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Alejandro Fernández Montiel, exfuncionario del DIF estatal en San Luis Potosí, fue detenido tras haber sido acusado por presunta violación.
Por Jorge Saldaña
La tarde del miércoles, agentes de la Fiscalía General del Estado, cumplimentaron una orden de aprehensión librada en contra de Alejandro Fernández Montiel, ahora exempleado del DIF estatal en San Luis Potosí.
El mandato judicial lo originó una demanda que pesa contra el exfuncionario por la presunta violación de un menor de edad; sin embargo, se tiene conocimiento de que podría tratarse de, al menos, tres víctimas.
Este medio también pudo constatar que desde el fin de semana pasado se solicitó una Alerta Migratoria a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se había librado ya la orden de aprehensión en contra de quien hasta ocurrido esto se había desempeñado como titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social.
También se tuvo conocimiento de que sus oficinas en la dependencia fueron selladas y clausuradas desde el viernes pasado por parte de la Contraloría General del Estado; y que fue separado del cargo, no bien se tuvo conocimiento por parte de la dirección General del DIF.
Hasta ese momento, Fernández Montiel se encuentraba ya en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado; aunque dicha dependencia, así como el DIF estatal o el Gobierno del Estado 
Según el Código Penal del Estado, el delito de violación, por el que se está investigando a Alejandro Fernández Montiel, se castiga con entre ocho y 16 años de cárcel.
Además, según el Código Penal, se sumarán de uno a cuatro años de prisión “cuando el delito fuere cometido por quien en el desempeño de un cargo o empleo público, o utilice los medios que su profesión le proporcione; además de la pena de prisión el sentenciado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de su profesión”.
Fernández Montiel tendría que pagar la reparación del daño a su víctima y una sanción pecuniaria de entre 800 a 1600 UMAs, es decir, entre 67 mil 500 y 135 mil pesos.
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El secretario de Educación dijo que esta institución tiene un edificio desocupado con 31 aulas y tres laboratorios, solo es necesario equiparlos
Por: Redacción
Ayer, en el cuestionamiento realizado por La Orquesta en su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, explicó que el proyecto de la Universidad Rosario Castellanos en San Luis Potosí avanza gracias a un convenio de colaboración en el que el Gobierno del Estado proporciona el inmueble, mientras que la Federación se encarga de la operación y financiamiento de la universidad.
Aunque la ubicación inicial de la sede en San Luis Potosí fue modificada, Sheinbaum Pardo descartó que esto afecte el inicio de actividades académicas. Detalló que, de ser necesario, las clases comenzarían en modalidad a distancia, como ocurrirá en los nuevos campus de Tijuana, Baja California, y Comitán, Chiapas.
No obstante, este miércoles, Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación Gobierno del Estado (SEGE), indicó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos se instalaría temporalmente en las instalaciones de la Universidad Tecnológica (UT), ubicada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Torres Cedillo explicó que en la UT hay un edificio completamente terminado y actualmente desocupado,
El funcionario detalló que la Universidad Rosario Castellanos ya tiene establecidos protocolos para la inscripción de estudiantes. En marzo, se abrirá una plataforma en la que los aspirantes podrán registrarse para el curso propedéutico. Tras completar esta etapa, se determinará qué jóvenes serán admitidos en la institución.
Asimismo, destacó que el edificio no está en construcción, sino que solo requiere equipamiento para estar listo y recibir, en una primera fase, entre mil 500 y 2 mil estudiantes. Según lo previsto, la plataforma de registro se habilitará en marzo y permanecerá abierta durante aproximadamente tres semanas.
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El diputado César Lara reconoció que el Legislativo local no esta enterado de la controversia interpuesta por el Ayuntamiento capitalino, pero acatarán lo conducente
Por: Redacción
Cesar Arturo Lara Rocha, diputado local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, señaló que el Legislativo local no estaba al tanto de la controversia constitucional emprendida por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, tras aprobarse el cambio en el uso de suelo en la Zona Industrial.
El legislador del Partido Verde Ecologista de México dijo que solo se tenía conocimiento de lo que se ha expresado mediante medios de comunicación pero hasta el día de ayer, el Congreso local no había sido notificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Estaremos a la espera de recibir la notificación y en todo caso acordar con el área jurídica
El también dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana en San Luis Potosí (CROM), expuso que la iniciativa no buscaba la injerencia del Legislativo en las funciones del Ayuntamiento capitalino, sino beneficiar a los sectores productivos de esta zona, mediante el acercamiento de servicios como escuelas, hoteles, entre otros.
“Lo que pretendíamos era crecerlo, y con eso también llevar seguridad y llevar luz a aquellas áreas”, expuso.
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La diputada local espera una elección abierta, en la que los comités municipales emitan su voto con transparencia
Por: Redacción
Aranza Puente, diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, se pronunció sobre la reciente resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE), que ordena reponer el proceso de elección de la dirigencia estatal del partido.
Puente reafirmó que desde un inicio denunció irregularidades en el proceso, el cual, según ella, estuvo viciado y careció de transparencia.
“Fui una de las promotoras para que se llevara con legalidad el proceso de elección de dirigente del PAN. Yo lo manifesté en su momento, que era un proceso viciado, que no se tomaron en cuenta las actas que se habían presentado por parte de los comités municipales, las cuales venían con la fe pública por parte de un notario“, declaró.
En este sentido, la legis ladora enfatizó la importancia de que ahora se cumpla con la sentencia del TEE
La legisladora también denunció que hubo actas duplicadas y que se favoreció un proceso extraordinario sin considerar las actas notariadas que respaldaban el método ordinario.
“Había actas duplicadas; las que se presentaron que iban a favor del método ordinario, iban hasta notariadas y posteriormente entregaron otras donde solicitaban el método extraordinario. Entonces, hay una disparidad de criterios por parte de los comités y nunca se tomaron en cuenta, nada más se tomaron en cuenta el proceso extraordinario”, explicó.
Finalmente, la diputada reiteró su confianza en que se reponga el proceso y se cumpla con la sentencia emitida.
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