Algunas de estas serían presentadas contra profesores, profesoras alumnos, alumnas y personal administrativo por violencia de género,  hostigamiento o acoso sexual

Por: Ana G Silva

Urenda Queletzú Navarro Sánchez, titular de a Defensoría de Derechos Universitarios, indicó que en lo que va del 2022 se han recibido 131 quejas y denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y se espera que para el cierre de este año serían más de 400, de las cuales el 30 por ciento corresponden a violencia de género, hostigamiento o acoso sexual por parte de profesores, profesoras, alumnos, alumnas y personal administrativo.

La titular de la Defensoría destacó que en 2020 se atendieron 124 casos de violaciones a derechos humanos, de los cuales 17 eran por violencia de género o hostigamiento o acoso sexual; en 2021 fueron 168 de los cuales 38 eran por violencia de género o hostigamiento o acoso sexual, esto a pesar que en este periodo la ma yoría de las clases se impartieron a distancia debido a la pandemia por el covid-19.

Navarro Sánchez detalló que en el caso de la violencia de género en los últimos años se dio entre pares, es decir compañeros; además de que han notado una nueva forma de violencia contra las mujeres, como es la violencia digital al compartir imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de la persona.

La abogada señaló que las estudiantes han dado a conocer grupos y un canal de Telegram donde se comparten “packs”, que tiene más de dos mil usuarios. En lo que va del año hay cinco denuncias por violencia digital, mientras que en 2021 fueron dos, las cuales la Fiscalía General del Estado tiene conocimiento.

Urenda Navarro resaltó que del 100 por ciento de las denuncias que se hacen de violación de derechos humanos en la UASLP, el 30 por cuento corresponden a violencia de género o hostigamiento o acoso sexual, el resto de violeaciones de derechos universitarios.

“Cuando llega una víctima de violencia de género hay una unidad de atención temprana que recibe y se hace una evaluación de riesgo porque con eso determinamos si requiere una medida cautelar, antes siquiera de interponer una denuncia, la medida corresponde a la situación en particular, se le canaliza a la unidad de atención psicológica que a su vez sirve como un dictamen de afectación del daño, que se integra al expediente de investigación”.

Navarro Sánchez resaltó que la Defensoría está conformada por 22 personas, 11 de base y otras 11 por prestación de servicios y prácticas profesionales.

El 99 por ciento está integrada por mujeres con tres áreas prioritarias: una Defensoría de Quejas y Denuncias, una Defensoría Adjunta de Promoción y Difusión y una Visitaduría General.

Urenda Navarro comentó que se debe entender que no todos los casos son de acoso o hostigamiento sexual, algunos de estos son de violencia de género:

“Sabemos que la comunidad puede enunciar una práctica y violencia de género como acoso y hostigamiento porque no son la parte técnica y no necesariamente tienen que saber a lo que se enfrentan, por ejemplo una mirada lasciva no es acoso ni hostigamiento, es un tipo de violencia, para que sea acoso o hostigamiento tiene que haber dos elementos: en el hostigamiento tiene que haber una relación supra subordinación como la de profesor-alumna, el acoso es entre pares, por ejemplo entre estudiantes. Para que se configure el acoso o hostigamiento lo que tiene que existir es el elemento del chantaje, el dar a cambio de algo, cuando no lo hay estamos ante otro tipo de violencia, aunque no quiere decir que la violencia sexual no sea grave”.

La titular de la Defensoría argumentó que en 2020 se creó un protocolo para establecer parámetros de definición para la aplicación de sanciones, los cuales son la gravedad de la conducta e intensidad del daño. Hay cuatro sanciones, actuando conforme a derecho, que son: la destitución de cargos y comisiones, amonestaciones, suspensión y rescisión de la relación laboral. El acoso y hostigamiento amerita recesión de la relación laboral y el resto de las conductas tendrá que ponderarse.

“La contraparte tiene derecho a un debido proceso y a los mecanismos de defensa, muchos se han amparado, y los procesos se interrumpen porque ya no se pelean internamente sino ante un juzgado de distrito para determinar quién tiene la razón, si el trabajador o la universidad. Aunque todos los amparos que lleva la Defensoría los hemos ganado”.

Finalmente, Urenda Navarro dijo que en 2021 se logró expulsar a un profesor denunciado de hostigamiento, dos fueron destituidos de su cargo permanentemente y otro fue suspendido sin goce de sueldo por un año.

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