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Sonia Mendoza: “nada qué decir” sobre moches y contratación de asesores
Sonia Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso, se negó a fijar una postura sobra la solicitud de Ciudadanos Observando, quienes piden que Alejandra Valdés sea separada del cargo
Por: Ana Dora
La diputada Sonia Mendoza Díaz evadió responder sobre las declaraciones que hicieron los integrantes de la organización Ciudadanos Observando esta mañana, quienes solicitaron la separación del cargo de la diputada Alejandra Valdés, acusada de extorsión y amenazas por su exasesor, el también activista, Paul Ibarra Collazo.
Como presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, la diputada panista se negó a fijar una postura al respecto: “yo no tengo nada que decir, la diputada está en su decisión de tomar o no licencia”, respondió a este medio.
Respecto a la presunta instrucción del departamento de Comunicación Social del Congreso para que los diputados no hablen del tema con reporteros, la diputada señaló que esa área no los instruye y que ellos sólo hacen su trabajo:
“Comunicación Social no nos instruye, nosotros somos sus jefes, ellos hacen su trabajo y punto”, respondió molesta y at ajó que “no estoy guardando silencio, es mi forma de hablar, siempre he hablado fuerte”.
La legisladora también se negó a informar cuántos asesores tiene, los nombres y los salarios, ya que, dijo: “para eso está Transparencia, ya hay una página, pues no sé, no está en lo oscurito: eso ya es público”.
La diputada panista indicó que cualquier acusación se deberá probar: “todo el que acusa tiene que probar” y además consideró que en el Congreso local se está trabajando correctamente: “el Congreso está haciendo su esfuerzo; es decir, sigue trabajando y cada diputado tiene que responder por sus acciones”.
Respecto al aumento del 80 por ciento para contrataciones de asesores externos, la legisladora dijo que es un tema que la Junta de Coordinación Política deberá atender y agregó que ya existe reglamentación y normatividad interna.
Finalmente, al ser cuestionada por el señalamiento de Ciudadanos Observando, cuyos integrantes infirieron que esta Legislatura “tiene las uñas más largas”, la diputada Mendoza, a modo de sarcasmo, respondió: “mira, las mías son postizas”.
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, 
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
También lee: Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
También lee: Empresarios potosinos exigen acción contra Gerardo Sánchez Zumaya, señalado por red de factureras y huachicol
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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