio digital feminista La Alcantarilla y la consultoría de desarrollo de proyectos tecnológicos, software y mapas interactivos “Uxmalsoft” ningún caso ocurrido entre 2018 y 2021 ha sido considerado “concluido” por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

“Hemos tenido la capacidad activista enorme pero no hemos tenido una actividad operativa de investigación efectiva y eso es donde debemos de cambiar, por ejemplo la ministerial, los protocolos de investigación, las persecuciones, las pesquisas, las cuestiones periciales forenses, en estas debemos de avanzar”, consideró. Lo anterior se refleja en las marchas y movilizaciones feministas que año con año incrementan el número de participantes.

En 2020, antes de la pandemia de covid-19 se vivió la marcha más importante en conmemoración del 08 de marzo, miles de mujeres caminaron en una protesta por las víctimas de feminicidio y violencia de género que no recibieron justicia, víctimas de desaparición que no cuentan con carpetas de investigación o búsqueda de su paradero; familias que han perdido a una integrante porque en las calles no hay quien cuide el transitar de sus mujeres. En 2020 también se llevó a cabo por primera vez el movimiento “el nueve ninguna se mueve” que provocó que cientos de mujeres dejaran paradas sus labores por un día, visibilizando la fuerza laboral y económica que representan en la vida diaria.

Este 2021 debido a la pandemia las manifestaciones que exigen justicia se vieron limitadas, pero no silenciadas; incluso, el pasado 14 de mayo se conmemoró el Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio donde se develó un memorial para recordar a las víctimas que siguen sin justicia. En este sitio se dejaron cruces rosas, flores y carteles donde se le recuerda al gobierno de Juan Manuel Carreras la deuda con la seguridad para las mujeres. Por tanto, sin soluciones ni un efectivo sistema de justicia, este problema será una de las herencias más sentidas que Juan Manuel Carreras dejará a San Luis Potosí.

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