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Dos meses de agresiones contra policías de SLP
Sin importar a qué corporación pertenezcan, desde la captura del hijo de “El Alemán”, los ataques contra agentes potosinos se han vuelto habituales
Por: Redacción
Durante los últimos dos meses, agentes de las diferentes corporaciones de seguridad de San Luis Potosí en todos los niveles (municipal, estatal y federal) han sido víctimas de ataques por parte de la delincuencia organizada. Esta ola de violencia parece tener su origen en la detención del hijo de un presunto jefe criminal de la ciudad. Son al menos una decena de acontecimientos en los que policías se han visto afectados:
DETENCIÓN DEL HIJO DE “EL ALEMÁN”
Los ataques contra policías y en general el aumento en las escenas delictivas en San Luis Potosí tuvieron un incremento a partir del 24 de junio. Ese día, fue capturado Adrián N., quien es hijo de Alfredo Alemán “El Alemán”, líder de la célula delictiva conocida como el Cártel de los Alemanes, que pertenece al Cártel del Golfo. La aprehensión tuvo lugar en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Tanto el gobierno federal como el estatal han afirmado que de esta detención se desprenden varios hechos delictivos en el estado. Ese mismo día, un policía fue asesinado en el mismo municipio y le colocaron un narco mensajes con amenazas contra el gobernador Ricardo Gallardo.
ATAQUE A LA PILA
La mañana del 20 de julio se registró un ataque con armas de fuego a las instalaciones del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de La Pila, esto por parte de un grupo armado a bordo de ocho camionetas. Extraoficialmente se habló de que al interior del centro de reclusión se registró un intento de motín, para el que la agresión pretendía servir de distractor. Sin embargo, no hubo mayor información al respecto.
La seguridad en el sitio fue reforzada y elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal acudieron para resguardar la zona y atender los vehículos afectados por ponchallantas de fabricación casera, presumiblemente colocados por quienes agredieron al Cereso.

TRES BALACERAS EN UN DÍA
El 11 de julio, la Guardia Civil informó que desarticuló una presunta célula criminal responsable de algunos hechos en Villa de Reyes y la delegación de La Pila. En el operativo realizado en el municipio de Villa de Reyes, los policías ubicaron a los presuntos, y estos los atacaron con armas de grueso calibre; al repeler la agresión, los aseguraron y en el hecho resultó lesionado uno de los presuntos delincuentes.
A la par, la Fiscalía reportó una balacera durante la madrugada en la carretera a San Ciro de Acosta, a la altura de San José del Tapanco. El intercambio de fuego se dio entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional, auxiliados por la Guardia Civil. El saldo fue una persona muerta, un herido y tres detenidos.
En un hecho distinto, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana fue agredido en la colonia W de Soledad de Graciano Sánchez, y trasladado al hospital militar para su atención médica.
OTRAS AGRESIONES
Para el 12 de julio elementos de la Policía de Investigación (PDI) adscrita a la FGE, detuvieron a Gustavo Adolfo “N” y Christian Leonardo “N”, dos hombres que agredieron al personal operativo de esta dependencia, que realizaba su labores. La dependencia reportó que les fueron aseguradas dos armas de fuego, y una camioneta.
Tres, corporaciones de seguridad pública de la capital potosina, la GCE, la PDI, así como de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), coordinaron esfuerzos y llevaron a cabo un dispositivo de seguridad en la ciudad capital, tras recibir reportes de detonaciones de arma de fuego en calles aledañas a la avenida Salk y el Periférico, así como en la carretera 57. La FGE logró la captura de dos posibles involucrados, un muerto y dos personas lesionadas.

BALACERA Y AGENTE ENTERRADO
El 5 de agosto, elementos de la Guardia Civil Estatal llevaron a cabo un operativo especial para ubicar a un grupo delincuencial en el interior de un domicilio de la localidad de Vaqueros en el municipio de Rayón, en el que hubo un enfrentamiento armado y resultaron abatidos 13 presuntos delincuentes y dos sujetos más fueron detenidos.
La fiscalía reportó que detuvieron a dos mujeres vinculadas con inhumaciones ilegales. Horas más tarde, el fiscal José Luis Ruíz Contreras confirmó que hallaron cuatro cuerpos enterrados, uno pertenecía a un agente de la Guardia Civil Estatal que se encontraba desaparecido y otro era familiar del agente caído.

PERSECUCIÓN EN EL PASEO
El pasado 8 de agosto se reportó una persecución entre civiles armados y cuerpos de seguridad estatales y municipales. Esto en calles de la colonia El Paseo de la capital potosina.
La Guardia Civil Estatal confirmó la detención de un masculino que presuntamente participó en un intercambio de disparos. Mientras que la Policía Municipal dio a conocer la detención de otro hombre y una mujer, además del aseguramiento de dos armas cortas. Dentro de este operativo también se corroboró el aseguramiento de dos vehículos, uno de ellos con impactos en el parabrisas y sin placas de circulación.

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Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
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Destacadas
“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
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Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
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