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Abogadas criticaron el nombramiento de la nueva titular de la Fiscalía de Feminicidios
Aseguraron que se debió abrir una convocatoria a la sociedad civil para postular a perfiles más capaces
Por: Ana G Silva
El miércoles 18 de enero, José Luis Ruiz Contreras, fiscal general de San Luis Potosí, anunció que la titular de la recién creada Fiscalía Especializada en Feminicidios será Sandra Verónica Sánchez Urrutia, quien hasta ahora encabezaba la Unidad Especializada en Feminicidios. Luego de esto, Fátima Alvizo, abogada del Centro De Derechos Humanos, Luminas AC; y Arely Torres Miranda, abogada y activista feminista, cuestionaron los terminos en que se creó este nuevo órgano, así como el perfil de su titular.
“Que decepción, como dicen ‘no esperaba nada y aun así logran decepcionarnos’ y que terrible situación, me parece totalmente anunciado que seguirá la misma inoperancia y pasividad ante la gran problemática que tenemos en el estado”, apuntó Torres Miranda.
Arely Torres dijo que el que se haya nombrado a la titular de la Unidad Especializada de Feminicidios como la nueva fiscal es “terrible”, pues afirmó que estará encabezada por la misma gente que estaba obstaculizando y que detuvo los progresos de las investigaciones dentro de dicha unidad:
“Me preocupa porque habrá que ver, porque no avanzó esta Unidad de Feminicidios. no fue fortalecida y la cabeza no tenía un liderazgo que realmente llevara buen puerto la investigación y el seguimiento, la muestra está en que hay familias de víctimas de feminicidio que están exigiendo justicia después de haber detenido el presunto y que ni siquiera han sido llevadas a juicio, en que cada vez que ocurre un feminicidio tenemos que acompañar a estas familias, porque la Fiscalía siempre sale a demeritar, a culpar a la víctima, a desestimar y que se ha hecho un común, como en el caso de Chuyita (una menor de 14 años originaria del municipio Villa de Arista, quien en 2022 fue encontrada muerta con signos de asfixia y violencia sexual), en que la familia tenga que ir prácticamente a patearle la puerta a la Fiscalía para que les hagan caso”.
Las abogadas coincidieron que “lo más digno y correcto” era lanzar una convocatoria pública, donde las personas, preferentemente mujeres, que se consideraran con el perfil se presentaran al cargo, para hacer una terna y de ella saliera la designación de la fiscal.
Alvizo dijo que para el resto del personal se requiere a personas capacitadas, personal ministerial judicializador e investigador con las aptitudes adecuadas respecto al nuevo Sistema Penal de Justicia y sobre todo en derechos humanos de las mujeres, con perspectiva de género.
En cuanto al personal pericial, requieren tener una alta experticia porque las diligencias que se tienen para acreditar un feminicidio son complejas al tratarse de un delito multi lesivo. Además, de contar con una unidad de análisis y contexto que pueda ayudar y entender los fenómenos delictivos que coadyuvan en las muertes violentas de mujeres para tener esclarecimiento de las víctimas:
“Con eso quiero decir que se requiere personal altamente especializado, que haya pasado las pruebas satisfactoriamente y entienda y tenga empatía suficiente con el reto que se les pone en las manos; reto que también es para el Congreso del Estado y al gobernador Ricardo Gallardo, porque requiere que se les dote de presupuesto suficiente para atender la problemática que la sociedad reclama, no bastan las buenas voluntades, no bastan las declaratorias. Necesitan presupuesto real, personal capacitado y un titular que acompañe a las víctimas”.
Fátima Alvizo destacó que lo que debe diferenciar a la nueva Fiscalía de la Unidad Especializada en Feminicidios son las capacidades operativas, para ello se necesita mayor capacitación, personal experto y un titular que conozca a las víctimas, que tenga su confianza y que pueda accionar de mejor manera los canales institucionales para lograr el esclarecimiento de los hechos.
La abogada del Centro De Derechos Humanos, Luminas AC, comentó que no es una fiscalia nueva en su tipo en el país, pues hay otras como la de Chiapas, de Ciudad de México y Chiapas; agregó que se debe recordar que no es una dádiva del estado en turno, sino que ha sido la exigencia de diferentes colectivos y colectivas, así como de defensoras y académicas que llevan un tiempo el tema de los feminicidios en San Luis Potosí, además que esto ha sido impulsado por las familias.
“Tengo muchas esperanzas, he sido terca con tenerla (la Fiscalía), que esta vez lo harán como tiene que ser, espero que sea un primer paso, par que las decenas de madres, padres, hijas, hijos, hermanas, hermanos que esperan justicia por las suyas, por aquellas mujeres que murieron de formas violentas y terribles, derecho a la verdad y esclarecimiento de los hechos. Espero que pronto veamos resultados, en San Luis Potosí, hasta hace poco, yo no había escuchado sentencias que llegarán a la máxima y espero que este primer paso que está dando la Fiscalía sea un compromiso que pueda adoptar el Poder Judicial y castigue a quien tiene que castigarse con sentencias ejemplares”.
También lee: Sandra Verónica Sánchez Urrutia es titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios
Ciudad
Interapas mantiene protocolo de atención en el tercer día sin agua de “El Realito”
Los pozos de reserva fueron activados desde el viernes pasado
Por: Redacción
En respuesta a la falta de agua proveniente del sistema “El Realito”, que cumple su tercer día fuera de servicio, el organismo operador Interapas continúa implementando su protocolo de atención para abastecer a las colonias de la zona afectada.
Desde el viernes pasado, fueron puestos en operación los pozos de reserva Hostal, Himno Nacional, Abastos I y Balcones del Valle, para reforzar el suministro de agua mediante la red.
Interapas recuerda que estas acciones continuarán mientras “El Realito” permanezca sin operación e invita a los usuarios a mantenerse al tanto a través de la línea Acuatel 444 123 6400 o en sus canales oficiales.
También lee: Un litro de aceite puede contaminar mil litros de agua: Interapas
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Ceepac alerta déficit financiero para arrancar proceso electoral 2027
Inicia 2026 con un déficit superior a los 80 millones de pesos; el Congreso aprobó un aumento, pero fue menor a lo solicitado
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) arrancará el ejercicio fiscal 2026 con un déficit superior a los 80 millones de pesos, a pesar del incremento presupuestal aprobado por el Congreso del Estado, el cual resultó insuficiente para cubrir las necesidades operativas del organismo y las actividades preliminares del proceso electoral de 2027.
La consejera electoral Graciela Díaz Vázquez explicó que el presupuesto originalmente solicitado fue elaborado bajo un esquema de gasto mínimo, contemplando únicamente los requerimientos indispensables tanto para la operación ordinaria del organismo como para los trabajos que, por ley, deben iniciar con un año de anticipación al proceso electoral.
Si bien reconoció la disposición del Poder Legislativo para otorgar un aumento parcial a los recursos del Ceepac, advirtió que el recorte al proyecto original dejó una brecha financiera significativa que obliga al organismo a replantear su planeación anual.
Entre las áreas que deberán priorizarse se encuentran el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos electorales, la capacitación de partidos políticos y personal, así como la planeación y logística para la instalación de los comités electorales, considerados elementos clave para garantizar la organización de los comicios.
Ante este panorama, el Ceepac prevé solicitar ampliaciones presupuestales a lo largo del ejercicio fiscal 2026, además de implementar medidas de contención del gasto y reprogramar actividades que no resulten urgentes, con el objetivo de cumplir con sus obligaciones legales sin comprometer la certeza y legalidad del proceso electoral.
También lee: OPLES preparan defensa técnica frente a reforma electoral federal: Ceepac
Destacadas
Delcy Rodríguez asume como presidenta interina tras captura de Maduro
El TSJ designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina para garantizar continuidad del Estado
Por: Redacción
Tras la captura y traslado a Nueva York del presidente venezolano Nicolás Maduro, ocurrida en medio de una operación militar a gran escala en Caracas, Venezuela enfrenta un escenario inédito de incertidumbre política y jurídica. La pregunta central es clara: ¿quién gobierna ahora el país?
De acuerdo con una resolución emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumirá de manera temporal la Presidencia de la República, en calidad de presidenta encargada, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa integral de la nación tras los bombardeos registrados en la capital.
El máximo tribunal determinó que Rodríguez deberá ejercer todas las atribuciones constitucionales del Ejecutivo, amparándose en los supuestos de “ausencia absoluta” del presidente previstos en la Constitución venezolana. Maduro había iniciado su tercer periodo presidencial el 10 de enero de 2024, por lo que, al no haber transcurrido los primeros cuatro años del mandato, corresponde al vicepresidente asumir el cargo.
La Carta Magna también establece que, ante una falta absoluta, deben convocarse elecciones presidenciales dentro de los 30 días consecutivos siguientes, lo que colocaría el proceso electoral en la primera semana de febrero. Sin embargo, el arresto del mandatario por fuerzas armadas extranjeras no está contemplado de forma explícita en la Constitución, lo que ha generado una crisis constitucional y obligó a la intervención del TSJ, un órgano integrado mayoritariamente por magistrados vinculados al oficialismo.
A la incertidumbre interna se suman las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos “gobernará Venezuela” hasta que exista una transición “segura, apropiada y legal ”. Trump aseguró además que Delcy Rodríguez ya había sido juramentada conforme a la Constitución, versión que contrasta con el mensaje televisado de la propia funcionaria.
En su discurso, Rodríguez no se proclamó presidenta interina ni hizo referencia a una transición política. Identificada aún como vicepresidenta, defendió la legitimidad de Maduro y calificó la operación como una “agresión armada” promovida por sectores extremistas, advirtiendo que “la historia y la justicia les harán pagar”.
Delcy Rodríguez, abogada y figura clave del chavismo, ha ocupado diversos cargos desde los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Es vicepresidenta desde 2018, ministra de Hidrocarburos desde 2024 y expresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente instalada en 2017. Su trayectoria política y su cercanía con el núcleo del poder refuerzan la percepción de continuidad del régimen, pese al vacío de poder que dejó la captura de Maduro.
Mientras tanto, el futuro inmediato de Venezuela permanece abierto: elecciones anticipadas, una transición controlada o un escenario de mayor confrontación internacional siguen sobre la mesa.
Con información de El Financiero.
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