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Activistas critican la postura del secretario de Salud de SLP sobre violencia obstétrica
Marcela García y Arely Torres aseguraron que en el estado ocurre con mucha frecuencia este tipo de agresiones contra mujeres embarazadas o en post parto
Por: Ana G Silva
Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, diputada local por el PRI, propuso recientemente una iniciativa para castigar con dos a cinco años de prisión al personal de salud que cometa violencia obstétrica, a lo que Daniel Acosta Díaz de León, titular de la Secretaría de Salud respondió que “al rato (los médico) nadie va a querer atender a nadie”, pues afirmó que al gremio médico le preocupa la posibilidad de ser penalizados por acciones tomadas en el cumplimiento de su labor. Ante esto, conversamos con la activista feministas Marcela García Vázquez, presidenta de la organización Nueva Luna, y la abogada Arely Torres Miranda, quienes mencionaron que es “preocupante” la respuesta del secretario, pues lo mejor sería generar protocolos para que esto no suceda, en lugar de cuestionar la pertinencia de la la iniciativa.
García Vázquez explicó que la violencia obstétrica se refiere a las conductas, actos u omisiones que comete el personal de salud hacia las mujeres cuando se encuentran en estado de embarazo, en el parto y en puerperio (postparto). Añadió que es una práctica frecuente en el estado de San Luis Potosí, ya que de acuerdo con el diagnóstico realizado por el Observatorio de Mortalidad Materna, la entidad se ubica en el puesto 17 con mayor cantidad de casos denunciados de este tipo violencia.
“En Nueva Luna realizamos un estudio basado en entrevistas con mujeres ya recientemente habían dado a luz y revelaron que en el 90% de los casos recibieron tratos indignos y denigrantes por parte del personal al momento de solicitar el servicio de atención para el parto: las regresaban a sus domicilios o las obligaban a caminar cuando ellas sentían que ya no podían hacerlo, además de la falta de información sobre el estado de salud de sus recién nacidos y la discriminación hacia los sentimientos y emociones de las mujeres durante su estancia en el hospital”.
Torres Miranda destacó que la violencia obstétrica tiene que ver con toda una invisibilización de las necesidades que tienen las madres en el proceso de embarazo o alumbramiento; un término que se ha ido construyendo a través de la voz y las experiencias de las mujeres y que es una situación que suele no ser bien recibida por parte del personal médico: “También hay que decirlo, la mayoría han sido médicos varones, que en su cuerpo no les atraviesa ni les atravesará nunca la vivencia corporal de haber nacido como mujeres”.
Marcela García apuntó que posiblemente el doctor Acosta Díaz de León no tenga muy clara la iniciativa de Yolanda Cepeda ni los estudios de corte antropológico social que se han realizado por parte de la sociedad civil y de la academia, ya que: “no se trata de hacer una cacería de brujas en los hospitales y centros de salud”, sino promover una cultura de respeto a la condición de las mujeres en sus etapas de embarazo, parto y puerperio; con lo que se evitará que se ejerzan conductas discriminatorias, pues se busca que se comprenda a las mujeres y su condición de desventaja psicoemocional.
Arely Torres hizo un llamado al titular de los Servicios de Salud para que se acerque con especialistas con los que pueda establecer protocolos necesarios para inhibir la violencia obstétrica por el bien de la institución, de la dependencia, del personal médico y por el de las mujeres, que solamente se logra a través de la capacitación de formación y de conocimiento.
La abogada resaltó que no está a favor de las sanciones propuestas por la legisladora priista y entiende la preocupación que expresa el personal médico de que exista una penalización 
“Creo que muchas veces ya hemos tenido que llegar a este punto de castigar cuando no se hace lo que por ley tendría que hacerse; sin embargo, e insistiré muchísimo en eso, más allá de legislar sobre las posibles omisiones, también que se tuvieran un trabajo paralelo para poder brindar las herramientas de que esto se pueda cumplir, porque si bien el desconocimiento no te exime de la culpa, pues también vemos que el personal médico está rebasado tanto como falta personal, como por falta de insumos”.
Marcela García señaló que sancionar al personal médico que cometa violencia obstétrica es una iniciativa muy adecuada y sensible hacia la condición de discriminación y de violencia que viven las mujeres que se embarazan; añadió que es una iniciativa que esta basada en un estudio científico que indica y sugiere su pertinencia para evitar que las mujeres sigan sufriendo el maltrato producto de la discriminación y que derive en otras enfermedades mentales como la depresión y la violencia dentro de las familias.
La presidenta de Nueva Luna dijo que de ser aprobada la iniciativa, los beneficios serían: mejorar los servicios de salud en materia obstétrica; incrementaría el estado de bienestar físico, mental y emocional de las mujeres y de sus hijos: conformaría mejores equipos de profesionales de la salud al servicio de las mujeres: se reduciría la violencia contra las mujeres y se reduciría la atención psicológica en centros de salud por motivo de violencia obstétrica.
“De manera drástica, la mujer cuando transita por estas etapas experimenta severos cambios hormonales y físicos que afectan su psique y su estado emocional, por lo que pierde seguridad en sí misma y frente a la sociedad, que también la estigmatiza como incapacitada excluyéndola de muchos espacios de participación laboral, social e incluso político. Cuando en este estado se le trata con violencia, hay una alteración del estado emocional que afecta en la salud física y mental llevándola a experimentar depresión y baja autoestima y obviamente, que esto afectará a todas las personas que integran la familia”.
Finalmente Arely, detalló que en San Luis Potosí es uno de los estados en los que se ha tratado el tema con seriedad; sin embargo, lo importante es que si se llega a reportar un tema sobre este tipo de violencia, es necesario trabajar con el personal de salud para fortalecer e impulsar cambios positivos.
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Ricardo Gallardo dijo que en más de 12 municipios hay solo cuatro elementos por turno
Por: Redacción
Nueve municipios de San Luis Potosí todavía no han querido elevar el sueldo de sus policías municipales, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien agregó que más de 12 municipios tienen apenas siete u ocho elementos divididos en dos turnos.
“Tienen cuatro policías por turno. Uno lo trae el alcalde, otro lo trae la puerta de la presidencia y dos están en la plaza principal con el lleva-lleva. Entonces, prácticamente tienen cero seguridad municipal”, dijo.
Sobre las sanciones a esos ayuntamientos, Gallardo remitió al Congreso del Estado.
La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.
Desde el 1 de septiembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas llevan el procedimiento administrativo contra los ayuntamientos que no homologaron los sueldos. Las sanciones van de la amonestación a la inhabilitación
El 2 de octubre, Gallardo habló de una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados. El 23 de octubre, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos.
Ese mismo día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, dijo que en algunas supervisiones a corporaciones municipales “no hay a quien supervisar” y que “tres o cuatro elementos durante un turno para un municipio, pues son muy pocos”.
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Además, cada negocio potosino pagó más por la delincuencia, mientras en el país ese costo bajó
Por: Ana G Silva
Nueve de cada cien negocios de San Luis Potosí sufrieron al menos un robo o asalto de bienes o dinero durante 2025, una proporción 50 por ciento mayor que la del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La tasa estatal fue de 898 unidades económicas víctimas de ese delito por cada 10 mil, contra 597 en el país. Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, solo detrás de Chihuahua, Campeche, Querétaro y Aguascalientes.
En total, la encuesta estimó 15 mil 777 robos o asaltos de bienes o dinero contra negocios potosinos en el año. Es una tasa de mil 410 por cada 10 mil unidades económicas, frente a 885 a nivel nacional.
Si se cuentan todos los delitos, 31 mil 814 de los casi 112 mil negocios del estado fueron víctimas de al menos uno. Es 28.4 por ciento, por encima del 25.9 por ciento nacional.
Más caro que hace dos años
La delincuencia también le salió más cara a cada negocio. El costo promedio del delito por unidad económica en San Luis Potosí aumentó 6 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en el país bajó 18.2 por ciento.
San Luis Potosí fue uno de los 12 estados donde ese costo creció. El INEGI ubicó al estado en el rango medio, de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos
Pequeñas y grandes, las más expuestas
La brecha con el resto del país es mayor en las empresas pequeñas y grandes. En las pequeñas, 5 mil 596 de cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, contra 4 mil 154 a nivel nacional: 35 por ciento más.
En las grandes, la tasa fue de 6 mil 68 por cada 10 mil, frente a 4 mil 840 en el país. Según las estimaciones del INEGI, el delito más frecuente entre estas empresas fue el robo de mercancía en tránsito, con 29 por ciento de sus casos.
Ese delito está en el centro de las protestas del transporte de carga. En octubre, transportistas potosinos se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en la carretera federal 57. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ubicó tramos de riesgo cerca de Santa María del Río, La Pila y El Huizache.
En las microempresas, que son la gran mayoría de los negocios, la tasa fue de 2 mil 704 por cada 10 mil, apenas arriba de la nacional de 2 mil 507. Por sector, el comercio fue el más golpeado: 3 mil 475 de cada 10 mil comercios sufrieron algún delito, contra 3 mil 49 en el país.
El robo hormiga, de mercancía en pequeñas cantidades, alcanzó a mil 108 de cada 10 mil negocios potosinos, contra 954 en el promedio nacional.
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La Conagua en San Luis Potosí clausuró tres de los cuatro pozos de José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, en Salinas de Hidalgo y anunció sanciones. El agua que sale de esa propiedad abastece su hotel Canto de Sal
Por: Redacción
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró tres de los cuatro pozos que José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, tiene en Salinas de Hidalgo, y abrió procedimientos administrativos que concluirán en sanciones.
Así lo informó el delegado federal en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.
“No puede robarle el agua a la gente, y menos en el altiplano”, dijo el funcionario.
El delegado no aludió al político del Partido Verde, pero confirmó que los pozos están en predios de la familia Romero Calzada y el agua que extraen abastece el hotel Canto de Sal, propiedad que él ha reconocido como propia de manera pública.
El nombre del hotel es también su coartada: en Salinas hay sequía y en Canto de Sal hay alberca.
Los pozos operaban sin la concesión correspondiente, según la dependencia. En estos casos la sanción reactiva es la clausura inmediata de la fuente de agua.
El pozo de la discordia
El del Rancho La Estancia del Carmen no es un pozo cualquiera: abasteció al municipio por más de 30 años. El Ayuntamiento lo operaba con un convenio privado de usufructo firmado el 3 de abril de 2008 por 28.06 metros cuadrados. En 2012, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado avaló una servidumbre legal de paso: los propietarios debían permitir el ingreso de personal municipal para operar y dar mantenimiento a la fuente, de 8:00 a 18:00 horas, porque se usaba “para el servicio de la comunidad”.
En noviembre de 2018, Romero Calzada tramitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de un pozo agrícola para proveer de agua a su hotel Canto de Sal. El hotel abrió y opera desde entonces. Ese mismo año, habitantes de Salinas denunciaron que la población se quedó en sequía después de que el pozo saliera de las manos del municipio.
El exalcalde Teódulo Contreras Martínez (2007-2009), señalado en su momento por la venta del pozo, ha negado el hecho: el expediente del juicio civil acredita que el Ayuntamiento seguía operando la fuente años después de su gestión.
Las cifras de la dependencia
González Castillo dijo que en lo que va del año la delegación ha realizado alrededor de mil 600 inspecciones
Añadió que desde diciembre de 2024 no se ha otorgado ningún nuevo título de concesión en los acuíferos de San Luis, Salinas, Matehuala y Vanegas, y que está en curso un proceso para regularizar concesiones vencidas entre 2009 y 2026, con plazo al 4 de julio de 2027.
También reconoció los límites de la vigilancia: “No tengo el personal para estar revisando todo a nivel estatal”. La dependencia actúa sobre todo por denuncias ciudadanas.
Más allá de Salinas
En la misma entrevista, el delegado informó que en Ciudad Fernández, El Jabalí y la Media Luna se clausuraron tres pozos clandestinos y se detuvo la extracción de material de la cuenca del río. Sobre la Media Luna dijo que el agua se mantiene, pero que el daño está en el ecosistema, con “una petrificación impresionante” en el piso y raíces expuestas: esa parte corresponde a la SEGAM, la Semarnat y la Profepa.
Sobre las presas de jale de las mineras, sostuvo que la dependencia sancionó, clausuró y multó a una empresa que pagó y realiza obra civil para desviar el agua de lluvia, pero que el manejo de los depósitos corresponde “sobre todo” a la Profepa, a la que ya envió oficios.
Qué sigue
Los procedimientos administrativos abiertos en Salinas definirán el monto de las sanciones y si la clausura de los tres pozos se mantiene. Sigue vigente la servidumbre que obliga a los propietarios del Rancho La Estancia del Carmen a permitir el acceso del Ayuntamiento al pozo. Y el proceso federal de regularización de concesiones vence en julio de 2027.
Al ser cuestionado al respecto en Ciudad Valles, Romero Calzada huyó de la prensa.
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