#4 TiemposColumna de Enrique Domínguez Gutiérrez

¿Encarcelar a expresidentes? Una misión imposible | Columna de Enrique Domínguez

Cuentas claras

 

La posibilidad de llevar a juicio a personajes de oscura reputación en estos tiempos es una labor que requiere mucho tesón, lograr hacer justicia se vuelve cada día más difícil, sobre todo si personajes encumbrados hicieron todo lo posible por saquear al país mediante actos de trampa, engaños y simulaciones. En el argot de lo moral encajaría como acto deshonesto.

Antes de emprender algo que redunde en beneficios económicos es menester emplear el sistema de justicia para un bien personal, la complicidad de legisladores es una tarea que involucra a un grupo de beneficiarios, para ello es necesario emitir leyes que sean novedosas e interesantes para la población y por otro lado a través de la simulación permitir actuar de manera libre para el robo descarado de bienes que le corresponden a la nación.

Es necesario ser un conocedor de las leyes, analizar la manera idónea para proteger a corruptos evitando futuros llamamientos a pagar por el daño y de esta manera actuar de manera inmoral.

Las prácticas que se mantienen y se ligan, son por lo general:

 

El soborno

Una práctica usual, es decir el pago por la prestación de un bien o servicio a quien concede esa posibilidad: “Si aceptas mi cotización recibirás dinero, privilegios, y/o bienes”. Hay casos muy sonados como la empresa brasileña Odebrecht que involucró de tal manera a grandes jerarcas de varios países, que incluso provocaron la caída de presidentes, México tiene estancada esa investigación.

 

Licitaciones

Es común que en las obras principalmente del estado, los concursantes propongan en teoría una propuesta que mantenga los lineamientos establecidos en una convocatoria. Establecer la mejor oferta siempre será el punto de más peso para otorgar la obra, servicio y/o concesión. Sin embargo, esto no sucede así, hay muchos casos, como el NAIM, la CFE, PEMEX, Salud, Transportes, etc., en que el presupuesto inicial es muy inferior al que se establece meses después. Cito el ejemplo de la barda perimetral del ex NAIM, en un inicio, el costo era de mil 547 millones de pesos, pero tras cuatro convenios modificatorios el muro se encareció hasta llegar a 2 mil 930 millones de pesos, lo que significó un aumento de 89 por ciento.

 

Contratos

La esencia del contrato es un acuerdo generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen de manera recíproca a respetar y cumplir una serie de condiciones. El acto deshonesto se comete cuando las condiciones se adecuan de tal modo que la desventaja sea para el gobierno.

Un ejemplo muy claro es la pérdida significativa en perjuicio del estado, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el suministro de gas a través de ductos con 12 empresas, se establece que cualquier causa de fuerza mayor que impida a esa empresa continuar la construcción, le obliga a CFE a pagar una pena como si estuviera recibiendo el gas sin recibirlo. La CFE tiene una serie de penas, y tan solo en 2018 pagó 5 mil millones de pesos, por lo que este año, de no negociarse los contratos, pagaría 16 mil millones de pesos. Además, también se obtuvo un préstamo por 16 mil millones de dólares, la CFE tendrá que pagar cerca de 70 mil millones de dólares en 25 años. Se han pagado desde 2015, 62 mil millones de pesos.

El contrato de Etileno Siglo XXI, desarrollado en Coatzacoalcos durante el gobierno de Felipe Calderón, consiste en que Pemex entrega etanol a la empresa Braskem (filial de Odebrecht e Idesa), para su procesamiento. Es una especie de política industrial inversa, se subsidia con dinero público a empresas de otros países y se afecta a las nacionales. La paraestatal pierde casi 2 mil millones de pesos cada año, sin considerar los gastos de administración.

 

Paraísos Fiscales

Un paraíso fiscal es un territorio cuyo régimen tributario es especialmente favorable para los no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo. Los expertos sitúan el inicio del proceso de aparición de los paraísos fiscales en los años sesenta, si bien no fue hasta los años ochenta cuando se consolidaron como destino relevante del flujo internacional de capitales.

Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), los países que pueden ser considerados como paraísos fiscales comparten cuatro factores identificativos:

La legislación no impone impuestos o estos son solo nominales. Hay falta de transparencia.

Las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países con relación a contribuyentes que se beneficien de los bajos impuestos.

Se permite a los no residentes beneficiarse de las ventajas impositivas, aun cuando no desarrollen su actividad de forma efectiva en dicho país.

No solo las islas Caimán, las islas Seychelles o Suiza mantienen ese calificativo, hay al menos 30 países que tienen esas posibilidades. Como dato curioso hay que decir que, generalmente, los paraísos fiscales se enmarcan en países pequeños en cuanto a extensión y población.

 

Lavado de dinero

El concepto de lavado de dinero es la actividad que se desarrolla para encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales. El objetivo del lavado (también conocido como blanqueo) es que el dinero aparezca como el fruto de una actividad económica o financiera legal.

Quien lava dinero, por lo tanto, pretende legitimar los fondos procedentes del narcotráfico, la corrupción, el fraude fiscal, el contrabando, la venta de armas o los secuestros, entre otras actividades, para que dicho dinero pueda insertarse y circular en el sistema financiero.

Un ejemplo claro de lavado de dinero en nuestro país, más allá de la disputa política, es “la Estafa Maestra”, que reveló algunas estrategias de cómo se lleva a cabo la corrupción en México. Se trata de una operación que llevaba varios años en marcha, el origen fue el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas del gobierno federal en 2013 y 2014. La investigación encontró que se asignaron contratos de forma irregular para la realización de servicios en al menos once dependencias como las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos entre otras. En algunos casos, los contratos no se cumplieron y en otros, el costo real fue menor al presupuesto asignado originalmente.

Uno de los modos empleados es el uso de universidades públicas para desviar recursos. Y para concretarlo se aprovecha un resquicio en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que en uno de sus artículos permite a dependencias públicas y universidades asignar contratos de manera directa, sin licitación o concurso.

El procedimiento es el siguiente: se contrata a estas dependencias educativas para que realicen algún servicio para el que no están capacitadas o no tienen personal para desarrollarlo. De esta manera, las universidades se ven obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco pueden hacer el trabajo. Entonces piden los servicios de otra hasta llegar a la que realmente tiene la capacidad de cumplir. Pero lo hace a un precio menor al original, a veces equivalente al 10% del recurso asignado. Hubo casos donde se repitieron hasta ocho veces esos pasos y en todos, cada empresa se queda con una parte del dinero.

De esta manera, según la ASF, en 2015 se extraviaron 540 millones de pesos de la Sedesol. Ese año, los secretarios eran Rosario Robles, primero, y José Antonio Meade.

 

Empresas Fantasma

Está íntimamente relacionada con el lavado de dinero; las empresas fantasmas se les denomina de esta forma porque no se dedican precisamente a realizar operaciones comerciales, lo que significa que no aparecerán en ningún directorio comercial, no tienen venta al público ni cuentan con inventarios. Son “empresas” o personas físicas que no poseen ningún tipo de activo real ni tampoco ejecutan operaciones comerciales reales. Aunque están legalmente constituidas son creadas con el único objetivo de facilitar la evasión fiscal y la corrupción. “En la actualidad, las empresas legalmente constituidas ya no falsean facturas, sino simulan la venta de bienes o la prestación de servicios”. Las operaciones que realizan son inexistentes, siendo esta la razón por la que se les considera ‘fantasma’.

 

El fallido estado de derecho

Se aglutinan los tres poderes del estado para corromper el sistema de justicia. Se modifican las leyes de tal manera que una actividad deshonesta no pueda ser castigada, se nombran fiscales anticorrupción para proteger de cualquier instancia al corruptor y su periodo puede alargarse, incluso excediendo los 10 años. Eso garantiza la tranquilidad, entorpeciendo trámites y gestionando su influencia para evitar que un “colega” sea detenido, incluso señalado.

En 1994, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari durante su gestión (1988–1994), modificó la ley para quitar la condición de grave al delito de corrupción y con esto generar la era de las grandes estafas al país, para que los políticos corruptos no sufrieran consecuencias de cárcel, así como la ejecución de órdenes de extinción de dominio (el estado no puede incautar bienes que se hayan obtenido de manera ilícita desde 1994 hasta 2018).

La idea de juzgar a expresidentes no tiene sentido, además es necesario tener un marco jurídico adecuado, lo cual incluye reforma del artículo 35 constitucional y sus leyes reglamentarias. A pesar de esa modificación hay que recordar que las leyes no pueden ser retroactivas (no pueden aplicarse a periodos anteriores). Por ello, los expresidentes no pueden ser juzgados con penas que ameriten su encarcelamiento aún siendo tipificados en la Constitución como delitos graves.

Enriquecerse en menoscabo de la economía destruyendo instituciones fue la práctica que caracterizó a esa élite que se dedicó a engañar y anteponer los intereses personales a las necesidades reales del país quitando beneficios en obras de interés social y desarrollo de infraestructura.

La impunidad es uno de los principales desvaríos del sistema de justicia, es difícil condenar y hacer pagar al que comete actos corruptos. Decepcionante resulta entender que, aquellos que han saqueado y robado permanezcan en paz con la idea de no haber cometido algo Ilegal, amparados en modificaciones constitucionales para proteger y brindar una vida generosa, llena de lujos y frivolidades.

Ver en la cárcel a un personaje deshonesto de la élite oligarca del país es una tarea casi imposible, pues durante su gestión siempre se trabajó de manera sistemática para evitar ser condenados en lo futuro.

La estructura para cometer desfalcos, fraudes, asesinatos, desviaciones, componendas y vejaciones involucran a un conjunto de personajes incluyendo a empresarios, periodistas, legisladores, jueces, miembros de la alta esfera gubernamental, incluso organismos nacionales e internacionales.

Actualmente se ha legislado para revertir esa actuación dolosa en retirar el denominativo de “Delito no grave” a la corrupción, como lo es el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos (huachicoleo) y además a: la Delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego, abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.

Las prisiones ahora están abarrotadas, en muchos casos, existen personas con presunción de inocencia y personas sin sentencia, víctimas de un sistema de justicia fallido.

En nuestro país el dinero corrompe para evitar la cárcel, quien no lo posea será víctima de la indefensión y en muchos casos la tortura existe para obtener incriminaciones artificiales.

Es común en esa élite que insiste en permanecer controlando el poder existan traiciones y la única manera de librarse de ellos es matando o pudriendo en la cárcel a quien no conviene a sus intereses con la fabricación de delitos que sí están calificados como graves.

“El ladrón pudiente paga para evitar la cárcel, el ladrón desventurado paga para sobrevivir en ella”.

 

Fuentes:

http://www.ciudadanosobservando.org.mx

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina

También lea: La bajeza moral de la Señora Wallace al amparo de un corrupto sistema judicial | Columna de Enrique Domínguez

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