agosto 22, 2026

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Activistas critican la postura del secretario de Salud de SLP sobre violencia obstétrica

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Marcela García y Arely Torres aseguraron que en el estado ocurre con mucha frecuencia este tipo de agresiones contra mujeres embarazadas o en post parto

Por: Ana G Silva

Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, diputada local por el PRI, propuso recientemente una iniciativa para castigar con dos a cinco años de prisión al personal de salud que cometa violencia obstétrica, a lo que Daniel Acosta Díaz de León, titular de la Secretaría de Salud respondió que “al rato (los médico) nadie va a querer atender a nadie”, pues afirmó que al gremio médico le preocupa la posibilidad de ser penalizados por acciones tomadas en el cumplimiento de su labor. Ante esto, conversamos con la activista feministas Marcela García Vázquez, presidenta de la organización Nueva Luna, y la abogada Arely Torres Miranda, quienes mencionaron que es “preocupante” la respuesta del secretario, pues lo mejor sería generar protocolos para que esto no suceda, en lugar de cuestionar la pertinencia de la la iniciativa.

García Vázquez explicó que la violencia obstétrica se refiere a las conductas, actos u omisiones que comete el personal de salud hacia las mujeres cuando se encuentran en estado de embarazo, en el parto y en puerperio (postparto). Añadió que es una práctica frecuente en el estado de San Luis Potosí, ya que de acuerdo con el diagnóstico realizado por el Observatorio de Mortalidad Materna, la entidad se ubica en el puesto 17 con mayor cantidad de casos denunciados de este tipo violencia.

En Nueva Luna realizamos un estudio basado en entrevistas con mujeres ya recientemente habían dado a luz y revelaron que en el 90% de los casos recibieron tratos indignos y denigrantes por parte del personal al momento de solicitar el servicio de atención para el parto: las regresaban a sus domicilios o las obligaban a caminar cuando ellas sentían que ya no podían hacerlo, además de la falta de información sobre el estado de salud de sus recién nacidos y la discriminación hacia los sentimientos y emociones de las mujeres durante su estancia en el hospital”.

Torres Miranda destacó que la violencia obstétrica tiene que ver con toda una invisibilización de las necesidades que tienen las madres en el proceso de embarazo o alumbramiento; un término que se ha ido construyendo a través de la voz y las experiencias de las mujeres y que es una situación que suele no ser bien recibida por parte del personal médico: “También hay que decirlo, la mayoría han sido médicos varones, que en su cuerpo no les atraviesa ni les atravesará nunca la vivencia corporal de haber nacido como mujeres”.

Marcela García apuntó que posiblemente el doctor Acosta Díaz de León no tenga muy clara la iniciativa de Yolanda Cepeda ni los estudios de corte antropológico social que se han realizado por parte de la sociedad civil y de la academia, ya que: “no se trata de hacer una cacería de brujas en los hospitales y centros de salud”, sino promover una cultura de respeto a la condición de las mujeres en sus etapas de embarazo, parto y puerperio; con lo que se evitará que se ejerzan conductas discriminatorias, pues se busca que se comprenda a las mujeres y su condición de desventaja psicoemocional.

Arely Torres hizo un llamado al titular de los Servicios de Salud para que se acerque con especialistas con los que pueda establecer protocolos necesarios para inhibir la violencia obstétrica por el bien de la institución, de la dependencia, del personal médico y por el de las mujeres, que solamente se logra a través de la capacitación de formación y de conocimiento.

La abogada resaltó que no está a favor de las sanciones propuestas por la legisladora priista y entiende la preocupación que expresa el personal médico de que exista una penalización

; por lo que sería mejor enfocarse en protocolos eficientes y herramientas necesarias a los recursos humanos y a los recursos monetarios y de infraestructura para que los trabajadores de la salud no tenga este temor atender; sin embargo, subrayó que es una iniciativa que, de una u otra manera, sigue dando continuidad a la erradicación del maltrato, la negligencias, las faltas de respeto y que garantizan parto digno.

Creo que muchas veces ya hemos tenido que llegar a este punto de castigar cuando no se hace lo que por ley tendría que hacerse; sin embargo, e insistiré muchísimo en eso, más allá de legislar sobre las posibles omisiones, también que se tuvieran un trabajo paralelo para poder brindar las herramientas de que esto se pueda cumplir, porque si bien el desconocimiento no te exime de la culpa, pues también vemos que el personal médico está rebasado tanto como falta personal, como por falta de insumos”.

Marcela García señaló que sancionar al personal médico que cometa violencia obstétrica es una iniciativa muy adecuada y sensible hacia la condición de discriminación y de violencia que viven las mujeres que se embarazan; añadió que es una iniciativa que esta basada en un estudio científico que indica y sugiere su pertinencia para evitar que las mujeres sigan sufriendo el maltrato producto de la discriminación y que derive en otras enfermedades mentales como la depresión y la violencia dentro de las familias.

La presidenta de Nueva Luna dijo que de ser aprobada la iniciativa, los beneficios serían: mejorar los servicios de salud en materia obstétrica; incrementaría el estado de bienestar físico, mental y emocional de las mujeres y de sus hijos: conformaría mejores equipos de profesionales de la salud al servicio de las mujeres: se reduciría la violencia contra las mujeres y se reduciría la atención psicológica en centros de salud por motivo de violencia obstétrica.

“De manera drástica, la mujer cuando transita por estas etapas experimenta severos cambios hormonales y físicos que afectan su psique y su estado emocional, por lo que pierde seguridad en sí misma y frente a la sociedad, que también la estigmatiza como incapacitada excluyéndola de muchos espacios de participación laboral, social e incluso político. Cuando en este estado se le trata con violencia, hay una alteración del estado emocional que afecta en la salud física y mental llevándola a experimentar depresión y baja autoestima y obviamente, que esto afectará a todas las personas que integran la familia”.

Finalmente Arely, detalló que en San Luis Potosí es uno de los estados en los que se ha tratado el tema con seriedad; sin embargo, lo importante es que si se llega a reportar un tema sobre este tipo de violencia, es necesario trabajar con el personal de salud para fortalecer e impulsar cambios positivos.

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“Me dijo: te voy a matar”; mujer teme por amenazas de padre del alcalde de Cerro de San Pedro

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Blanca Estela Hernández asegura que recibe llamadas intimidatorias y que ya no puede trabajar tranquila. Desde 2023 mantiene una denuncia contra J. Santos Nava Arista

Por: Ana G Silva

“Yo ahorita sí tengo miedo”. Blanca Estela Hernández Martínez dice que ya no puede trabajar con tranquilidad. Que teme abrir su negocio, que ha recibido llamadas intimidatorias y que, en una de las agresiones que denuncia, escuchó una frase que todavía recuerda: “Te voy a matar”.

“Ahí en el Cerro nadie te quiere”, asegura que le dicen en algunas de las llamadas que recibe.

Este testimonio, recabado en exclusiva por La Orquesta, es el de Blanca Estela Hernández Martínez, maestra y comerciante de Cerro de San Pedro, quien desde 2023 mantiene una denuncia contra J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal,  Jesús “Chuy” Nava Loredo.

La mujer acusa a J. Santos de haberla agredido físicamente, amenazado y de intentar despojarla de un terreno que asegura es de su propiedad. Su denuncia quedó registrada en la carpeta de investigación 18077-23, iniciada tras hechos ocurridos el 14 de mayo de 2023.

Pero el miedo, asegura, fue precisamente una de las razones por las que dejó de impulsar el procedimiento durante un tiempo: “Yo sí recibí amenazas y dije: ‘No, ya mejor me detengo’”, relató. Ahora decidió volver a hablar.

Blanca Estela asegura que el conflicto ha dejado de ser únicamente una disputa por un terreno.

Dice que el temor la acompaña en su trabajo cotidiano y que ha llegado a sentirse insegura incluso dentro de su propio negocio: “Ya no trabajo a gusto”, explicó.

Según su testimonio, J. Santos ha llegado hasta la puerta de su establecimiento acompañado por varias personas y en una actitud que considera intimidatoria. También aseguró que ha recibido llamadas constantes con mensajes que interpreta como amenazas.

Hace unos días, relató, incluso solicitó apoyo de la Guardia Civil ante una situación que le generó temor. Asegura que esperó cerca de tres horas, pero los elementos nunca llegaron: “Yo ahorita, en estos momentos, sí tengo miedo”, insistió.

Una denuncia desde 2023

El origen del conflicto se remonta al 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela fue informada de que había personas dentro de un predio que considera de su propiedad, ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás.

Al llegar, aseguró haber encontrado una barra para la venta de cerveza y a varias personas trabajando en el lugar.

Según su relato, cuando cuestionó qué estaban haciendo en el terreno, J. Santos Nava Arista reaccionó de forma agresiva.

La mujer asegura que fue insultada, empujada, jalada del cabello y escupida en el rostro.

También afirma que fue amenazada de muerte.

“Te voy a matar”, recuerda que le dijo.

Por estos hechos presentó la denuncia que dio origen a la carpeta 18077-23.

El conflicto volvió a escalar, según su versión, en marzo de este año, cuando se enteró de que nuevamente se realizaban trabajos y excavaciones dentro del mismo terreno.

Blanca Estela asegura que acudió al lugar y volvió a recibir insultos y amenazas. También afirmó que, durante uno de estos episodios, J. Santos hizo un gesto con la mano simulando un arma.

El antecedente de la detención de julio

La denuncia de Blanca Estela surge apenas semanas después de que J. Santos “N” fuera detenido, el pasado 3 de julio, tras un incidente en agravio de otra mujer, identificada como Mayra “N”.

En ese caso, habitantes de Cerro de San Pedro cuestionaron públicamente que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de haber sido asegurado.

Fuentes cercanas al caso consultadas por La Orquesta señalaron entonces que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón, aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado.

De manera previa, este medio también obtuvo información sobre otras posibles investigaciones relacionadas con J. Santos “N”, correspondientes a los años 2019 y 2020.

A estos antecedentes se suma ahora la carpeta iniciada por Blanca Estela en 2023.

El caso adquiere una nueva dimensión luego de que, hace unos días, la titular de la Fiscalía General del Estado asegurara no conocer ningún caso en contra de J. Santos.

Sin embargo, la defensa de Blanca Estela presentó públicamente el número de carpeta 18077-23, abierta desde hace tres años.

Antonio Pérez Oldevilla, abogado de Blanca Estela, explicó que buscan reactivar las diligencias y que la investigación sea canalizada a las áreas especializadas correspondientes. También solicitarán medidas de protección para la denunciante.

El abogado sostuvo que el temor fue una de las razones por las que Blanca Estela dejó de dar seguimiento constante a la carpeta, pero aseguró que ahora busca continuar con el procedimiento.

Para ella, volver a hablar públicamente no significa que el miedo haya desaparecido. Pero, pese a ello, decidió retomar su denuncia. “Esto tiene que seguir adelante”, concluyó.

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Casos de dengue caen 92% en San Luis Potosí durante 2026

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La caída estatal casi triplica el ritmo con el que baja el dengue en el país

Por: Carlos Ruíz

San Luis Potosí registró 22 casos confirmados de dengue en lo que va de 2026, una caída de 91.8% frente a los 269 casos del mismo corte del año anterior, de acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue de la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud federal.

La reducción estatal contrasta con la nacional: los casos confirmados de dengue en el país bajaron de 6,405 a 4,152 en el mismo periodo —una caída de 35.2%—, mientras las defunciones pasaron de 32 a siete, según el corte a la Semana Epidemiológica 32, con información al 17 de agosto de 2026.

De los 22 casos confirmados en la entidad, 10 corresponden a dengue no grave, 10 a dengue con signos de alarma y dos a dengue grave. San Luis Potosí no registra defunciones por la enfermedad ni en 2025 ni en lo que va de 2026.

La tasa de incidencia estatal es de 0.73 casos por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del 3.09 nacional. El único serotipo identificado por pruebas de PCR en tiempo real en la entidad es el DENV-3, presente en los seis casos con serotipo confirmado.

El 72% de los casos confirmados en el país se concentra en cinco estados: Sonora, Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Baja California Sur. San Luis Potosí no forma parte de ese grupo.

El Panorama Epidemiológico de Dengue se actualiza cada semana; el corte usado aquí corresponde a la Semana Epidemiológica 32, publicada este jueves 20 de agosto.

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Gallardo atribuye los apagones de la Huasteca a la sobrecarga por calor

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El gobernador pidió a la CFE anunciar las líneas y transformadores nuevos

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció que la Huasteca Potosina es la región del estado con más apagones recurrentes, y que San Luis Potosí figura entre los tres estados con más cortes de luz del país, de acuerdo con una investigación de NMAS Monterrey.

Gallardo atribuyó el problema a la sobrecarga de las líneas por el uso masivo de aires acondicionados en temporada de calor, y dijo que la falla se repite desde hace unos 20 años en toda la franja huasteca del país, incluidos Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco, Campeche y la península de Yucatán. Precisó que no es un problema frecuente en la zona metropolitana de la capital.

El mandatario dijo que ya hay diálogo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y calificó de “muy buen delegado” a Elizondo, representante de la dependencia en el estado, a quien atribuyó capacidad de respuesta rápida cuando ocurren las fallas.

Gallardo adelantó que la CFE prepara “cuatro inversiones fuertes” en la región, aunque no dio montos, líneas ni número de transformadores a sustituir; dijo que corresponde a la propia dependencia federal detallar esa información en una rueda de prensa.

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