Durante años, un hombre habría vivido de reproducir perros sin poder ofrecerles ni agua, ni comida, ni una muerte digna. No eran perros, eran mercancias hasta que dejaron de existir

Por: La Orquesta

La crueldad humana no puede justificarse en nuestra condición de seres humanos complejos e imperfectos, es un porqué pero no una justificación.

Lo ocurrido en Milpillas es difícil de procesar. No por falta de información, sino porque mientras más se sabe, más insoportable resulta imaginar el sufrimiento que soportaron esos animales.

Es constante el intentar entender a las personas crueles. Decimos que tuvieron una infancia complicada, que padecen enfermedades mentales, que son producto de la pobreza, de la ignorancia, del abandono institucional o de una sociedad enferma. Todo eso puede ayudarnos a entender de dónde viene la violencia. Es un porqué, pero jamás puede convertirse en una justificación.

Porque el hombre que operaba este criadero vivía de los perros. Su trabajo consistía, básicamente, en encerrar a un macho con una hembra dentro de una jaula para que se reprodujeran, vender las crías y repetir el proceso una y otra vez. Nada más. Explotaba animales para obtener un ingreso económico y aun así no pudo ofrecerles lo más elemental: agua accesible, alimento suficiente, atención veterinaria, un espacio limpio o una muerte digna.

La normalización de estos actos de personas así es profundamente preocupante. Vecinos cuentan que llevaba años funcionando de esta manera. Durante años, al parecer, para él fue insignificante que los perros sufrieran. Era irrelevante que estuvieran en los huesos. Era irrelevante que agonizaran. Era irrelevante que compartieran espacio con cadáveres de otros perros, que respiraran el olor de cuerpos en descomposición, que algunos nunca hubieran recibido una caricia, un paseo, una manta durante el frío o un tratamiento para enfermedades.

Y entonces aparece la pregunta más dolorosa: ¿cuántos perros murieron ahí? ¿Cuántos nacieron solo para ser vendidos? ¿Cuántos pasaron toda su vida dentro de una jaula? ¿Cuántos agonizaron durante días antes de morir? ¿Cuántos soportaron el hedor de otros muertos porque ni siquiera eran retirados de las instalaciones? ¿Cuántos más existen en otros patios, bodegas o periferias de este país y nunca los conoceremos porque nadie denuncia, porque las autoridades no van o porque aprendimos a convivir con el horror?

El causar dolor a un ser vivo indefenso habla mucho más de quien infringe ese dolor que de quien lo recibe. No hablamos únicamente de perros. Las personas hieren personas. Torturan personas. Matan personas. Las razones pueden ser políticas, económicas, sociales, familiares o personales, pero muchas veces tienen un hilo conductor: herir a otros desde las propias heridas no resueltas.

A quienes observamos desde fuera nos conmueve el sufrimiento, especialmente cuando se trata de seres incapaces de defenderse. Un perro no es una persona. Nunca lo será. Pero reconocer esa diferencia tampoco justifica minimizar el dolor que sentimos al imaginar la crueldad que soportaron estos animales. Deprimirnos ante ello no nos hace exagerados; probablemente nos hace una sociedad un poco menos enferma.

También debemos aceptar algo incómodo: la cárcel por si sola no cura a quien necesita infligir dolor. El castigo punitivo no repara la empatía rota de una persona. Sin embargo, sí debe existir un castigo ejemplar. Y en México, particularmente en San Luis Potosí, los castigos por maltrato animal suelen ser una burla. Hemos visto agresores salir prácticamente ilesos tras entregar costales de croquetas, cumplir medidas mínimas o evitar condenas efectivas, a pesar de que la legislación contempla penas de hasta cinco años de prisión en casos graves.

Quizá la prisión no transforme a un maltratador, pero las sanciones económicas severas sí pueden convertirse en un mecanismo disuasorio. A muchos les duele más perder dinero que saber que otro ser vivo sufrió bajo su responsabilidad.

La omisión institucional también es parte del problema. Resulta frustrante que cuando alguien roba un vehículo existan operativos, seguimiento y reacción inmediata, pero que cuando un policía observa a un animal siendo golpeado, encadenado, abandonado o muriendo lentamente, pocas veces intervenga. El maltrato animal debería asumirse con mayor seriedad y atenderse como un indicador de violencia social, no como una falta menor.

Hay otro componente incómodo: la periferia. En muchas comunidades alejadas de los centros de poder parece existir un mensaje tácito de impunidad. Ahí la gente construye sin permisos, quema basura, tira escombros, abandona animales y, a veces, opera criaderos clandestinos durante años sin consecuencias. Es un abandono institucional que termina normalizando cualquier cosa.

Finalmente, hay una responsabilidad colectiva que rara vez queremos asumir. Mientras siga existiendo un mercado dispuesto a pagar miles de pesos por un cachorro de determinada raza, seguirá habiendo personas dispuestas a reproducirlos en serie. Tal vez deberíamos dejar de decir “me encantan los perros, pero solo de tal raza”, porque ese supuesto amor muchas veces alimenta la industria que los convierte en mercancía.

El caso de Milpillas es indignante. Pero sería aún más indignante descubrir que dentro de unos meses volvemos a compartir fotografías de otro criadero, de otro perro en los huesos, de otro cadáver cubierto con cal, y reaccionamos con sorpresa, como si no supiéramos que el problema nunca fueron solamente los animales abandonados.

El problema es la facilidad con la que aprendimos a convivir con la crueldad.

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Perros husky y pastor alemán en los huesos, animales agonizando dentro de jaulas, cadáveres cubiertos con cal, restos reducidos a mechones de pelo, un olor nauseabundo que llegaba hasta la calle y hasta lechones muertos dentro del predio

Por: Ana G Silva

Lo que vecinos y rescatistas encontraron al ingresar a un presunto criadero clandestino de perros en la fracción Milpillas fue descrito por ellos mismos como una escena “horrible, difícil de ver, de oler y profundamente triste”.

La tarde del miércoles, colectivos animalistas potosinos acudieron al domicilio señalado desde hace semanas por habitantes de la zona como un sitio donde se criaban y comercializaban perros husky y pastor alemán en condiciones inadecuadas. La intervención ocurrió luego de que el caso se viralizara en redes sociales, ante la falta de respuesta de autoridades municipales y estatales, pese a denuncias previas realizadas por vecinos.

Al llegar al inmueble, las rescatistas no localizaron a los cachorros que anteriormente habían sido observados en el lugar y que presuntamente eran comercializados incluso a la orilla de la carretera. De acuerdo con testimonios de quienes participaron en el rescate, aparentemente algunos animales fueron retirados antes de su llegada y hubo intentos por limpiar parcialmente las instalaciones.

Entre las acciones que detectaron se encontraba la colocación de recipientes con agua; sin embargo, ésta permanecía fuera de las jaulas, imposibilitando que los perros encerrados pudieran acceder a ella.

A pesar de ello, numerosos ejemplares permanecían confinados en jaulas pequeñas, sin alimento y en condiciones de extrema desnutrición. Algunos perros se encontraban prácticamente reducidos a piel y huesos, mientras que otros presentaban un estado de salud tan delicado que las voluntarias consideraron que estaban al borde de la muerte.

Las activistas denunciaron además la presencia de grandes cantidades de cal esparcidas en distintas áreas del predio, particularmente en zonas donde localizaron perros muertos en avanzado estado de descomposición. El olor, señalaron, era nauseabundo y podía percibirse desde la calle, situación que vecinos consideraron incluso un riesgo sanitario para quienes habitan en las inmediaciones.

Durante la inspección también fueron encontrados restos de animales que consistían únicam ente en mechones de pelo y vestigios óseos.

Asimismo, localizaron varios lechones recién nacidos muertos, que, según sospechan algunas personas involucradas en el rescate, podrían haber sido utilizados ocasionalmente como alimento para los perros.

Los rescatistas sostuvieron que las condiciones encontradas permiten presumir que los animales sobrevivientes permanecían cotidianamente en ese entorno insalubre, rodeados de cadáveres, desechos y fuertes olores derivados de la descomposición.

Ante la gravedad de la situación, vecinos y colectivos decidieron sacar del inmueble a todos los perros que aún permanecían con vida. Algunos fueron adoptados de manera inmediata por ciudadanos que acudieron al sitio, mientras que el resto fue trasladado a un refugio para recibir atención, aunque hasta el momento se desconoce con precisión el estado de salud de cada uno de los ejemplares rescatados.

Habitantes de Milpillas recordaron que el funcionamiento del presunto criadero clandestino había sido denunciado con anterioridad ante diversas autoridades, pero aseguran que no obtuvieron respuesta ni inspecciones formales, situación que derivó en que las agrupaciones animalistas actuaran por cuenta propia una vez que el caso alcanzó notoriedad en redes sociales.

Respecto al propietario del inmueble, vecinos señalaron que presuntamente se encontraba hospitalizado y que recientemente habría sido dado de alta; sin embargo, hasta ahora no se ha presentado en la vivienda ni ha establecido contacto con quienes participaron en el rescate.

Las organizaciones animalistas anunciaron que este jueves acudirán a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por posibles actos de maltrato animal, abandono y operación irregular de un criadero, además de aportar evidencia sobre la presunta venta de perros en las inmediaciones de la carretera y las condiciones deplorables en que eran mantenidos.

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La titular de Sedesore reconoce que los apoyos —tortilla subsidiada, becas, madres solteras, adultos mayores— podrían no sobrevivir al cambio de administración en 2027

Por: Redacción

María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), reconoció este miércoles que la continuidad de los programas sociales del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona dependerá de quien encabece la siguiente administración, al margen de los compromisos adquiridos.

La declaración ocurrió durante el anuncio de una nueva tortillería subsidiada en Residencial del Bosque, cuando se le preguntó si existe garantía de que los apoyos no se eliminen con el cambio de gobierno. “Cada administración tiene un tema muy diferente de trabajar”, respondió.

Martínez Galarza recordó que cuando Sedesore inició la gestión de Gallardo, la dependencia contaba con un solo programa activo: las despensas de emergencia de la pandemia de COVID-19. Desde entonces, la Secretaría construyó una red que hoy incluye tortilla subsidiada

La titular planteó que estos apoyos deberían convertirse en políticas permanentes, sin embargo, sostuvo que “va a depender muchísimo de las personas que estén a cargo de la dependencia, pero sobre todo de las indicaciones del gobierno”.

La dependencia opera actualmente ocho tortillerías en el estado con una inversión de más de 3 millones de pesos y una distribución de más de 500 kilos diarios a 14 pesos el kilo, poco menos de la mitad del precio comercial.

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