Marcela García y Arely Torres indicaron que el Congreso del Estado debe armonizar las leyes que impulsó la Suprema Corte desde el 2021 para despenalizar la interrupción del embarazo

Por: Ana G Silva

Hace unos días, el colectivo ILE de San Luis Potosí presentó la iniciativa sobre la legalización del aborto en Pleno del Congreso del Estado y fue turnada a la Comisión de Justicia, Asistencia Social y Derechos Humanos; en ella se contempla que se brinden los servicios de salud necesarios para llevar a cabo la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, pero se convertiría en un delito pasado este tiempo. La Orquesta conversó con las activistas Marcela García Vázquez, presidenta de la organización Nueva Luna, y la abogada Arely Torres Miranda, para conocer su opinión al respecto.

Las activistas coincidieron que en ningún momento del embarazo se debe criminalizar, hacerlo es inconstitucional y se debe eliminar del código penal del Estado. Arely apuntó que en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la interrupción del embarazo debía dejar de ser penalizada y por tanto esto debía ser armonizada en todas las entidades del país, aunque esto no ha sucedido en San Luis Potosí.

“Incluso la Corte instó que a resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción”.

Marcela apuntó que la mujer que aborte en ningún momento debe ser criminalizada, porque “la decisión de abortar, es muy difícil y que, cuando se hace, se lleva a cabo debido a una situación límite en donde no tienen opción, recursos ni apoyo para garantizar la vida digna del recién nacido y mucho menos la salud mental y emocional”.

La presidenta de Nueva Luna resaltó que al Congreso del Estado le ha faltado valor, seguridad, información sobre los derechos sexuales y reproductivos, le ha sobrado miedo, conservadurismo y sumisión frente a lo desconocido; además, es carente de diálogo, estudio y capacidad de discernimiento; y sobre todo, no han conectado con las mujeres de juventudes.

“Tampoco dialoga con ellas para comprender que esto, no es una cuestión de cultura ni de costumbres potosinas, sino de un compromiso y de responsabilidad con los derechos de las mujeres, quienes sufren las consecuencias de leyes obsoletas, absurdas, dominadas por el patriarcado”.

Arely Torres destacó que pareciera que ni el Congreso del Estado ni el Ejecutivo en San Luis Potosí entienden que existe una resolución desde septiembre del 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

de despenalización del aborto, bajo la NOM 035 de atención a víctimas de violencia. Aclaró que también se debe comprender que a los estados no les corresponde decidir sobre la vida desde la concepción y se debe encargar de garantizar el acceso a los servicios necesarios ; mientras las mujeres son quienes deben tener control sobre su cuerpos.

“Piden hacer foros, ya no necesitamos foros, llevamos haciendo foros desde hace años. En el 2019 hicimos dos iniciativas sobre el tema, una que hicimos Alejandra Valdés y yo, hicimos foros y los diputados no van, ni mandan ni siquiera representaciones. No les interesa el tema y siguen dándole vueltas. La propuesta sigue en un proceso que llegó a la Corte para la impugnación, del que ni siquiera se sometió a discusión porque sacaron argumentos religiosos”.

Torres Miranda hizo un llamado a los integrantes del poder legislativo para dejar de simular, pues ya no hay nada que discutir y solo de debe apegar y obedecer a la resoluciones de la Corte; también exhortó al Ejecutivo, que tiene la facultad, de hacer valer la constitucionalidad de este derecho que ha dado la Suprema Corte.

García Vázquez apuntó que la iniciativa presentada por el colectivo ILE, aunque es consecuencia de otras iniciativas presentadas por el movimiento feminista en el pasado reciente, le parece que su valor radica en que es promovida por las juventudes:

“Son un grupo mayoritario hoy en día de la sociedad civil que ha despertado, o más bien, ya nació con la conciencia heredada y aprendida de las mujeres que iniciaron esta lucha y que hoy son sus madres o abuelas, por eso esta iniciativa cobra una poderosa dimensión en la entidad·.

Marcela reiteró que es lamentable que las y los congresistas no hayan volteado a ver la problemática de la interrupción del embarazo, una demanda social de las mujeres y que forma parte de la agenda de la 4T, del presidente Andres Manuel López Obrador: “Me parece que preexisten miedos, inseguridades, identidades fracturadas, visiones distorsionadas de la izquierda y del feminismo en algunas y algunos legisladores, que aun creen que legislar a favor del aborto les restaría votos, cuando es lo contrario”.

Arely subrayó que si el Congreso de San Luis Potosí continúa sin armonizar lo establecido por la Suprema Corte se buscará la acción de institucionalidad y se podría buscar sanción administrativa, ya que dilatan y obstaculizan el acceso a los Derechos Humanos, que es su obligación proteger y garantizar.

“A todas las mujeres les digo, que a pesar de esta resistencia siempre contarán con estas colectivas, que desde la organización de las feministas, hay grupos de acompañamiento para acceder aborto de manera segura”, finalizó.

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