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SLP, principal productor de drogas del país
Datos oficiales muestran que el estado tuvo 232 casos en 2018, cifras superiores incluso a Sonora o Michoacán durante la guerra contra el narco
Por: Roberto Rocha
San Luis Potosí terminó el año 2018 como el principal productor de drogas en el país y el número de casos de ese delito se multiplicó por siete, si se compara con 2017, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Durante el año pasado, el SNSP registró en el estado de San Luis Potosí 232 casos de delitos contra la salud en la modalidad de producción de drogas, superando a todos los demás estados del país. El único que estuvo cerca de esas cifras fue Baja California, que tuvo 213 casos.
Después de esos dos estados estuvieron Nuevo León, con 122 casos; Sonora, con 109 y Estado de México, con 103.
Los 232 casos de producción de drogas en San Luis Potosí superan incluso el número de delitos de ese tipo ocurridos en los estados de Sonora y Michoacán durante todo el año 2012.
Esos estados eran los líderes en producción de drogas en 2012, en el punto más álgido y violento de la guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón en las primeras semanas de su mandato, en 2006.
Durante 2012, el año en que se comenzó a registrar ese tipo de delitos, Sonora presentó 195 casos de crímenes contra la salud en su modalidad de producción de drogas. Michoacán tuvo 186 delitos de ese tipo. Desde entonces no se habían superado esas cifras.
En 2017, San Luis Potosí había presentado 33 casos de producción de drogas, de acuerdo con estadísticas del SNSP, lo que lo tenía en quinto lugar nacional. Eso significa, que la producción de drogas en la entidad creció siete veces en apenas un año.
Hasta entonces, 2017 había sido el año récord en el número de delitos contra la salud en la modalidad de producción de drogas en San Luis Potosí. En 2016 el número había sido de ocho, en 2014 y 2015, de tres cada mes; y de cero en 2012 y 2013.
En su comparecencia ante el Congreso del estado del pasado mes de noviembre, el gobernador Juan Manuel Carreras señaló que a nivel nacional los incrementos de la violencia y de la incidencia delictiva son ocasionados por una creciente y diversificada producción de drogas.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, negó en septiembre pasado que San Luis Potosí ocupe el primer puesto en producción de drogas que registra en SNSP: “no, aquí no es lugar de producción”, dijo el funcionario estatal.
“Lo que pasa es que es el centro del país, la mayoría de la droga pasa y va hacia la zona fronteriza y por la situación geográfica, es una de las atribuciones”, dijo Jaime Pineda, quien defendía el papel que las autoridades han asegurado que mantiene San Luis Potosí en el narcotráfico, como lugar de paso.
Sin embargo, pese a que también ocupó un importante lugar a nivel nacional en los delitos contra la salud, en su modalidad de transporte, el quinto puesto, con 15 casos en 2018, la estadística no alcanza la notoriedad de los datos sobre producción de drogas en el estado.
Los casos por transporte de drogas en el país son encabezados por Baja California, con 34 casos; Sinaloa, con 29; Ciudad de México, con 27; Yucatán con 20 y San Luis Potosí con 15.
En otros delitos contra la salud, San Luis Potosí tuvo durante 2018 un total de 41 casos de detenciones por posesión de drogas, uno por comercio y uno más de la modalidad “otros”. No se presentaron casos de tráfico y suministro de drogas.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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