El gobernador dijo que febrero es el mes límite para que los municipios cumplan con el salario mínimo de 15 mil pesos a sus elementos

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, advirtió que los municipios que no incrementen el salario de sus policías y mantengan a elementos sin certificación incurrirán en responsabilidades legales, luego de reconocer que hasta el momento varios ayuntamientos no han respondido al llamado para mejorar las condiciones laborales de sus corporaciones municipales.

Gallardo Cardona señaló que existe una grave omisión por parte de algunos alcaldes, quienes se han negado a aplicar aumentos salariales a sus policías, a pesar de contar con recursos federales del Ramo 33, destinados precisamente al fortalecimiento de la seguridad pública.

El mandatario reveló que el 80 por ciento de los policías municipales en el estado no cuenta con su examen de control y confianza, situación que calificó como alarmante, ya que —subrayó— ningún elemento debería portar un arma ni ejercer funciones policiales sin estar debidamente certificado.

En este contexto, desmintió que el Centro de Evaluación (C4) esté limitando el acceso a los exámenes, al asegurar que las instalaciones se encuentran abiertas todos los días y que actualmente solo hay 25 elementos programados

“Los exámenes no son caros ni simples. Incluyen evaluaciones médicas, clínicas y de laboratorio para detectar consumo de drogas o vínculos con la delincuencia. No es solo preguntar si se portan bien o mal”, puntualizó.

Como ejemplo de la precariedad en algunos municipios, el gobernador mencionó el caso de Tancanhuitz, que cuenta únicamente con 20 policías municipales, una cifra insuficiente para garantizar la seguridad de la población.

Gallardo Cardona recordó que ya se impulsó una iniciativa de ley para obligar a los municipios a cumplir con el salario mínimo establecido para policías, que es de 15 mil pesos, y advirtió que febrero es el último plazo para hacerlo.

“Quien no cumpla va a enfrentar consecuencias. No se puede tener a un policía muriéndose de hambre, porque eso los empuja a la delincuencia. Eso no puede suceder en San Luis Potosí”, sentenció.

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El plan considera una reducción progresiva de las tarifas máximas por unidad de tráfico

Por: Redacción

El Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga (AIPA) contará con una inversión comprometida de 576 millones de pesos durante el periodo 2026–2030, como parte del Programa Maestro de Desarrollo aprobado para la terminal aérea de San Luis Potosí, informó el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).

De acuerdo con el esquema financiero presentado, la inversión se aplicará de manera gradual, con una mayor concentración de recursos entre 2027 y 2028, años clave para la modernización de la infraestructura aeroportuaria. Para 2026 se contempla una asignación inicial de poco más de 7 millones de pesos; en 2027 el monto aumentará a 145 millones, mientras que 2028 será el año con mayor inversión, al concentrar cerca de 249 millones de pesos. Finalmente, en 2029 y 2030 se ejercerán de forma conjunta alrededor de 174 millones de pesos.

De manera paralela, el programa prevé una reducción progresiva de las tarifas máximas por unidad de tráfico, las cuales estarán ajustadas por un factor de eficiencia anual del 0.8 por ciento en términos reales. Bajo este esquema, la tarifa pasará de 338 pesos en 2026 a 327 pesos en 2030

El Programa Maestro de Desarrollo fue avalado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), y forma parte de una estrategia nacional que contempla inversiones superiores a 16 mil millones de pesos en los 13 aeropuertos que opera OMA en el país.

Los recursos destinados al aeropuerto potosino estarán orientados a la expansión y modernización de la terminal, la rehabilitación de infraestructura aeronáutica, la incorporación de nueva tecnología y equipamiento, así como al fortalecimiento de la capacidad operativa y la experiencia de los pasajeros, con el objetivo de consolidar al AIPA como un nodo estratégico para el desarrollo económico y la conectividad de San Luis Potosí.

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Cuatro víctimas —incluidas las familias de los jóvenes fallecidos— mantienen su postura de seguir en juicio

Por: Redacción

La audiencia intermedia del caso Rich continúa prolongándose, luego de que ocho de las 12 víctimas han otorgado el perdón legal a los imputados, a cambio de una reparación del daño, informó la autoridad judicial.

De acuerdo con El Sol de San Luis, el pasado viernes 23 de enero se llevó a cabo una nueva audiencia relacionada con el caso ocurrido el 7 de junio de 2024, cuando la ruptura de un barandal de vidrio templado provocó la caída de una docena de jóvenes desde el segundo piso de la plaza Alttus, en la zona poniente de la capital potosina. El hecho dejó como saldo dos jóvenes fallecidos y al menos diez personas lesionadas.

Durante la diligencia más reciente, tres víctimas que sufrieron lesiones de diversa consideración otorgaron el perdón a Nancy, Francisco y Ulises, quienes permanecen detenidos como presuntos responsables del accidente. Con ello, suman ocho víctimas que han accedido a un acuerdo reparatorio.

De acuerdo con la información presentada en audiencia, los acuerdos de reparación del daño alcanzados hasta el momento superan un millón 600 mil pesos

Sin embargo, cuatro víctimas mantienen su postura de continuar con el proceso judicial. Se trata de dos personas que resultaron gravemente lesionadas y que presentan secuelas permanentes, así como de las familias de Manuel Alejandro y Rodrigo, los dos jóvenes que perdieron la vida en el incidente.

Estas víctimas, además, sostienen una demanda ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa contra funcionarios municipales y estatales, a quienes consideran corresponsables del accidente, al señalar que el establecimiento operaba de manera irregular.

Tras la suspensión derivada del otorgamiento de nuevos perdones, se determinó que la audiencia intermedia continuará el próximo 20 de febrero, mientras las partes analizan posibles acuerdos y la situación jurídica de los imputados sigue en revisión.

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