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Activistas critican la postura del secretario de Salud de SLP sobre violencia obstétrica
Marcela García y Arely Torres aseguraron que en el estado ocurre con mucha frecuencia este tipo de agresiones contra mujeres embarazadas o en post parto
Por: Ana G Silva
Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, diputada local por el PRI, propuso recientemente una iniciativa para castigar con dos a cinco años de prisión al personal de salud que cometa violencia obstétrica, a lo que Daniel Acosta Díaz de León, titular de la Secretaría de Salud respondió que “al rato (los médico) nadie va a querer atender a nadie”, pues afirmó que al gremio médico le preocupa la posibilidad de ser penalizados por acciones tomadas en el cumplimiento de su labor. Ante esto, conversamos con la activista feministas Marcela García Vázquez, presidenta de la organización Nueva Luna, y la abogada Arely Torres Miranda, quienes mencionaron que es “preocupante” la respuesta del secretario, pues lo mejor sería generar protocolos para que esto no suceda, en lugar de cuestionar la pertinencia de la la iniciativa.
García Vázquez explicó que la violencia obstétrica se refiere a las conductas, actos u omisiones que comete el personal de salud hacia las mujeres cuando se encuentran en estado de embarazo, en el parto y en puerperio (postparto). Añadió que es una práctica frecuente en el estado de San Luis Potosí, ya que de acuerdo con el diagnóstico realizado por el Observatorio de Mortalidad Materna, la entidad se ubica en el puesto 17 con mayor cantidad de casos denunciados de este tipo violencia.
“En Nueva Luna realizamos un estudio basado en entrevistas con mujeres ya recientemente habían dado a luz y revelaron que en el 90% de los casos recibieron tratos indignos y denigrantes por parte del personal al momento de solicitar el servicio de atención para el parto: las regresaban a sus domicilios o las obligaban a caminar cuando ellas sentían que ya no podían hacerlo, además de la falta de información sobre el estado de salud de sus recién nacidos y la discriminación hacia los sentimientos y emociones de las mujeres durante su estancia en el hospital”.
Torres Miranda destacó que la violencia obstétrica tiene que ver con toda una invisibilización de las necesidades que tienen las madres en el proceso de embarazo o alumbramiento; un término que se ha ido construyendo a través de la voz y las experiencias de las mujeres y que es una situación que suele no ser bien recibida por parte del personal médico: “También hay que decirlo, la mayoría han sido médicos varones, que en su cuerpo no les atraviesa ni les atravesará nunca la vivencia corporal de haber nacido como mujeres”.
Marcela García apuntó que posiblemente el doctor Acosta Díaz de León no tenga muy clara la iniciativa de Yolanda Cepeda ni los estudios de corte antropológico social que se han realizado por parte de la sociedad civil y de la academia, ya que: “no se trata de hacer una cacería de brujas en los hospitales y centros de salud”, sino promover una cultura de respeto a la condición de las mujeres en sus etapas de embarazo, parto y puerperio; con lo que se evitará que se ejerzan conductas discriminatorias, pues se busca que se comprenda a las mujeres y su condición de desventaja psicoemocional.
Arely Torres hizo un llamado al titular de los Servicios de Salud para que se acerque con especialistas con los que pueda establecer protocolos necesarios para inhibir la violencia obstétrica por el bien de la institución, de la dependencia, del personal médico y por el de las mujeres, que solamente se logra a través de la capacitación de formación y de conocimiento.
La abogada resaltó que no está a favor de las sanciones propuestas por la legisladora priista y entiende la preocupación que expresa el personal médico de que exista una penalización 
“Creo que muchas veces ya hemos tenido que llegar a este punto de castigar cuando no se hace lo que por ley tendría que hacerse; sin embargo, e insistiré muchísimo en eso, más allá de legislar sobre las posibles omisiones, también que se tuvieran un trabajo paralelo para poder brindar las herramientas de que esto se pueda cumplir, porque si bien el desconocimiento no te exime de la culpa, pues también vemos que el personal médico está rebasado tanto como falta personal, como por falta de insumos”.
Marcela García señaló que sancionar al personal médico que cometa violencia obstétrica es una iniciativa muy adecuada y sensible hacia la condición de discriminación y de violencia que viven las mujeres que se embarazan; añadió que es una iniciativa que esta basada en un estudio científico que indica y sugiere su pertinencia para evitar que las mujeres sigan sufriendo el maltrato producto de la discriminación y que derive en otras enfermedades mentales como la depresión y la violencia dentro de las familias.
La presidenta de Nueva Luna dijo que de ser aprobada la iniciativa, los beneficios serían: mejorar los servicios de salud en materia obstétrica; incrementaría el estado de bienestar físico, mental y emocional de las mujeres y de sus hijos: conformaría mejores equipos de profesionales de la salud al servicio de las mujeres: se reduciría la violencia contra las mujeres y se reduciría la atención psicológica en centros de salud por motivo de violencia obstétrica.
“De manera drástica, la mujer cuando transita por estas etapas experimenta severos cambios hormonales y físicos que afectan su psique y su estado emocional, por lo que pierde seguridad en sí misma y frente a la sociedad, que también la estigmatiza como incapacitada excluyéndola de muchos espacios de participación laboral, social e incluso político. Cuando en este estado se le trata con violencia, hay una alteración del estado emocional que afecta en la salud física y mental llevándola a experimentar depresión y baja autoestima y obviamente, que esto afectará a todas las personas que integran la familia”.
Finalmente Arely, detalló que en San Luis Potosí es uno de los estados en los que se ha tratado el tema con seriedad; sin embargo, lo importante es que si se llega a reportar un tema sobre este tipo de violencia, es necesario trabajar con el personal de salud para fortalecer e impulsar cambios positivos.
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Los trabajadores inconformes adelantaron más movilizaciones y no descartaron frenar actividades en los hospitales
Por: Redacción
Los trabajadores inconformes del IMSS en San Luis Potosí rechazaron la nueva propuesta de aumento salarial de 8% que anunció este miércoles el director del Instituto, Zoé Robledo. “Ese 8% para nosotros es una burla”, dijo Rubio Arteaga, trabajador del Hospital General de Zona número 6 de Ciudad Valles.
La dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezada por Rafael Olivos, aceptó la propuesta. Olivos dijo que el acuerdo “equilibra las aspiraciones de la base trabajadora con la viabilidad financiera de la institución”. El sindicato no ha informado si someterá el acuerdo a consulta de los trabajadores, como ocurrió con la oferta anterior.
Rubio Arteaga se presentó como uno de los “37 más uno” que organizan el movimiento a nivel nacional y dijo que representa a la sección 18. Aseguró que no pertenece a ningún partido y que no busca ningún cargo.
“4% no sirve absolutamente para nada”
Según su versión, el 8% se divide en 4% al tabulador, que es el sueldo base y el que cuenta para la pensión, y 4% a las prestaciones del llamado Concepto 11. “El 4% no sirve absolutamente para nada, no es significativo, seguimos en lo mismo”, dijo. La base, recordó, exige 10% directo al tabulador como mínimo. El IMSS no ha detallado públicamente cómo se reparte el aumento.
El 14 de octubre, los trabajadores sindicalizados rechazaron en consulta la primera propuesta, de 6.8%: 2.9% al tabulador y 3.9% al Concepto 11.
Congreso Extraordinario y más movilizaciones
Rubio Arteaga dijo que el salario no es la única demanda. Los inconformes exigen que el SNTSS convoque a un Congreso Nacional Extraordinario, su máximo órgano de decisión, para frenar la reforma al artículo 136 bis, que llamaron “ley mordaza”. También piden que la aportación a las Afores se vaya directo al salario y que se retiren los dirigentes “que no nos representan”.
Adelantó más marchas y otras acciones que no quiso detallar “porque el gobierno va a decir”. Sobre si podrían frenar actividades en los hospitales, respondió: “Sí, puede ser también, porque nos están obligando”. Por ahora, dijo, siguen atendiendo a los pacientes porque “privilegiamos la vida”.
Medicamentos: “que hagan auditoría a los jefes”
Ante señalamientos de que personal médico se lleva medicinas, pidió auditar a funcionarios y jefes, que, dijo, manejan los medicamentos “a discreción”. También pidió revisar a los proveedores del Instituto.
Sobre la reciente visita de la delegada a Ciudad Valles, dijo que fue una “avanzada” para preparar una visita de la Presidenta y “maquillar” las supervisiones.
También lee: El IMSS dijo “no” al 6.8%; en SLP, la consulta se votó entre denuncias
Jesús Juárez puso como ejemplo a dos policías municipales de San Vicente detenidos con un arma que no es de cargo
Por: Redacción
La mayoría de las policías municipales de San Luis Potosí no detiene a narcomenudistas ni a integrantes de células criminales. Así lo afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien pidió a los ayuntamientos asumir su parte.
Al preguntarle en qué se basa, respondió que en los análisis de la mesa de coordinación y en las estadísticas. La Guardia Civil Estatal suma miles de detenciones, sobre todo de personas dedicadas a la venta de droga, mientras que la mayoría de los municipios no hace ese tipo de arrestos: «hay unas honrosas excepciones», dijo.
En la zona metropolitana, y sobre todo en la capital, lo que más pesa en las estadísticas son delitos del fuero común: violencia familiar, riñas, robo a transeúntes y robo al interior de vehículos. Juárez Hernández dijo que también son responsabilidad del Estado, pero que atenderlos le toca sobre todo a la policía municipal.
«Ahí es donde nosotros pedimos el apoyo, porque creo que tienen la fortaleza, tienen la fuerza, tienen la cantidad de elementos, tienen las patrullas», dijo. Advirtió que si los municipios no responden, el Estado tendrá que retirar personal del Escudo Potosí «para venir a hacer el trabajo de las policías municipales».
Reconoció que las corporaciones de la zona metropolitana han logrado buenas detenciones de personas dedicadas a la venta de drogas. Pero sostuvo que, con mejor coordinación, se podría hacer mucho más, sobre todo contra la violencia familiar.
Como ejemplo de lo que cuestiona, citó la detención de dos policías municipales de San Vicente Tancuayalab que portaban un arma que no es de cargo. Según el secretario, uno de ellos está contratado formalmente y el otro no. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Por eso, entre las propuestas que dejó al Congreso después de su comparecencia por la Glosa del Quinto Informe, planteó crear soportes jurídicos para obligar a los alcaldes y a los directores de policía a fortalecer sus corporaciones. Explicó que en los municipios alejados el tiempo y la distancia le impiden al Estado sostener una base operativa completa, y que esa tarea la podrían cubrir los ayuntamientos.
También lee: Congreso trabajará con alcaldes para que los policías municipales se certifiquen
La producción minerometalúrgica nacional cayó 10.5% anual en agosto, pero SLP creció en fluorita y zinc
Por: Ana G Silva
La producción minera de San Luis Potosí registró resultados mixtos durante agosto de 2026: mientras la extracción de fluorita y zinc reportó incrementos anuales, la producción de plata y cobre disminuyó, de acuerdo con los indicadores de la Industria Minerometalúrgica publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El mayor avance correspondió a la fluorita, mineral en el que la entidad mantiene una participación importante a nivel nacional. Durante agosto, San Luis Potosí produjo 46 mil 647 toneladas, frente a las 45 mil 959 toneladas del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 1.5%.
En el ámbito nacional, la producción de fluorita alcanzó 69 mil 556 toneladas, también con un incremento anual de 1.7%. Con ello, San Luis Potosí concentró cerca de dos terceras partes del volumen reportado en el país durante ese mes, lo que confirma la relevancia de este mineral dentro de la actividad extractiva estatal.
Otro mineral que mostró un comportamiento positivo fue el zinc. La producción potosina pasó de mil 592 toneladas en agosto de 2025 a mil 612 toneladas en el mismo mes de este año, un aumento de 1.3%. Este resultado contrastó con el desempeño nacional, donde la producción de zinc disminuyó 27.4% anual.
En contraste, la producción de plata en San Luis Potosí descendió 3.6%, al pasar de 14 mil 66 kilogramos en agosto del año pasado a 13 mil 554 kilogramos en agosto de 2026. La diferencia representó 512 kilogramos
El cobre también registró una disminución en la entidad. La producción pasó de 2 mil 357 toneladas a 2 mil 321 toneladas, una caída anual de 1.5%. El comportamiento potosino se ubicó por debajo de la tendencia nacional, donde la producción de este metal aumentó 2.3%, hasta alcanzar 42 mil 783 toneladas.
CAE LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA NACIONAL
Los resultados estatales se presentan en un contexto de contracción de la industria minerometalúrgica nacional. De acuerdo con el INEGI, durante agosto de 2026 la producción minerometalúrgica del país disminuyó 0.1% respecto al mes anterior y 10.5% en comparación con agosto de 2025, con cifras desestacionalizadas.
Por mineral, las cifras originales también reflejaron diferencias entre productos. Durante agosto aumentó la producción nacional de fluorita, yeso, cobre, azufre, carbón no coquizable y pellets de fierro, mientras que disminuyó la de zinc, plomo, oro y plata.
Entre los incrementos destacó la producción de pellets de fierro, con un crecimiento anual de 17.4%; entre las caídas, el zinc retrocedió 27.4%, el plomo 25%, el oro 21.7% y la plata 12.9%.
En el caso de San Luis Potosí, los indicadores permiten observar que algunos minerales mantuvieron una evolución positiva pese a la contracción general de la producción minerometalúrgica nacional.
Los datos de agosto de 2026 son preliminares, según la publicación del INEGI.
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