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SLP, principal productor de drogas del país
Datos oficiales muestran que el estado tuvo 232 casos en 2018, cifras superiores incluso a Sonora o Michoacán durante la guerra contra el narco
Por: Roberto Rocha
San Luis Potosí terminó el año 2018 como el principal productor de drogas en el país y el número de casos de ese delito se multiplicó por siete, si se compara con 2017, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Durante el año pasado, el SNSP registró en el estado de San Luis Potosí 232 casos de delitos contra la salud en la modalidad de producción de drogas, superando a todos los demás estados del país. El único que estuvo cerca de esas cifras fue Baja California, que tuvo 213 casos.
Después de esos dos estados estuvieron Nuevo León, con 122 casos; Sonora, con 109 y Estado de México, con 103.
Los 232 casos de producción de drogas en San Luis Potosí superan incluso el número de delitos de ese tipo ocurridos en los estados de Sonora y Michoacán durante todo el año 2012.
Esos estados eran los líderes en producción de drogas en 2012, en el punto más álgido y violento de la guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón en las primeras semanas de su mandato, en 2006.
Durante 2012, el año en que se comenzó a registrar ese tipo de delitos, Sonora presentó 195 casos de crímenes contra la salud en su modalidad de producción de drogas. Michoacán tuvo 186 delitos de ese tipo. Desde entonces no se habían superado esas cifras.
En 2017, San Luis Potosí había presentado 33 casos de producción de drogas, de acuerdo con estadísticas del SNSP, lo que lo tenía en quinto lugar nacional. Eso significa, que la producción de drogas en la entidad creció siete veces en apenas un año.
Hasta entonces, 2017 había sido el año récord en el número de delitos contra la salud en la modalidad de producción de drogas en San Luis Potosí. En 2016 el número había sido de ocho, en 2014 y 2015, de tres cada mes; y de cero en 2012 y 2013.
En su comparecencia ante el Congreso del estado del pasado mes de noviembre, el gobernador Juan Manuel Carreras señaló que a nivel nacional los incrementos de la violencia y de la incidencia delictiva son ocasionados por una creciente y diversificada producción de drogas.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, negó en septiembre pasado que San Luis Potosí ocupe el primer puesto en producción de drogas que registra en SNSP: “no, aquí no es lugar de producción”, dijo el funcionario estatal.
“Lo que pasa es que es el centro del país, la mayoría de la droga pasa y va hacia la zona fronteriza y por la situación geográfica, es una de las atribuciones”, dijo Jaime Pineda, quien defendía el papel que las autoridades han asegurado que mantiene San Luis Potosí en el narcotráfico, como lugar de paso.
Sin embargo, pese a que también ocupó un importante lugar a nivel nacional en los delitos contra la salud, en su modalidad de transporte, el quinto puesto, con 15 casos en 2018, la estadística no alcanza la notoriedad de los datos sobre producción de drogas en el estado.
Los casos por transporte de drogas en el país son encabezados por Baja California, con 34 casos; Sinaloa, con 29; Ciudad de México, con 27; Yucatán con 20 y San Luis Potosí con 15.
En otros delitos contra la salud, San Luis Potosí tuvo durante 2018 un total de 41 casos de detenciones por posesión de drogas, uno por comercio y uno más de la modalidad “otros”. No se presentaron casos de tráfico y suministro de drogas.
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Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
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Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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