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El aborto debe dejar de criminalizarse: activistas
Marcela García y Arely Torres indicaron que el Congreso del Estado debe armonizar las leyes que impulsó la Suprema Corte desde el 2021 para despenalizar la interrupción del embarazo
Por: Ana G Silva
Hace unos días, el colectivo ILE de San Luis Potosí presentó la iniciativa sobre la legalización del aborto en Pleno del Congreso del Estado y fue turnada a la Comisión de Justicia, Asistencia Social y Derechos Humanos; en ella se contempla que se brinden los servicios de salud necesarios para llevar a cabo la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, pero se convertiría en un delito pasado este tiempo. La Orquesta conversó con las activistas Marcela García Vázquez, presidenta de la organización Nueva Luna, y la abogada Arely Torres Miranda, para conocer su opinión al respecto.
Las activistas coincidieron que en ningún momento del embarazo se debe criminalizar, hacerlo es inconstitucional y se debe eliminar del código penal del Estado. Arely apuntó que en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la interrupción del embarazo debía dejar de ser penalizada y por tanto esto debía ser armonizada en todas las entidades del país, aunque esto no ha sucedido en San Luis Potosí.
“Incluso la Corte instó que a resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción”.
Marcela apuntó que la mujer que aborte en ningún momento debe ser criminalizada, porque “la decisión de abortar, es muy difícil y que, cuando se hace, se lleva a cabo debido a una situación límite en donde no tienen opción, recursos ni apoyo para garantizar la vida digna del recién nacido y mucho menos la salud mental y emocional”.
La presidenta de Nueva Luna resaltó que al Congreso del Estado le ha faltado valor, seguridad, información sobre los derechos sexuales y reproductivos, le ha sobrado miedo, conservadurismo y sumisión frente a lo desconocido; además, es carente de diálogo, estudio y capacidad de discernimiento; y sobre todo, no han conectado con las mujeres de juventudes.
“Tampoco dialoga con ellas para comprender que esto, no es una cuestión de cultura ni de costumbres potosinas, sino de un compromiso y de responsabilidad con los derechos de las mujeres, quienes sufren las consecuencias de leyes obsoletas, absurdas, dominadas por el patriarcado”.
Arely Torres destacó que pareciera que ni el Congreso del Estado ni el Ejecutivo en San Luis Potosí entienden que existe una resolución desde septiembre del 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
“Piden hacer foros, ya no necesitamos foros, llevamos haciendo foros desde hace años. En el 2019 hicimos dos iniciativas sobre el tema, una que hicimos Alejandra Valdés y yo, hicimos foros y los diputados no van, ni mandan ni siquiera representaciones. No les interesa el tema y siguen dándole vueltas. La propuesta sigue en un proceso que llegó a la Corte para la impugnación, del que ni siquiera se sometió a discusión porque sacaron argumentos religiosos”.
Torres Miranda hizo un llamado a los integrantes del poder legislativo para dejar de simular, pues ya no hay nada que discutir y solo de debe apegar y obedecer a la resoluciones de la Corte; también exhortó al Ejecutivo, que tiene la facultad, de hacer valer la constitucionalidad de este derecho que ha dado la Suprema Corte.
García Vázquez apuntó que la iniciativa presentada por el colectivo ILE, aunque es consecuencia de otras iniciativas presentadas por el movimiento feminista en el pasado reciente, le parece que su valor radica en que es promovida por las juventudes:
“Son un grupo mayoritario hoy en día de la sociedad civil que ha despertado, o más bien, ya nació con la conciencia heredada y aprendida de las mujeres que iniciaron esta lucha y que hoy son sus madres o abuelas, por eso esta iniciativa cobra una poderosa dimensión en la entidad·.
Marcela reiteró que es lamentable que las y los congresistas no hayan volteado a ver la problemática de la interrupción del embarazo, una demanda social de las mujeres y que forma parte de la agenda de la 4T, del presidente Andres Manuel López Obrador: “Me parece que preexisten miedos, inseguridades, identidades fracturadas, visiones distorsionadas de la izquierda y del feminismo en algunas y algunos legisladores, que aun creen que legislar a favor del aborto les restaría votos, cuando es lo contrario”.
Arely subrayó que si el Congreso de San Luis Potosí continúa sin armonizar lo establecido por la Suprema Corte se buscará la acción de institucionalidad y se podría buscar sanción administrativa, ya que dilatan y obstaculizan el acceso a los Derechos Humanos, que es su obligación proteger y garantizar.
“A todas las mujeres les digo, que a pesar de esta resistencia siempre contarán con estas colectivas, que desde la organización de las feministas, hay grupos de acompañamiento para acceder aborto de manera segura”, finalizó.
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Guadalupe Torres afirmó que ya se reanudaron trabajos en algunos tramos tras las suspensiones legales
Por: Redacción
El Gobierno del Estado entregará a finales de este año la obra de Río Santiago, afirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario General de Gobierno, durante la comparecencia ante el Congreso del Estado por el quinto informe de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
Torres Sánchez dijo que la obra estuvo suspendida por «acciones legaloides» de integrantes de la «herencia maldita», que según afirmó han buscado paralizar obras durante casi todo el sexenio. Señaló que en algunos tramos los trabajos ya se reanudaron y dijo estar seguro de que se terminará en tiempo.
Como otro ejemplo mencionó la zona de San Miguelito, que según dijo estuvo detenida más de un año porque quisieron impedir la rehabilitación de sus calles. «Finalmente lo logramos», señaló. Afirmó que han tenido la razón en todos los asuntos legales y que quienes los promovieron «no han ganado ni un solo asunto
La ampliación del bulevar Río Santiago estuvo detenida desde 2025 por amparos. Un juzgado federal concedió a la asociación civil Cambio de Ruta una suspensión por la tala y remoción de vegetación del trazo sin estudio de impacto ambiental aprobado, medida que obligó a evitar talar o remover árboles urbanos. Gallardo Cardona confirmó el 23 de agosto que los amparos ya se resolvieron.
La obra, de alrededor de 10 kilómetros, arrancó en marzo de 2024 con una inversión estimada por el Gobierno del Estado en 925 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) prevé entregarla por etapas, kilómetro por kilómetro desde Circuito Potosí.
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El secretario de Seguridad municipal señaló que más de una veintena de personas han sido detenidas por presunta venta de drogas en la zona
Por: Redacción
Las más de 20 personas detenidas por presunto narcomenudeo en la zona del Centro de Abastos de San Luis Potosí no necesariamente son trabajadores del lugar, pues algunas presuntamente se hacen pasar por diableros o cargadores para pasar desapercibidas, afirmó Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento capitalino.
El funcionario explicó que las detenciones se han realizado en la vía pública y que, hasta ahora, ninguno de los presuntos vendedores de droga ha sido sorprendido al interior de una bodega o establecimiento, por lo que consideró que no se puede asegurar que formen parte de la plantilla laboral del mercado.
“Simplemente ayer o antier se detuvo a otros dos jóvenes, disfrazados de diableros, de las personas que apoyan a la gente para llevar sus productos en los diablitos, pero realmente su actividad principal era la venta de la droga”, declaró.
Villa Gutiérrez destacó que los operativos han contado con la colaboración de los propios bodegueros
El secretario señaló que las detenciones que se han registrado en los últimos días son resultado de un trabajo de inteligencia iniciado desde hace años para identificar la presunta red de narcomenudeo que opera en la zona.
Añadió que la información obtenida durante cada intervención permite avanzar en las investigaciones y ubicar a otros posibles responsables, por lo que sostuvo que los resultados recientes forman parte de un proceso de seguimiento y recopilación de datos, más que de acciones aisladas.
Villa Gutiérrez aseguró que las intervenciones y detenciones se han mantenido de manera constante en el Centro de Abastos.
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El alcalde adelantó que solicitará un nuevo incremento presupuestal para mantener la inversión en patrullas, tecnología e infraestructura policial
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, adelantó que solicitará un nuevo incremento al presupuesto de seguridad pública municipal para 2027, con el objetivo de mantener la inversión en patrullas, motocicletas, tecnología e infraestructura para la corporación.
El edil aseguró que durante los últimos cinco años su administración ha destinado recursos de manera consecutiva al fortalecimiento policial y sostuvo que existen condiciones financieras para continuar con esta estrategia el próximo año.
“En 2027, en el presupuesto, yo estoy pidiendo que se incremente otra vez el presupuesto. Podemos hacerlo, tenemos recursos para hacerlo”, declaró.
Galindo explicó que la renovación del equipamiento debe mantenerse de manera permanente, incluso cuando se hayan adquirido unidades durante el ejercicio anterior. Como ejemplo, señaló que las patrullas necesitan renovarse periódicamente y que también se requiere inversión en tecnología e infraestructura.
El alcalde no especificó el porcentaje ni el monto adicional que solicitará para 2027.
Al referirse al crecimiento del equipamiento policial, Galindo afirmó que al inicio de su administración el Ayuntamiento contaba con 14 patrullas, luego de que se retiraran unidades que habían sido arrendadas durante el gobierno anterior.
En contraste, aseguró que actualmente la corporación dispone de alrededor de 180 unidades, cifra que describió como cercana a los 200 equipos policiales.
El presidente municipal defendió el esquema de arrendamiento utilizado durante los primeros tres años de su gestión, al señalar que la diferencia respecto de otros contratos fue que las patrullas quedaron en posesión del Ayuntamiento al concluir el arrendamiento.
Además de las unidades policiales, destacó la incorporación de motocicletas, ambulancias, equipo para Protección Civil y torres de vigilancia instaladas en distintos puntos de la ciudad.
En materia de recursos humanos, Galindo informó que 140 cadetes se encuentran en proceso de formación y podrían graduarse dentro de aproximadamente tres meses. Al mismo tiempo, señaló que 91 policías están próximos a jubilarse.
De acuerdo con el alcalde, el proceso de reclutamiento ya comenzó y la incorporación de nuevos elementos se coordinará con las jubilaciones para evitar que las salidas de personal afecten la capacidad de la corporación.
“Cuando jubilemos a los compañeros, pues simplemente vamos a tener incluso un saldo a favor”, sostuvo.
El edil afirmó que el proceso está previsto desde ahora, aunque no precisó cuántos de los nuevos cadetes se incorporarán efectivamente a las labores operativas ni cuál será el estado de fuerza municipal después de las jubilaciones.
Galindo también explicó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal concentra actualmente distintas áreas, entre ellas la Policía Municipal, Protección Civil, Movilidad y Tránsito, Gerencia Policial, participación ciudadana y Bienestar Animal.
Indicó que esta estructura permite reunir más funciones que las que tenía la antigua Dirección de Seguridad, con áreas dedicadas tanto a la operación como al diseño de programas de fortalecimiento policial.
El incremento presupuestal para 2027, las condiciones de la flota vehicular y el relevo de elementos serán algunos de los aspectos que permitirán conocer el alcance de la estrategia de seguridad municipal para el siguiente ejercicio.
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