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SLP, segundo nacional en venta de menores
De enero a diciembre de 2018 se presentaron cuatro casos en el estado, que representan el 11% del total nacional
Por: El Saxofón
Con cuatro casos, San Luis Potosí se ubica en el segundo lugar de la incidencia delictiva en materia de Tráfico de Menores a nivel nacional. En primer lugar se ubica el estado de Guanajuato, con siete denuncias por este delito, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre enero y noviembre de 2018, la Fiscalía General del Estado abrió cuatro carpetas de investigación por igual número de denuncias de este delito. Los casos ocurrieron en Ciudad Fernández, Ciudad del Maíz, Rioverde y San Luis Potosí capital. Dos de las víctimas fueron mujeres.
En todo el país se denunciaron 36 casos de tráfico de menores, lo cual quiere decir que San Luis Potosí acumula el 11.1 por ciento de los casos.
Las entidades que reportan casos de Tráfico de menores son: Guanajuato (7), San Luis Potosí (4), Baja California (3), Oaxaca (3), Jalisco (3), Sinaloa (3), Veracruz (3), Chiapas (2), Michoacán (2), CDMX (1), Hidalgo (1), Estado de México (1), Nuevo León (1), Quintana Roo (1) y Aguascalientes (1). El resto de los estados no reportó ningún caso hasta noviembre de 2018.
Según estos datos, en la región del Bajío (a excepción de Querétaro y Zacatecas que reportan cero casos) se concentra el 33.33 por ciento de las denuncias por este delito.
El Código Penal de San Luis Potosí señala, en su Capítulo VI, Artículo 162, que “Comete el delito de tráfico de menores, quien traslade a otro Estado u otro municipio del Estado, o entregue a un tercero a un menor de dieciocho años de edad, de manera ilícita, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido o de cualquier otra índole”.
Este delito se sancionará con una pena de prisión de ocho a cuarenta años y sanción pecuniaria de ochocientos a cuatro mil días del valor de la unidad de medida y actualización.
Según el Código Penal También comete el delito de Tráfico de Menores:
- Quienes ejerzan la patria potestad o custodia sobre el menor, aunque no haya sido declarada, cuando realicen materialmente el traslado o la entrega, o por haber otorgado su consentimiento para ello;
- Los ascendientes sin límite de grado, los parientes colaterales y por afinidad hasta el cuarto grado, así como cualquier tercero que no tenga parentesco con el menor.
Se entenderá que las personas a que se refiere el párrafo anterior actúan de manera ilícita cuando tengan conocimiento de que:
a) Quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor no han otorgado su consentimiento expreso para el traslado o la entrega.
b) Quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor obtendrán un beneficio económico indebido o de cualquier otra índole, por el traslado o la entrega, y
3. La persona o personas que reciban al menor.
Según las estadísticas oficiales, el delito de Tráfico de Menores se habría reducido drásticamente durante el 2018, pues en 2015 se denunciaron 91 casos, la cifra repuntó a 206 en 2016 y se redujo a 176 en 2017, para recalar en 2018 en solo 36 denuncias, distribuidas en 15 entidades de la República.
En 2017, en San Luis Potosí se registraron tres denuncias por tráfico de menores, mientras que en 2015 se registró solo una y en 2016 dos.
A nivel nacional, en 2017, Sonora concentró el 76.7 por ciento de las víctimas relacionadas con tráfico de menores en México, pues en esta entidad se denunciaron 135 casos.
En diciembre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una recomendación dirigida al gobierno de Sonora por ese delito.
La recomendación se dio luego que, el 26 de marzo de 2015, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos alertara a la Procuraduría de Justicia de Sonora “sobre el posible tráfico de menores que se realizaba en… dicha entidad… imputable a servidores públicos del Hospital Infantil y de la entonces Procuraduría del Menor” de Sonora.
El tráfico de menores o trata infantil es una forma de trata de personas que implica el traslado o reclutamiento de bebés, niños o adolescentes de un lugar a otro para explotarlos, siendo los más comunes el laboral y sexual.
La carta de las Naciones Unidas define al tráfico de menores como «La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación».
Las desapariciones de niñas, niños y adolescentes prenden las alertas en México, porque
Recientemente la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) denunció que cada día, cuatro menores desaparecen en el territorio nacional.
Cabe mencionar también que en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2018, San Luis Potosí registró cinco denuncias por el delito de Trata de personas, según las estadísticas del SESNSP.
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Se espera que el Comité Estatal presente la copia del acta o en su caso, acepte que de manera arbitraria
Por: Jorge Saldaña
La sentencia del Tribunal Electoral de la sala de Monterrey con número 121 del 2024, obligó a entregar un acta de asamblea que de existir, invalidaría las candidaturas de Verónica Rodríguez al senado de la república e indirectamente a David Azuara al quinto distrito federal. De no existir el documento, el resultado sería el mismo.
El 22 de enero del 2024 la Sesión Permanente del Partido Acción Nacional se reunió con el fin de elegir a sus candidatos rumbo al proceso electoral, sin embargo, por omitir generar, o al menos presentar el acta de dicha asamblea, se pone en riesgo inminente la candidatura al senado de la república de Verónica Rodríguez y David Azuara Zúñiga, la primera por no haber sido puesta a votación y al segundo por haber perdido con votos su designación.
Al no existir evidencia “coherente y fundada” , como dicta la sentencia del Tribunal, de la forma en que se designaron como candidatos al senado y quinto distrito federal respectivamente, la próxima resolución podría dejar fuera de la contienda a los ya mencionados.
Durante la sesión de ese 22 de enero, los panistas con derecho a voz y voto, eligieron a sus candidatos a los puestos federales, mismos que arrojaron un triunfo, en el caso del quinto distrito, a favor de Santiago Zamanillo, que ganó a José Antonio Zapata Meraz y otros.
No obstante, en una decisión en la ciudad de México, se designó, sin mayor explicación ni siquiera a quien quedó en segundo lugar (Jose Antonio Zapata) sino a quien buscaba de origen la alcaldía capitalina, es decir, David Azuara Zúñiga.
Aún con el triunfo validado con votos, por parte de Zamanillo, la Comisión Nacional designó al candidato perdedor de la votación interna, es decir, a David Azuara como su abanderado.
En el caso de Verónica Rodriguez, la sesión omitió la votación y se prefirió enviar a la Comisión Nacional la decisión para la designación de la candidata, misma que se jugó entre la hoy abanderada y la empresaria Imelda Elizalde, candidata ciudadana que fue invitada a participar como parte del llamado “Consejo Empresarial Potosino”.
Al no haber existido siquiera una votación al respecto de la fórmula al senado, la empresaria potosina impugnó ante el tribunal local y ahora federal, sus derechos político electorales.
En este momento, y a punto de que el tribunal resuelva, dicho recurso puede resolver que se realice de nuevo la asamblea o de plano declarar como inválida la candidatura al senado de Verónica Rodríguez.
En el caso de David Azuara, que también fue impugnado en su momento, el mismo documento de la sesión bastaría para reponer el proceso, que fue ganado inicialmente y por votos de los panistas convocados por Santiago Zamanillo.
El acta de la sesión ha sido negada, como consta por diversos oficios, en diversas ocasiones tanto por el Comité Estatal como el Comité Nacional, documento imprescindible para dar validez a la designación de las candidaturas.
El documento, de existir y ser presentado (mismo que ya fue solicitado por transparencia por este medio) convalidaría que se violaron los derechos políticos de la ciudadana Imelda Elizalde, al grado que uno de los jueces de la sala del Tribunal colegiado de Monterrey, advirtió que merece al menos, una explicación respecto a la negativa de su candidatura.
En cualquier caso, si el Comité potosino resuelve entregar acta de la asamblea, o acepta su inexistencia, la candidata Verónica Rodríguez podría perder su calidad de abanderada en fórmula al senado y con un recurso de jurisprudencia, Santiago Zamanillo podría solicitar de forma económica se respeten sus derechos por la misma causa y exigir sea repuesto el proceso que ganó para ser el candidato al quinto distrito federal con cabecera en la capital potosina.
El recurso, así como la resolución y hasta el voto del magistrado que hace ver la omisión, se encuentra de manera pública en los estrados del Tribunal Electoral de la federación de la sala en Monterrey con número JDC121/2024 en dos expedientes.
Se espera que el Comité Estatal presente la copia del acta o en su caso, acepte que de manera arbitraria se designaron a los candidatos en cuestión, situación que los dejaría fuera de la contienda.
El dirigente nacional del partido tricolor es acusado de ofrecer supuestos cursos de capacitación a través de consultoras
Por: Redacción
Montserrat Arcos Velázquez, ex dirigente nacional de las mujeres priistas y actual diputada federal, denunció a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto desvío de 32 millones de pesos a través de consultoras que ofrecían supuestos cursos de capacitación, en el que el instituto político en San Luis Potosí estaría involucrado.
De acuerdo con información de Pulso, el PRI potosino realizó pagos entre agosto y diciembre de 2023, en 14 movimientos registrados en la Plataforma Estatal de Transparencia, por 2.7 millones de pesos a una consultora Integra Estrategias Globales SC por cursos de capacitación, talleres y publicaciones, acciones que entran en el esquema de presuntos desvíos por parte del dirigente nacional del partido.
Sara Rocha Medina, dirigente estatal del PRI, saldó tres contratos signados el 7 de julio del año pasado al Román Manuel CEN Romero, apoderado legal de la empresa q
De acuerdo con la legisladora federal, Moreno Cárdenas le exigió “un moche” de la bolsa asignada al Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI). Aseguró tener documentos en los que la Secretaría de Finanzas del partido tricolor le ordenaba realizar contratos con determinadas consultoras por 32 millones de pesos para entregarle la mitad al dirigente nacional.
“Me pidieron que aceptara un esquema por medio del cual ellos iban a simular el uso del recurso para quedarse con la mitad de 32 millones de pesos… y en el momento en que me niego, empieza la intimidación”.
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Ambos se realizarán en el mes de mayo; uno de ellos por el propio órgano electoral y otro por el Consejo Empresarial Potosino
Por: Redacción
Marco Iván Vargas Cuéllar, presidente de la Comisión Temporal de Debates del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), dio a conocer que en el marco de la elección de presidencia municipal de la capital potosina, se realizarán dos debates entre las y los aspirantes a dicho cargo, ambos en el mes de mayo.
El funcionario del Ceepac dijo que uno de estos ejercicios será organizado por el propio órgano electoral y se llevará a cabo en la primera quincena de mayo; mientras que otro será organizado por el Consejo Empresarial Potosino, y se realizará en la tercera semana del mismo mes.
“Vamos a ser muy cuidadosos con las fechas, porque tiene que ver con las agendas de los equipos de campaña y a lo que nosotros nos interesa es que las candidaturas participen en el debate”, explicó.
Vargas Cuéllar señaló que además de los debates para distritos locales, se llevarán a cabo 5 debates entre candidatos a presidencias municipales de los cinco ayuntamientos
Además, agregó que estos debates son independientes a los cuatro debates organizados por instituciones externas, y que ya cuentan con la aprobación del Ceepac. Estos se realizarán en Santa María del Río, Tamazunchale, Cárdenas y San Luis Potosí.
Finalmente, Vargas Cuellar recordó que los candidatos no están obligados por la ley a asistir a los debates, ni se impone una sanción a los candidatos que falten a estos eventos. Comentó que la ciudadanía será la que decida qué hacer ante la ausencia de alguno de los aspirantes.
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