agosto 17, 2026

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SLP, principal productor de drogas del país

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Datos oficiales muestran que el estado tuvo 232 casos en 2018, cifras superiores incluso a Sonora o Michoacán durante la guerra contra el narco

Por: Roberto Rocha

San Luis Potosí terminó el año 2018 como el principal productor de drogas en el país y el número de casos de ese delito se multiplicó por siete, si se compara con 2017, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Durante el año pasado, el SNSP registró en el estado de San Luis Potosí 232 casos de delitos contra la salud en la modalidad de producción de drogas, superando a todos los demás estados del país. El único que estuvo cerca de esas cifras fue Baja California, que tuvo 213 casos.

Después de esos dos estados estuvieron Nuevo León, con 122 casos; Sonora, con 109 y Estado de México, con 103.

Los 232 casos de producción de drogas en San Luis Potosí superan incluso el número de delitos de ese tipo ocurridos en los estados de Sonora y Michoacán durante todo el año 2012.

Esos estados eran los líderes en producción de drogas en 2012, en el punto más álgido y violento de la guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón en las primeras semanas de su mandato, en 2006.

Durante 2012, el año en que se comenzó a registrar ese tipo de delitos, Sonora presentó 195 casos de crímenes contra la salud en su modalidad de producción de drogas. Michoacán tuvo 186 delitos de ese tipo. Desde entonces no se habían superado esas cifras.

En 2017, San Luis Potosí había presentado 33 casos de producción de drogas, de acuerdo con estadísticas del SNSP, lo que lo tenía en quinto lugar nacional. Eso significa, que la producción de drogas en la entidad creció siete veces en apenas un año.

Hasta entonces, 2017 había sido el año récord en el número de delitos contra la salud en la modalidad de producción de drogas en San Luis Potosí. En 2016 el número había sido de ocho, en 2014 y 2015, de tres cada mes; y de cero en 2012 y 2013.

En su comparecencia ante el Congreso del estado del pasado mes de noviembre, el gobernador Juan Manuel Carreras señaló que a nivel nacional los incrementos de la violencia y de la incidencia delictiva son ocasionados por una creciente y diversificada producción de drogas.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, negó en septiembre pasado que San Luis Potosí ocupe el primer puesto en producción de drogas que registra en SNSP: “no, aquí no es lugar de producción”, dijo el funcionario estatal.

“Lo que pasa es que es el centro del país, la mayoría de la droga pasa y va hacia la zona fronteriza y por la situación geográfica, es una de las atribuciones”, dijo Jaime Pineda, quien defendía el papel que las autoridades han asegurado que mantiene San Luis Potosí en el narcotráfico, como lugar de paso.

Sin embargo, pese a que también ocupó un importante lugar a nivel nacional en los delitos contra la salud, en su modalidad de transporte, el quinto puesto, con 15 casos en 2018, la estadística no alcanza la notoriedad de los datos sobre producción de drogas en el estado.

Los casos por transporte de drogas en el país son encabezados por Baja California, con 34 casos; Sinaloa, con 29; Ciudad de México, con 27; Yucatán con 20 y San Luis Potosí con 15.

En otros delitos contra la salud, San Luis Potosí tuvo durante 2018 un total de 41 casos de detenciones por posesión de drogas, uno por comercio y uno más de la modalidad “otros”. No se presentaron casos de tráfico y suministro de drogas.

 

 

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Al PJE le quedan 3 meses para hacer lo que no hizo en 4 años

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De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal

Por: Haniel Valdés Velázquez

El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.

El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.

El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.

Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.

Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.

La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial

—administración, tribunal y tribunal de disciplina— alrededor del 15 de octubre, con el mantenimiento de edificios y el gasto en personal como prioridades declaradas.

De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.

Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.

El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.

El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.

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Localizan sin vida a adulto mayor dentro de un taxi en la colonia San Ángel

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De forma preliminar no presentaba huellas visibles de violencia. Fiscalía ya investiga y la necropsia determinará la causa de muerte

Por: Redacción

Un hombre de entre 65 y 70 años fue localizado sin vida la noche del sábado dentro de un taxi estacionado en calles de la colonia San Ángel, en San Luis Potosí.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando vecinos de la zona reportaron a los servicios de emergencia que una persona se encontraba aparentemente inconsciente al interior de una unidad de transporte público, estacionada en el cruce de la avenida San Ángel y la calle Santa Martha, cerca del deportivo municipal.

El hombre se encontraba en el asiento del copiloto del taxi con número económico 2215. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que ya no presentaba signos vitales,

por lo que procedieron a acordonar el área y resguardar la unidad.

De manera preliminar, las autoridades no detectaron huellas visibles de violencia en el cuerpo; sin embargo, hasta el momento se desconoce qué provocó su fallecimiento.

Al lugar acudieron posteriormente agentes de la Policía de Investigación y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte y determinar si existe algún delito que investigar.

Una vez concluidas las actuaciones en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se realizará la necropsia correspondiente.

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Sheinbaum inaugura primera etapa del Hospital General del ISSSTE en Tampico

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El nuevo Hospital contará con 250 nuevas camas y se prevé sumar más de 2 mil camas de hospital durante los dos sexenios de la Cuarta Transformación: ISSSTE

Por: Redacción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la primera etapa del nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas, el cual beneficiará a 564 mil 457 derechohabientes.

“¿Cuál es la visión ahora? Esa visión que tuvimos con Martí desde entonces, que la educación pública sea un derecho para todas y todos los mexicanos, que el acceso a la salud pública sea un derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier mexicana y mexicano debe atenderse en una institución pública de manera gratuita, no importa si tiene una enfermedad menor o si tiene una enfermedad sumamente grave y lo estamos consiguiendo, poco a poco, pero estamos consiguiendo recuperar la salud como un derecho humano para todas y todos los mexicanos, esa es la visión de la Cuarta Transformación de la vida pública”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo Federal reconoció a las y los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por el trabajo que realizan todos los días en atención directa a las y los derechohabientes.

Informó que previo a la inauguración de este hospital, realizó un recorrido de supervisión por la presa Vicente Guerrero, así como por el acueducto Victoria II, en Ciudad Victoria.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que este nuevo Hospital General del ISSSTE contará con un total de 250 nuevas camas de hospital y sustituye al viejo hospital de Tampico, con lo que pasarán de 20 a 37 consultorios de especialidades, una farmacia 10 veces más grande con el 100 por ciento de las claves que le corresponden; 20 servicios médicos más, entre los que destacó una sala de hemodinamia, resonancia magnética, sala de hemodiálisis peritoneal, hidroterapia, medicina física, una cabina de audiometría, además de una tienda Superissste.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que estas nuevas instalaciones no le piden nada a ningún hospital del mundo y cuentan con todo para brindar una atención integral en todas las áreas para garantizar calidad y seguridad en la atención médica.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, agradeció a la presidenta por esta visita a la entidad, pues resaltó que nunca en la entidad les había tocado que estuvieran tan pendientes del sistema de salud desde la Presidencia de México.

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